Comunicadores del Sur

22.4.2023

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito Regional Ciudad Autónoma de Buenos Aires denunció el acuerdo firmado entre el Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires, que preside Cynthia Hotton, y el Ministerio de Salud de la Ciudad con organizaciones religiosas y confesionales, explícitamente militantes opositoras al derecho al aborto que ya es ley desde el 2020 (Ley Nº 27.610 de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo). El convenio incluye la difusión de cartelería color celeste de un “0800 VIDA” en todos los hospitales públicos porteños.

Afirman que se trata de una estrategia, que desde el discurso se centra en la existencia de la Ley 27.611 de “Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia” conocida como “Ley 1000 días”, que privatiza de hecho las políticas públicas dejándolas en manos de organizaciones que muestran claramente su afiliación a creencias religiosas, que militan en contra del derecho al aborto, e incluye en todos los hospitales públicos porteños la difusión de cartelería color celeste de un “0800 VIDA”.
Ante esto, desde la Campaña reafirman su exigencia respecto a una efectiva separación de las iglesias y el Estado. Reclaman además que se deje sin efecto este acuerdo y se efectivice el cumplimiento de las leyes vigentes.
Agregan que el 0800 Salud cumple con la función de informar acerca de toda consulta en relación a los derechos sexuales y reproductivos, por lo que si fuera necesario reforzar ese servicio debería ser ampliado el presupuesto e incrementada su gestión, en vez de derivarlo hacia organizaciones privadas y, menos aún, a entidades religiosas y confesionales.
“La implementación de las leyes y de las respectivas acciones de políticas públicas es una responsabilidad del Estado, así como el control y el monitoreo de las mismas deben ser una tarea central de la sociedad civil y llevarse adelante de manera autónoma del Estado. Asimismo, referimos la importancia ineludible de la transparencia de los acuerdos, contratos y datos del Estado: como ciudadanía organizada exigimos que estos sean siempre públicos y la información sea de fácil acceso. Logramos la sanción de la Ley de IVE, obtenida por la organización, lucha y persistencia de los movimientos feministas, y no permitiremos que nuestros derechos sean controlados ni manipulados por el poder de las Iglesias”, finalizan desde la Campaña.
Para sumar adhesiones a este rechazo ingresar AQUÍ

22.4.2023

Por Correpi

Hace casi 20 años, el 18 de septiembre de 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó sentencia en el Caso Bulacio. La detención, tortura y muerte de Walter, de 17 años, ocurrida el 19 de abril de 1991 en la ciudad de Buenos Aires, nos permitió someter a análisis de ese tribunal, superior a la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, todo el sistema de detenciones arbitrarias en Argentina.

El fallo fue lapidario: La Corte IDH consideró probado que en nuestro país las fuerzas de seguridad gozan de facultades para detener personas arbitrariamente, a través de prácticas normadas, como la averiguación de antecedentes o detenciones para identificar, y los arrestos preventivos en materia contravencional, y de prácticas no normadas, pero toleradas, como las razzias. Y ordenó la adecuación de la legislación interna del país para eliminar todas esas prácticas, normadas o no normadas, ya que son violatorias de los principios básicos que el Estado Argentino se comprometió a respetar cuando suscribió como parte la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).
En estos casi 20 años, se sucedieron gobiernos de los más diversos colores y matices, tanto nacionales como en otras jurisdicciones, sin que, a la fecha, ninguno de ellos cumpliera ese fallo del organismo regional. Mientras tanto, a diario vemos corroborado que más de la mitad de las personas que mueren bajo custodia en una dependencia policial, eran víctimas de alguna de esas facultades discrecionales para detener personas arbitrariamente. Daiana Abregú, Jonathan Romo, Gabriel Pintos, Fátima Barrios, Erik Valdez y Florencia Magalí Morales, fueron detenidxs por contravenciones. Fabián Gallardo y Alejandro Martínez, por averiguación de antecedentes. Apenas si algunos nombres de los muchos que tenemos registrados en nuestro Archivo de Casos en los últimos tiempos. Ninguna de esas personas hubiera muerto si las policías no gozaran de esas facultades para detener a cualquiera, en cualquier lugar o momento, sin orden judicial ni delito flagrante.
Cuando un juez o un fiscal quieren ordenar la detención de alguien, deben tomarse el trabajo de fundamentar por escrito, al menos con cierta apariencia, las razones y pruebas en que se basan. Un policía, en cambio, no necesita otro argumento que su propia decisión. El sistema de detenciones arbitrarias produce decenas de miles de privaciones de libertad sin causa por año y por distrito. Más de la mitad de las personas que pasan por un calabozo policial, no está allí por una acusación penal. Y son quienes preferentemente “aparecen sin vida”.
Estas detenciones se vinculan de manera directa con las prácticas de recaudación, como pueden atestiguarlo vendedores ambulantes, manteros, trapitos, personas en situación de prostitución, artistas callejeros y todos los que, de una forma u otra, se la rebuscan para sobrevivir en la vía pública. Todos saben que tienen dos opciones: pagar puntualmente la “cuota” a la comisaría, o sufrir el hostigamiento sistemático con las detenciones, en las que, además de perder un día de trabajo (y la mercadería, en su caso), nunca falta alguna trompada que les recuerde que mejor que denunciar es arreglar.
También hay esquemas más elaborados, como cuando la brigada “levanta” alguien bien vulnerable, por ejemplo, con algún pasado de “conflicto con la ley”, y, siempre después de un par de golpes que funcionan como “incentivo”, le ordena que vuelva con una suma de dinero variable, bajo amenaza de armarle una causa. Le pasó a Desiderio Meza, que tuvo el buen tino de avisar a CORREPI, lo que permitió la detención de los policías de la comisaría 30ª con las manos en la masa, pero también a Jorge “Chaco” González, que murió 14 días después por la hemorragia interna causada por las patadas en la comisaría 5ª de Fiorito. O aprovechan estas facultades de llevarse alguien a la comisaría para “ablandarlo” y que se haga cargo de algún delito que los policías no tienen ganas de investigar. Así murió Sergio Durán, a los 17 años, en la comisaría 1ª de Morón, y desapareció Andrés Núñez en La Plata, en 1990.
Porque el sistema de detenciones arbitrarias, además de ser la puerta de entrada a la tortura, nos cuesta vidas. Más de la mitad de los muertos en comisarías, desde 1983 a hoy, era, según el eufemismo policial/judicial, “personas demoradas” o “contraventoras”, no detenidas, arrestadas o aprehendidas por orden judicial o delito flagrante.
No podemos permitir que siga pasando el tiempo con la sentencia del Caso Bulacio sin cumplir. Convocamos a todas las organizaciones, compañeros y compañeras que no quieren vivir en libertad vigilada, a impulsar una campaña nacional contra todas las formas de detenciones arbitrarias, que nos permita sumar fuerzas para romper con la naturalización de las prácticas represivas y para organizar la bronca y la resistencia.
BASTA DE DETENCIONES ARBITRARIAS
NI CONTRAVENCIONES NI AVERIGUACIÓN DE ANTECEDENTES
¡CUMPLAN EL FALLO BULACIO YA!

21.4.2023

El cese de tareas se lleva adelante en múltiples medios de comunicación. El acto tiene lugar en las puertas del diario, en la calle Tacuarí. El reclamo es también para que Sipreba pueda negociar paritarias con la patronal. Apoyan organizaciones sociales, sindicales y políticas.

Trabajadores y trabajadoras de prensa reclaman este viernes frente a la sede del diario Clarín, en la Ciudad de Buenos Aires. El reclamo es contra los más de 40 despidos que decidió la patronal el fin de semana pasado.
Evidenciando un desprecio absoluto hacia trabajadores y trabajadoras, la patronal conducida por Héctor Magnetto comunicó los despidos por mail, en el transcurso de la madrugada del domingo. Hubo trabajadores que se acostaron el sábado teniendo empleo y se levantaron al día siguiente desempleados. El maltrato no puede ser más brutal.
El reclamo incluye, además, el reconocimiento del Sipreba para la discusión paritaria. Esta organización, que tiene la representación real de los trabajadores y las trabajadoras de Clarín, tiene desde hace meses la personería gremial. Sin embargo, no puede sentarse discutir con la patronal.
La razón es que la burocracia de la UTPBA (Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires) interpuso un recurso judicial que permite dilatar la resolución. Recordemos que esa conducción amarilla y propatronal es fuertemente rechazada por los trabajadores de prensa. No es casualidad: en los últimos siete años firmó todas las paritarias a la baja.

21.4.2023

Además, los efectivos no tenían identificación. Ocurrió luego de que el miércoles pasado una patota de la Franja Morada golpeara estudiantes. La Policía de Larreta entró a la facultad a amedrentar a los estudiantes. Pero la respuesta no tardó en llegar: 100 estudiantes hicieron cordón y fueron echados.

Esta semana la facultad de Derecho de la UBA salió en diversos medios por la asamblea trucha que hizo la Franja Morada, donde utilizó una patota para evitar que estudiantes ingresaran a la asamblea y pudiera votar en contra de la eliminación de las elecciones de centros de estudiantes anuales
Este viernes 21, en el turno tarde-noche, ingresó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires de forma patoteril, llevando armas de fuego y rompiendo la autonomía universitaria. Pero la respuesta no se hizo esperar. Un centenar de estudiantes, junto a la agrupación La Izquierda en Derecho -referenciada en Myriam Bregman- armaron un cordón, uniendo docentes y alumnos, para no permitir el paso.
Lo más llamativo es que la Policía pareciera estar contratada por el decano de la Facultad de Derecho. Se pueden observar los métodos patoteriles que utiliza la Franja Morada y que esto está acompañado en amedrentar a los estudiantes que se organizan contra estos atropellos antidemocráticos. Ya que lo que se está exigiendo es votar y que haya una asamblea no trucha, donde todos puedan participar. Parece que el decano de la facultad, ni el centro de estudiantes dirigido por la Franja Morada y la Nuevo Derecho les gusta la idea de mayor democracia, ya que pertenecen al espacio de Juntos por el Cambio.
La Izquierda en Derecho (Juventud del PTS + independientes) está impulsando una comisión de estudiantes contra la patota de la franja morada y por elecciones de centros de estudiantes, porque queremos que se nos escuche y poder votar, y de esta manera responder en coordinación y en unidad ante estos atropellos que organiza el radicalismo en la universidad de buenos aires.

19.4.2023

Por Martín Suárez

Pese al rechazo masivo de madres, padres y docentes la cartera educativa concretó la instalación de dos dispositivos en una escuela de Parque Chacabuco.

El 15 de marzo pasado, Tiempo advirtió que se venía el Gran Hermano en el cole, en el marco de la instalación de cámaras en aulas de escuelas porteñas. Medida que había sido confirmada a este medio por el Ministerio de Educación porteño días anteriores. El primer establecimiento educativo en vista de la ministra Soledad Acuña, fue la Escuela Técnica Cristóbal Hicken, ubicada en el corazón de Palermo, en el mismo predio que se encuentra el Jardín Botánico. La segunda escuela de la lista fue la N° 17 DE 8, de Parque Chacabuco. El rechazo de toda la comunidad educativa hizo que en ambos casos, la ministra recule en la instalación de los dispositivos, es más, en una de las escuelas instaló una cámara dentro del aula y en menos de 24 horas fue retirada por la presión de familias, docentes y referentes educativos. En las últimas horas, la cartera educativa, insistió con su postura y decidió instalar dos dispositivos de transmisión y filmación continua en otra escuela de Parque Chacabuco.
La administración de Rodríguez Larreta hizo una pausa. Esperó en silencio, mansamente. Aguardó que bajara un poco el rechazo social de familias, docentes y directivos que integran la comunidad educativa y arremetió nuevamente. Apenas pasaron tres semanas desde que el ejecutivo porteño tuvo que dar marcha atrás con la instalación de una cámara de vigilancia dentro de un aula de la Escuela N° 17 DE 8 Profesor Raúl L. Bernardell y desestimar el acta firmada que habilitaba la instalación de tres dispositivos en la Escuela Técnica Cristóbal Hicken del barrio de Palermo, cuando volvió a insistir en su postura.
En las últimas horas, la cartera que conduce Soledad Acuña, envió a un equipo técnico a la Escuela Nº 7 DE 8 Niñas de Ayohuma de Parque Chacabuco, para instalar dos cámaras de vigilancia: una en la biblioteca del establecimiento, donde hay chicos de diferentes grados todo el tiempo, y otra en el laboratorio.
“La cámara en la biblioteca no debería estar porque es un lugar por donde circulan chicas y chicos constantemente, y si bien en el laboratorio es relativo porque parece que no está habilitado para el uso de los chicos, hay un gris en ese caso”, explica a Tiempo Paula Galigniana, referente educativa del distrito escolar 8 y secretaria de comunicación y prensa de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera).
En este caso, las familias todavía no han sido notificadas de la instalación de los dispositivos, recién serán alertadas este miércoles por el equipo docente, dado que el conjunto de trabajadores y trabajadoras conocieron el tema en las últimas horas. Previo al anuncio a las familias, maestras y maestros del establecimiento educativo se reunirán con el equipo de conducción para determinar cuáles serán los próximos pasos a seguir.
“La directora de la escuela firmó el acta desconociendo la mitad de la información, dado que el ministerio sólo le informó una parte respecto a la instalación de las cámaras. Le dicen que van a instalarlas en un espacio de la escuela que va a estar cerrado con llave y esas cosas. Qué quiero decir con esto, que el gobierno de la Ciudad responsabiliza a las conducciones de habilitar la instalación de las cámaras, pero el ministerio de educación no brinda la información completa a los directivos”, agrega Galigniana.
Cabe destacar que desde la propia cartera educativa porteña, aseguraron a este medio que la idea es avanzar “en la instalación de espacios seguros en 150 escuelas porteñas”. Algunos de esos espacios “ocasionalmente incluyen la instalación de cámaras, pero que todavía no está determinado el número final, dado que son casos excepcionales. Los espacios tienen, más que nada, la instalación de sensores y alarmas”.
Desde la asociación docente Ademys rechazan la instalación de ambos dispositivos y manifiestan nuevamente su preocupación por esta medida, dado “que es una cámara que apunta directamente sobre las y los estudiantes. Esto tiene como función controlar el trabajo docente, pero en su afán por perseguir a trabajadores de la educación, el gobierno porteño viola la intimidad y privacidad de las infancias durante la jornada escolar”, manifestó a este medio Andrea Bohus, secretaria de la asociación docente Ademys y agrega que “la instalación fue sin previo aviso, ni los docentes ni la comunidad educativa estaban al tanto de esta situación”.

Presiones y amenazas sobre el equipo de conducción

En el caso de la Escuela Hicken, la comunidad educativa denunció que la directora del establecimiento firmó el acta bajo presión y que “fue amenazada” con su patrimonio. Cuando las y los docentes increparon a la directora de la institución por haber firmado el acta y le cuestionaron por qué llevo adelante la rúbrica de la misma, argumentó que prácticamente no le dieron opción y que aprovecharon el último día de trabajo (28 de diciembre de 2022) mientras la escuela cerraba, para obligarla a poner su firma, bajo el argumento de que en esas aulas no hay rejas en las ventanas y que las cámaras no iban a prenderse de día durante la cursada. Además, le dijeron que si no firmaba, iba a hacerse cargo con su patrimonio si llegara a faltar cualquier dispositivo informático. “Es histórico que hay mucha presión sobre las conducciones escolares para que apliquen las políticas del gobierno”, cuenta Paula Galigniana.

Docentes y familias pedirán que quiten las cámaras

La comunidad educativa exigirá el retiro de las cámaras que fueron instaladas este martes en la escuela de Parque Chacabuco. En casos anteriores, la presión y el reclamo de las familias y docentes, tras conocerse la noticia que en la escuela Técnica de Palermo, “Cristóbal M. Hicken”, iban a instalar tres cámaras dentro de varias aulas, tomó fuerza rápidamente. Se organizaron y rechazaron la iniciativa y, ante esta situación, la supervisión dio marcha atrás con la instalación. Lo mismo ocurrió con la instalación de cámaras en la Escuela 17 DE 8. En menos de 24 horas, ante el repudio generalizado y la difusión mediática, Soledad Acuña desinstaló los dispositivos de ese establecimiento. Las familias consideraron esto como un triunfo y advirtieron que se mantienen en estado de alerta. La comunidad educativa exige mayor presencia de seguridad en la zona para evitar el robo de dispositivos informáticos, la instalación de dispositivos de control fuera de la escuela, y la instalación de rejas por los lugares que pueden ingresar los delincuentes.