Comunicadores del Sur

11.5.2023

Tras el intento fallido en la Federación de Box, el pasado martes se desarrolló el primer Congreso Anual Extraordinario de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) – Capital. Entre polémicas y denuncias de agrupaciones opositoras a Daniel Catalano, titular del gremio de empleados públicos, se designó la Junta Electoral para las elecciones del 8 de agosto.

“Dividen ATE con vallas y burocracia”, señaló un comunicado de “Construyendo la Unidad”, agrupación que se enfrentará al oficialismo en las próximas elecciones de la seccional. Desde la oposición vienen denunciando distintas practicas del oficialismo que atentan contra la participación legitima de las y los trabajadores. En este sentido, sostuvieron que el Congreso se desarrolló en tiempo récord y se impidió el uso de la palabra lo que configura un hecho insólito en el sindicato desde la recuperación de la democracia.
Diego de los Santos, referente del Frente de Unidad Germán Abdala y Vocal del Concejo Directivo de ATE Capital, indicó que “fue una maniobra para garantizarse poder refrendar una junta electoral ilegítima, porque el Congreso estaba fraudulento desde la convocatoria. (Daniel) Catalano demoró nuestra acreditación para empezar el Congreso sin la oposición, no abrió la palabra y votó como lo necesitaba”.
Además, sostuvo que “triplicó la seguridad con gente ajena al sindicato, armó una trampa mortal en el ingreso, que sólo por nuestra decisión de cuidar a los compañeros y las compañeras no terminó en algo más grave”. “Es una maniobra inédita para nuestro sindicato”, agregó.
“Es la crónica de una muerte anunciada; una continuidad de lo que sucedió en el primer Congreso, dónde Catalano tenía decidido suspenderlo porque no le daban los números”, afirmó de los Santos en relación a lo sucedido el 19 de abril en la Federación de Box.
También se refirió directamente: “Catalano no tiene otra salida que optar por la burocracia, mancillando flagrantemente la idiosincrasia de ATE. Lo que hizo era impensado que suceda en nuestro sindicato”. “Por esto necesitamos reconstruir la alternativa. Aquellos compañeros y compañeras que fuimos parte de la refundación nos fuimos por este tipo de cosas”, concluyó.

11.5.2023

Claudio Dellecarbonara lo cuenta en este reportaje

El trabajador del subte, referente del PTS en el FIT e integrante del Secretariado Ejecutivo de la AGTSyP dialogó este miércoles con Jorge Fontevecchia en su programa de Net TV. Allí pudo dar todas las explicaciones acerca del plan de lucha que están llevando a cabo contra el asbesto y por la reducción de la jornada laboral. “Le demostramos a la empresa la presencia de esto que ellos ya sabían y negaron durante más de un año. Imagínense si no son criminales”, le dijo al periodista.
Claudio Dellecarbonara, trabajador del subte, referente del PTS en el FIT e integrante del Secretariado Ejecutivo de la AGTSyP dialogó este miércoles con Jorge Fontevecchia en su programa de Net TV. Allí pudo dar todas las explicaciones acerca del plan de lucha que están llevando a cabo contra el asbesto y por la reducción de la jornada laboral
Dellecarbonara comenzó explicando que “lo que denunciamos justamente es una crisis sanitaria bajo tierra por la presencia de un mineral que está prohibido y que es altamente cancerígeno que es el asbesto. Lamentablemente ya tuvo consecuencias sobre la vida de los trabajadores: tenemos tres compañeros fallecidos, ochenta y cinco afectados (seis de ellos con cáncer). Ya tenemos confirmado también la afectación de usuarios. Y esa es la situación, un mineral que pone en riesgo la salud de los millones de usuarios y de los miles de trabajadores que debería haber sido retirado a partir de 2003 cuando se prohibió y que no solo no lo retiraron ni los gobiernos ni la empresa concesionaria, sino que tampoco nos advirtieron de la presencia de este mineral y nos obligaron a trabajar en estas condiciones”.
Agregó que están pidiendo que se retire, que se cumpla con la ley, que se cumpla con los fallos de la justicia porteña para que se cambian las flotas que están contaminadas. Dijo que “obviamente nosotros estamos exigiendo la reducción de la jornada para minimizar los efectos de todos los factores de salubridad, entre los que están el asbesto, en nuestro ámbito de trabajo”.
El referente indicó que el asbesto se empezó a prohibir en diferentes países desde finales del siglo pasado justamente porque se comprobó que era altamente cancerígeno. Y no dudó en dejar en claro que hay muchos países donde igual que en la Argentina está prohibido, que no se puede fabricar, no se puede manipular, no se puede manufacturar, no tiene que estar en contacto con la gente.
“Nosotros hemos presentado un amparo colectivo. La Justicia porteña determinó el riesgo lo confirmó y está intimando la empresa para que lo retire de contacto con los usuarios, con los trabajadores, con cualquier persona”, dijo.
Para ejemplificar qué pasa en el resto del mundo frente a este material, explicó que “el caso más cercano que tenemos es el de metro de Madrid. Nosotros nos enteramos justamente de que los trenes que se compraron en España a partir del 2011-2012 y se trajeron aquí, anunciándolos como nuevos cuando eran chatarra, tenían asbesto en su composición. Los trabajadores del metro de Madrid venían ya peleando para que se retiren de circulación. Lograron que eso se haga, pero también con consecuencias luctuosas porque tuvieron muchos trabajadores fallecidos afectados e inclusive familiares de los trabajadores porque la fibra uno la puede transportar en la ropa y después puede terminar afectando a otra persona que no trabaja o no usa el subterráneo”.
“Nosotros comprobamos la presencia de asbesto que lo tuvimos que hacer los propios trabajadores a través de universidades estatales. Le demostramos a la empresa la presencia de esto que ellos ya sabían y negaron durante más de un año. Imagínense si no son criminales. Cuando ya la evidencia era irrefutable dijeron ‘bueno hay vamos a empezar a hacer algo para sacarlo y lo sacaron’. Lo poco que se sacó por la presencia de nuestra organización y por la presión porque si uno no los controla, las empresas hacen lo que quieren”, sentenció.
Dellecarbonara aclaró que el gobierno de la Ciudad que es el dueño del subterráneo y que “la empresa concesionaria que es Metrovías-Emova (cambió el nombre, pero es el mismo grupo económico) trata de esconder todo esto bajo tierra valga la redundancia. Es más, ahora, lanza directamente una campaña de extorsión contra los trabajadores para que dejemos de denunciarlos. Nos manda telegramas con amenazas de sanciones totalmente injustificadas y nos descontó días de trabajo del sueldo injustificada e ilegalmente”.
Ante lo increíble que suena oir sus palabras una y otra vez explicando cómo la empresa y el Gobierno porteño se empeñan en producir una crisis bajo tierra, expresó: ”Ya no sabemos cómo explicar esto. Inclusive la justicia porteña ha determinado lo que nosotros denunciamos. La ART que contrata la empresa determinó que hay asbesto, que riesgoso y nos tiene a dos mil cien trabajadores bajo una vigilancia constante para ver en qué momento nos afectamos o desarrollamos un cáncer”.
“Esa es la situación que nos lleva a nosotros a realizar las medidas que estamos realizando. Tratamos de hacerlo siempre fuera de horario pico, sin afectar todas las líneas juntas por poco tiempo porque lo que queremos es alertar de esta situación al público en general. Pero, sobre todo a los usuarios porque los usuarios tienen que junto con nosotros reclamar que esto cambie. No se puede seguir trabajando y viajando en estas condiciones”, finalizó.

28.4.2023

Luego de la rápida denuncia y alerta de las organizaciones de mujeres, de la diversidad sexual, de trabajadoras, estudiantiles, entre otras, la línea telefónica que iba a ser ejecutada por organizaciones evangelistas en los hospitales públicos de la Ciudad no podrá seguir operando y el servicio será brindado a través del Ministerio de Desarrollo Social. Ayer, hubo pañuelazo convocado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto frente a la Legislatura porteña.

Cyntia Hotton, reconocida antiderechos y presidenta del Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires, se quedó sin su 0800 VIDA, la línea de atención telefónica en hospitales públicos que bajo el argumento de servir para “asistir a mujeres con embarazos vulnerables”, supuestamente para aplicar la Ley de 1.000 días sancionada en 2020 junto con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en verdad buscaba que esa línea sea atendida por 400 organizaciones evangelistas. Ese convenio había sido firmado con el Ministerio de Salud presidido por Fernán Quirós. A partir de ahora, la línea telefónica será atendida por personal del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad.
El convenio que se logró dar marcha atrás, era una intromisión de agrupamientos religiosos en el sistema público de salud, hecho repudiado por la Campaña por el Aborto, reconocidas escritoras, personalidades de la cultura, diputadas y también por sectores de trabajadoras y trabajadores como la Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA, la Comisión de Género de las trabajadoras del Hospital Durand, por mencionar algunos ejemplos. La juventud también se hizo oír, y empezaron a difundirse los comunicados de los centros de estudiantes, como en los casos de los Centros de Filosofía y Letras de la UBA y en el terciario porteño Joaquín V. González. Apenas se hizo público este convenio, la primera legisladora porteña en presentar un pedido de informes para que se conozca este convenio fue Alejandrina Barry del bloque PTS en el Frente de Izquierda.
El jueves por la tarde, la Campaña por el Aborto de CABA convocó un Pañuelazo frente a la Legislatura porteña, donde presentaron las más de 1500 firmas en repudio a ese convenio que finalmente dio marcha atrás luego del repudio que generó. Allí estuvieron presentes la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas luego de la ronda de los jueves, las y los diputados del Frente de Izquierda Alejandrina Barry, Mercedes de Mendieta y Gabriel Solano. También se acercaron las diputadas del bloque de Juntos por el Cambio Florencia Romano y Ana María Bou Perez que al defender las políticas de salud y de género en la Ciudad que habían sido cuestionadas en la declaración de la convocatoria a la actividad, no fueron muy aplaudidas durante la jornada. Además de las referentes históricas de la Campaña como Martha Rosenberg, Nina Brugo, Elsa Schvartzman, participaron agrupaciones como Pan y Rosas, Isadora, Juntas y a la Izquierda, Plenario de Trabajadoras, Las Rojas, entre otras, y se leyeron apoyos de distintos sectores. La actividad finalizó con la música del colectivo de percusión Talleres Batuka que plantearon la necesidad de seguir en las calles movilizadas por los derechos de las mujeres.
Está planteado seguir movilizadas por la separación de las ONGs antiderechos y las Iglesias del Estado.

27.4.2023

Este proyecto de ley fue presentado por la legisladora del Frente de Izquierda, Alejandrina Barry, mientras se acercó junto a docentes del barrio para aportar donativos a las familias que siguen en la calle y sin nada. “Lo que vivieron estas familias es un crimen social y se podría haber evitado. El Gobierno es responsable y debe dar una solución inmediata” declaró.

El derrumbe de una vivienda precaria de dos pisos, ocurrido el martes por la noche, en Rivadavia 8758, en el barrio de Floresta, recorrió todos los medios de comunicación en medio de una indignación total. Más de 30 familias se quedaron sin vivienda y sin ninguna de sus pertenencias. Lo más grave e indignante fue el hallazgo de una niña de 12 años y un joven de 19 fallecidos. Mientras este mismo miércoles seguían los operativos para buscar a una señora que seguía hasta el momento desaparecida.
Inmediatamente los docentes de las escuelas de los niños de esas familias comenzaron donaciones para las mismas y este miércoles la legisladora Alejandrina Barry del Frente de Izquierda se acercó a dar lo suyo, mientras presentó un proyecto de Ley en la Legislatura porteña para “crear una partida presupuestaria extraordinaria a efectos de que el Poder Ejecutivo asignar a cada familia afectada por el derrumbe del inmueble de la Av. Rivadavia 8758 de esta Ciudad y que les permita acceder a una solución habitacional suficiente y permanente”.
“Lo que vivieron y sufrieron estas familias se podría haber evitado. El Gobierno es responsable y debe dar una solución inmediata. Propongo a todos los legisladores votar este proyecto para solucionar de forma inmediata la vivienda para estas familias que siguen en la calle”, declaró Alejandrina Barry mientras se acercó a las familias damnificadas para ponerse a disposición, junto a docentes del barrio.
“El Gobierno de la Ciudad nos ofreció un subsidio de 22.000 pesos por tres meses, hay personas que han perdido todo, no alcanza ni para comprar la ropa que está adentro, y no lo aceptamos porque estamos decidiendo qué hacer, hay 30 chicos que se quedaron sin hogar”, dijo Elio, el tío de la niña de 12 años fallecida.
La legisladora Alejandrina Barry fue categórica: “El presupuesto de la Ciudad, la más rica del país, tiene la plata para darle solución inmediata. Si no, podrían achicar en algunos pocos millones el inmenso presupuesto para publicidad que tiene otorgado el Gobierno de Larreta”.
Las imágenes televisivas y declaraciones de las familias mostraron una realidad que viven decenas de miles de familias en la Ciudad, la crisis habitacional no solo expulsa habitantes de la ciudad, sino que mata a las más precarias. La tragedia de Floresta es la expresión más cruda de la precariedad en que viven las jubiladas, en que trabaja la juventud y crecen las infancias. De cómo el empobrecimiento de las familias trabajadoras, a fuerza de trabajos precarios, desocupación, changas y alquileres impagables, las empuja a apretarse en villas o en casas que no tienen condiciones.
Las estadísticas del propio Gobierno de Rodríguez Larreta dicen que el 8% de la población vive “hacinada”. Pero si acercamos la lupa vemos que ese número se duplica en comunas como la 4 (La Boca, Barracas) o la 8 (Soldati, Lugano) y triplica ese número en la comuna 1 (Monserrat, Constitución), donde el 25% de las familias viven hacinadas en condiciones inhumanas. A esto hay que sumarle el aumento de la población de las villas y asentamientos que llegan a las 250.000 personas, así como la que va quedando en “situación de calle” y a diario se la puede ver por las calles del centro porteño.
“El trágico derrumbe en Floresta donde vivián 150 personas es un CRIMEN SOCIAL. Mientras el 50% de las viviendas que se construyen en Caba son de lujo, miles de viviendas suntuosas están vacías para la especulación, miles viven y mueren en una terrible precariedad habitacional”, denunciaba Alejandrina Barry en sus redes sociales.
A su vez la legisladora agregó para finalizar “Decenas de miles de familias viven en peligro. Para detener estos crímenes sociales hay que implementar urgentemente un plan de viviendas controlado por las familias y organizaciones sociales. Y para tal fin, conseguir los fondos en base a la creación de impuestos a las grandes constructoras, a la vivienda ociosa y detener la especulación inmobiliaria”.
La beba que murió hace pocos días en la vereda de Casa Rosada, los hombres que mueren en el invierno en las calles, los incendios que convierten en trampas mortales hoteles y conventillos (como pasó la semana pasada en La Boca) son parte de la misma realidad. Un gobierno empeñado en garantizar los negocios inmobiliarios que arroja a miles de personas a condiciones de vida que llegan a ser mortales, como hoy. Por eso los llamamos crímenes sociales.

27.4.2023

Por Lucho Aguilar

El derrumbe en Rivadavia y Lacarra es parte de una crisis habitacional que no tiene techo. En la Ciudad más rica, hay barrios que tienen un 20% de su población hacinada. El resultado de la apropiación de la tierra y la vivienda para los negociados, la suba de los alquileres y una vida cada vez más precaria.

Sonia no durmió en toda la noche, todavía está aturdida, pero les habla a las cámaras. “Yo estaba más adelante, la parte de atrás fue la que se cayó. Por eso los vecinos de adelante salimos todos, pero las personas que estaban atrás se fueron para abajo. No hubo construcciones, no hubo nada de nada. Simplemente, sonó como si algo hubiese reventado. Y ahora esperamos a saber quiénes faltan”.
Al mediodía de este miércoles se sabe que dos personas perdieron la vida y buscan otras detrás de los escombros. Los bomberos recorren las ruinas de la vivienda como si estuvieran en el foco de un terremoto.
Pero en esa manzana de Floresta no tembló la tierra. Lo que causó el derrumbe fueron las terribles condiciones estructurales en que viven miles de familias pobres de la Ciudad más rica. “150 personas vivían en el PH” repiten los medios. “Una familia o dos por habitación” agregan.
Abuelas como Felicitas que estaba desaparecida. Jóvenes como Jefferson que murió. Niñas y niños que también fueron víctimas como Gabriela.
La tragedia de Floresta es la expresión más cruda de la precariedad en que viven las jubiladas, en que trabaja la juventud y crecen las infancias. De cómo el empobrecimiento de las familias trabajadoras, a fuerza de trabajos precarios, desocupación, changas y alquileres impagables, las empuja a apretarse en villas o en casas que no tienen condiciones.
Las estadísticas del Gobierno de Rodríguez Larreta dicen que el 8% de la población vive “hacinada”. Pero si acercamos el foco vemos que ese número se duplica en comunas como la 4 (La Boca, Barracas) o la 8 (Soldati, Lugano) y triplica ese número en la comuna 1 (Monserrat, Constitución), donde el 25% de las familias viven hacinadas.
A esto hay que sumarle el aumento de la población de las villas y asentamientos (250 mil personas), así como la va quedando en “situación de calle”.
La beba que murió hace pocos días en la vereda de Casa Rosada, los hombres que mueren en el invierno en las calles, los incendios que convierten en trampas mortales hoteles y conventillos (como pasó la semana pasada en La Boca) son parte de la misma realidad. Un gobierno empeñado en garantizar los negocios inmobiliarios que arroja a miles de personas a condiciones de vida que llegan a ser mortales, como hoy. Por eso los llamamos crímenes sociales.
El peronismo, como principal fuerza de oposición en la Ciudad, ha sido cómplice de esas políticas “sociales” del larretismo. Cuando gobernaron la Ciudad, con Carlos Grosso, “Topadora” Domínguez y Aníbal Ibarra, la política fue la misma. El ajuste que hoy vive el país también es responsable de la crisis habitacional.
Sonia, como todos sus vecinos, es una trabajadora informal. Vende en la calle. “¿Qué voy a salir a vender y encima ahora con todo esto del dólar? Me quedé sin plata y sin mercadería”, dice. “Pero mi vida era lo primero”.
Para los partidos tradicionales esas vidas valen poco. El GCBA viene subejecutando las partidas destinadas a Habitat y Vivienda y su única política “inmobiliaria” es conseguir terrenos para nuevos negociados. Por eso tras hechos como este, lejos de buscar soluciones habitacionales, el larretismo empieza una razzia de desalojos con la excusa de “evitar nuevas tragedias”.
Se necesita un plan de viviendas, en base a impuestos a las grandes empresas, administrado por las organizaciones obreras y sociales. Ningún desalojo, ningún derrumbe más. Ni casa sin gente ni gente sin casa.