Comunicadores del Sur

21.3.2023

El pasado sábado 18, las Consejerías de Vivienda denunciaron públicamente que en el horario de convocatoria a su asamblea semanal, dos agentes masculinos no identificados del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la ciudad, abordaron a una integrante de la organización mientras se encontraba sola. Según informaron, los hombres argumentaron que se encontraban fiscalizando el espacio público y que iban a quedarse en la asamblea para “ver de qué se hablaba”. “A días de un nuevo 24 de marzo, a 47 años de la peor dictadura que ha sufrido el país y cumpliéndose 40 años de supuesta democracia, estas provocaciones del Estado dan más tristeza y bronca aún”, expresaron desde las Consejerías.

Los hechos de hostigamiento ocurrieron alrededor de las 13:00, en plaza Garay, barrio de Constitución, donde las Consejerías convocaron a su asamblea que desarrollan todas las semanas. A través de un comunicado informaron que los dos agentes finalmente se retiraron del lugar pero que un policía permaneció toda la reunión a menos de 100 mts y que varios uniformados pasaban por donde estaban reunidos y también patrulleros por Avenida Garay.
Las Consejerías de Vivienda es una organización autogestiva de la Ciudad que tiene como eje central la lucha por el derecho a la vivienda digna. Desarrollan acompañamiento y organizan a familias y personas que viven en hoteles, pensiones, villas o en las calles de CABA, que necesitan solución habitacional urgente, sufren violencia familiar o de género o están en peligro de ser desalojados. Desde el 2017, denuncian la falta de política habitacional estatal, el crecimiento de la especulación inmobiliaria y el aumento creciente de familias sin techo a la par del incremento de casas y edificios vacíos en todos los centros urbanos del país.
La organización argumentó que lo sucedido el sábado es una forma de persecución hacia quienes se organizan, pero no es la primera vez que les sucede. Durante la pandemia recibieron más de 300 consultas por intentos de desalojo, acompañaron a las familias e impulsaron además propuesta y reclamos para que se aplicara el apartado de “alquiler social” de la nueva ley de alquileres aprobada el 11 de junio de 2020, punto que el Estado nunca efectivizó. La lucha contra los desalojos en pandemia, más allá del decreto presidencial, les valió en ese entonces también la persecución del gobierno de la ciudad. “El negocio inmobiliario no es algo que los gobiernos les encante que se ataque. Muchos funcionarios de gobiernos locales, provinciales y nacional han amasado (y siguen amasando) enormes fortunas desenvolviéndose en esa área. A su vez genera el ingreso de dólares que el FMI demanda, junto con el tremendo ajuste que venimos viviendo (incluida una crisis inquilina sin precedentes)”, manifestaron las Consejerías en el comunicado.
Y agregaron “Sumémosle a esto un año electoral con un claro corrimiento a la derecha, donde el actual jefe de gobierno y precandidato a presidente por el PRO – Juntos por el Cambio, Larreta, quiere mostrarse «más firme» ante la interna que juega con Patricia Bullrich, quien ya lo ha tildado de «blando» e incapaz de dirigir así un país. ¿Será por eso también que el ministerio que nos cayó sin invitación el sábado es el que está licitando más de $ 1.500 millones para que una empresa releve causantes de «contaminación visual», incluyendo personas en situación de calle y recicladores urbanos? Comprobaron lo que ya sabíamos, para ellos, sólo somos basura.”
Además, destacaron que lo ocurrido en la Asamblea no es un hecho aislado y que días antes fue clausurado el Multiespacio Abasto, donde funciona una Defensoría de trabajadores con quienes comparten la resistencia a desalojos de casas colectivas.
Denunciaron que la represión y el encarcelamiento de militantes avanza en todo el país: “A días de un nuevo 24 de marzo, a 47 años de iniciada la peor dictadura que ha sufrido el país, y cumpliéndose 40 años de supuesta democracia, estas provocaciones del Estado dan más tristeza y bronca aún. No podemos quedarnos callados y alertamos que a lo largo y ancho del país aumenta la persecución y criminalización de la organización y la protesta. Como se dice acertadamente: «El ajuste sólo pasa con represión».
Las Consejerías finalmente, exigieron: cese del hostigamiento y persecución y criminalización a quienes se organizan, que se levante la clausura de la Defensoría de los Laburantes, libertad a las mujeres mapuche e hijos, no a los desalojos, cesión inmediata de tierras e inmuebles estatales, ni un pibe sin techo, alquiler social y vivienda digna y definitiva.
“Fascismo nunca más, no pasarán”, cerraron.

20.3.2023

Este martes 21 de marzo, a las 12, enfermeros y enfermeras de la Ciudad de Buenos Aires, nucleadxs en la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE), marcharán desde el Obelisco hasta la fiscalía porteña donde se hará un ruidazo para denunciar el dictamen emitido con la Fiscal de Cámara, Nidia Cícero, en la causa del amparo por equiparación de condiciones salariales, laborales y profesionales que, en primera instancia, obtuvo un fallo favorable. Califican este dictamen como una “provocación”.

Al respecto, Andrea Ramírez, enfermera del Hospital Ramos Mejía y presidenta de ALE, denunció: “Francamente no podíamos creer lo que leíamos cuando nuestro abogado nos hizo llegar el dictamen de esta señora fiscal: ¡le “recomienda” al Tribunal Superior que revoque el fallo favorable a la Enfermería que dictó la Jueza López Vergara! Todos los argumentos con los que fundamenta su postura son los que venimos escuchando y desmintiendo, de Larreta y Quirós. Esto es indignante. Por eso convocamos a una gran marcha en unidad con más sectores de la Enfermería”.
Por su parte, Carolina Cáceres, secretaria general de ALE e integrante del Consejo Ejecutivo de Profesionales de la salud GCABA, agregó: “El Gobierno de Larreta y Quirós, representado por la fiscal Cícero, no logra negar ni la relevancia ni el nivel de formación alcanzado por la Enfermería. Por ello utiliza falacias, diciendo que la equiparación con el resto de las profesionales ‘dividiría’ a la Enfermería. Es increíble tanto nivel de cinismo. El cumplimiento del fallo de la jueza Vergara tendría como efecto inmediato, el fin de una discriminación histórica, e impulsaría una mayor cantidad de profesionales de la Enfermería con mayor nivel de formación. Nuestra unidad es el 21 en las calles por nuestros derechos”.
En el mismo sentido, Luciana Franco, también enfermera del Hospital Fernández y secretaria gremial de ALE, completó: “Este dictamen de una fiscal que siempre ‘casualmente’ coincide con Larreta, es para presionar al Tribunal Superior contra la Enfermería. Por eso, dice en sus ‘recomendaciones’, que ‘afectaría al presupuesto’ hacer justicia laboral con nuestro sector: la fiscal está más preocupada de que Larreta y Quirós tengan plata para su campaña electoral, que reconocerle los derechos violentados a la Enfermería. No tiene vergüenza”.

18.3.2023

Los afectados por los cortes exigirán «la renovación integral del tendido eléctrico» y una «indemnización automática y general» por la falta del servicio.

*OLA DE CALOR- BAJO FLORES SIN AGUA Y SIN LUZ*
En varias manzanas del Bajo Flores hace días que no hay agua ni luz, precarizando aún más nuestras condiciones de vida.
En el contexto de crisis económica que atravesamos vimos cómo se echaron a perder nuestras provisiones de comida por falta de refrigeración y ya no sabemos cómo hacer para mantener la higiene en nuestras casas y, en especial, la de nuestrxs niñxs, ni cómo palear las altas temperaturas, que afectan sobre todo a nuestrxs mayores, ni cómo proveernos de agua para beber y bañarnos.
Exigimos al Estado soluciones inmediatas y asistencia a las miles de familias afectadas.
– Exigimos al IVC del Gobierno de la Ciudad un relevamiento y estrategias de emergencia que den solución a lxs problemas de lxs vecinxs
– Provisión de agua a todas las familias afectadas YA.
– Restablecimiento integral de la.energía eléctrica.
*Ni un día más sin Agua
Ni un día más sin Luz
EL ESTADO ES RESPONSABLE*
*Red de docentes familias y organizaciones del Bajo Flores*

Casi 50.000 usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano bonaerense continuaban este viernes sin suministro eléctrico, en medio de la creciente protesta popular contra las empresas distribuidoras y las denuncias presentadas contra una de ellas, Edesur, por parte de los gobiernos nacional y porteño.
Según el reporte del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) de las 7:55, en el área de concesión de Edesur sumaban 48.316 usuarios sin luz, especialmente de las localidades de Avellaneda, Almirantes Brown, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes y Ezeiza en el sur del Conurbano bonaerense.
En el distrito porteño, los barrios con mayor cantidad de cortes de luz eran esta tarde Balvanera, Monserrat, Mataderos, Parque Patricios, Boedo, Villa Devoto, La Paternal, Flores y Caballito.
En cuanto al área de concesión de la empresa Edenor, el total de usuarios sin luz a esta hora sumaban 3.330, de los cuales la mayoría están ubicados en los municipios bonaerenses de Hurlingham, La Matanza, Moreno, Caseros, Ciudadela, Ramos Mejía, San Justo, San Miguel, San Martin, según se indicó en el reporte del ENRE.
El Gobierno nacional, a través del ENRE, presentó ayer una denuncia penal contra las autoridades de la empresa Edesur para que se los investigue por defraudación por desbaratamiento de los derechos acordados, abandono de persona y entorpecimiento de los servicios públicos.
También el Gobierno porteño presentó ayer una denuncia penal contra la misma empresa por la presunta comisión del delito de abandono de persona con dolo eventual tras evaluar que los cortes en el suministro de energía eléctrica que se registran en la Ciudad de Buenos Aires ponen «en peligro la vida o la salud de los habitantes del distrito».
La Defensoría del Pueblo porteño, en tanto, promovió una demanda colectiva ante la Justicia porteña contra Edesur “por la falta de trato digno y carencia de información» hacia los vecinos afectados por los cortes de luz desde hace semanas, y pidió que se le aplique multas de entre $73.000 y $308.000 aproximadamente.

Contra Edesur: Ercolini a cargo de la causa

El juez federal Julián Ercolini resultó sorteado esta mañana para intervenir en el trámite de la denuncia que presentó ayer el titular del ENRE, Walter Martello, contra la empresa Edesur por los cortes de luz. El expediente ingresó a primera hora de la mañana a la oficina de sorteos de la Cámara Federal porteña y resultó designado el juzgado federal 11, que por tercer año consecutivo subroga Ercolini, desde el fallecimiento de su titular, Claudio Bonadío, informaron fuentes judiciales.
La denuncia del interventor del ENRE se presentó contra los directivos de Edesur por supuesta «defraudación por desbaratamiento, abandono de personas y entorpecimiento de servicios públicos»
Los denunciados son Francesco Tutoli, responsable de la empresa Enel Argentina; el presidente de Edesur, Juan Carlos Blanco; y quienes figuran como miembros de su directorio: Víctor Díaz Bobillo, María Alejandra Martínez, Mónica Diskin, Jaime Barba y Alejandro Martínez, entre otros. El escrito presentado ante la Justicia pone de manifiesto distintos episodios en los que el Ente emplazó a la empresa para que se tomen los recaudos necesarios para evitar la interrupción del servicio.
También refleja diferentes reclamos de personas electro-dependientes que no obtuvieron respuestas a tiempo ante los cortes y se adjuntan pruebas de solicitudes de servicio por parte de los usuarios que ni siquiera fueron leídas por Edesur, entre otras irregularidades, según la denuncia.
El ENRE radicó la denuncia tras un pedido formulado por la Secretaría de Energía, que también le exigió que eleve el informe del estado de la concesión a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Concesiones de los Servicios Públicos, a fin de que aconseje si corresponde darla por terminada.

17.3.2023

Por Daniel Satur

Con una masiva concentración de amigos y vecinos de la familia del joven asesinado en noviembre de 2021 en Barracas, comenzó en Comodoro Py el juicio oral y público contra 14 miembros de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Qué se dijo afuera y adentro de la sala y cómo seguirán las audiencias.

Este jueves comenzó en los Tribunales de Comodoro Py el juicio oral y público contra 14 policías de la Ciudad de Buenos Aires por el crimen de Lucas González, ocurrido el 17 de noviembre de 2021. Fue la primera de once audiencias que, con fechas ya preestablecidas, durarán hasta el 11 de julio. El juicio está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 25 de la CABA, integrado por los jueces Hugo Navarro, Ana Dieta de Herrero y Marcelo Bartumeu Romero.
La primera audiencia estaba convocada para las 9 de la mañana. Previo al ingreso de familiares del joven asesinado, de periodistas y público en general, un centenar de amigos y vecinos de Florencio Varela (ciudad donde vive la familia González) se concentraron en las puertas de los Tribunales para reclamar verdad y justicia por Lucas. Entre las y los presentes se veían remeras con la imagen del adolescente jugador de Barracas Central, contra el gatillo fácil y algunas con la frase “me fui a jugar al cielo, má!!!”.

“La única arma que tenía Lucas eran sus botines”

Antes de ingresar a la sala de audiencias Héctor “Peka” González, papá de Lucas, dio algunas palabras ante periodistas y manifestantes. Lo acompañaba su abogado y parte de la familia. “Toda la vida vamos a tener este dolor, porque a nosotros nos mataron en vida”, dijo el hombre entre lágrimas. Luego extrajo de su bolso ropa de su hijo y la exhibió mientras denunciaba: “Como demostró la Fiscalía, ellos les plantaron un arma para que parezcan culpables, pero la única arma que tenía mi hijo era un par de botines y dos canilleras”.
González agregó que no llegaba “con un libreto”, sino “con el corazón y con la verdad” de lo que le tocó vivir. “Es una tortura, una pesadilla, quiero que recuerden a Lucas como era, como un jugador de fútbol. Desde los cuatro años que pisamos juntos una cancha, estuvo en Racing, Defensa y Justicia y después en Barracas, dónde encontró su lugar y su muerte”, sentenció el “Peka”.
El padre de Lucas volvió a reivindicar y agradecer la organización de vecinos y amigos, fundamental para sostener la lucha por juicio y castigo a los culpables y para abrazar solidariamente a la familia en este año y cuatro meses. “Acá le tocó a mi hijo, pero podría haber sido cualquiera, así es el gatillo fácil”, dijo. Y manifiesta estar convencido de que, de no ser por esa movilización colectiva desde el barrio contra el accionar represivo de las fuerzas policiales, el crimen de Lucas no sólo no tendría esta visibilidad sino que probablemente nunca se hubiera podido demostrar la maniobra encubridora de la Policía y los asesinos no estarían hoy en el banquillo de los acusados.
El abogado de la familia, Gregorio Dalbón, dijo brevemente que “nunca había visto un caso así en los últimos 40 años de democracia”. Se refería al nivel de impunidad de la Policía porteña al momento de “armar” una causa con la que se quiso hacer pasar el asesinato como producto de un “enfrentamiento”. Y reclamó “justicia para que quede jurisprudencia de lo que es el odio racial, porque a Lucas lo mataron por su color de piel”.
En rigor, tal como lo viene informando La Izquierda Diario desde hace años, casos como el de Lucas abundan en la historia reciente y no solo en la Ciudad de Buenos Aires. De hecho durante los días en que se produjo el crimen de Lucas, en la provincia de Buenos Aires la Policía asesinó a Alejandro Martínez en San Clemente y a Luciano Olivera en Miramar, con maniobras y metodologías similares a la fuerza porteña.

“Ustedes nos sacaron a Lucas”

Cerca de las 10 de la mañana arribaron a Comodoro Py los catorce policías procesados. Lo hicieron en combis del Servicio Penitenciario Federal que se estacionaron a metros de la manifestación. Sólo con las rejas como separación, parte de las y los manifestantes descargaron su bronca gritándoles “asesinos”, “gatillo fácil” y “nos sacaron a Lucas”. Mientras, los policías iban descendiendo de los móviles y eran conducidos a la sala de audiencias.
El oficial inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nieva están acusados de ser coautores de “homicidio agravado por alevosía, por placer, por odio racial, por premeditación y por ser miembros de una fuerza policial”. Y también por “homicidio en grado de tentativa” en perjuicio de Joaquín Zúñiga, Julián Salas y Niven Huanca, los tres amigos de Lucas que viajaban junto a él aquella mañana de noviembre. En este caso se agrega el agravante de haberlos detenido ilegalmente tras el ataque a tiros y haber cometido “falsedad ideológica” al intentar fraguar el crimen como un “enfrentamiento”. Por esos cargos deberían recibir prisión perpetua.
A su vez otros once policías son juzgados por “encubrimiento agravado, privaciones de la libertad agravadas y falsedades ideológicas”. Ellos son el comisario inspector Daniel Santana, los comisarios Rodolfo Ozán, Fabián Du Santos, Ramón Chocobar y Juan Romero; el subcomisario Roberto Inca, el principal Héctor Cuevas y los oficiales Sebastián Baidón, Jonathan Martínez, Ángel Arévalos y Daniel Espinosa.
Primera audiencia
Pasadas las 10 la sala “AMIA” de Comodoro Py (así bautizada porque se estrenó con el juicio por el atentado a la mutual judía de 1994) estaba llena. Además de los acusados y su abogado Fernando Soto (socio de Patricia Bullrich y defensor de uniformados con pesados prontuarios, ver acá y acá) de la querella (el papá de Lucas y los tres jóvenes) y del fiscal Guillermo Pérez de la Fuente, estuvieron presentes funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y los padres de Zúñiga, Huanca y Salas. Detrás del vidrio, periodistas y más seres queridos de las víctimas.
Como es de rigor, primero los jueces del TOC 25 ordenaron que se diera lectura de los hechos y los cargos que pesan sobre los 14 imputados. Ante la exposición de detalles escabrosos, tanto el papá como los tres amigos de Lucas decidieron abandonar momentáneamente la sala.
Por su parte el doctor Soto, tal como suele hacerlo cada vez que defiende a asesinos de uniforme, aprovechó para pedirle al Tribunal que considere “nulos” los testimonios de la querella, exigir “pruebas balísticas y accidentológicas” y anticipó que sus defendidos no responderán preguntas. Una estrategia de manual para buscar empiojar al máximo el inicio del proceso.
Tras un cuarto intermedio, declararon los tres acusados más comprometidos. Gabriel Issasi buscó escuetamente sacar “chapa” de policía bueno. “Solamente tengo que aclarar que poseo veinte años de servicio como funcionario público, ejerciéndolo en el ámbito de la Policía. Pertenecí a tres fuerzas diferentes, a la Policía Bonaerense, a la Metropolitana y a la de la Ciudad. En todas fui un oficial condecorado y ejercí mi función”. Del crimen que cometió, ni una palabra.
Lo propio hizo Juan José Nievas, quien recordó que ingresó a la Policía en 2014. Pero en su caso dijo que aquel 17 de noviembre de 2021 ejerció su “legítima defensa” y no cometió “ningún delito”. Y Fabián López, a su turno, aseguró haber “cumplido con su deber” y también haber ejercido su “legítima defensa”.
Ante tamaña provocación de los criminales, desde el sector del público se calentó el clima y se escucharon duros insultos contra los acusados. “¡Asesinos!”, escucharon los policías sentados en el banquillo y sus abogados defensores.
La próxima audiencia se realizará el martes 28 de marzo. Seguirán otras nueve el 11 y 20 de abril, 2, 9 y 23 de mayo, 6, 15 y 29 de junio y 11 de julio.

17.3.2023

Por Gustavo Sarmiento

La Cámara de Apelaciones falló a favor de Larreta y avaló el emprendimiento que ocupará casi 900.000 m2 frente al Río de la Plata, en uno de los últimos espacios posibles para que haya una costa ribereña pública. Se profundiza el déficit habitacional en CABA.

Finalmente, y como era de prever cada vez que algún gran tema que atañe al Gobierno de la Ciudad se trata en la Cámara de Apelaciones porteña, salió el falló en favor de la administración de Horacio Rodríguez Larreta convalidando el convenio urbanístico con la empresa en bienes raíces Inversiones y Representaciones S.A. (IRSA). Se trata del complejo Costa Urbana en la Costanera Sur, uno de los últimos accesos que podían ser públicos al río. El otro, en el norte, en lo que fue Costa Salguero, también se privatizó.
En ambos casos, para justificarlo, Ciudad arregla una «contraprestación» del privado: que deje unas hectáreas para espacio verde, aunque no se aclara cómo, dónde ni para quiénes será.
En este caso, el llamado Barrio IRSA tendrá torres de hasta 45 pisos con 9000 unidades de vivienda. Además, habrá oficinas, comercios, escuela y sanatorio (no se sabe si públicos o privados), y el mencionado parque público.
Para lograrlo, el gobierno porteño modificó la normativa y así habilitar la construcción de edificios frente al Río de la Plata. Terrenos inundables y ganados al río, en épocas donde se discute las inclemencias del cambio climático.
Según había anunciado el presidente de la desarrolladora, Eduardo Elsztain, el emprendimiento tendrá una inversión de US$1800 millones y se hará en un plazo de entre 15 y 20 años. La construcción abarcará unos 895.000 m².
“Apuntamos al público que hoy vive en Buenos Aires. Estamos pensando en un desarrollo de 15.000 o 20.000 habitantes. No es un target triple A, sino que va a estar dirigido a la clase media de la ciudad”, señaló el presidente de la empresa, dueña de varios shoppings en el país.
Lo curioso, o paradójico, es que lo harán en un distrito que en 30 años apenas creció en población. Y es justamente la clase media y media-alta la que (sobre todo a partir de la pandemia) está emigrando de la Capital hacia el segundo o tercer cordón del conurbano, o incluso más hacia el interior bonaerense. Pinamar, General Rodríguez y San Vicente fueron los tres distritos que más crecieron en la última década, de acuerdo al Censo 2022. Y en su mayoría, gracias a la llegada de habitantes porteños.
Mientras tanto, en CABA aumenta la población en barrios vulnerables, que no va a ser precisamente a la que apunte el Barrio IRSA. Tampoco las otras torres avaladas por el gobierno porteño, como en Retiro, Colegiales, Caballito y Barracas, tienen completa su capacidad. Mientras los servicios de esos barrios se saturan, porque no estaban preparados para recibir mayor población. Desde agrupaciones de inquilinos, opositores y organizaciones sociales denuncian que estos proyectos inmobiliarios buscan fines especulativos inmobiliarios que inciden sobre el valor y oferta de viviendas en una Ciudad con un marcado déficit habitacional.

Pasado, presente y futuro

En los terrenos de IRSA se iba a llevar a cabo la Ciudad Deportiva de Boca Juniors, pero nunca se concretó y quedó en la nada. En 1991, la sociedad Santa María del Plata le compró el predio a Boca por US$22 millones. En 1997, IRSA los adquirió por US$51 millones. Nunca pudo desarrollar el proyecto del barrio privado, hasta que hace un par de años la administración larretista le dio la venia y avanzó en el cambio de normativa que lo habilitara.
La Legislatura porteña aprobó el proyecto casi sin discusión en comisiones, en plena pandemia. A fines del 2021 el Ejecutivo se apuró en publicarlo en Boletín Oficial. Sin embargo, distintas agrupaciones y organizaciones sociales presentaron un amparo ante el fuero Contravencional de la Ciudad por “la falta de participación ciudadana de forma previa a la firma del Convenio Urbanístico y la ausencia de la elaboración del Estudio Diagnóstico y la Evaluación de Impacto Final” en torno al emprendimiento.
Quizás contando con información privilegiada, sabiendo que el fallo saldría a favor, el gobierno de la Ciudad siguió trabajando en la iniciativa como si no hubiese ningún freno. Por ley, el anteproyecto para el espacio verde público lo define un concurso. “El amparo no suspendió los plazos del concurso, sino que mientras estaba en la Justicia, seguimos avanzando. El fallo llega justo en un momento donde en pocos días se va a conocer el proyecto ganador. Mientras tanto, se alineó todo para que se pueda comenzar la obra en etapa cero″, admitió Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad.
Según la empresa, cerca del 70% de la superficie total del predio al desarrollo de espacios verdes públicos, aunque se desconoce si serán para uso general o habrá sectores solo para utilización de los vecinos y vecinas de los edificios. También se desconoce si tendrá acceso público al río.
IRSA sostiene que se encargará de las obras de infraestructura y vialidades en el predio y realizará la creación del espacio público aportando hasta US$40 millones. Y asumirá el mantenimiento durante los primeros 10 años.
El proyecto fue tratado en Audiencia Pública en noviembre del 2021. Menos del 2% de las y los participantes se pronunció a favor. Como no era vinculante, el Ejecutivo siguió con la iniciativa. “El 98% de los participantes se expresaron en contra por razones ambientales, jurídicas, habitacionales y de diseño urbano”, expresó en ese momento el diputado porteño Matías Barroetaveña, y agregó que durante 30 años este proyecto estuvo frenado por esas mismas razones: “sin embargo, Larreta se siente fuerte para avanzar igual; esto habla de la impunidad con la que ya vendió o privatizó más de 500 hectáreas de espacio público en una ciudad que las necesita hoy más que nunca en tiempos de cambio climático”.
Costa Urbana se ubicará lindante a la villa Rodrigo Bueno y a la Reserva Ecológica Costanera Sur, un humedal protegido por normas internacionales como la Convención Ramsar, un tratado intergubernamental establecido por la ONU para preservar estos ecosistemas. «Los humedales, en su estado natural, cumplen funciones de vital importancia para el medio ambiente y la salud que son imposibles o costosas de reemplazar», declaró Graciela Falivene, investigadora y docente de la Universidad de Concepción del Uruguay. Otra oradora, María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, apuntó que los humedales «permiten el ingreso de los vientos y las brisas desde la costa para mitigar el efecto de isla de calor urbana».