Comunicadores del Sur

29.3.2023

El gobierno comenzó a instalar cámaras hace 15 días. Tras la nota publicada en Tiempo Argentino y el repudio de la comunidad educativa, todo indica que la cartera que conduce Soledad Acuña reculó en una de las escuelas.

El pasado 15 de marzo, Tiempo publicó un informe sobre la instalación de cámaras de seguridad dentro de aulas de escuelas públicas. El primer establecimiento educativo que el ministerio de Educación de la Ciudad eligió para llevar adelante esa iniciativa, fue la Escuela Técnica Cristóbal M. Hicken, que se encuentra dentro del jardín botánico. Tras la nota publicada en Tiempo y el posterior repudio de la comunidad educativa y organizaciones vinculadas a los derechos humanos, todo indica que la cartera que conduce Soledad Acuña reculó y decidió suspender momentáneamente la instalación de cámaras dentro del aula de esa escuela. Lo grave es que durante la jornada de este martes, la Ciudad avanzó con la instalación de dispositivos de filmación dentro de un aula de otro colegio, se trata de la Escuela Primaria Común N° 17 DE 8 Profesor Raúl L. Bernardelli del barrio de Parque Chacabuco.
Mientras por un lado el ejecutivo porteño decidió suspender la instalación de cámaras en un aula de la escuela Hickens, ante el alzamiento y el rechazo de la comunidad educativa y un importante sector de organizaciones vinculadas a los derechos humanos, por el otro, avanzó en silencio con la instalación y puesta en marcha de una cámara dentro del aula de la escuela 17 de Parque Chacabuco que cuenta con una comunidad de 250 estudiantes.
“Hoy recorrí la escuela y observé la puesta en marcha que hizo el ministerio de una cámara dentro del aula, donde los chicos y chicas asisten todos los días para el dictado normal de clases. Una decisión completamente arbitraria, a espaldas de la comunidad educativa, y argumentando que era para proteger los bienes de la escuela, algo que es completamente ajeno a la realidad porque las maestras no tienen ni tizas para poder escribir en el pizarrón”, aduce en diálogo, Andrea Bohus, secretaria de la asociación docente Ademys. “Estas cámaras controlan el trabajo pedagógico atentando contra los derechos laborales y viola los derechos a la intimidad de las y los menores”, agrega. Y concluye: “Por ahora instalaron una sola cámara dentro de un aula, pero no sabemos si van a seguir poniendo más cámaras en ese aula o en alguna más”.
Cabe destacar que desde la propia cartera educativa de la Ciudad, aseguraron a este medio que la idea es avanzar “en la instalación de espacios seguros en 150 escuelas porteñas”. Algunos de esos espacios “ocasionalmente incluyen la instalación de cámaras, pero que todavía no está determinado el número final, dado que son casos excepcionales. Los espacios tienen, más que nada, la instalación de sensores y alarmas”.
El pasado 15 de marzo este medio sacó a la luz la inminente instalación de cámaras en al menos tres aulas de la Escuela técnica Hickens. Tras la publicación de la nota, la comunidad educativa rechazó contundentemente esta medida y se organizó para detener la iniciativa. Incluso hubo una presentación de proyecto de declaración en la legislatura, redactada por el legislador porteño del frente de Todos, Claudio Morresi: “Acompañamos a la comunidad de la Escuela “Cristóbal M. Hicken” en su rechazo a esta iniciativa de Larreta que avasalla los derechos de nuestros pibes y pibas, garantizados por la ley 26.061 que los protege”, destacó el diputado en sus redes.
“Nosotros como UTE nos hicimos presentes en el día de ayer en la escuela Hickens, para dialogar con los profesores, profesoras y con varias autoridades, y conocer el estado de situación. Nos confirmaron todo lo que había salido publicado en el artículo y nos dijeron que eso provocó bastante movimiento más allá de lo mediático”, contó a Tiempo Martín Acri, integrante de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera) y referente educativo de los distritos escolares 9 y 10. El docente confirmó que la instalación de cámaras en la escuela Hickens finalmente no iba a prosperar, debido a que la comunidad educativa rechazó con contundencia esta iniciativa. “Las familias tuvieron un rol protagónico al rechazar por unanimidad la instalación de cámaras y el ministerio de Educación de la Ciudad, en principio, reculó y suspendió el proceso que había iniciado”, agrega Acri. La comunidad educativa exige mayor presencia de seguridad en la zona para evitar el robo de dispositivos informáticos, la instalación de dispositivos de control fuera de la escuela, y la instalación de rejas por los lugares que pueden ingresar los delincuentes.

29.3.2023

Este domingo, Carrefour cerró una de sus sucursales en el barrio porteño de Colegiales y lo anunció con clientes adentro del local. Todavía no quedan claros los motivos del cierre. La sospecha en el ámbito mercantil es que tendría que ver con situaciones que no necesariamente están atadas a lo comercial.

Mediante una estrategia que busca eludir la acción coordinada de los empleados, la empresa Carrefour adoptó la modalidad de “cierres exprés” de sucursales anunciando la medida a los trabajadores en horario de atención al público.
Esta vez le tocó a la sucursal Carrefour Market ubicada en la esquina de Elcano y General Enrique Martínez en el barrio porteño de Colegiales. La sorpresa fue la forma en que se comunicó a los empleados de la nueva situación de la sucursal.
Mientras el público circulaba por las góndolas y realizaba sus compras, los 70 trabajadores fueron siendo citados por responsables de Recursos Humanos para informarles del cierre.
En respuesta a esto trabajadores, clientes y vecinos se reunieron para defender las fuentes de trabajo en un abrazo simbólico. Los mercantiles acumulan dudas sobre el cierre porque aseguran que justamente en ese local se vende muy bien.
Siempre de acuerdo a la versión periodística, una modalidad similar ya se había implementado en el cierre de una sucursal de la avenida Congreso de la Ciudad de Buenos Aires y de otra en la ciudad bonaerense de Balcarce.
Desde la empresa se habría argumentado que las unidades cerradas no estaban ofreciendo los resultados operativos esperados.
En la actualidad Carrefour cuenta con 620 locales en el país y emplea a 17.000 personas.

28.3.2023

Será entre las 5:30 y las 7:30. Ante el fracaso en la audiencia con Emova y SBASE de este martes en la que llevaron el pedido de 2 francos semanales y un plan de desasbestización, las y los trabajadores del subte lanzan esta medida de autodefensa. “Nuestra intención es reducir la incidencia de todos esos factores insalubres para salvaguardar nuestra salud y por extensión la de los usuarios”, dijo en un comunicado Claudio Dellecarbonara, Secretario Ejecutivo de AGTSyP.

Las y los trabajadores del subte realizarán un paro en las líneas B y C entre las 5:30 y las 7:30 de este miércoles. Llaman a esta medida de autodefensa ante el fracaso en la audiencia con Emova y SBASE de este martes en la que llevaron el pedido de 2 francos semanales y un plan de desasbestización, entre otras demandas que vienen llevando a cabo desde el año pasado.
“Nuestra intención es reducir la incidencia de todos esos factores insalubres para salvaguardar nuestra salud y por extensión la de los usuarios”, dijo en un comunicado Claudio Dellecarbonara, Secretario Ejecutivo de AGTSyP.
Entre las demandas se encuentran la desabestización inmediata de toda la red, el cambio de las flotas contaminadas, la reposición del personal faltante y la reducción de la exposición a los factores insalubres mediante la implementación de 2 francos semanales para todos los trabajadores.
“En un ámbito de trabajo con decenas de factores insalubres y nocivos para la salud seguimos exigiendo la reducción de la jornada semanal para obtener 2 francos”, expresó. Y agregó que esta medida además facilitaría la creación de decenas de puestos de trabajo genuino, tan necesarios en una realidad del país con una desocupación y precarización cada vez más altas.
El asbesto es un mineral prohibido por ley en nuestro país desde principios de siglo por ser altamente cancerígeno. Desde la AGTSyP han presentado un amparo colectivo exigiendo el retiro inmediato del asbesto y todos los elementos contaminados de la red de subterráneos, incluidos los trenes de la línea B, E y C que lo contienen, que ha sido concedido por la justicia porteña y ratificado hace pocos días luego de que la empresa concesionaria apelará el fallo en 2020.
Los trabajadores del subte suman 3 compañeros fallecidos por asbestosis y más de 80 afectados por el mineral cancerígeno cuando aún no se les ha realizado los exámenes de rigor a la totalidad de los trabajadores del subte. Esta realidad afecta, y pone en riesgo también, a los millones de usuarios que utilizan el transporte subterráneo todos los días y a los vecinos de la red.
“Nuestra decisión es clara: llevaremos adelante todas las medidas que estén a nuestro alcance para obtener la respuesta que necesitamos para salvaguardar nuestra salud y nuestras vidas y la de los usuarios y vecinos del subte. Invitamos a todos a sumarse a la campaña que llevamos adelante las y los trabajadores del subte en este sentido”, finaliza el comunicado.
Acá podés leer el comunicado completo:
Fracaso la audiencia del día de hoy. Emova y Sbase no dan respuesta.
*SUBTE: ¡RATIFICAMOS, MIÉRCOLES 29/3 PARO DE LÍNEAS B Y C ENTRE LAS 5.30 Y LAS 7.30 HS!*
En un ámbito de trabajo con decenas de factores insalubres y nocivos para la salud seguimos exigiendo la reducción de la jornada semanal para obtener 2 francos. Nuestra intención es reducir la incidencia de todos esos factores insalubres para salvaguardar nuestra salud y por extensión la de los usuarios, además de apuntar a la mejora del servicio deficiente e inseguro que brindan la empresa concesionaria Emova y SBASE. Esta medida además facilitaría la creación de decenas de puestos de trabajo genuino, tan necesarios en una realidad del país con una desocupación y precarización cada vez más altas.
Tenemos que recordar que, a las condiciones insalubres y dañinas para la salud históricamente conocidas en nuestro ámbito, como la alteración de ritmos circadianos, microondas, electromagnetismo, microparticulados minerales y metálicos en suspensión, enrarecimiento del aire y falta de oxígeno entre otros, se les sumo el descubrimiento por parte de nuestra organización gremial, de la presencia del cancerígeno asbesto en toda la red.
El asbesto es un mineral prohibido por ley en nuestro país desde principios de siglo por ser altamente cancerígeno. La ley prohíbe su compra, venta, uso, manipulación y exposición por las consecuencias fatales para el cuerpo humano. Debemos tener en cuenta además que desde la AGTSyP hemos presentado un amparo colectivo exigiendo el retiro inmediato del asbesto y todos los elementos contaminados de la red de subterráneos, incluidos los trenes de la línea B, E y C que lo contienen, que ha sido concedido por la justicia porteña (Fallo Liberattori) y ratificado hace pocos días luego de que la empresa concesionaria apelará el fallo en 2020.
Los trabajadores del subte ya sumamos 3 compañeros fallecidos por asbestosis y tenemos más de 80 afectados por el mineral cancerígeno cuando aún no se les ha realizado los exámenes de rigor a la totalidad de los trabajadores del subte. Esta realidad afecta, y pone en riesgo también, a los millones de usuarios que utilizan el transporte subterráneo todos los días y a los vecinos de la red. Como ya lo hemos denunciado, una verdadera crisis sanitaria bajo tierra que el Gobierno de la Ciudad y Emova intentan desconocer, con las consecuencias luctuosas que acarrea esta situación.
Seguimos exigiendo la desabestización inmediata de toda la red, el cambio de las flotas contaminadas, la reposición del personal faltante y la reducción de la exposición a los factores insalubres mediante la implementación de 2 francos semanales para todos los trabajadores. Nuestra decisión es clara: llevaremos adelante todas las medidas que estén a nuestro alcance para obtener la respuesta que necesitamos para salvaguardar nuestra salud y nuestras vidas y la de los usuarios y vecinos del subte. Invitamos a todos a sumarse a la campaña que llevamos adelante las y los trabajadores del subte en este sentido.
*Claudio Dellecarbonara* Secretariado Ejecutivo AGTSyP-SUBTE

23.3.2023

Un día antes de un nuevo aniversario del golpe de estado y presentado por la legisladora del Frente de Izquierda, Alejandrina Barry, se aprobó un reconocimiento a la labor y lucha de este influyente movimiento cultural que desafió a los genocidas.

Teatro Abierto fue un movimiento cultural impulsado por dramaturgos y dramaturgas reconocidas que en 1981 desafiaron junto al pueblo a la dictadura genocida. Este jueves la Legislatura porteña aprobó la colocación de una placa en Argentores como forma de reconocimiento a su labor y lucha.
El proyecto fue presentado por la legisladora del Frente de Izquierda Alejandrina Barry a pedido de los artistas y fue aprobado con un aplauso a los dramaturgos presentes Roberto Tito Cossa, Alicia Dolinski y Ricardo Halac integrantes de Teatro Abierto, además como representantes de Argentores su vicepresidente Sergio Vainman y el Dr. Carlos Benítez, acompañados por los artistas Rafael Spregelburd y Facundo Abraham. El proyecto tuvo el acompañamiento de legisladores de distintos bloques, como Victoria Montenegro del FdT, Gustavo Mola de UCR-Junto x el Cambio y del resto del Frente de Izquierda, Mercedes De Mendieta y Gabriel Solano.
“Este no es un reconocimiento a algo del pasado, sino a la necesidad de que opere la experiencia en la conciencia de nuestro presente, cuando estamos a un día de un nuevo aniversario de la dictadura genocida. Y cuando tantas voces negacionistas se alzan en las redes y hasta en este recinto como los que se abstuvieron de este reconocimiento no solo a un hecho teatral sino a un movimiento político organizado para enfrentar al golpe de estado” reconoció Alejandrina Barry, mientras agradecía la aprobación del proyecto.
Los libertarios de Milei y en voz del legislador Ramiro Marra votaron en contra, mientras los Republicanos Unidos de Pampito Moritán se abstuvieron. No sorprende que estos personajes defensores del golpe de estado se atrevan a votar contra un movimiento cultural comprometido en la lucha contra la dictadura militar encabezado por importantes artistas reconocidos internacionalmente como Osvaldo Dragún, Eduardo “Tato” Pavlovsky, Aida Bornik, Griselda Gambaro, Gonzalo Nuñez, Jorge Rivera López, Luis Brandoni, Oscar Viale y Pepe Soriano, apoyados en su momento por Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Ernesto Sabato y Jorge Luis Borges, entre otros.
Este movimiento cultural fue la punta de lanza para que se replique en distintas disciplinas culturales como Danza Abierta, Poesía Abierta, Cine Abierto y Música Siempre, entre otras. Y no solo en nuestro país sino incluso influenció al resto de Latinoamérica, donde en más de siete países se repitieron movimientos similares para enfrentar las injusticias contra los pueblos.
Teatro Abierto fue fundado en 1980 y su objetivo principal era demostrar la existencia y vitalidad del teatro argentino, negado al ser un fenómeno cultural eminentemente social y comunitario. Su principio fue el ciclo comenzado el 28 de Julio de 1981 en el Teatro Picadero; el cual fue incendiado posteriormente por un grupo de comando ligado a los militares. La programación consistió de 21 obras nacionales que se presentaban de a 3 diarias, a partir de las seis de la tarde. Decenas de miles de actrices, actores, técnicos y dramaturgos fueron parte del mismo.
Los negacionistas que este jueves votaron en contra de su reconocimiento deben de pensar que “fueron terroristas”. Hablan de ser los adalides de la Libertad, sin embargo, entre una cultura libre y la censura, la desaparición forzada, el asesinato y el terrorismo de estado eligieron lo último.

22.3.2023

Por Jesús Cabral

Desde el organismo nacional explicaron que la problemática se agudizó por las decisiones sanitarias, judiciales que adoptaron durante la pandemia y que ameritan ser modificadas.

La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) denuncia condiciones inhumanas en dispositivos de encierro de la Ciudad de Buenos Aires. Desde hace muchísimo tiempo que este organismo viene advirtiendo que estos lugares no están aptos para detenciones prolongadas.
También contaron que en cada monitoreo que realizan encuentran decenas de irregularidades que muestra un gran desprecio por las vidas de los allí cautivos. Según las estadísticas que construyeron, más del 90% de la población detenida se encuentra a disposición de la Justicia Nacional que no les brinda una solución.
“Si abordamos la situación de estos dispositivos de encierro desde una perspectiva de Derechos Humanos queda en evidencia que todos los derechos de estas personas están siendo vulnerados”, denunció Ariel Cejas Meliare, procurador adjunto de la PPN, durante el diálogo. Continuó reclamando que “nosotros venimos alertando sobre esto desde hace mucho y en forma continua”.
“Cuando empezó la pandemia una gran cantidad de personas privadas de libertad fue alojada en forma permanente en lugares de encierro transitorio -de distintas fuerzas de seguridad- en terribles condiciones de hacinamiento”, recordó el procurador adjunto. En este sentido las alcaidías y comisarías de la Policía de la Ciudad “que están ubicadas por todo el territorio porteño y alojan una gran cantidad de detenidos en espacios pequeños”.
“Esta problemática se profundizó por dos decisiones que se tomaron durante la pandemia, la primera se debe a los estrictos protocolos sanitarios y la otra a las disposiciones judiciales que ordenaron un cupo limitado en las cárceles Servicio Penitenciario Federal”, señaló Cejas Meliare. Sin embargo, hasta el momento estas medidas adoptadas “no fueron modificadas, siguen funcionando así y deben ser reemplazadas porque quedaron obsoletas ante la situación actual”, reclamó.
“Lamentablemente estamos lejos de que disminuya la población en estos establecimientos para encierros transitorios, sino todo lo contrario, ha ido aumentando en forma exacerbada”, advirtió el procurador adjunto. “Consideramos que seguirá así y que seguirá creciendo en el tiempo”, agregó.
“Es tan así, que las estadísticas que construimos indican que más del 90% de estas personas detenidas se encuentra a disposición de la Justicia Nacional, que no muestra interés en brindar una solución”, enumeró y denunció el funcionario. También remarcó que el alojamiento de detenidos en estos espacios “implica la afectación directa a todos sus derechos -que están garantizados en el marco de la privación de libertad- por el propio ordenamiento jurídico”.
La Procuración Penitenciaria de la Nación viene denunciando de manera permanente que estos lugares para detenciones transitorias carecen de los recursos materiales, económicos, profesionales y humanos que se necesitan para garantizar los derechos de las personas allí cautivas.
“Para graficar el enorme hacinamiento que existe en estas dependencias policiales, solo basta con ver que en una celda individual alojan hasta cuatro personas”, se quejó el procurador adjunto. Señaló que permanecen detenidas “bojo las peores condiciones que puedan imaginarse, esto es gravísimo y amerita una inmediata solución”.
“Estas condiciones evidencian que estos espacios no son aptos para detenciones prolongadas”, aseveró el funcionario. Porque repercuten directamente en el “trato digno hacia las personas que indica la privación de libertad, como lo estipula el artículo 18 de la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la Ley Nacional de Ejecución Penal”, argumentó el procurador adjunto.
“De acuerdo a la información actualizada que tenemos, la cantidad total de personas detenidas que son alojadas por día en dependencias de la Policía de la Ciudad, actualmente llegan casi a las 1.200”, enumeró Cejas Meliare. Finalizó explicando que todas ellas son distribuidas a lo largo y a lo ancho de la Ciudad Buenos Aires en veintiuna alcaidías comunales, en centros de contraventores y en más de veintisiete comisarías de la Policía de la Ciudad. A pesar de todo ello, hasta el mes de marzo la Justicia Federal no ha tomado ninguna medida al respecto”.