Comunicadores del Sur

11.4.2023

Por Gabriela Figueroa

Qué dice la denuncia y cuál es la situación actual dentro del Agote por apremios ilegales contra un adolescente de 17 años, ocurrida el 24 de marzo en el Centro de Régimen Cerrado de la Ciudad. Se señala que Mónica Yurich estaba en conocimiento de lo que ocurría, pero aun así no intervino e intentó desacreditar el informe con una médica de su confianza.

“No pasaba nada”, esa fue la respuesta de la directora del Centro de Régimen Cerrado Dr. Luis Agote, Mónica Yurich cuando el personal civil la alertó, justamente el 24 de marzo, de que se escuchaban gritos de un adolescente en la requisa.
“No pasaba nada”, le dijo también por teléfono al médico que, más tarde, constató las lesiones del joven y la llamó para explicarle lo sucedido. Incluso fue censurado por ella, quien ese mismo día citó a otra médica de su confianza para que realizara un nuevo informe indicando que las lesiones que el adolescente presentaba eran de larga data. Así consta en la denuncia asentada el 31 de marzo pasado ante la Asesoría Tutelar de la Ciudad N° 4, a cargo de la Dra. Norma Sas.
Tal como este medio dio a conocer hace unos días, en el Agote se denunciaron apremios ilegales contra un adolescente de 17 años. La investigación se encuentra rodeada de un fuerte hermetismo. A pesar de numerosos intentos, no se logró obtener la palabra oficial del director General de Responsabilidad Penal Juvenil, Nicolás Echarri, de la directora Yurich ni tampoco de la asesora tutelar, Sas. Sin embargo, algunos detalles del escrito de denuncia dan cuenta no solo del hecho de violencia en sí mismo sino de la política institucional implementada por la directora de la institución.

Una secuencia de responsabilidades

La revisación médica que originó la denuncia se llevó a cabo alrededor de las 13 horas del 24 de marzo pasado. Según consta, la enfermera señaló que las lesiones que se observaban en el cuerpo del adolescente no estaban allí cuando ingresó desde el Centro de Admisión y Derivación (CAD) ese mismo día a las 11 de la mañana.
Acorde a lo denunciado, dos testigos llamaron al equipo de salud diciendo que “habían escuchado gritos desgarradores del adolescente entre las 11 y las 13 horas, momentos en los cuales estuvo a solas con personal de seguridad”. Por este motivo, el equipo de salud asentó en los formularios correspondientes que sospechaban la existencia de vejaciones, posibles torturas y violencia institucional.
A la gravedad de los hechos hasta aquí reseñados, se le suma el pleno conocimiento de la situación por parte de la directora del Agote, Mónica Yurich, y su presunto accionar tendiente a tapar lo sucedido. Es que, conforme surge de las actuaciones obrantes ante la Asesoría Tutelar, la funcionaria tuvo conocimiento de lo sucedido al momento en que ocurrió. La directora “había estado presente en el momento en que se escucharon los gritos del adolescente debido a que el personal civil la había puesto en conocimiento de la situación, aunque había expresado que no pasaba nada”. Horas más tarde, cuando el personal médico asistió a la víctima y la llamó por teléfono ya que no se encontraba en el edificio, respondió con censura e incluso convocó a una médica de su confianza para que realizara un nuevo informe, contrariando las conclusiones del primero. En ese segundo informe debía constar que las lesiones tenían larga data.
“Lo que pasó el 24 de marzo dejó de manifiesto una manera sistemática de funcionar de un dispositivo que no venía funcionando de esa forma, tenía otras falencias. Mónica Yurich está (como directora) hace cuatro o cinco meses e hizo un cambio muy grande respecto a las maneras de intervenir con los pibes”, dice una delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del dispositivo Agote.
“Hay una clara preponderancia en la tarea de los empleados de seguridad, donde a los operadores se los corrió de un montón de instancias de acompañamiento como en el ingreso o en los cambios de sector. La presencia del personal civil garantiza que la intervención sea socioeducativa, esto pasó a un último plano”, asegura.
La delegada afirma que, no obstante, no son ciertos los dichos trascendidos a este medio por parte de otras fuentes del Agote, que afirman que los adolescentes no pueden mirar a la cara a los funcionarios y tienen que permanecer con las manos hacia atrás. “Sí hay momentos en donde, tal vez, entra algún directivo y les piden que se formen, pero esas son prácticas de la directora que está ahora particularmente, no es una política de los dispositivos penales, sí lo fue durante un tiempo y trabajamos mucho para que eso se dejara de hacer”, aseveró.
Asimismo, comentó que los adolescentes no almuerzan ni cenan con los operadores ya que es su momento de descanso y que el Agote no les incluye las comidas, lo que es motivo actual de reclamo: “solo se le garantizaba las raciones de comida a quienes cumplían guardias de 12 horas en pandemia y después se dejó de hacer”.

No a la autoevaluación

Después de la denuncia por apremios ilegales, el Director General de Responsabilidad Penal Juvenil, Nicolás Echarri (oficina de la cual depende el Agote) decidió intervenir de forma temporal la institución y se trasladó con su equipo a cumplir tareas en el lugar.
Al respecto, la delegada de ATE del Agote expresó: “nos preocupa que el director Echarri se haya instalado en el Agote después de esta situación como manera de intervenir, le venimos planteando que esa no es una intervención, no puede autoevaluarse, tiene que venir alguien de afuera que sea garante de que lo que está sucediendo ahí está (conforme) a derecho”. Asimismo, manifestó que “tienen que abrir sumarios, es la única manera de abrir una línea de investigación interna, no se resuelve con él instalado al lado de la directora que puso él, que es de su línea política”.
Según contó la delegada, el personal médico involucrado continúa en el puesto de trabajo, aunque surge de la denuncia que el médico fue enviado a dar apoyo a los equipos de salud de otros institutos. En cuanto al personal de vigilancia denunciado, informó que no se encuentra de licencia, sino que está cumpliendo tareas sin contacto con los adolescentes. “Es una práctica que utilizan en penal, si hay una situación de conflicto, corro al conflictivo (de lugar) hasta que se apacigua y después esa persona sigue haciendo de las suyas, pero en otro lado, es lo que está pasando con estos tres empleados”. En este sentido, resaltó que “hay una situación de conflicto más grande que tiene que ver con las situaciones de violencia, de maltrato no solo hacia los pibes sino también hacia los trabajadores”. Y concluyó: “no puede quedar impune, tiene que haber consecuencias tanto con los empleados de seguridad como las direcciones que avalan esta manera de trabajar en particular”.

10.4.2023

A dos meses de que Claudia Tupa Lotore fue encontrada sin vida en la puerta de un kiosco-bar, en el barrio de Floresta, se convoca este lunes 10 de abril desde las 11:00 a una conferencia de prensa en el Obelisco para luego movilizar a la Fiscalía 62

El fiscal Yapur encubre femicidas

Este lunes 10 de abril desde las 11:00 concentramos en Obelisco donde realizaremos una conferencia de prensa para luego movilizar a la Fiscalía 62
Cuando se cumplen dos meses de que Claudia Tupa Lotore fue encontrada sin vida en la puerta de un kiosco-bar, en el barrio de Floresta, aún el fiscal Yapur no ha llamado a declarar al dueño del lugar, principal sospechoso del hecho, con pruebas contundentes que lo ubican en el lugar y hora del crimen.
El fiscal Yapur es el responsable principal del operativo de impunidad. El allanamiento del local fue realizado varias semanas después del femicidio, con tiempo excedente para borrar y manipular cualquier tipo de prueba.
“El Gallito” había sido denunciado por los vecinos en reiteradas oportunidades por situaciones de abuso y de maltrato a mujeres, a jóvenes, y por situaciones de venta de estupefacientes.
La justicia no sólo quiere garantizar la impunidad de los responsables, sino que también encubre el rol de la policía de la Comisaria 10C, principales cómplices para que en el barrio de Floresta funcionen estos aguantaderos con narcos y abusadores a la cabeza.
Llamamos a organizaciones y vecinos a sumarse a esta lucha para que haya justicia por nuestra compañera y todas las víctimas de Femicidio. También invitamos a los medios de comunicación barriales y de la comunidad migrante a sumarse para seguir difundiendo con fuerza esta causa.
¡Ni una menos! El Estado es responsable
Exigimos juicio y castigo a los responsables ¡Fue femicidio!

8.4.2023

El oficialismo porteño de Juntos por el Cambio dobla en intención de votos al Frente de Todos y a los libertarios en la carrera electoral por la sucesión de Horacio Rodríguez Larreta. Este escenario plantea en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se desprende de un reciente informe de la consultora Federico González & Asociados. Jorge Macri, con casi 20 puntos, es el precandidato con más adhesiones en la carrera por la sucesión de Horacio Rodríguez Larreta.

“Si las elecciones para elegir Jefe de Gobierno porteño 2023 fueran hoy, ¿A qué espacio político votaría?”, planteó la primera pregunta de la encuesta online realizada en los primeros días de abril. Juntos por el Cambio aparece con el 42,5%, seguido por el Frente de Todos con el 20,2 y “libertarios/liberales” con un 18,7. El PJ no kirchnerista y la izquierda suman cada uno 3,1. Después aparecen “otro” (2,1) y “en blanco” (2,6). Un 7,7 eligió la opción “no sabe”.

Encuesta: el oficialismo porteño dobla al peronismo en CABA

Después la consultora preguntó por la preferencia de 14 candidatos. Federico González explicó que la nómina fue confeccionada en base a cuatro criterios: El candidato ha declarado que se presentará como tal; aunque no lo haya explicitado, el candidato realiza acciones encuadrables como acciones de campaña; aunque no lo haya explicitado, el análisis político permite conjeturar la posibilidad de que el precandidato se presente y, por último, información oficial obrante en partidos y agrupaciones políticas.
“Si las elecciones PASO para elegir Jefe de Gobierno porteño 2023 fueran hoy y los candidatos fueran estos, ¿A quién votaría?”, se preguntó a los encuestados.
Jorge Macri, de Juntos por el Cambio, lidera la tabla todos los candidatos con el 19,5%. Después aparece Leandro Santoro, del Frente de Todos, con el 16,1%. Claro que la suma de los seis candidatos de JxC medidos coloca al oficialismo al tope con un 49,7%; mientras que los cuatro candidatos del FdT alcanzan el 20,7.
Detrás de Jorge Macri, en el universo del oficialismo porteño, siguen el senador radical Martín Lousteau (13,1), el ministro de Salud Fernán Quirós (7), Ricardo López Murphy (6,3), el legislador porteño Roberto García Moritán (2,1) y la ministra de Educación, Soledad Acuña (1,7).
Y detrás de Santoro, en el espacio del peronismo, aparecen el ministro nacional Matías Lammens (2,9), Gisela Marziotta (0,9) y Elizabeth Gómez Alcorta (0,8).
De los libertarios solo fue medido Ramiro Marra (13,6).
Como candidatos de izquierda se midió a Luis Zamora (1,9) y Vianina Biasi (1,5) y Alejandrina Barry (0,8), las dos del Frente de Izquierda.
El 8,5 se inclinó por el “no sabe” y el 3,3 optó por el “en blanco”.
El informe también planteó dos escenarios de balotaje. En ambos se impone ampliamente Juntos por el Cambio. En el escenario 1, Jorge Macri consigue 49,5 y Leandro Santoro, del Frente de Todos, el 23. En el escenario 2, Lousteau se impone con un 42,2, contra el 22,9 de Santoro y un 18,4 que dijo que votará en blanco.
La elección para la jefatura porteña aún no fue convocada por Horacio Rodríguez Larreta, aspirante, a su vez, a la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio. Salvo en 2019, por más de 20 años las elecciones porteñas se realizaron en una fecha distinta a las presidenciales. El PRO gobierna CABA desde 2007 y en 2019 conduce el distrito en alianza con Juntos por el Cambio.

5.4.2023

Según la información oficial, Alimentos y bebidas no alcohólicas promedió una suba de 9,1 %. Este aumento en el costo de vida golpea con mayor fuerza a los sectores vulnerables y de trabajadores.

El organismo estadístico de la Ciudad de Buenos Aires publicó este miércoles su Índice de Precios al Consumidor (IPCBA) que confirmó una variación mensual de 7,1% en marzo, reflejando un crecimiento en relación a la variación registrada en febrero de este año que fue de 6 %. De esta manera en los primeros tres meses del 2023 la suba del nivel general de precios en la ciudad más cara del país acumula un 21,8 %.
Durante marzo, la variación del Índice de Precios de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Alimentos y bebidas no alcohólicas, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Educación, Transporte, Salud y Prendas de vestir y calzado, que en conjunto explicaron el 77,5% del alza del nivel general.
Según la información oficial, Alimentos y bebidas no alcohólicas promedió una suba de 9,1 %, contribuyendo con 1,62 puntos a la variación mensual del IPCBA. Este viernes 14 el Indec dará a conocer los datos a nivel nacional.
El constante encarecimiento del costo de vida golpea con mayor fuerza a los sectores vulnerables, quienes destinan la totalidad de sus ingresos en consumos básicos. También a los trabajadores que ven como sus salarios pierden poder de compra frente a la suba de precios.
La inflación impacta con mayor fuerza sobre los sectores más bajos. Desde el Gobierno no hay plan para contenerla seriamente, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec trepó al 102,5% interanual en febrero. Según los datos oficiales el rubro de Alimentos y Bebidas no alcohólicas escaló un 9,8 % en febrero.
Los datos del Indec confirmaron que en el país ya hay 18 millones de pobres, afectando al 39,2 % de la población. Dentro de ellos, es preocupante que la pobreza alcanza al 54,2 % de los niños y niñas.
Las consecuencias del acuerdo con el FMI quedan expuestas. Pero el escenario podría empeorar, ya que se espera un ajuste fiscal mayor para cumplir con la meta fiscal del 1,9 % del PBI este año.

4.4.2023

Por Santiago Asorey

En el marco de un nuevo aniversario del asesinato del maestro Carlos Fuentalba en manos de la Policía Provincial de Neuquén, en la localidad de Arroyito, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) pidió la renuncia del ministro de Seguridad porteño, Eugenio Burzaco, a quien denunciaron como ex asesor de la fuerza de seguridad del ex gobernador neuquino Jorge Sobisch, señalado por su responsabilidad política en el crimen de Fuentealba. En este mismo sentido, la UTE exigió políticas de seguridad con perspectiva de Derechos Humanos y condenaron el operativo represivo realizado ayer, 3 de abril, por la Policía de la Ciudad contra trabajadores de la línea de colectivos 620.

“A 16 años de la represión que terminó con la muerte Carlos Fuentealba, desde UTE seguimos rechazando la designación de Eugenio Burzaco en el Ministerio de Seguridad de la ciudad, en reemplazo de Marcelo D´Alessandro, por tratarse de una figura caracterizada por un abordaje represivo del conflicto social”, señalaron desde el gremio.
“Burzaco fue jefe de la Policía Metropolitana, y durante su gestión se produjo la represión en el Parque Indoamericano que terminó con la muerte de tres personas, tras el desalojo de unas 350 familias. A su vez, trabajó en Neuquén asesorando a la policía del ex gobernador, Jorge Sobisch, institución responsable del asesinato del maestro Carlos Fuentealba el 4 de abril de 2007”, recordó la institución sindical. Además, recordaron los vínculos de Burzaco con un exmilitar condenado por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar y puntualizaron que “fue vicepresidente de la Fundación Pensar, donde compartía actividades con Julio Cirino, quien encabezó un grupo de tareas del Batallón 601 durante la última dictadura cívico-militar y fue condenado en 2013 por crímenes de lesa humanidad”.

El recuerdo de Fuentealba

El 4 de abril de 2007, el maestro Carlos Fuentealba fue asesinado en manos del cabo policial provincial Darío Poblete en un operativo represivo en la Ruta 22 a la altura de Arroyito, tras una protesta docente. El asesinato del docente generó múltiples marchas a lo largo de casi dos meses en toda la provincia. Las protestas lograron algunas reivindicaciones, como el aumento salarial y una pensión para la viuda del trabajador, Sandra Rodríguez, pero no se concretó el juicio político requerido al gobernador Sobisch, quien había admitido haber dado la orden de reprimir.
Por el crimen, fue condenado el uniformado, Darío Poblete, el 8 de julio de 2008, a quien se le impuso la pena de prisión perpetua por el delito de “homicidio calificado”. Posteriormente, el 12 de junio de 2011, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) denegó los recursos de Casación presentados por la querella para investigar a Sobisch como responsable político e ideológico del crimen.