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Rige el paro nacional docente en todos los niveles educativos

23.05.2024

Hoy jueves, los docentes de todo el país llevan a cabo un paro nacional de 24 horas en protesta por la falta de respuesta a sus demandas salariales y laborales. Los principales gremios docentes, entre ellos la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y los sindicatos nucleados en la CGT (UDA, AMET, CEA y SADOP) confirmaron su adhesión a la medida de fuerza.

La huelga representa un fuerte reclamo del sector educativo por mejoras salariales y laborales, así como por un mayor financiamiento para la educación pública. La falta de respuesta del Gobierno a las demandas de los gremios llevó a decidir esta medida de fuerza que afectará a todos los niveles educativos del país.

El principal motivo del paro es el estancamiento de las negociaciones salariales con el Gobierno. Los docentes exigen una recomposición salarial y la convocatoria a la paritaria nacional, que no se concretó desde diciembre de 2023. Según los gremios, el salario inicial de los docentes se encuentra muy por debajo de la línea de pobreza, llegando en algunos casos a estar debajo de la línea de indigencia.

Ante este panorama, el paro docente afectará a todos los niveles del sistema educativo, desde el nivel inicial hasta el universitario. Esto incluye a las escuelas primarias y secundarias, técnicas, institutos de educación superior y la Universidad de Buenos Aires (UBA). Los sindicatos señalaron que la medida de fuerza será “muy contundente” y tendrá un alto impacto en la educación pública del país.

En cuanto a los colegios privados, la situación es diferente. Aunque el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) se sumó a la convocatoria del paro, su adhesión no es representativa en términos de cantidad de afiliados. La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba) indicó que la mayoría de los colegios privados abrirán sus puertas y continuarán con el dictado de clases programado.

Además de la recomposición salarial, los docentes exigen financiamiento adecuado para las escuelas y universidades públicas, recursos para infraestructura escolar, fondos para comedores escolares y programas educativos. También piden un aumento de emergencia para los docentes jubilados, la no modificación de los regímenes jubilatorios y el cese de los despidos en el sector educativo.

Villa 15: ordenan al Gobierno porteño a garantizar el agua potable, cloacas y desagües pluviales

22.05.2024

La Justicia ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que garantice el acceso al agua potable y al servicio de desagüe pluvial y cloacal en un sector de la Villa 15. Es por un reclamo de los vecinos y vecinas del lugar, que además de no contar con conexión al agua potable sufren permanentes desbordes cloacales e inundaciones producto de la falta de desagüe. El fallo responde a un amparo presentado por los propios vecinos y vecinas, y también ordena que AYSA realice un estudio bacteriológico sobre el estado del agua.

La medida cautelar fue dictada por el juez Enrique Lavié Pico, titular del Juzgado Federal en lo Contencioso y Administrado N°6, que hizo lugar a la acción de amparo presentada por los delegados y delegadas de la Manzana N°32 del barrio, en conjunto con el Centro para una Justicia Igualitaria y Popular (CEJIP). La denuncia original data del mes de marzo del 2021 y fue el corolario de un proceso de organización y reclamo de los y las vecinas del barrio ante la falta de respuesta a los pedidos formales presentados ante diversas instancias del Gobierno porteño.

“Nuestro reclamo comenzó en el año 2017 cuando un grupo de vecinos y vecinas plantearon la problemática de la falta de agua. No había presión suficiente para que se llenaran los tanques y, en otros casos, el agua estaba sucia y no se podía consumir. El exámen bacteriológico que realizamos en ese momento determinó que no era apta para consumo ni para higiene”, cuenta Vanesa Espínola, delegada barrial y vecina de la Manzana 32, uno de los sectores más grandes del barrio ubicado en Villa Lugano. “Recién en 2022 se aprobó una obra de infraestructura de agua que en su mayoría está terminada, pero aún no se realizaron las conexiones ni el examen de potabilidad”, agrega Espínola.

Sobre esa obra en particular se basa uno de los puntos ordenados en la resolución del juez Lavié Pico, que en su cautelar ordena al GCBA que “arbitre los medios necesarios para que AYSA realice en el plazo de 10 días el correspondiente estudio bacteriológico”, como paso previo necesario para “culminar con las conexiones domiciliarias”. Según consta en la resolución del juez, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño sostuvo en la causa que las obras del tendido de agua potable ya se encuentran finalizadas y que “una vez realizado el estudio acerca de la potabilidad del agua por parte de la empresa, se realizarán las correspondientes obras de conexión”.

Los vecinos y vecinas rechazaron esa afirmación en la causa, punto que acompañaron por un informe del Centro de Salud y Acción Comunitaria del barrio ubicado dentro de Villa Lugano, que entre otras cosas asegura que las obras del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) atañen a la “colocación de caños maestros en espacios comunes” y que las conexiones existentes “son informales y algunas pasan por dentro de los desagües cloacales”. “La presión no es continua, el servicio se interrumpe frecuentemente, el agua no cumple con las condiciones de agua segura, está visiblemente sucia y con olor”, precisa el informe.

El segundo punto en que se centra la resolución del juez es el de los desagües pluviales y cloacales. En este sentido, Lavié Pico intimó al GCBA para que en el plazo de 30 días elabore y presente “un proyecto de obras de infraestructura que aseguren el servicio”. Leonel Bazán, abogado de CEJIP, detalla en este sentido que la Manzana 32 “no recibe agua potable, sufre constantemente los desbordes del servicio cloacal que es muy precario, e inundaciones en los pasillos y viviendas porque no hay desagües pluviales”.

La situación fue especialmente crítica durante los años de pandemia de Covid-19. “Transitamos todo el proceso con esta problemática, por lo que nuestra salud se vio expuesta a la falta de agua y a la dificultad para cumplir con las medidas de prevención”, advierte Espínola. Mediante el amparo de 2021, de hecho, los vecinos y vecinas consiguieron entonces que se garantizara el acceso al agua potable a través de la instalación de camiones cisternas en el barrio, como medida provisoria antes de las obras.

“No obstante, la obra sufrió reiteradas interrupciones y demoras en su ejecución y, a la fecha, todavía no se han realizado las conexiones domiciliarias al servicio. A su vez, pese a que fue reclamado desde el principio, el IVC nunca dio respuestas a los pedidos de que se realicen obras para la prestación de los servicios de cloaca y desagüe pluvial”, advierte el CEJIP en este sentido. Ante esta situación, en abril de este año los amparistas volvieron a presentarse en el marco de la causa para reclamar respuestas, lo que aceleró la resolución del juez Lavié Pico.

Para Espínola, el fallo no es otra cosa que “el fruto de tantos años de organización y reclamo”. Es que tanto las protestas como la acción judicial son sostenidas dentro del barrio por una organización de delegados y delegadas elegidos en asamblea. “Poder contar con esta medida judicial después de tantos años significa una gran satisfacción y alegría, porque todo esto tiene que ver con nuestra salud y con nuestras condiciones de vida”, señala la delegada. En el medio, los vecinos y vecinas reclaman ahora que se restablezca la mesa de trabajo que funcionó con el Ministerio durante 2023 y que, aseguran, se cortó en los últimos meses. “No se volvió a convocar para seguir trabajando en todo lo que falta, no se los escucha y no se les da respuesta”, alerta Bazán.

En conjunto con los y las delegadas y la Defensoría del Pueblo porteña, la CEJIP realizó un relevamiento dentro de la manzana que arrojó que allí viven 566 familias integradas por un total de 1.498 personas. De ese total, 747 son mujeres, 547 niños, niñas y adolescentes, 52 adultos mayores y 32 personas con discapacidad. En ese relevamiento se consultó a los vecinos y vecinas sobre su situación de salud en relación a los déficits en el acceso a servicios esenciales, y 103 personas “manifestaron haber contraído enfermedades vinculadas a la ingesta de agua no apta para el consumo humano”.

En la Semana Internacional de la Seguridad Vial el Gobierno porteño reforzará los controles el tránsito

21.05.2024

El Gobierno porteño lanzó medidas en la Semana Internacional de la Seguridad Vial. Se realizó por primera vez la campaña “Mayo Amarillo” junto con el lanzamiento del Plan de Ordenamiento del Tránsito para mejorar la movilidad en CABA, indicaron desde la Ciudad y señalaron que mueren más de 100 personas por año en accidentes de tránsito.

De acuerdo a los datos porteños, actualmente las infracciones que más congestión generan son la ocupación de carriles exclusivos y dársenas de carga y descarga, y parar en doble fila.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó que el Cuerpo de Agentes de Tránsito realiza operativos en puntos estratégicos los 365 días del año como controles integrales; controles de alcoholemia y drogas, velocidad permitida; control de ciclovías con agentes en bicicleta y estacionamiento; reordenamiento de tránsito en esquinas claves, eventos y obras.

“Los problemas de tránsito son múltiples en la Ciudad porque está cruzada por autopistas, por avenidas, por vías de tren que suelen generar graves hechos viales. Por eso poner pasos bajo nivel y viaductos es tan importante. También tenemos faltas que hacen a la vida cotidiana que nos llevan a implementar medidas”, dijo Macri, acompañado por el ministro de Infraestructura, Pablo Bereciartua.

Las medidas anunciadas serían el inicio del plan de Ordenamiento que anticipó el jefe porteño por redes sociales. “El objetivo es un cambio cultural. El primer paso fue terminar con los cortes en la avenida 9 de Julio y en el Congreso. Ahora se presentan medidas para mejorar la circulación, acortar tiempos de viaje y evitar accidentes graves”, explicaron desde el Gobierno porteño y sumaron estadísticas: “En la Ciudad de Buenos Aires fallecieron 111 personas en 2022 en 107 siniestros viales. Casi un 44% de estas víctimas tenían entre 15 y 34 años. Y 9 de cada 10 fueron peatones, motociclistas y ciclistas”.

Jorge Macri explicó que el distrito tiene identificados “35 cruces donde se generan accidentes graves. Diecisiete de ellos los estamos empezando a intervenir y cambiar. Cuando estacionamos donde no se puede, lo que hay es una falta de cumplimiento de las normas. No hay nadie que no sepa que estacionar en doble fila está prohibido. Poner agentes de tránsito es necesario, pero vamos a cambiar, vamos a sumar agentes de tránsito en motos y no tanto caminando. Porque la moto agiliza mucho, ya que ni siquiera hace falta que se haga una multa. Tocan la sirena y advierten. Por eso es clave recuperar el respeto por el otro. Esta convivencia requiere de nuestra presencia pero también hace falta el compromiso de la gente”.

También señaló el problema que plantean los giros en avenidas desde el centro hacia la izquierdea. Dijo que “hay que tratar de evitarlos porque algunas de esas avenidas tienen tres carriles y en la misma esquina hay una parada de colectivo, un auto parado en el medio para girar y queda un solo carril. Ahí se puede generar una nueva congestión. Y además hay riesgo para el peatón. El 30% de los giros a la izquierda los vamos a eliminar. Son una serie de situaciones que estamos estudiando para ordenar el tránsito”. También agregó que “hay algunas avenidas en las que no se puede estacionar, que son de flujo rápido y nosotros ponemos los contenedores de basura en la calle en lugar de la vereda. Entonces somos parte del problema. Ya identificamos 300 de esos contenedores. En Plaza Francia, hay 4 o 5 de los grandes que deberían estar sobre la vereda. Eso complejiza mucho el tránsito y lo vamos a solucionar”, detalló Jorge Macri.

Para concientizar sobre conductas indebidas, como primeras medidas se suman agentes de tránsito en moto y se refuerza el control en grandes avenidas y calles. Se ordenan las inmediaciones de hospitales. Luego se seguirá con escuelas, bancos, empresas transportistas, paradas de colectivos, y lugares de carga y descarga.

Barracas: la comunidad educativa de un jardín de infantes resiste para que el Gobierno porteño no lo cierre

20.05.2024

El cierre de escuelas y la fusión de establecimientos educativos como escuelas y jardines de infantes en la Ciudad se han normalizado. Hace más de una década que las diferentes gestiones macristas implementan esta modalidad ante la fuerte demanda de miles de familias que exigen vacantes en la educación pública. Esta decisión política pone en riesgo la continuidad pedagógica de miles de chicas y chicos y afecta la organización de las familias.

Si bien la gestión de Horacio Rodríguez Larreta será recordada como la que más instituciones escolares cerró e intentó cerrar entre 2016 y 2023, como los 14 secundarios nocturnos, o el cierre de al menos cinco jardines maternales; el actual jefe de Gobierno, Jorge Macri, a pocos meses del inicio de su gestión, retomó el mismo camino que su antecesor.

La comunidad educativa del jardín N°3 del distrito escolar 5 del barrio de Barracas, resiste el cierre de su jardín que, según lo informado por las autoridades porteñas el pasado 25 de marzo, cerrarían las salas de 4 y 5 del turno de mañana. Las familias junto a legisladores porteños presentaron un amparo para evitar el cierre de la escuela infantil.

Tras el aviso de cierre, las familias denunciaron hostigamiento por parte de la cartera educativa que conduce Mercedes Miguel, aseguran que recibieron llamados que si no aceptaban el pase a otro jardín iban a perder sus vacantes.

“Los directivos nos informaron que las salas iban a cerrar tanto en el turno mañana como el turno tarde, y que teníamos que elegir a qué escuela iban a ir nuestros hijos. Situación que vivimos cuando ya habían empezado el 26 de febrero, o sea, durante el primer mes que es de adaptación, que es donde todos los nenes y las nenas empiezan a conocer la escuela”, señala Susana Moreno, mamá de Román que asiste al jardín.

Algunas familias aceptaron el cambio de escuela pero la mayoría resistió el cierre del jardín. “Nosotros hicimos todo un trámite de inscripción en el mes de octubre del año 2023, posterior confirmación en diciembre del año 2023, posterior reconfirmación en febrero, previo al inicio de clases, y en ningún momento nos informaron ni que la escuela ni que esas salas iban a cerrar”, agregó.

Susana denunció que “las familias empezamos a recibir todo el tiempo llamadas telefónicas preguntándonos a qué escuela habíamos decidido mandar nuestros hijos, que ya nos habían asignado una vacante en otra escuela; recibimos correos con las mismas indicaciones, todo el tiempo mensajes en los contestadores diciéndonos las mismas cosas, o sea, un hostigamiento constante para que nos cambiemos”.

A un padre lo convencieron de firmar diciéndole que la madre de su hijo ya había firmado, lo cual era mentira. “Ante semejante atropello, algunas madres se pusieron en contacto con mis compañeros docentes de la agrupación 9 de Abril, y luego con las abogadas y abogados del Ceprodh (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), con quienes presentamos una acción de amparo colectivo contra el GCBA por vulnerar los derechos de estos chicos”, contó la diputada porteña del FIT Alejandrina Barry.

La causa fue radicada en el Juzgado de 1ra instancia en lo contencioso administrativo y tributario Nº 23, a cargo del Dr. Francisco Javier Ferrer, quien solicitó los expedientes administrativos correspondientes a los reclamos realizados por las familias del jardín, y que se informe sobre el posible cierre de las salas, los antecedentes de hecho y derecho, si se informó a los padres de dicha situación al momento de solicitar la vacante del año 2024, entre otros puntos.

“Esta es un pelea de mucho tiempo que venimos realizando con mi compañera Myriam Bregman y Patricio del Corro, y el colectivo Vacante para Todos, obteniendo fallos que nos daban la razón de que el Gobierno de la Ciudad no otorgaba las vacantes necesarias para todos los chicos, sobre todo en la zona sur de la Ciudad e instaba a que construyeran las escuelas necesarias. Mientras seguimos peleando por más vacantes creemos que este es un paso importante en evitar que los chicos y chicas pierdan su derecho a estudiar y que se siga exigiendo al Gobierno que resuelva la situación”, agrega Barry.

Además, las familias denuncian que la supervisión del distrito escolar número 5 informa que el jardín ya cerró y esconde las vacantes cuando cientos de familias piden un lugar en la educación pública. “La supervisión tiene el manejo de las vacantes, y cuando alguien pregunta por la escuela le dicen que ya está cerrada, que no toman vacantes, con lo cual eso no debería ser así porque el jardín está abierto y habilitado, los chicos están yendo y se pueden inscribir durante todo el transcurso del año”, explica Samantha Bonet, mamá de Túpac, que asiste al jardín.

“Lo que estamos haciendo ahora es tratar de informar a otras familias que el jardín sigue abierto y que sus hijos pueden anotarse para evitar que el Gobierno argumente falta de inscriptos y que la escuela siga abierta”, continúa Samantha.

Ante la solicitud del Dr. Ferrer el Gobierno porteño negó el cierre de cualquier sala que tuviera inscriptos. Argumentó que las inscripciones en línea sufren una baja año a año debido a la baja de la tasa de natalidad en la Ciudad.

Ante estos argumentos, la abogada del CeProDH, Agustina Ferro, manifestó que lo dicho por el GCBA “es totalmente falaz, la crisis de vacantes surge desde la implementación del sistema de inscripción en línea. Desde entonces toda la información relativa a las vacantes queda bajo la llave del mismo GBCA que desmantela la educación pública en favor de las instituciones privadas, vulnerando el derecho a la educación de los pibes, como así también el derecho a la igualdad de oportunidades y no discriminación”.

Subte: la Justicia levantó la medida precautelar y desde hoy rige la nueva tarifa

17.05.2024

La tarifa de subte en la Ciudad de Buenos Aires costará $ 574 desde hoy viernes. La suba se confirmó luego de que la jueza de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°4, Elena Amanda Liberatori, dejara sin efecto la medida precautelar que había frenado el aumento. En consecuencia, Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) aplicará el nuevo cuadro tarifario publicado el jueves 9 de mayo en el Boletín Oficial.

El juzgado tomó la decisión luego de que el Gobierno porteño y SBASE presentaran la documentación requerida en el marco de la medida precautelar que había paralizado el aumento.

Por esa razón, desde hoy rige la nueva tarifa de Subte y Premetro, que será de $574 y $200,90, respectivamente. En tanto, los jubilados, pensionados, personas con discapacidad, personas trasplantadas y estudiantes primarios y secundarios seguirán viajando gratis. Además, continuará la tarifa social y los descuentos por pasajero frecuente.

Según explicaron fuentes oficiales, con el objetivo de minimizar el impacto en el bolsillo de los usuarios, se modificó el cuadro tarifario y se pospuso la implementación del tercer tramo hasta el 1° de agosto. De esta manera, el segundo tramo comenzará a regir el 1° de junio y será de $650 para el Subte y $227,5 para el Premetro. El primer tramo implica un incremento de casi el 360%.

A partir del tercer tramo, se establecerá una tarifa diferenciada por SUBE sin nominalizar. Así, quienes tengan la tarjeta registrada pagarán $757 el Subte y $264,95 el Premetro. De lo contrario, abonarán $859,07 y $300,67.

“Del análisis de los costos de explotación, conforme art. 28 de la Ley 4472, se ha detectado una desactualización de las tarifas del servicio SUBTE, generada por un sostenido crecimiento en los costos de explotación al mismo tiempo que se mantienen vigentes las políticas tarifarias destinadas a los usuarios de menor poder adquisitivo (integración SUBE) y para quienes utilizan el Servicio SUBTE con frecuencia”, argumenta la resolución con la que el Gobierno porteño explicó las razones del incremento.

“Desde la última recomposición de precios dispuesta, esto ha repercutido en la ecuación económico-financiera de la actividad, con potencialidad para afectar la calidad y eficiencia del servicio. Este factor incide directamente en la operación del sistema y afecta las condiciones necesarias para asegurar la continuidad, regularidad, generalidad, seguridad y modernización del Servicio SUBTE”, justifica la resolución, emitida el 8 de mayo y oficializada un día después.

“Con este nuevo cuadro tarifario se busca lograr una mayor graduación en la aplicación de los aumentos, postergando los montos que representan mayor esfuerzo de los usuarios por resultar más onerosos”, añade finalmente la argumentación del Gobierno porteño que da sustento al nuevo monto que deberán pagar los usuarios de este servicio de transporte.

Hasta ayer, cada viaje tenía un costo de $ 125 para el subte y $ 43,75 para el premetro.

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