Comunicadores del Sur

30.03.2026

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio inicio a la Semana Azul de concientización sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA) con una jornada de debate en la Facultad de Derecho de la UBA, en la que participaron organizaciones sociales, especialistas y funcionarios.

El encuentro, titulado “Miradas que Conectan”, fue organizado por la ONG TEActiva y reunió a familias, profesionales y referentes para abordar los desafíos actuales en materia de inclusión, educación, salud y derechos vinculados al autismo, en la antesala del Día Mundial de Concientización, que se conmemora cada 2 de abril.

Durante la actividad, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, integró un panel sobre el rol del Estado y remarcó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto con la sociedad civil. En ese marco, señaló que una gran proporción de las personas con autismo en la Ciudad son niños y adolescentes, lo que plantea la necesidad de avanzar en políticas de detección temprana y generación de entornos inclusivos.

Desde el Ejecutivo porteño destacaron una serie de iniciativas en marcha, como programas de estimulación temprana en el sistema de salud, espacios especializados de atención, acompañamiento educativo con materiales adaptados y acciones orientadas a la inserción laboral. También mencionaron la implementación de una oficina de trámites accesibles en el Registro Civil y la prohibición de la pirotecnia sonora.

Asimismo, se recordó la reciente aprobación de una ley que establece un marco integral para el abordaje del autismo en la Ciudad, desarrollada en articulación con organizaciones del sector.

Como parte de las acciones de visibilización, distintos monumentos y espacios emblemáticos serán iluminados de color azul, en línea con la campaña internacional de concientización sobre el autismo.

Las actividades de la Semana Azul buscan promover una mayor comprensión social del TEA y reforzar la agenda pública en torno a la inclusión y la accesibilidad.

27.03.2026

La desocupación en la Ciudad de Buenos Aires muestra una tendencia sostenida al alza en los últimos dos años, en un contexto marcado por el avance del empleo informal y cambios en la composición del mercado laboral. Según datos oficiales del Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA), hacia fines de 2025 había 126.000 personas sin trabajo, lo que equivale al 7,3% de la población económicamente activa. La cifra implica un aumento significativo respecto de los 75.500 desocupados registrados a fines de 2023 (4,6%) y los 113.500 de igual período de 2024 (6,7%).

El deterioro en los indicadores laborales fue parcialmente contenido por la expansión del empleo no registrado. En el último año, el trabajo informal creció tanto entre los asalariados —con un incremento del 7%— como entre los cuentapropistas, donde la suba alcanzó el 9,4%. Esta dinámica evidencia una mayor precarización, con más personas insertándose en actividades sin estabilidad ni cobertura social.

En esa línea, se redujo la proporción de trabajadores con aportes jubilatorios. Actualmente, el 70,3% de los asalariados cuenta con cobertura previsional, por debajo del 73,2% registrado en 2024, lo que implica una caída del 7% en términos absolutos. En contrapartida, casi tres de cada diez asalariados no reciben descuentos para la seguridad social, mientras que creció el grupo que debe realizar aportes por su cuenta: alcanza al 12,2%, frente al 8,8% del año anterior, consigna Clarín.

Entre los trabajadores independientes también se observan señales de fragilidad. Si bien el 59,1% está formalmente registrado y al día con sus obligaciones, un 34,5% ejerce sin registración y un 6,4% presenta irregularidades en los pagos. En conjunto, esto significa que dos de cada cinco cuentapropistas operan por fuera de las normas, con un incremento interanual cercano al 10%.

Otro rasgo destacado es la caída del peso del empleo asalariado dentro del total de ocupados. Actualmente representa el 72%, cuando un año atrás alcanzaba el 75,2%, lo que refleja un proceso de “desalarización” acompañado por el crecimiento de formas laborales más inestables.

A la par, aumenta el subempleo. Casi el 30% de los ocupados trabaja menos de 35 horas semanales: un 8,5% lo hace menos de 16 horas —en tareas ocasionales o “changas”— y un 21,2% se ubica en jornadas parciales de entre 16 y 35 horas.

El trabajo por cuenta propia se concentra principalmente en personas de entre 25 y 49 años, que representan el 48,5% del total. Sin embargo, también crece la participación de adultos mayores: el 15,4% de los cuentapropistas tiene 65 años o más, proporción que duplica su peso dentro del conjunto de ocupados.

La distribución de la desocupación también evidencia brechas. Las mujeres representan el 52% de las personas sin empleo, frente al 48% de los varones. A nivel territorial, la desigualdad es aún más marcada: en la zona Sur de la Ciudad la tasa de desocupación alcanza el 11,5%, más del doble que en la zona Norte, donde se ubica en el 5,5%.

En conjunto, los datos reflejan un mercado laboral tensionado, con mayor desempleo, pérdida de empleo formal y un avance de modalidades más precarias que amortiguan parcialmente el impacto, pero consolidan condiciones de mayor vulnerabilidad.

26.03.2026

La causa judicial por el derrumbe del complejo habitacional PROCREAR del barrio porteño de Parque Patricios acumula actores y complicaciones. El miércoles, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31 —donde tramita el expediente— un escrito para ser reconocido como parte acusadora en la investigación. En ese mismo tribunal, y en las mismas horas, los abogados que representan a los vecinos damnificados solicitaron la imputación inmediata de los responsables de la obra: la Constructora Sudamericana (COSUD) y el Banco Hipotecario.

El pedido del Gobierno porteño se fundamenta en el impacto directo que el colapso tuvo sobre el Estado local, que debió movilizar recursos extraordinarios para responder a la emergencia. En el escrito, la administración porteña detalla que el despliegue estatal incluyó operativos de rescate, atención sanitaria, inspección técnica, intervención de Defensa Civil, control del espacio público y asistencia a las personas que debieron abandonar sus viviendas. Esos gastos y esfuerzos, sostiene el Gobierno, exceden la obligación general de prestar servicios y están directamente ligados al hecho que se investiga. La decisión de intervenir en el proceso fue autorizada por el procurador general Martín Ocampo, y habilita a los profesionales de la Dirección General de Asuntos Penales a actuar dentro del expediente.

La figura jurídica utilizada es la del “tercero coadyuvante”, contemplada en el artículo 11 del Código Procesal Penal de la Ciudad, que permite intervenir a quien sufrió un daño propio derivado del hecho investigado aunque no haya sido el denunciante original. Como parte acusadora, el Gobierno accede al expediente, puede incorporar pruebas, solicitar medidas procesales y proponer líneas de investigación, además de reclamar la compensación por los gastos asumidos durante la emergencia. El escrito también invoca la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos y pide acceso completo al legajo.

El hecho que originó todo ocurrió el 3 de marzo. Una losa de aproximadamente 50 por 70 metros colapsó en el Sector 2 del complejo, destruyó decenas de automóviles en el estacionamiento subterráneo y obligó a evacuar a más de 200 personas. COSUD realizaba en ese momento trabajos destinados a resolver un problema de filtraciones que los vecinos reclamaban desde 2022. El informe del Cuerpo de Bomberos identificó como factores determinantes el sobrepeso y la falta de mantenimiento, y documentó desprendimientos de recubrimiento, deformaciones estructurales y la presencia de setenta centímetros de suelo natural acumulado sobre la losa, una condición inusual para ese tipo de construcciones.

La situación en el complejo no se estabilizó con el paso de las semanas. El martes, una nueva alerta encendió las alarmas: una vecina que había regresado a su departamento por orden de la Justicia denunció que el marco de aluminio de uno de sus ventanales cedió hacia adentro, haciendo estallar los vidrios. El incidente provocó una nueva evacuación masiva del edificio. Ante esto, los abogados Fernando Burlando y Gabriel Fiedotin, que representan a los damnificados, presentaron el miércoles ante la fiscal María del Rosario Selvatici un pedido de imputación inmediata, argumentando que ya existen elementos de prueba directa y presuntiva que determinan la responsabilidad penal de las autoridades de COSUD y del Banco Hipotecario.

La acusación contra el banco apunta a su rol como responsable fiduciario del fideicomiso que administra el proyecto. Según el escrito de la querella, el Banco Hipotecario no solo gestionó los fondos sino que participó en la licitación, adjudicación y supervisión de la obra. El administrador del complejo declaró haber realizado reclamos reiterados al banco por las deficiencias estructurales desde el año 2021, y el banco habría intervenido activamente canalizando esas quejas y coordinando reparaciones junto a COSUD. Para los querellantes, esto significa que los problemas no surgieron a raíz del derrumbe, sino que estaban presentes desde las primeras etapas de habitabilidad del complejo.

La investigación también analiza las maniobras de COSUD en los días posteriores al colapso. Una inspectora que intervino en la escena declaró que representantes de la constructora intentaron que ella utilizara muestras que ellos mismos habían extraído, en lugar de realizarse la toma in situ según el protocolo técnico. Además, cuatro días después del derrumbe, cuando el edificio seguía evacuado, una retroexcavadora ingresó sin aviso previo al área del colapso durante la remoción de escombros, con presencia de personal jerárquico de la empresa.

Ante la nueva evacuación del martes, COSUD emitió un comunicado en el que rechazó cualquier vínculo entre la ventana doblada y el derrumbe del 3 de marzo. La empresa señaló que el desperfecto corresponde a una modificación realizada por terceros ajenos a la constructora luego de finalizada la obra, y que el sector donde ocurrió el incidente no cuenta con subsuelo, por lo que no tendría relación con el colapso anterior.

La causa queda así en manos de la fiscal Selvatici, con tres frentes abiertos en simultáneo: el pedido del Gobierno porteño de participar como querellante, la solicitud de imputación formal contra COSUD y el Banco Hipotecario, y la necesidad de determinar el estado real de habitabilidad de un edificio al que cientos de familias esperan poder volver.

25.03.2026

El programa Más servicios en tu barrio se desplegará esta semana en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, acercando oficinas móviles a plazas y parques para facilitar la realización de trámites y el acceso a servicios esenciales. Debido al feriado puente del 24 de marzo, el operativo funcionará de miércoles a sábado, entre las 9 y las 14 horas.

El cronograma comenzará el miércoles 25 en Plaza Boedo, ubicada en Carlos Calvo y Sánchez de Loria (Comuna 5). Luego, el jueves 26 y viernes 27 se trasladará a Plaza Lavalle, en el barrio de San Nicolás en Córdoba y Talcahuano, y finalizará el sábado 28 en la Reserva Ecológica Costanera Sur, en Puerto Madero en Tristán Achával Rodríguez 1550 (Comuna 1).

Entre los principales servicios disponibles, los vecinos podrán vacunarse contra la gripe y el Covid-19 de miércoles a viernes, con cupos limitados. También habrá entrega de anteojos —con turno previo— el jueves y el sábado, y atención odontológica el miércoles, viernes y sábado.

Durante toda la semana, funcionarán puestos de Atención Social y asesoramiento para trámites vinculados a AGIP, ANSES, Mi BA y la tarjeta SUBE, además de la oficina de Defensa al Consumidor. Asimismo, se podrá gestionar el DNI y el pasaporte todos los días del operativo, aunque con cupos limitados.

El programa también permitirá tramitar subsidios de servicios como luz, agua y gas; recibir asesoramiento para personas con discapacidad; realizar consultas o reclamos en Mediación y Convivencia Vecinal; y efectuar denuncias o recibir orientación en la Oficina de Vinculación Ciudadana del Ministerio Público Fiscal.

Por otra parte, el Ente Regulador de Servicios Públicos estará presente de miércoles a viernes, mismos días en que se podrán realizar inscripciones y cambios en instituciones educativas. Además, habrá actividades culturales el viernes en San Nicolás y el sábado en Puerto Madero.

En materia de cuidado animal, se ofrecerá vacunación con cupos limitados el jueves, viernes y sábado, junto con servicios de desparasitación, tratamiento de sarna, diagnóstico de psitacosis en aves y detección de zoonosis el jueves.

Finalmente, el stand Repara Móvil funcionará de jueves a sábado, brindando un espacio para arreglar objetos y fomentar el reciclaje. El calendario completo de operativos puede consultarse en la web y redes sociales oficiales de la Ciudad.

24.03.2026

La diputada Marcela Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza, impulsó denuncias penales por presunto enriquecimiento ilícito al ampliar acusaciones contra Adorni, quien en su última presentación patrimonial de 2024 solo registró dos inmuebles: uno compartido con su esposa en Parque Chacabuco y otro en La Plata por donación familiar. Recientemente, registros del Ministerio de Justicia confirmaron la compra de un departamento en Caballito, en la calle Miró al 500, sin que vendiera la vivienda previa, lo que eleva las sospechas sobre su patrimonio acumulado antes de asumir en diciembre de 2023. Además, una casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz, adquirida por su esposa Bettina Angeletti en 2024, tampoco aparece en los documentos oficiales, pese a pagos de expensas que sugieren uso familiar.

Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada esta semana, Adorni evadió precisiones sobre estos bienes y se limitó a afirmar que “lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida”, recordando que el plazo para la actualización de 2025 vence a mediados de año. Insistió en que su patrimonio, que incluye una Jeep Compass comprada en 2024 y deudas por unos 30.000 dólares con familiares, se construyó en 25 años de sector privado sin saltos irregulares desde su ingreso al Gobierno. La Justicia investiga estas discordancias, mientras opositores exigen transparencia total en medio del congelamiento salarial para altos funcionarios.