Comunicadores del Sur

3.2.2023

Trabajadoras de la Línea Sarmiento del ferrocarril se reunieron, este jueves 2, en el hall central de la Estación de Once para pedir la reincorporación de dos de sus compañeras que fueron despedidas sin causa.

Trabajadoras ferroviarias de la Línea Sarmiento se reunieron, este jueves 2 de febrero, en el hall central de la Estación de Once para pedir la reincorporación de dos de sus compañeras que fueron despedidas sin causa.
Lourdes y Jazmín son trabajadoras del sector de monitoreo. Fueron despedidas tras sufrir hostigamiento laboral y aprietes por parte de la gerencia de Trenes Argentinos y la Lista Verde de la Unión Ferroviaria.
Las trabajadoras denuncian persecución por reclamar por sus condiciones de trabajo, por trabajar 6hs y libertad sindical. Asimismo, una de ellas es madre y atravesó una situación de violencia de género, cuestión que en ningún momento la empresa tuvo en consideración, echándola sin causa y sin contemplar sus derechos como mujer trabajadora.
Por otra parte, según se les informa en el telegrama que recibieron, los despidos fueron sin causa y por “reestructuración”, por lo cual desde el Cuerpo de Delegados se mostraron en alerta, denunciando el colapso del servicio para pasajeros y condiciones insalubres para los trabajadores.
Mónica Schlotthauer, delegada ferroviaria de la Lista Bordó, denunció a la gestión de Marinucci, del Frente de Todos y cercano a Sergio Massa: “la gestión de este gobierno está pisoteando los derechos de los trabajadores y los usuarios, con despidos sin causa, con sectores cada vez más vaciados, con un servicio que deja tirada a la gente porque no invierte y además de eso están dejando a trabajadoras en la calle”.
Y agregó; “Todo lo que está haciendo esta gerencia va en contra de lo que dice su discurso político, es mentira que abren trenes para que los más pobres se vayan de vacaciones, porque somos los más pobre los q no podemos llegar al trabajo todos los día por la desinversión y también por la corrupción”.

1.2.2023

En el primer día de actividad judicial, el Gobierno presentó un escrito donde remarca la filtración del chat entre D’Alessandro y Robles, secretario de Rossati, para pedir que los jueces de la Corte no intervengan más en la causa que definirá sobre los fondos coparticipables para CABA. La disputa judicial como “agenda permanente” que tapa la crisis económica y social que atraviesan las grandes mayorías.

Hoy Carlos Zannini en su carácter de procurador del Tesoro presentó una ampliación al pedido de recusación contra los integrantes de la Corte Suprema en la causa por los fondos para la Ciudad.
El Gobierno invocó como razón para pedir el apartamiento de los jueces, la filtración de chats entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’alessandro, y Silvio Robles, secretario del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.
El escrito afirma que: “Escapa a esta representación estatal cualquier apreciación acerca del origen de esos chats, sobre quién y en qué circunstancias los obtuvo, y respecto de su valor probatorio en relación con la presunta comisión de ilícitos de naturaleza penal”. Pero destacó: “Lo que sí cabe señalar aquí es que esas comunicaciones que involucran de manera directa a los señores D´Alessandro y Robles tomaron estado público; dieron origen a denuncias de carácter penal ante la Justicia Federal”.
El Gobierno ya había recusado a Rosatti en agosto del año pasado por la supuesta relación de Robles y D’Alessandro, lo que esta presentación busca remarcar, junto a la recusación de los cuatro jueces de la Corte -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti- en diciembre pasado.
Ahora, planteó que para resolver la recusación los jueces de la Corte deberían convocar a conjueces, elegidos entre los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país, y que “se excusen de intervenir de aquí en más en el trámite de estos actuados, por razones de decoro y/o delicadeza vinculadas con el ejercicio de la función jurisdiccional”.
Con la finalización de la feria judicial, se reactiva la judicialización de las disputas políticas entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, mientras este jueves continúa el debate en la comisión de Juicio Político en el Congreso, impulsado por el oficialismo. Como dijo a este medio Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda Unidad: “venimos de la condena a la vicepresidenta de la Nación y del escándalo de jueces y funcionarios paseando en el Lago Escondido, el Poder Judicial se puso en el centro de la escena en un rol cada vez más político. Frente a eso el gobierno estableció una estrategia, que en lo central es un intento de usar esa disputa para escaparle a la discusión económica porque están haciendo un ajuste brutal, y quieren correr la agenda mediática para esconder que las medidas que está tomando el ministro Sergio Massa.”

31.1.2023

Por La Retaguardia

Nelson Santacruz, referente de La Poderosa en la villa 21-24 analizó el comienzo del 2023 en los barrios populares. Habló acerca de las problemáticas que el Estado sigue sin resolver en las villas y puntualizó los conflictos que llegan todos los años en el verano: el calor en condiciones de hacinamiento, el crecimiento de los casos de dengue, la falta de acceso al agua y los problemas eléctricos. Además remarcó la situación que viven en las villas de todo el país por el narcotráfico. Fue durante el programa Estás Muteadx.

La Poderosa nació en 2004 como organización y en 2010 como medio de comunicación con la revista de papel La Garganta Poderosa. Desde la comunicación y con el trabajo en los barrios, denuncian la negligencia por parte de la Justicia y el Estado para resolver los problemas estructurales de los barrios populares. “La hipocresía está en que mientras tienen a mujeres mapuche presas en Bariloche hace casi 100 días, esos mismos jueces, que cobran millones de pesos al mes de sueldo, hacen caso omiso a hechos tremendos como las dificultades para acceder a Lago Escondido, que fue ocupado nada menos que por un inglés”, planteó Nelson Santacruz, referente de La Poderosa en la Villa 21-24. A la vez, se refirió a las problemáticas de los barrios que la Justicia también omite, como “la represión y el gatillo fácil dirigido hacia la población joven de los barrios populares” de todo el país. “Correpi señala que desde la llegada de la democracia ya hay más de 8 mil casos de personas que son asesinadas por la represión estatal. Nuestra lectura política también está puesta ahí, está puesta en esta coyuntura que de alguna manera marca la agenda de nuestros territorios también”, agregó.
Santacruz se refirió también al narcotráfico en las villas de todo el país, que no solo se limita a la venta de drogas, sino que tiene un poder cada vez mayor en los territorios. “El narcotráfico sigue avasallando ese mercado paralelo en nuestros barrios. Por un lado, en el entramado de las reventas que termina calando en la salud de los más jóvenes, que no pueden salir del consumo. Lo que ofrece el Estado no va a erradicar el problema, no termina de acompañar integralmente a nuestra juventud. Y, por otro lado, esta narcoestructura que en todo el país se expande más allá de las drogas, también en el manejo de las obras públicas internas en los barrios populares, el sistema de cable, de internet y lo que fuera, sin ningún control de los tres poderes del Estado. Hay como una especie de zona liberada para que el narcotráfico avance. Y cuando se habla de inseguridad, como ya sabemos, como nos acostumbran los medios hegemónicos, vemos y vamos a verlo ahora cuando empiecen las elecciones que van a hablar de los choreos de celulares y de las motos, que no está mal, pero no es la matriz de fondo. A nosotros el narcotráfico nos mata o nos lleva presos”, explicó.

El enemigo de todos los veranos

En la Ciudad de Buenos Aires, uno de los barrios más complicados con el dengue todos los años es la Villa 21-24. En plena pandemia por Covid-19, había unos 600 casos de dengue en ese barrio. “Nosotros vivimos al lado del Riachuelo. Si bien tiene cierto flujo, podríamos llegar a decir, sus orillas no. Las orillas están con basura, también son microbasurales que no son eliminados de raíz. Ahí también hay muchos mosquitos. Entonces a partir de nuestras postas de salud solemos hacer campaña de concientización para descacharrar y demás en todo el país, en todas nuestras asambleas. Pero si la estructura, barrial o territorial, no está siendo fumigada, es muy difícil que esto se erradique. Si bien hay barrios donde se fumiga constantemente, hay otros donde necesitamos que haya más implementación territorial del descacharrado y también el acompañamiento de prevención para que los datos no aumenten tanto”, dijo Nelson.

El rol de las organizaciones

La organización comunitaria y popular está cada vez más presente en los barrios a nivel nacional, y los reclamos en todo el país son muy similares: “Nosotros venimos denunciando el tema de la urbanización hace mucho tiempo. Es una de las banderas más importantes de las villeras y los villeros, y está totalmente vinculado con la falta de acceso a cloacas, el hacinamiento y un montón de otras necesidades estructurales que vivimos cotidianamente. Y hoy en día, en el verano, el agua es una de las necesidades básicas más importantes”, dijo Santacruz. Las obras para el acceso al agua y otras necesidades básicas no avanzan o lo hacen lentamente. En algunos casos, incluso, solo se anuncian obras que nunca comienzan. “Lo que nos pasa, a quienes crecemos en los barrios populares es que vamos cumpliendo cada uno 20 o 30 años de ver que no se hace nada y tenemos los mismos problemas de cuando éramos niños. La electricidad es el terror de de los veranos y de los inviernos, provoca incendios y de hecho esta semana leía que se condonó desde el Ministerio Economía a Edenor y Edesur una suma que asciende más o menos a los 220 mil millones de pesos y solo deberán pagar unos 80 millones de pesos. Dos entidades que también son responsables de las negligencias, de que se nos quemen todos los electrodomésticos en los barrios constantemente, de que se pudra la comida en los comedores populares. Hay una complicidad entre el Estado y también sectores privados para que el abandono se profundice”, planteó el integrante de La Poderosa.
Los comedores y merenderos son los que a diario garantizan un plato de comida para los vecinos y vecinas. Santacruz se refirió al trabajo de estos espacios en un contexto en el que casi la mitad del país está bajo la línea de pobreza: “Desde La Poderosa venimos señalando que nuestro país produce toneladas de alimentos para todo el mundo. También es importante reconocer a quienes están en la primera línea de defensa. Ahí están las cocineras comunitarias. El reconocimiento tiene que ver no solamente simbólicamente, sino a partir de un marco laboral, un reconocimiento salarial a nuestras compañeras que trabajan todos los días en este espacio para alimentar a un montón de vecinos y vecinas”.
A partir de la falta de acceso al trabajo en los barrios populares y el trabajo no remunerado de quienes están al frente de los merenderos y comedores, desde La Poderosa empezaron a implementar las cooperativas de trabajo. “Somos más de 70 cooperativas que engloban aproximadamente a 500 laburantes. No la estamos pasando tan bien en este contexto. Y hablo de la parte laboral porque termina repercutiendo directamente en los derechos básicos de la infancia, además de los derechos básicos de los padres y las madres”, contó, y planteó cuáles son las proyecciones que tienen de este trabajo cooperativo para este año que acaba de comenzar: “Buscamos que se fortalezcan los insumos para acompañar a nuestro sector, porque es clave para poder reconocerle este trabajo. Estamos hablando de una sociedad donde constantemente nos dicen ‘ustedes son los negros villeros de mierda, son planeros’ y así es como nos marcan, nos categorizan y nos etiquetan a los que vivimos en los barrios populares y a los que buscamos otro sistema de laburo, otra forma de emprender esa formación, esa capacitación en la forma de realizar otro tipo de productos mucho más artesanales o de servicios, como puede ser la comunicación en aquellas cooperativas de comunicación como La Garganta”.
En este modo de nombrar a los villeros y villeras al que se refiere Santacruz, también se engloba a las infancias. Esas que después aparecen representadas en los medios de comunicación, en las publicidades y en las campañas políticas. “En épocas electorales van mostrar a nuestras infancias en spots de campaña, a los pibes y las pibas de nuestros barrios, vinculados al asistencialismo y no a un trabajo de raíz, estructural, para que puedan crecer de manera sana. Por ejemplo, tenemos muchísimos conflictos con las salitas, tenemos muchísimos conflictos con conseguir leche en polvo o de fórmula que es para los más chiquitos. Las salitas o los CeSAC (Centros de Salud y Acción Comunitaria) dentro de los barrios o están muy lejos, o están estallados, No tienen profesionales suficientes como nutricionistas, pediatras, personal de salud mental, por ejemplo, para poder acompañar a los niños, niñas y adolescentes en nuestros barrios. Y estas cosas son también problemáticas que las vamos discutiendo de manera asamblearia”, dijo, y volvió a remarcar que la mitad de las infancias en Argentina están debajo de la línea de pobreza: “Esa es la realidad también. Nosotros laburamos con más o menos 45.000 raciones de alimentos cocinados al día en todo el país, estoy hablando de los comedores y merenderos, de los cuales aproximadamente 16.000 son infancias”.

31.1.2023

El Consejo Consultivo Comunal 3 (que comprende a los barrios de Balvanera y San Cristóbal) se reunirá en el Parque de la Estación el miércoles próximo a las 18.30 horas para rechazar la subasta del edificio de Perón 3227. Exigen que allí funcione un polideportivo público. Esta es una acción promovida desde su Comisión de Espacio Público. También participa la Comisión de Educación del Consejo Consultivo Comunal 5 (de Almagro y Boedo).

“El Gobierno de la Ciudad subastará el próximo 7 de febrero el predio de Perón 3227 y 3271, de 1230 m2 en un millón de dólares, es decir 813 dols/m2. Los barrios de Balvanera y Almagro son los más densamente poblados, 32.000 y 33.000 h/km2”, comunicaron desde el Consultivo.

“No necesitamos más construcciones ni que las construcciones nos quiten el sol de los pocos espacios verdes que tenemos, pero sí más espacios verdes, polideportivos, natatorios, para les alumnes de escuelas públicas y toda la comunidad. Tenemos derecho a decidir cómo queremos vivir en nuestros barrios”, sumaron.

De modo similar, integrantes del movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos juntarán firmas contra la subasta.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que va a rematar, a través del Banco Ciudad, el edificio público de la calle Perón 3227/3241/3263/3269/3271 donde funcionaron oficinas de la Dirección General de Estadística y Censos del GCBA.

El proceso se llevará a cabo el próximo 7 de febrero, con horario de inicio a las 11 horas, y de finalización a las 12 horas, la que será celebrada en modo electrónico en el sitio web https://subastas.bancociudad.com.ar por el Banco Ciudad de Buenos Aires. El precio base es de USD 1.004.965,71.

26.1.2023

Por Irina Hauser

Después de una semana de dormir en la calle sin respuestas concretas del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, las familias de la Villa 31 que perdieron por completo o vieron afectadas sus viviendas por una demolición supuestamente accidental consiguieron una medida cautelar del juez Andrés Gallardo que le ordena a la administración porteña la reconstrucción de las casas, que entregue en 24 horas un plan de emergencia habitacional para el período de transición (y que no sean subsidios o paradores nocturnos), que ponga consigna policial las 24 horas donde la gente todavía tiene sus pertenencias y temen que se las roben, que retire los escombros y residuos y que garantice las necesidades de higiene, salubridad y alimentación. Por la tarde de este miércoles los vecinos y vecinas tuvieron una segunda peliaguda reunión con un encargado de la urbanización en el barrio. Primero los quisieron convencer de volver a sus hogares destrozados o con peligro de derrumbe. Luego les prometieron un subsidio sin precisar de qué monto sería.
Todo comenzó el miércoles de la semana pasada cuando algunas de las familias que viven en el barrio Carlos Mugica (o Villa 31 bis) comenzaron a sentir ruidos extraños, en un principio como si alguien picara una pared, se hizo cada vez más intenso y se quedaron sin luz. El lugar se llenó de polvo y apenas podían ver. La gente quedó atrapada entre los escombros hasta que la empresa abrió un boquete para que salieran. Después del derrumbe un cortocircuito provocó un incendio y se quemó una vivienda. Desde las ocho de la noche hasta las cuatro de la mañana llevó apagarlo. Desde ese día, mujeres, hombres, niños y niñas duermen frente al área de la demolición por temor a que les roben las pertenencias que les quedaron en sus casas. Les prometían policía todo el día, pero contaron que eso no se cumplió. Tampoco recibieron asistencia y los adultos y adultas vieron afectadas sus actividades laborales, con la consiguiente pérdida de ingresos.
El derrumbe que dejó a 30 familias sin vivienda –algunas de las cuales fueron aceptando en la desesperación ofrecimientos tardíos a modo de parche, como ir a un parador– fue consecuencia de la demolición de dos viviendas deshabitadas que llevaba a cabo la empresa Villarex, contratada por el gobierno porteño, para obras a cargo de la Unidad de Proyectos Especiales. Nada se les avisó a los habitantes de la zona, que directamente se toparon con el desastre de perder o ver afectadas sus casas. La paradoja de estos hechos es que ocurren dentro del plan de urbanización del cual el gobierno de Larreta ha hecho un caballito de batalla de su marketing político.
María Isabel Báez, una de las denunciantes, que padeció en incendio de su casa, vive con su compañero y tres hijos. Ella sufre hipertensión, tiene una válvula colocada en la cabeza, carece de visión en un ojo. Perdió electrodomésticos, muebles, ropa, y la mercadería que tenía para elaborar la comida que vende en el sector llamado «Cancha de los paraguayos». Junto con María se presentaron también Gladys Torres Vallejos, Griselda Encizo y Mirna Elisabet Moreno, representadas por Nicolás Buitrago, que es el defensor a cargo de la Unidad Especializada en Procesos de Integración Social. Antes se había presentado el titular de la Dirección General de Acceso a la Justicia (ATAJO), Julián Axat, pero no tuvo suerte. También hay una causa penal.
Gallardo citó en su resolución al Papa Francisco al referirse, ante las inequidades y la privación de derechos, «el principio del bien común» que «se convierte, como lógica e ineludible consecuencia, en un llamado a la solidaridad en una opción preferencial por los más pobres». «El Estado en ninguna de sus formas o especies debe identificarse con aquellas personas que miran para otro lado. Sino por el contrario, allí es donde debe estar pues para eso existe», sostuvo el juez. «Ante la imposibilidad absoluta o relativa de las personas en procurarse la satisfacción de algún derecho primordial, será el Estado quien deba intervenir activamente», reforzó.
Antes de detallar todas las medidas, que habrá que ver si el Gobierno porteño acata o no —ya que, como mostró Página/12, tiene la costumbre de ignorar o apelar los fallos–, Gallardo sostuvo que quedaban cumplidas dos condiciones necesarias para otorgar una medida cautelar, que son la verosimilitud de lo denunciado y el peligro en la demora de una decisión. También le dio un día a la administración de Rodríguez Larreta para que brinde un informe detallado de las viviendas afectadas: que las identifique, que explique la situación estructural actual (algunas, por ejemplo, tienen las paredes llenas de roturas y fisuras), un inventario de los elementos que tienen las familias allí, la composición de cada grupo familiar y dónde se encuentra cada una de las personas damnificadas. En el fallo el juez señala 23 familias que están en literalmente en la calle.
Gallardo sostuvo que «las circunstancias descriptas en la demanda se encuentran ratificadas por las constancias documentales acompañadas, que exponen en conjunto una grave situación de vulnerabilidad habitacional que pone en grave riesgo la vida y la salud de los grupos familiares involucrados». Señaló que ya quedaron expuestas de «modo contundente las gravísimas y riesgosas condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad que presentan las viviendas de los grupos familiares actores y el peligro que éstas desencadenan, no sólo por la ostensible pérdida de pertenencias y afectación en la vida cotidiana, sino también ante el riesgo de derrumbe de otras estructuras y de ocurrencia de siniestros causados por la presumible deficiente instalación eléctrica y demás servicios domiciliarios».
Pese a todo este cuadro, remarcó el juez, «y el tiempo transcurrido, la demandada (la Ciudad de Buenos Aires) no ha dado respuesta eficaz e integral a la problemática habitacional de los vecinos afectados, ni respuesta a las cuestiones suscitadas como consecuencia del derrumbe e incendio acaecido en el predio donde se encuentran las viviendas de los amparistas».
El martes hubo una primera una reunión en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, que está en el barrio, donde intentaron convencer a algunas familias de que volvieran a sus casas con grietas en las paredes o visibles roturas. Este miércoles, hubo otro encuentro al que asistieron, además de los vecinos y vecinas, el subsecretario de Integración Social y Económica, Tomás Galmarini; representantes del Ministerio Público de la Defensa, de ATAJO, Asesoría tutelar, del centro de acceso a la justicia y las legisladoras de Frente de Todos Maru Bielli y Lucía Cámpora y Alejandrina Barry, del FIT. Por ahora, casi como si la cautelar no existiera, el funcionario porteño ofreció paliativos transitorios, limpieza de las casas, un resarcimiento a siete días y un subsidio aún no definido. No es lo que ordenó Gallardo, quien apuntó una solución firme y definitiva.