26.1.2023
Por Irina Hauser
Después de una semana de dormir en la calle sin respuestas concretas del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, las familias de la Villa 31 que perdieron por completo o vieron afectadas sus viviendas por una demolición supuestamente accidental consiguieron una medida cautelar del juez Andrés Gallardo que le ordena a la administración porteña la reconstrucción de las casas, que entregue en 24 horas un plan de emergencia habitacional para el período de transición (y que no sean subsidios o paradores nocturnos), que ponga consigna policial las 24 horas donde la gente todavía tiene sus pertenencias y temen que se las roben, que retire los escombros y residuos y que garantice las necesidades de higiene, salubridad y alimentación. Por la tarde de este miércoles los vecinos y vecinas tuvieron una segunda peliaguda reunión con un encargado de la urbanización en el barrio. Primero los quisieron convencer de volver a sus hogares destrozados o con peligro de derrumbe. Luego les prometieron un subsidio sin precisar de qué monto sería.
Todo comenzó el miércoles de la semana pasada cuando algunas de las familias que viven en el barrio Carlos Mugica (o Villa 31 bis) comenzaron a sentir ruidos extraños, en un principio como si alguien picara una pared, se hizo cada vez más intenso y se quedaron sin luz. El lugar se llenó de polvo y apenas podían ver. La gente quedó atrapada entre los escombros hasta que la empresa abrió un boquete para que salieran. Después del derrumbe un cortocircuito provocó un incendio y se quemó una vivienda. Desde las ocho de la noche hasta las cuatro de la mañana llevó apagarlo. Desde ese día, mujeres, hombres, niños y niñas duermen frente al área de la demolición por temor a que les roben las pertenencias que les quedaron en sus casas. Les prometían policía todo el día, pero contaron que eso no se cumplió. Tampoco recibieron asistencia y los adultos y adultas vieron afectadas sus actividades laborales, con la consiguiente pérdida de ingresos.
El derrumbe que dejó a 30 familias sin vivienda –algunas de las cuales fueron aceptando en la desesperación ofrecimientos tardíos a modo de parche, como ir a un parador– fue consecuencia de la demolición de dos viviendas deshabitadas que llevaba a cabo la empresa Villarex, contratada por el gobierno porteño, para obras a cargo de la Unidad de Proyectos Especiales. Nada se les avisó a los habitantes de la zona, que directamente se toparon con el desastre de perder o ver afectadas sus casas. La paradoja de estos hechos es que ocurren dentro del plan de urbanización del cual el gobierno de Larreta ha hecho un caballito de batalla de su marketing político.
María Isabel Báez, una de las denunciantes, que padeció en incendio de su casa, vive con su compañero y tres hijos. Ella sufre hipertensión, tiene una válvula colocada en la cabeza, carece de visión en un ojo. Perdió electrodomésticos, muebles, ropa, y la mercadería que tenía para elaborar la comida que vende en el sector llamado «Cancha de los paraguayos». Junto con María se presentaron también Gladys Torres Vallejos, Griselda Encizo y Mirna Elisabet Moreno, representadas por Nicolás Buitrago, que es el defensor a cargo de la Unidad Especializada en Procesos de Integración Social. Antes se había presentado el titular de la Dirección General de Acceso a la Justicia (ATAJO), Julián Axat, pero no tuvo suerte. También hay una causa penal.
Gallardo citó en su resolución al Papa Francisco al referirse, ante las inequidades y la privación de derechos, «el principio del bien común» que «se convierte, como lógica e ineludible consecuencia, en un llamado a la solidaridad en una opción preferencial por los más pobres». «El Estado en ninguna de sus formas o especies debe identificarse con aquellas personas que miran para otro lado. Sino por el contrario, allí es donde debe estar pues para eso existe», sostuvo el juez. «Ante la imposibilidad absoluta o relativa de las personas en procurarse la satisfacción de algún derecho primordial, será el Estado quien deba intervenir activamente», reforzó.
Antes de detallar todas las medidas, que habrá que ver si el Gobierno porteño acata o no —ya que, como mostró Página/12, tiene la costumbre de ignorar o apelar los fallos–, Gallardo sostuvo que quedaban cumplidas dos condiciones necesarias para otorgar una medida cautelar, que son la verosimilitud de lo denunciado y el peligro en la demora de una decisión. También le dio un día a la administración de Rodríguez Larreta para que brinde un informe detallado de las viviendas afectadas: que las identifique, que explique la situación estructural actual (algunas, por ejemplo, tienen las paredes llenas de roturas y fisuras), un inventario de los elementos que tienen las familias allí, la composición de cada grupo familiar y dónde se encuentra cada una de las personas damnificadas. En el fallo el juez señala 23 familias que están en literalmente en la calle.
Gallardo sostuvo que «las circunstancias descriptas en la demanda se encuentran ratificadas por las constancias documentales acompañadas, que exponen en conjunto una grave situación de vulnerabilidad habitacional que pone en grave riesgo la vida y la salud de los grupos familiares involucrados». Señaló que ya quedaron expuestas de «modo contundente las gravísimas y riesgosas condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad que presentan las viviendas de los grupos familiares actores y el peligro que éstas desencadenan, no sólo por la ostensible pérdida de pertenencias y afectación en la vida cotidiana, sino también ante el riesgo de derrumbe de otras estructuras y de ocurrencia de siniestros causados por la presumible deficiente instalación eléctrica y demás servicios domiciliarios».
Pese a todo este cuadro, remarcó el juez, «y el tiempo transcurrido, la demandada (la Ciudad de Buenos Aires) no ha dado respuesta eficaz e integral a la problemática habitacional de los vecinos afectados, ni respuesta a las cuestiones suscitadas como consecuencia del derrumbe e incendio acaecido en el predio donde se encuentran las viviendas de los amparistas».
El martes hubo una primera una reunión en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, que está en el barrio, donde intentaron convencer a algunas familias de que volvieran a sus casas con grietas en las paredes o visibles roturas. Este miércoles, hubo otro encuentro al que asistieron, además de los vecinos y vecinas, el subsecretario de Integración Social y Económica, Tomás Galmarini; representantes del Ministerio Público de la Defensa, de ATAJO, Asesoría tutelar, del centro de acceso a la justicia y las legisladoras de Frente de Todos Maru Bielli y Lucía Cámpora y Alejandrina Barry, del FIT. Por ahora, casi como si la cautelar no existiera, el funcionario porteño ofreció paliativos transitorios, limpieza de las casas, un resarcimiento a siete días y un subsidio aún no definido. No es lo que ordenó Gallardo, quien apuntó una solución firme y definitiva.
