Comunicadores del Sur

31-3-2023

Por Federico Trofelli

Esta semana declararon los tres chicos que acompañaban al joven en el auto tras el entrenamiento en Barracas Central, a los que encerró la policía, sin identificarse. Y les dispararon. Además, hablaron los padres del muchacho de 17 años asesinado.

Esta semana se vivieron jornadas significativas en el juicio por el asesinato de Lucas González. Sobre todo, con la declaración de los tres amigos que viajaban con él cuando agentes de la Policía de la Ciudad lo mataron de un balazo en la cabeza en noviembre de 2021. Los chicos coincidieron en señalar que los policías que les dispararon «parecían ladrones» y que los insultaban diciéndoles «negros” y “villeros de mierda”.
El testimonio de las tres víctimas de la balacera policial se registró en la segunda audiencia del juicio que tiene a su cargo el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25, luego de las declaraciones de Cintia López y de Mario «Peca» González, los padres del adolescente asesinado.
Los futbolistas Julián Salas (19), Joaquín Zuñiga (19) y Niven Huanca (18) dieron su versión de los hechos ante los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero en el salón Auditorium de los Tribunales Federales de Retiro.
Ante la atenta mirada de los 14 efectivos de la Policía de la Ciudad imputados, Salas, Zuñiga y Huanca señalaron que ese día acababan de salir, junto a Lucas, de un entrenamiento en Barracas Central y que intentaron dirigirse a sus respectivas casas a bordo el Volkswagen Suran del padre de Julián.
Explicaron que se detuvieron en un kiosco cercano al predio del club para comprar dos bebidas y luego continuaron su marcha hasta que un auto sin patente comenzó a “encerrarlos”.
“Veo de mi derecha que un vehículo nos empieza a encerrar, por lo que le toqué bocina porque pensé que estaba distraído. Me terminó de encerrar y uno se baja del lado del conductor con un arma, por lo que yo pienso que me iban a robar. En ese momento, empieza a disparar sin sentido. Yo volanteo y me subo a un cordón. Me nublé, no sé cuántos fueron los tiros ni qué pasó”, contó Salas, quien en ese momento conducía el Volkswagen Suran atacado por los policías, y que llegó al estrado vestido con un sweater negro.
Los tres jóvenes coincidieron que “dos personas se bajaron del auto para disparar”, que “nunca se identificaron como policías”, “no vestían uniformes” ni utilizaron sirenas o balizas para anunciarse.
“Estaban todos vestidos de negro y pensé que eran chorros”, explicó Joaquín, que declaró con un portarretratos de marco rojo con una foto de Lucas, mientras que Niven indicó: “Quedé en shock. Escuché los disparos y sentí el volantazo de Julián. El auto baja la velocidad, salí del auto con Joaquín. Me adelanté más que él y seguí corriendo porque pensé que los ladrones nos iban a matar a todos”.
Al respecto, detalló: “Ya había sufrido robos en Buenos Aires y esto fue lo mismo. Yo estaba atrás de Lucas. Yo vi al auto cruzarse, se bajaron dos personas: el de atrás del conductor y el copiloto. Después cerré los ojos… Escuché seis disparos”.
Por otro lado, los jóvenes hicieron referencia a los maltratos que sufrieron por parte de los agentes policiales que detuvieron ese día a Julián y a Joaquín, a quienes acusaban de ser delincuentes.
“Nos pusieron contra el piso y nos esposaron. Nos empezaron a decir que éramos unos negros de mierda, unos villeritos, y que a personas como nosotros nos tenían que dar un tiro en la cabeza como se lo dieron a mi amigo”, recreó conmovido Julián, quien llevó la remera negra que utilizó ese día y manifestó que uno de los policías se la rompió durante la detención.
Por su parte, Joaquín reconoció por su aspecto físico durante la audiencia a uno de los agentes que lo insultó en dicho procedimiento y lo acusó de haberle dicho “¿Así que sos de Varela, pedazo de villero? Mirá cómo mataste a tu amigo”.
“Es el muchacho que está ahí atrás. Tiene un sweater rojo. Le vi la cara porque se me acercó. Le vi un tatuaje en algún momento. Estaba vestido de bordó y negro. Cuando me trató mal, yo estaba boca abajo y me empezó a gritar a la cara”, indicó el joven en referencia al imputado Sebastián Jorge Baidón (28), quien en su momento era oficial de la Comisaría Vecinal 4D.
A continuación, Zuñiga agregó: “Nunca me leyeron mis derechos. Solo nos decían que éramos ladrones. Les quería mostrar los estados de Whatsapp. Ahí había subido unas fotos después del entrenamiento. Les quería explicar que no era un ladrón, que era un futbolista. Me pusieron las esposas muy fuertes y me tuvieron ahí un montón de tiempo”.
Luego, Joaquín y Julián fueron trasladados junto a Niven al Instituto de Menores Inchausti, donde pasaron la noche.
Tres meses después del hecho, Joaquín volvió a entrenar en Barracas Central. En ese momento declaró: «Estoy jugando por Lucas: deseo llegar al vestuario y que él se esté cambiando».

«Lo siguieron, lo encerraron y lo acribillaron»

La segunda audiencia del juicio por el asesinato de Lucas González comenzó con la declaración de Cintia López, la madre de la víctima, que, en un testimonio de un poco más de 40 minutos, recordó el día que mataron a su hijo y puntualmente cuando llegó al hospital Penna, del barrio porteño de Parque Patricios, donde el joven fue internado con un balazo en la cabeza y con custodia policial.
«En el (Hospital) Penna siempre estuvo como delincuente, nunca dejó de tener custodia, ni dentro de la sala ni fuera. Siempre que quería verlo tenía que haber un Policía de la Ciudad», aseguró la mujer, quien estuvo acompañada en todo momento por una psicóloga ya que era la primera vez que estaba frente a los acusados.
Además, Cintia continuó: «Tuve que destapar a mi hijo y verle los tatuajes porque estaba irreconocible, le tiraron en la cabeza, le ‘volaron el frasco’ como dijeron, era su cabecita… me dolió en el alma que hayan dicho eso porque era la cabeza de mi hijo, no era ningún frasco».
Tras la declaración de Cintia, declaró Mario «Peca» González, padre de Lucas, quien dijo que a su hijo «lo siguieron, lo encerraron y lo acribillaron. También pudieron haber acribillado a los demás chicos». Al finalizar su relato, que duró poco más de 15 minutos, el hombre miró a los jueces y con voz firme pronunció: «¡Justicia por Lucas!».
Antes del ingreso de Cintia a la Sala de Audiencias declaró como imputado el oficial Daniel Rubén Espinosa, uno de los 11 policías detenidos como acusado de encubrimiento, quien aseguró que no vio «ningún tipo de arma» en poder de los jóvenes, ya que solo los vio «a distancia».
Por el crimen de Lucas se encuentran detenidos y son sometidos a juicio desde el 16 de este mes el inspector Gabriel Alejandro Issasi (41), el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y el oficial Juan José Nieva (37), quienes en la primera jornada del debate aseguraron que actuaron «en legítima defensa» y «en cumplimientos del deber», por lo que no cometieron «ningún delito».
En tanto, hay otros 11 policías porteños a quienes se los juzga por «falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas».

31.3.2023

Silvio Schachter

Horacio Rodríguez Larreta, designó Eugenio Burzaco al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, en reemplazo de Marcelo D’Alessandro. La mano dura como respuesta ante la crisis económica y social y la disputa en la interna con quienes solo tiene como proyecto aumentar la represión, puede explicar la designación de un personaje con la ominosa trayectoria del nuevo ministro

“Alumbre lumbre de alumbre sobre la podredumbre, Luzbel de la piedra-lumbre”. El Señor Presidente, Miguel Angel Asturias.

Marcelo D’Alessandro protagonista del viaje de jueces y funcionarios a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido, sumado a la filtración de chats con escuchas entre él y el juez Sebastián Ramos, uno de los colaboradores más estrechos de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo obligaron primero a un pedido una licencia y luego su renuncia. Sus declaraciones, que contaron con el apoyo del jefe de gobierno, desbordan todo el manual de la hipocresía y el cinismo. “Me voy con orgullo y satisfacción”, “la Justicia encontrara quienes han sido el responsable del hackeo la serie de chats”

Currículo o prontuario

Ante el deterioro galopante de la situación económico social, con una inflación desatada y una especulación sin control, que devora los magros salarios, la falta de propuestas que reviertan el cuadro a favor de las mayorías, el desprestigio creciente de una rosca política que se pelea obscenamente y sin ninguna ética por candidaturas y negocios, una dirigencia que solo tiene como horizonte las elecciones de octubre, sin proyecto ni credibilidad alguna, sumados a un cuadro internacional donde el capitalismo globalizado muestra sus peores lacras, hacen que el aniversario de las cuatros décadas del fin de la dictadura llegue con malos presagios.
La bronca, el mal humor, la vida transformada en condena para millones de pobres e indigentes, pueden convertirse en estallido, en un grito desesperado que ponga en cuestión las instituciones de dominación. Ante una posible crisis de gobernabilidad, hay que preparase para enfrentarla a pura represión, con personajes que estén formateados con esa línea. La autorización de las pistolas Taser, histórico reclamo del nuevo ministro, es solo una señal en esa dirección.
Por otra parte es evidente que los partidos del poder acomodan sus discursos y prácticas a las de la extrema derecha, que impone sus ideas las que gozan de toda la difusión en los medios hegemónicos y crean consenso en sectores amplios de la sociedad, cada vez más proclive a relacionarse en base al miedo.
Larreta, en su mezquina carrera hacia la Rosada, no quiere perder espacio por derecha, ante los embates de la pistolera Bullrich y sus secuaces. La elección de un personaje con el recorrido de Eugenio Burzaco no deja lugar a dudas de las intenciones políticas del actual jefe de gobierno de la CABA y aspirante a candidato presidencial.
Burzaco tuvo su primer cargo público como colaborador de la SIDE, durante el gobierno de De la Rua donde conoció al siniestro Jaime Stiuso.
En 2007 fue asesor de seguridad del exgobernador de la provincia de Neuquén Jorge Sobisch, cuando la Policía neuquina reprimió el 4 de abril una huelga del sindicato docente ATEN y mató al maestro Carlos Fuentealba con una granada de gas lacrimógeno. El cartucho impactó en su nuca, causándole un hundimiento de cráneo. En el hospital provincial fue sometido a dos operaciones y finalmente murió al día siguiente
Fue electo diputado Nacional por el PRO entre 2005 y 2009. Se desempeñó como jefe de la Policía Metropolitana de Buenos Aires entre 2009 y 2011. Dirigió la División Operaciones Especiales Metropolitanas de la Policía Metropolitana, un grupo de asalto, donde se desempeñan doce militares, cuestionado por conflictos como los del Hospital Borda, el desalojo la sala Alberdi del teatro San Martín -donde dos periodistas fueron heridos con balas de plomo por la policía.
Estuvo al frente al frente de la PM, en el violento desalojo del Parque indoamericano, durante el operativo fueron asesinados Bernardo Salgueiro, de 24 años, y Rosemary Puña, de 28 años “Según declaró el superintendente de Seguridad Metropolitana, Miguel Ángel Ciancio, Burzaco estaba presente en el Centro de Monitoreo y Control, y en contacto con efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) a cargo del operativo. Por la masacre del parque Indoamericano tuvo que renunciar al frente de la Policía Metropolitana y fue investigado por la justicia, en una causa que como era previsible al demorarse indefinidamente, se fue diluyendo hasta quedar sin condena.
En 2010 fue citado a indagatoria, junto a otros funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, por el caso de las escuchas ilegales que involucran al ex jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
A pesar de esos antecedentes o al revés, quizás premiando su nefasta trayectoria, desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2019, fue nombrado secretario de seguridad del Ministerio encabezado por Patricia Bullrich, cuya mano derecha era Pablo Noceti, jefe de gabinete de ese Ministerio, quien tuvo un papel destacado como defensor de los responsables de delitos de lesa humanidad en juicios en La Pampa y Concepción del Uruguay y a su vez sindicado como responsable directo del caso Santiago Maldonado. Nocetti está imputado junto a los gendarmes Gerardo Otero y Oscar Robino, exdirector y ex subdirector de Gendarmería Nacional, respectivamente, por considerarlos “autores, coautores o partícipes de los delitos de “violación de los deberes de funcionario público”.
Durante esa gestión el Ministerio aprobó el protocolo que permitía el uso de armas de fuego y balas de goma para dispersar cualquier protesta o reclamo y además limitaba la cobertura periodística. Los periodistas deberán ubicarse en “una zona determinada” por las fuerzas de seguridad impidiendo la cobertura y el libre ejercicio de prensa.
Por fuera de los cargos públicos Burzaco presidió la Fundación Pensar, junto a Julio Cirino, ex agente de inteligencia del Batallón de Inteligencia 601, célebre por los secuestros de detenidos-desaparecidos durante la dictadura.
En diciembre de 2011, luego de abandonar la Policía Metropolitana pasó a desempeñarse como CEO en una empresa de seguridad privada y jefe de seguridad del Club Atlético River Plate , coincide en ese rol con el fiscal Carlos Stronelli que se desempeña en el club Boca Juniors. Un ejemplo más de las miserias que atraviesan al fútbol profesional de nuestro país
En 2019 se vio involucrado en el Stornelligate, cuando se filtraron una serie de audios que comprometerían al fiscal Bidone y a Eugenio Burzaco, acusado de extorsionar en nombre de Carlos Stornelli. Según los audios filtrados que tuvieron como protagonista al falso abogado y operador de espionaje ilegal Marcelo D´Alessio, allí se indicaba una maniobra de cobro de coimas y blanqueo de dinero para utilizar presidiarios en trabajos privados En los audios aparecía un negocio con el fiscal bonaerense Juan Bidone donde Eugenio Burzaco y una empresa de personal temporario ponían a presos a trabajar precarizados en empresas que reciben subsidios, por lo que él fiscal cobraba una comisión y Burzaco un soborno.
Burzaco es un hombre vinculado a los Estados Unidos y a las grandes empresas a lo largo de su trayectoria pública-privada, se manifestó por el cierre de las causas contra el terrorismo de Estado, el cual no reconoce como tal, desea imponer penas de cárcel aún a niños que hubieran cometido un delito cuando eran menores de 14 años. Se opone a los métodos anticonceptivos de emergencia, busca restringir la educación sexual a los jóvenes, enfrentó la re-estatización de las jubilaciones, y ha presentado proyectos contra Cuba y Venezuela. En diversos reportajes y artículos convoca al Estado a terminar lo que llama “extorción piquetera”.
Presentó un proyecto que permite la utilización de agentes encubiertos a los que se garantiza la impunidad por los delitos que pudieran cometer, siempre que fuera “para evitar un mal mayor”, y regula a los colaboradores de la Justicia llamados arrepentidos.

Un mal de familia

Eugenio es hijo del periodista Raúl Horacio Burzaco, que se desempeñó como secretario de Medios durante la presidencia de Carlos Menem, entre 1991 y 1994. Creador de Tiempo Argentino, durante su paso por editorial Abril, dirigió las revistas Siete Días y Panorama. A su vez, se desempeñó en el diario La Prensa, donde llegó a ser jefe de Información Internacional y prosecretario de Redacción.
El hermano de Eugenio, Alejandro Burzaco fue CEO, expresidente y ex director ejecutivo de la empresa Torneos (antes llamada Ty C Torneos y Competencias), productora de contenido de los canales deportivos más importantes de Argentina y otros países de América Latina. La empresa pertenece a Carlos Avila y tiene como accionista la Grupo Clarín.
Alejandro Burzaco fue procesado y condenado por corrupción por el escándalo conocido como FIFAGATE, que comprometió a numerosos dirigentes de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. El escándalo deportivo estalló luego de años de numerosas investigaciones de casos de corrupción, en los que el máximo ente del fútbol mundial se ha visto involucrado. Los cargos por los que se les acusó incluyen soborno, fraude y lavado de dinero.
La investigación penal se centró en la atribución de derechos mediáticos, de derechos de mercadotecnia y de patrocinio para Estados Unidos y América del Sur de competiciones organizadas por la FIFA, incluyéndose particularmente CONCACAF y CONMEBOL sudamericana
En Argentina los contratos eran acordados directamente por Julio Grondona. Se había formado una sociedad de hecho, entre Julio Grondona y Ty C, Julio Grondona recibía suficiente apoyo del grupo empresario como para poder manejar la economía de la AFA, y a cambio, Grondona le aseguraba la continuidad del negocio a Ty C, entregando los derechos sin licitación. Así, en pocos años, en mayo de 2015, Interpol emitió una orden de captura contra Alejandro Burzaco acusado por de haber pagado 110 millones de dólares estadounidenses en sobornos para asegurar a su empresa TyC los derechos de televisación de la Copa América.
Luego de ser extraditado a los Estados Unidos, reconoció su culpabilidad ante la Corte Federal de Nueva York y aceptó pagar una multa de 21,6 millones de dólares estadounidenses en concepto de fianza. Permaneció en prisión domiciliaria en Nueva York, hasta febrero de 2017, cuando luego de pagar otra fianza millonaria. También en 2016, aún al frente de la Secretaría de Seguridad de la Nación, el nombre de su hermano, Eugenio Burzaco, aparece ligado al FIFA-Gate, por el pago de la fianza para conseguir la excarcelación y prisión domiciliaria para su hermano Alejandro Burzaco. El secretario Eugenio Burzaco habría aportado unos 3 millones de dólares en efectivo y otros 15 millones en certificados de acciones de la propia empresa TyC Sports, de la que su hermano Alejandro fuera CEO, y que fue la empresa desde donde se pagaron las comisiones ilegales a la CONMEBOL y a la FIFA investigadas por la justicia norteamericana. Raul Burzaco, el padre de Eugenio y Alejandro, fue hasta su fallecimiento, en 2004, vicepresidente de Multimedios América y asesor de la mentada empresa Torneos y Competencias.
En abril de 2016, la investigación periodística sobre guaridas fiscales denominada “Panama Papers”, aportó documentación que demuestra que Alejandro Burzaco tuvo una red de sociedades offshore inscriptas a través del bufete panameño Mossack Fonseca, desde las que realizó operaciones por más de 370 millones de dólares para obtener los derechos de TV de la Copa Libertadores durante 14 años. La documentación de Mossack Fonseca también involucró bienes no declarados del ex Presidente Macri, su familia y sus empresas que utilizaron ese canal criminal para esconder dinero sucio y evadir responsabilidades tributarias en el país.

31.3.2023

Por Tatiana Scorciapino

Este jueves la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires podría tratar la iniciativa popular que busca convertir los terrenos donde antes funcionaban los complejos Costa Salguero y Punta Carrasco en un parque público de acceso libre, gratuito e irrestricto. El mismo se contrapone con la idea del Juntos por el Cambio de ceder las tierras para la construcción privada de torres de más de 28 metros, lo que les quitaría la posibilidad a los ciudadanos de hacer uso del espacio frente al Río de la Plata.

A pesar de la voluntad de miles de personas, desde la oposición denuncian que el oficialismo dejó pasar un año -el plazo legal establecido para tratar este tipo de proyectos- y no habilitó que la iniciativa popular sea tratada en comisiones. Con el período vencido, desde Juntos por el Cambio darán un tratamiento exprés al proyecto y, haciendo uso de su mayoría, buscarán archivar esta iniciativa, a pesar de que cuenta con la convalidación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires y más 53.709 firmas de vecinos y vecinas. Esta iniciativa, además, es la primera en la historia de la ciudad en alcanzar el estado de tratamiento legislativo.

Archivar el parque público, una medida inconstitucional

En vísperas del tratamiento, organizaciones ambientales y sociales se reunieron en la tarde del martes con legisladores del Frente de Todos para diseñar acciones conjuntas frente al posible archivo de la iniciativa en la Legislatura. Además, desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad volvieron a denunciar la estrategia del gobierno de Larreta, al tiempo que advirtieron que archivar la iniciativa del parque público es inconstitucional debido a que aún continúa vigente el amparo interpuesto por la organización.
El inicio del conflicto se remonta a diciembre de 2019 cuando, en la última sesión de aquel año, la legislatura aprobó la Ley 6.289, que habilita al gobierno porteño a vender el predio de 33 hectáreas. Con una vista al río privilegiada y ubicada en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires, la intención del GCBA fue entregar estos terrenos a la construcción de un pequeño barrio de 10 edificios -cuyo valor de metro cuadrado rondaría entre los USD 8.000 y USD 10.000- que emule la alta categoría del también inventado Puerto Madero.
Tras esta aprobación, en 2020 el Observatorio del Derecho a la Ciudad y la entonces diputada Gabriela Cerruti presentaron una acción de amparo para impedir el avance de la venta. Después de algunos meses de conflicto, en 2021 el juez Leonardo Fuchi, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°16 de CABA, declaró inconstitucional la comercialización de estos terrenos, lo que dejó el proyecto inmobiliario ideado por el larretismo en stand by, ya que el propio gobierno porteño apeló el fallo de la justicia.
A pesar de continuar judicializada, la decisión de este tribunal se convirtió en un hecho casi inédito puesto que, según el informe de Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA), desde el 2016 hasta el 2021 la Ciudad lleva privatizadas más de 500 hectáreas de tierras públicas.
Si bien la iniciativa se encamina a no ser tratada, desde la oposición afirman que esta decisión del gobierno porteño significará un antes y un después, ya que estarán pasando por arriba de la voluntad popular de manera más que alevosa. De esta forma, y en pleno curso del año electoral, los legislativos del Frente de Todos buscarán que quede expuesta la falta de empatía, trato y escucha del larretismo a los vecinos de la ciudad que gobiernan desde hace más de 16 años.

30.3.2023

El jueves 30, en el marco del paro docente convocado por el sindicato Ademys, estudiantes, docentes y familias se movilizaron a la Jefatura de Gobierno porteño para denunciar la desinversión presupuestaria y contra la quita de ayuda social a mil quinientas familias.

Desde el inicio del ciclo lectivo, la comunidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra organizada en reclamo de las condiciones en las que se enseña y se aprende en las escuelas: falta de acondicionamiento de espacios compartidos que presentan problemas de infraestructura no resueltos (a pesar de los sucesivos reclamos de las escuelas), cortes sistemáticos de servicios básicos (como el agua y la luz), la ausencia de recursos mínimos para hacer frente al brote de dengue (como la realización de fumigaciones y entrega de repelentes) y la alarmante medida de instalar cámaras dentro de las aulas, son sólo algunos de los tantos reclamos que sostienen. En este marco, el sindicato porteño Ademys viene impulsando espacios para unificar la pelea por estas demandas no sólo entre docentes, sino también junto a estudiantes y sus familias, que ya se encontraban participando en cortes de calle, abrazos a las escuelas y demás acciones.
En este sentido, en el marco del plan de lucha votado en asamblea junto a familias y estudiantes, Ademys convocó a un paro y una marcha educativa para el jueves 30 con el fin de visibilizar el vaciamiento de la educación pública y exigir la inmediata respuesta a los graves problemas de infraestructura que denuncian desde las escuelas. Además, reclaman una mejora salarial que contemple el costo de la canasta básica familiar y que impacte en el sueldo básico, desnaturalizando el pluriempleo (doble o triple turno) que impacta significativamente contra las condiciones de enseñanza.
A pesar de llamar al resto de los sindicatos a construir la jornada de lucha en unidad, sobre todo UTE-Ctera que es el sindicato mayoritario de la Ciudad de Buenos Aires, éstos no se plegaron a la medida. Al respecto, Federico Puy, docente y secretario de prensa de Ademys, expresó: “muchos compañeros en las escuelas se preguntan por qué la UTE no llama a paro, por qué la UTE no hace nada. Pero no es que ´no está haciendo nada´, está haciendo todo lo posible en un año electoral para que la bronca y la fuerza de las escuelas no se exprese por los problemas de salario, problemas de infraestructura, por esos chicos y chicas que hoy le han quitado el plan social. No es que ´no está haciendo nada´. Esta burocracia está completamente subordinada a los intereses del gobierno nacional”.
También se refirió a la importancia de la coordinación y solidaridad con otros trabajadores que están luchando: “no estamos peleando solos. Hoy hubo paro en dos líneas de subte, y el día de ayer en otras dos. Los compañeros están planteando una medida muy sentida, que es la reducción de la jornada laboral, por tener dos francos a la semana y por cuidar salud ya que hay materiales cancerígenos con asbesto en las formaciones del subte: esa pelea es importantísima, le tenemos que dar respaldo desde nuestro sindicato. Además, el día de hoy, cientos de trabajadores contratados de la empresa Kraft Terrabusi han cortado Panamericana y Henry Ford contra los trecientos despidos que se vienen. También tenemos que brindarles toda nuestra solidaridad y coordinar las luchas con ellos”.
Además, tomó la palabra Silvia, mamá de una víctima de Cromañón, quien se refirió entre otras cosas a la medida del Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de Educación Soledad Acuña respecto a la quita de la ayuda social a más de mil estudiantes: “hoy es 30 de marzo, día en que las escuelas se recuerda a las víctimas de Cromañón, porque el 30 de diciembre no hay clases. Y nos pareció muy importante estar acá porque creemos que docente que está luchando, también está enseñando y porque leemos a Cromañón como un momento máximo de precariedad, laboral y de la propia vida, como pasa en muchas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano. Es una locura que criminalicen a un pibe por ir a un recital y ahora por estar en una escuela. Apoyamos su lucha y los pibes de Cromañón están presentes”.

29.3.2023

El gobierno comenzó a instalar cámaras hace 15 días. Tras la nota publicada en Tiempo Argentino y el repudio de la comunidad educativa, todo indica que la cartera que conduce Soledad Acuña reculó en una de las escuelas.

El pasado 15 de marzo, Tiempo publicó un informe sobre la instalación de cámaras de seguridad dentro de aulas de escuelas públicas. El primer establecimiento educativo que el ministerio de Educación de la Ciudad eligió para llevar adelante esa iniciativa, fue la Escuela Técnica Cristóbal M. Hicken, que se encuentra dentro del jardín botánico. Tras la nota publicada en Tiempo y el posterior repudio de la comunidad educativa y organizaciones vinculadas a los derechos humanos, todo indica que la cartera que conduce Soledad Acuña reculó y decidió suspender momentáneamente la instalación de cámaras dentro del aula de esa escuela. Lo grave es que durante la jornada de este martes, la Ciudad avanzó con la instalación de dispositivos de filmación dentro de un aula de otro colegio, se trata de la Escuela Primaria Común N° 17 DE 8 Profesor Raúl L. Bernardelli del barrio de Parque Chacabuco.
Mientras por un lado el ejecutivo porteño decidió suspender la instalación de cámaras en un aula de la escuela Hickens, ante el alzamiento y el rechazo de la comunidad educativa y un importante sector de organizaciones vinculadas a los derechos humanos, por el otro, avanzó en silencio con la instalación y puesta en marcha de una cámara dentro del aula de la escuela 17 de Parque Chacabuco que cuenta con una comunidad de 250 estudiantes.
“Hoy recorrí la escuela y observé la puesta en marcha que hizo el ministerio de una cámara dentro del aula, donde los chicos y chicas asisten todos los días para el dictado normal de clases. Una decisión completamente arbitraria, a espaldas de la comunidad educativa, y argumentando que era para proteger los bienes de la escuela, algo que es completamente ajeno a la realidad porque las maestras no tienen ni tizas para poder escribir en el pizarrón”, aduce en diálogo, Andrea Bohus, secretaria de la asociación docente Ademys. “Estas cámaras controlan el trabajo pedagógico atentando contra los derechos laborales y viola los derechos a la intimidad de las y los menores”, agrega. Y concluye: “Por ahora instalaron una sola cámara dentro de un aula, pero no sabemos si van a seguir poniendo más cámaras en ese aula o en alguna más”.
Cabe destacar que desde la propia cartera educativa de la Ciudad, aseguraron a este medio que la idea es avanzar “en la instalación de espacios seguros en 150 escuelas porteñas”. Algunos de esos espacios “ocasionalmente incluyen la instalación de cámaras, pero que todavía no está determinado el número final, dado que son casos excepcionales. Los espacios tienen, más que nada, la instalación de sensores y alarmas”.
El pasado 15 de marzo este medio sacó a la luz la inminente instalación de cámaras en al menos tres aulas de la Escuela técnica Hickens. Tras la publicación de la nota, la comunidad educativa rechazó contundentemente esta medida y se organizó para detener la iniciativa. Incluso hubo una presentación de proyecto de declaración en la legislatura, redactada por el legislador porteño del frente de Todos, Claudio Morresi: “Acompañamos a la comunidad de la Escuela “Cristóbal M. Hicken” en su rechazo a esta iniciativa de Larreta que avasalla los derechos de nuestros pibes y pibas, garantizados por la ley 26.061 que los protege”, destacó el diputado en sus redes.
“Nosotros como UTE nos hicimos presentes en el día de ayer en la escuela Hickens, para dialogar con los profesores, profesoras y con varias autoridades, y conocer el estado de situación. Nos confirmaron todo lo que había salido publicado en el artículo y nos dijeron que eso provocó bastante movimiento más allá de lo mediático”, contó a Tiempo Martín Acri, integrante de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera) y referente educativo de los distritos escolares 9 y 10. El docente confirmó que la instalación de cámaras en la escuela Hickens finalmente no iba a prosperar, debido a que la comunidad educativa rechazó con contundencia esta iniciativa. “Las familias tuvieron un rol protagónico al rechazar por unanimidad la instalación de cámaras y el ministerio de Educación de la Ciudad, en principio, reculó y suspendió el proceso que había iniciado”, agrega Acri. La comunidad educativa exige mayor presencia de seguridad en la zona para evitar el robo de dispositivos informáticos, la instalación de dispositivos de control fuera de la escuela, y la instalación de rejas por los lugares que pueden ingresar los delincuentes.