Comunicadores del Sur

17.02.2023

Este miércoles 15 de febrero, vecinos del barrio Piedrabuena, de la Comuna 8, realizaron un corte en la Av. Gral. Paz y 2 de Abril, para visibilizar esta situación y en solidaridad con vecinos del barrio Samoré por la represión que sufrieron esa mañana al cortar la autopista Dellepiane por los mismos motivos.

El miércoles 15 de febrero, este medio se acercó al corte que realizaron vecinos del barrio Piedrabuena, en Lugano, Comuna 8. El mismo se llevó a cabo en la Av. Gral. Paz y 2 de Abril, en protesta por los cortes de luz y la falta de agua que vienen padeciendo desde el viernes 10 de enero. También manifestaron solidaridad con los vecinos del barrio Samoré por la represión que sufrieron esa misma mañana al cortar la autopista Dellepiane por los mismos motivos.
Llegando a la entrada del barrio, sobre la Av. Piedrabuena, ya no se podía ver nada. Unas cuantas cuadras después, casi en el punto de protesta, comenzaban a visualizarse las luces de los patrulleros, camionetas y camiones de la policía de la Ciudad. La decisión de cortar en la Av. Gral. Paz se tomó desde el viernes 10 de febrero, “lo hacemos de manera consecutiva por los cortes de luz y la falta de agua que venimos sufriendo, esto que están viendo pasa todos los días, a diario nos cortan la luz. Por ejemplo, la cortan 8 horas, viene un rato y vuelven a cortar 11 horas más, es inhumano vivir así. Estas torres tienen 12 pisos, hay muchas personas mayores viviendo acá, algunos son electrodependientes y se complica la situación, se complica la vida”, contaba Mariano a este medio.
“Estamos casi acampando en la Gral. Paz porque es necesario reclamar y visibilizar, sufrimos muchas veces la represión de la policía, porque este problema lo tenemos en realidad, desde el 10 de diciembre, la desidia es total, se tiran la pelota entre la empresa Edesur y el gobierno de la Ciudad, encima mandan a reprimir, como sucedió hoy por la mañana, en barrio Samoré, algunos canales de televisión decían que los vecinos estaban enfrentando a la policía, pero se ve claramente cuando la policía entró con las motos al barrio”.
“También, en algunos canales difundieron que acá cobramos peaje y no es verdad. A nosotros no nos divierte estar acá, o sea, yo quiero estar en mi casa descansando, al igual que todos los vecinos y por el calor, la falta de luz y agua, tenemos que estar protestando, es nuestro derecho poder hacerlo. La situación es la siguiente, llamamos a Edesur, a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, se hacen denuncias, te dejan colgado en el teléfono, por ejemplo, a mí me dieron un número de denuncia y me dijeron que iban a tardar 10 días para darme la luz y la verdad es que uno se siente desamparado. Hoy veía que llevaron un transformador al barrio Samoré, era solo para un edificio y son 15 torres ahí. Acá hay 59 edificios, somos más de 20 mil personas que estamos sin luz y sin agua. Vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, sin embargo, la zona sur, siempre está olvidada, parece que estamos en medio del campo. Nunca se hizo infraestructura, entonces a un trabajador, lo afecta muchísimo, no es forma de vivir, no nos merecemos esto”, denunciaba Mariano.
Luego, otra vecina, dijo: “Nos dimos cita para una reunión de vecinos, allí expusimos las consecuencias que debemos afrontar al no tener luz y agua, no funcionan los ascensores, hay personas que bajan y suben 12 pisos por escaleras. Tampoco tenemos comida, ya que no podemos mantenerla en la heladera. Algunos vecinos, cuando cortan la luz quedan encerrados en los ascensores. El sábado 11 de febrero, estuvimos 16 horas sin luz. El domingo 12 de febrero, nos daban la luz y la cortaban cada 30 segundos, ya no podemos vivir de este modo, entonces cortamos para reclamar que vengan las cuadrillas y que terminen los arreglos pendientes”.
“Hoy hicimos una reunión vecinal, en la cual se decidió cortar la Av. Gral. Paz en el día de mañana, pero al rato, nos avisaron que a las 19 horas nos iban a cortar la luz y fue lo que sucedió”.
Otro vecino manifestó: “Estamos sufriendo los cortes de luz y agua desde hace 5 días con temperaturas altísimas. Evidentemente, el estado y las empresas no han hecho las inversiones necesarias, ni siquiera el mantenimiento requerido para que todo funcione bien. Edesur se guarda la plata y se la lleva a otro país, tenemos un sistema que presenta déficit por todos lados y cada dos por tres, vivimos esta situación, lo mismo está pasando en otros puntos de Lugano”.
La juventud presente, también se acercó a este medio para realizar su denuncia: “Siempre nos cortaron la luz, pero ahora es cosa de todos los días, entonces decidimos cortar la Gral. Paz para ser escuchados”, ni más, ni menos.
Las y los vecinos, decidieron en reunión, solidarizarse con el barrio Samoré y cortar al día siguiente en simultáneo con otros barrios a las 16 horas, “porque no somos los únicos que sufrimos esta situación, también está pasando en Samoré, Castro, la Pirelli, Villa 15, hay 12 barrios sin luz, la Boca, Balvanera, Monte Castro y otros. Estamos haciendo reuniones en el barrio para que esto se arregle y se termine. En realidad, nos cortan la luz desde diciembre, pero ahora es a diario. En nuestras casas, después de 20 minutos sin luz, nos quedamos sin agua también. Además, la policía de la provincia está reprimiendo del otro lado”, nos contaba otra vecina, mientras se escuchaban disparos, siendo las 22:00 horas aproximadamente.
Mariano agregó: “Estamos muy mal, los primeros días de cortes de luz y falta de agua, éramos pocos, después se fueron sumando más, los vecinos están muy enojados porque es una tomada de pelo. El martes 14 de febrero, nos cortaron, hoy también. El lunes 13 de febrero, nos cortaron y dieron luz en segundos, me quemaron el aire acondicionado, es un departamento que estoy alquilando y sale muchísima plata debido a la ley de alquileres que tenemos. ¿Quién se hace cargo?”
De pronto, dieron luz y Mariano dijo: “Ahora, si nos vamos, la vuelven a cortar. Dieron luz, se enfría la situación acá, pero cortan en Samoré, por ejemplo, así estamos todos los días, todo el tiempo”. Se refirió a las amenazas que hizo la secretaria de energía de la Nación, Flavia Royón, sobre quitarle la concesión a Edesur: “Son solo eso, amenazas, porque después terminan tranzando todos con todos. Para las fiestas, hubo un montón de damnificados y por eso el gobierno multó con $500 millones a Edesur, ¿qué pasa con esa plata? Aparte, a los damnificados no les viene una boleta con $0, te siguen cobrando como si no hubiera pasado nada y cada vez más. Lamentablemente, siempre termina pagando el trabajador, siempre la clase obrera”.
Otro vecino dijo: “Lógicamente todo esto tiene responsables políticos, el gobierno nacional de Alberto y Cristina por un lado y el gobierno de la Ciudad que tampoco hace nada y los dos gobiernos permitieron y permiten que Edesur haga y deshaga”.
Las y los vecinos sentían mucha impotencia, “hoy escuchaba al director del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad), que decía que iban a sacarle la concesión a Edesur, puras amenazas, que lo hagan de una vez por todas, porque Edesur no contesta y el gobierno Nacional no hace nada. El jefe de gabinete, Felipe miguel, le tira la pelota al gobierno Nacional, pero no dice que hoy salieron a reprimir, acá también reprimieron a personas mayores, los jóvenes estábamos todos trabajando en ese horario, embarazadas detenidas, pibes detenidos, les pegaron a nuestros viejos. Es todo muy contradictorio, se pasan la pelota unos con otros y en el medio estamos nosotros”, contaba con mucha bronca, uno de ellos.
Una salida de fondo al problema estructural de la energía debe ser pensada en todas sus etapas, como la planificación de la producción, del consumo, el transporte y la distribución. Es necesaria la nacionalización del sistema energético bajo control de sus trabajadores y usuarios, solo así, se podrá terminar con la estafa de las privatizaciones, una herencia del menemismo que no fue modificada por los gobiernos que continuaron, a pesar del pésimo servicio. Garantizando que su acceso sea un derecho esencial, contra los tarifazos actuales que recaen con mayor fuerza sobre los sectores populares.
El jueves 16 de febrero, la legisladora Alejandrina Barry, presentó un Proyecto de Declaración en la Legislatura porteña, repudiando la represión de Larreta a las y los vecinos que reclamaban por corte de luz en el barrio Villa Lugano, exigiendo que el jefe de gobierno de la Ciudad dé explicaciones por el accionar represivo de su policía.
Además, señaló que se estaban realizando presentaciones similares en el Congreso de la Nación, por parte de representantes del Frente de Izquierda Unidad (FITU), refiriéndose a los diputados Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Alejandro Vilca del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).

17.02.2023

La diputada de la Ciudad por el FIT-U presentó un proyecto de declaración en el ámbito legislativo para repudiar las represiones y detenciones que llevó a cabo el gobierno de Larreta contra los vecinos que reclamaban contra Edesur por falta de luz. También exigió que se tomen medidas inmediatas para ayudar a los vecinos que siguen sin suministro eléctrico.

Este jueves la diputada de la Ciudad por el Frente de Izquierda Unidad, Alejandrina Barry, presentó un Proyecto de Declaración para el “repudio total” a la represión del gobierno de Rodríguez Larreta contra los vecinos de Lugano que estaban reclamando contra los cortes de luz y agua de Edesur.
Sumó también el repudio contra las agresiones de la Policía de la Ciudad, contra los periodistas que querían cubrir lo que estaba sucediendo. Además, exigió que el Jefe de Gobierno dé explicaciones inmediatas en la Legislatura sobre lo sucedido
La diputada fundamentó en su presentación que frente a la “peor ola de calor en años, los cortes de energía volvieron a afectar a miles de usuarios y usuarias” afectando hasta 200000 personas en el AMBA. En el caso de Lugano vecinos cortaron la Autopista Dellepiane luego de 5 días de cortes de luz, que también afectó el suministro del agua.
“A pesar de sus constantes reclamos, la empresa no hace nada para solucionar la situación de miles de habitantes de los barrios más pobres” y frente a esta situación la respuesta de Larreta fue “la militarización del barrio con la policía local, que reprimió salvajemente a las familias del barrio Piedrabuena dejando heridos y detenidos por el sólo hecho de ejercer el derecho a protestar”. Además, agregó: “La displicencia con Edesur es directamente proporcional a la dureza en la respuesta que sufrieron los vecinos”.
También exigió “la inmediata implementación de medidas de emergencia, como el envío de camiones cisterna para alcanzar agua al barrio, la habilitación de grupos electrógenos para los electrodependientes, entre otras, se vuelven más que urgentes”.
Por último, se manifestó por “terminar con la estafa de las privatizaciones” de las empresas eléctricas, un negociado que “ningún gobierno volvió atrás”.
La diputada porteña también repudió las agresiones que sufrieron varios periodistas cuando querían cubrir los hechos. Además, señaló que se estaban realizando presentaciones similares en el Congreso de la Nación por parte de representantes del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Alejandro Vilca.

17.02.2023

Por CORREPI

Como preludio de los tiempos electorales que se avecinan, una oleada punitivista parece haber llegado para quedarse. La administración mediática de la indignación social a partir del caso Báez Sosa, Lucio, y la doble vara con los asesinatos de Nayla y la policía de la Ciudad asesinada en el subte porteño. ¿Adónde vamos con las picanas Taser y el pedido por recrudecer lo que ya es un infierno, las cárceles?

La campaña política comenzó, y desde el peor de los costados. Una fija, elecciones tras elecciones, es desempolvar temas que llevan la discusión a lugares presentados como beneficiosos para lxs laburantes, pero terminan siendo nuestra propia guillotina (casi en sentido literal). Hace algunos días ocurrió el asesinato de la policía de la Ciudad Maribel Salazar. Un hombre en la estación Retiro de la línea C de subtes de la Ciudad de Buenos Aires le sacó su arma reglamentaria de la cartuchera, disparó y la oficial murió en el hospital.
De manera totalmente desvinculada al hecho ocurrido, de inmediato varios salieron a renovar sus intentos por imponer la utilización de las llamadas pistolas Taser. Vinculación absolutamente falaz, por las circunstancias del caso, ya que lo que hay que revisar en el caso de Retiro es cómo fue posible que una persona cualquiera, visiblemente alterada, tuviera la posibilidad de sacar el arma que la policía llevaba en su cartuchera y la disparara sin más.
No hay obligación más primaria para el personal policial que el cuidado de su arma reglamentaria. En la Policía de la Ciudad, la pérdida o sustracción del armamento policial, ya sea por descuido en su conservación, por negligencia o imprudencia, constituye falta disciplinaria grave. El solo hecho de que haya sido posible, en las circunstancias conocidas, sustraer el arma de la cartuchera, señala una ausencia de capacitación y entrenamiento que costó la vida de la mujer policía. El “problema” es que hubo un arma de fuego en poder de quien no estaba debidamente preparada para portarla y custodiarla -responsabilidad que no es de ella, sino de su superioridad jerárquica y mandos políticos-, cosa que portar una Taser no hubiera resuelto. En segundo lugar, todo indica que el hombre hoy detenido disparó al instante, lo que sugiere que la pistola 9 mm estaba sin seguros y con bala en recámara, en condiciones de disparo inmediato. Por algo en muchos países que nos señalan para tomar como ejemplo, la policía de proximidad, la que patrulla calles, parques, estaciones de tren o subterráneo, no porta armas de fuego, sino algún elemento contundente como los bastones extensibles de los “bobbies” londinenses. Sólo cuando hay una agresión armada, se recurre a la policía armada. Ni hablar del hecho de que uno de los disparos atravesara limpiamente el chaleco antibala. Aun a boca de jarro, un chaleco en condiciones frena o reduce altamente la lesividad.
Pero como sea, el lamentable hecho fue aprovechado por los propagandistas de las picanas portátiles Taser para volver sobre el tema, de manera que reiteramos:
1. Toda arma es letal, porque toda arma sirve para herir o matar. Hay miles de ejemplos de supuestas armas no letales matando personas. A Carlos Fuentalba no le metieron un balazo, lo mató un cartucho de gas lacrimógeno. El 19 y 20 de diciembre de 2001 hubo muertos y muertas con balas de goma. Los bastones de madera y las tonfas también matan. Ahí están Diego Gallardo o Pablo Olivera para probarlo.
2. Las pistolas Taser son un instrumento de tortura, son picanas portátiles a distancia. Su uso por parte de las fuerzas de seguridad en nuestro país, y con nuestra historia, es totalmente inaceptable, sin necesidad de recurrir a los informes internacionales sobre su comprobada letalidad.
3. Llama poderosamente la atención que en este momento, con el país atravesando una crisis durísima, que en enorme medida se debe al acumulado de los cuatro años de gobierno de JxC, cuando hay hambre, cuando hay gente durmiendo en las calles, cuando los pibes y las pibas que defienden su derecho a estudiar en condiciones dignas y sus familias son perseguidas y reprimidas, cuando al pueblo le están faltando las cosas más esenciales, siga habiendo quienes buscan destinar presupuesto para sofisticar aún más el aparato represivo del estado.
Berni, sin sorpresa, dijo que “son necesarias e imprescindibles”. Coincide con su par de GBA, exiliado en uso de licencia ante los sucesivos escándalos que lo involucran, D’Alessandro, quien afirmó convencido que “esto podría haber sido controlado” con las Taser. Y para Waldo Wolff, lo que bloquea su implementación es la “ideologización” del debate. Distintas expresiones en una misma línea, que busca empujar el sentido común a la aceptación de aquello que es un consenso histórico en el rechazo a la tortura, aun cuando siga siendo una práctica llevada adelante por las fuerzas represivas en la calle, cárceles y comisarías.
Esta utilización electoral y destinada en derechizar el debate sobre las pistolas Taser, se da en un contexto en el que avanza una ola punitivista alentada por distintos espacios políticos y medios de comunicación en torno a casos que han tomado notoriedad pública en el último tiempo. Luego de las condenas a los asesinos de Fernando Báez Sosa, y a las mujeres que asesinaron a Lucio Dupuy, el nivel de detalle y morbo con el que se trataron ambos casos generó una exigencia social de devolver el nivel de violencia sobre las personas condenadas, argumentando que fue lo que padecieron las víctimas. Un retroceso ético y moral de la civilización que incita a matar al homicida, violar al violador, torturar al torturador, en fin, comerse al caníbal. Así como se intenta empujar el umbral de lo tolerable como sociedad con las Taser, alientan el revanchismo, la justicia por mano propia, y el ojo por ojo.
Pero la vara no es la misma cuando por decisiones políticas mueren chicxs de hambre, o es asesinada una nena que queda en el medio de un tiroteo entre bandas en un barrio con protección policial, como pasó con Nayla, la nena de cuatro años que recibió un disparo en el pecho en la Villa 1-11-14 (CABA).
Y esto no responde a un hecho aislado, o independiente ni de las fuerzas represivas ni de la política. Rápidamente el discurso punitivista sobre la “inseguridad” alentó la necesidad de reforzar las calles del lugar, justo días después de que, entre gallos y medianoche, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta anunció el arribo de 1.000 efectivos de la Policía de la Ciudad al barrio, hasta el momento “controlado” por Gendarmería Nacional. Sin embargo, para quienes integramos el campo popular hace muchos años, la dinámica de las bandas que administran el crimen organizado no es ninguna novedad. Si alguna de esas balas mataba a unx pibx que participó del enfrentamiento también hubiese sido una tragedia. Esxs chicxs son el factor “descartable”, reclutado por “mandos intermedios” para hacer el trabajo sucio. Pero si algunx de ellxs muere, la estigmatización ya disparada sobre su origen pobre impide romper el cerco de las cámaras que nunca apuntan para ese lado, salvo que les convenga. Y quienes reclutan a estxs chicxs actúan en absoluta connivencia con las fuerzas de (in)seguridad, que son quienes funcionan como garantes de estas violentas disputas territoriales, y al mismo tiempo hacen las veces de recaudadores de los verdaderos cabecillas de esta problemática social, generalmente vinculados a operadores o funcionarios políticos.
Ahí radica el verdadero problema. La bala que mató a Nayla nace en el negocio de unos pocos. Y la policía, presentada incansablemente como la milagrosa solución, es en realidad parte necesaria del problema.
No necesitamos herramientas de tortura, como las pistolas Taser. Y mucho menos, violentar aún más la vida de quienes se encuentran privadxs de su libertad. A eso se llega cuando no se conoce el infierno que se vive ahí adentro, y que ha recrudecido a partir de sucesivas leyes hacen letra de esta idea. Necesitamos entender y convencer que el día de mañana lxs destinatarixs de la descarga eléctrica, la bala de plomo, o la tortura en la cárcel podemos ser nosotrxs. Y necesitamos también políticas públicas desarrolladas e impulsadas desde lugares de decisión por militantes populares que aborden esta problemática desde distintos enfoques, pero todos en función de los intereses de quienes ponen el cuerpo y la vida día a día, y no de la recaudación de los mismos de siempre.

16.02.2023

Reproducimos el comunicado de Conexión, desde la Facultad de Sociales de la UBA, a raíz del abordaje mediático de la represión en Lugano por parte de la policía de la Ciudad.

El abordaje hecho por los medios de comunicación hegemónicos de la movilización de vecinos y vecinas del barrio porteño de Lugano -quienes cortaron la autopista Dellepiane para reclamar por la restitución del servicio de luz tras cuatro días de cortes y varias horas sin agua- representa un caso paradigmático del modo en que, a través de diversas operaciones de sentido, se construye a diario una lógica legítima de la buena ciudadanía y el buen ciudadano, en donde el derecho a la protesta no es una posibilidad.
En la capa más superficial del discurso, pudimos ver –una vez más- lo obvio: la cobertura mediática masiva de la figura de Horacio Rodríguez Larreta y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al que se pretende desligar de las responsabilidades evidentes. Este comportamiento llegó a adquirir formas grotescas cuando, por ejemplo, un periodista de la señal Todo Noticias reclamó por la presencia del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a pesar de que el corte se realizaba en el ámbito de la Ciudad Autónoma.
Pero en otro nivel, menos explícito, asistimos a la puesta en funcionamiento de una línea conceptual para la cual el derecho constitucional de peticionar a las autoridades es letra muerta. En efecto, en el día de ayer pudimos ver cómo, desde distintos medios -tanto audiovisuales como radiales, gráficos y digitales-, se escamoteaban las causas del reclamo y sus principales responsables –el Gobierno de la Ciudad y la empresa distribuidora Edesur-, para, en cambio, criminalizar a las y los ciudadanos que demandaban soluciones, al tiempo que se banalizaba la feroz represión desatada por la Policía porteña en su contra.
En el summum del cinismo, el jefe de Gabinete capitalino, Felipe Miguel, aseveró que se trataba de “grupos de violentos” y “gente politizada”, caracterización que fue tomada al pie de la letra por las principales empresas periodísticas.
En síntesis, lo ocurrido ayer en Lugano nos llama a reflexionar sobre múltiples ejes: la idea de ciudadanía mansa y simbólicamente empobrecida que se pretende legitimar desde las grandes usinas comunicacionales, el desprestigio que las mismas voces quieren instalar sobre el ejercicio de derechos constitucionales básicos, la criminalización de las y los vecinos de Lugano por ejercer el derecho a la protesta, el nulo tratamiento de la responsabilidad que le cabe a la empresa distribuidora de energía eléctrica, el ocultamiento del debate necesario acerca de la conveniencia o no de la administración privada de los servicios públicos, el aval a la represión injustificada y la complicidad con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y su línea política reaccionaria, según la cual desarrollar tareas políticas justifica el accionar de las fuerzas de seguridad.
Todo esto en el marco de un Gobierno cuyo Ministerio de Seguridad está vacante, debido a la licencia otorgada al ministro Marcelo D´Alessandro tras la filtración de los escandalosos diálogos que lo ligan -¡qué casualidad!- con los principales dirigentes el Grupo Clarín.
Como estudiantes, graduados y graduadas de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, entendemos que es imperioso dar estos debates hacia el interior de nuestra comunidad y fuera de la misma. En el contexto político que estamos atravesando, en el que avanzan y se cristalizan los discursos fascistas y antidemocráticos, defender una concepción pluralista, potente y participativa de la ciudadanía es un deber y una tarea impostergable.

15.02.2023

Este miércoles realizaron un plantón frente a la fiscalía N°62, donde se encuentra la causa de Claudia Patricia Tupa Lotore, migrante boliviana en Buenos Aires, que apareció sin vida el pasado viernes a la madrugada.

Familiares y amigxs de Claudia, exigen que sea caratulado como Femicidio. Reclaman a la Fiscalía Criminal y Correccional N°62, a cargo del fiscal Ariel Alejandro Yapur, otorgue la orden de captura inmediata de Claudio Salazar (alias el Jujeño), principal responsable de la muerte de Claudia.
Claudia era delegada del Polo Obrero de Parque Avellaneda. Su compañera Delia tomó el micrófono en la concentración, y entre lágrimas sostuvo que ella “se merece que uno la llore, que uno la recuerde. Ella trabajaba para sostener a sus dos nenas, militaba y ayudaba siempre a los demás. Estaba presente en cada convocatoria”.
“Es muy injusto que permita la policía que en los bares de la zona vendan droga, emborrachen a las chicas, las violen y las tiren en la calle. Eso fue lo que hicieron con Claudia”, denunció, y agregó con justeza que “ella tenía derecho a salir y divertirse, nadie la puede juzgar por eso. Nos han quitado el derecho a salir, a que nuestros hijos puedan ir a un boliche a bailar”.