Comunicadores del Sur

14.4.2023

Este sábado 15 de abril, las Consejerías de Vivienda convocan a un abrazo solidario a las 12:30, horario de su asamblea, que sostienen todas las semanas, en Plaza Garay de la Ciudad de Buenos Aires, ante los hechos de hostigamiento y persecución que vienen sufriendo por parte del gobierno de la ciudad. El 18 de marzo, dos agentes masculinos no identificados del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana abordaron a una integrante de la organización que se encontraba sola y le informaron que se quedarían en la asamblea para “ver de qué se hablaba”, finalmente se retiraron, pero un policía permaneció toda la reunión a 100 metros, mientras uniformados y patrulleros pasaban por Avenida Garay. Los hostigamientos no cesaron, se repitieron el 23 de marzo y el 1 de abril.

El 18 de marzo, las Consejerías de Vivienda, organización autogestiva y asamblearia en defensa de la vivienda digna y contra los desalojos, fue hostigada por dos agentes del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, en el inicio de su asamblea semanal, convocada en Plaza Garay. Los masculinos abordaron a una integrante de la organización que se encontraba sola, se negaron a identificarse, argumentaron que estaban fiscalizando el espacio público y que se quedarían en la reunión para “ver de qué se hablabla”. Ante la insistencia de las personas reunidas, se retiraron, pero en el trascurso de la asamblea un policía permaneció cerca y patrulleros y uniformados transitaban a paso lento por Avenida Garay. Desde las Consejerías denunciaron públicamente la situación como persecución y una violación al derecho de reunión y organización.
Los hechos continuaron. La organización informó que el 23 de marzo interrumpieron en Cobo y Curapaligüe y el 7 de abril en Casa Pringles. En ambos espacios, se acercaron patrulleros y personal uniformado sin identificar. “Lo de Casa Pringles reviste un agravante, que es el riesgo de desalojo inminente de las vecinas y cómo repercute en términos psicológicos la aparición del aparato represivo sin sentido donde habitan”
Para la organización no son nuevos estos hostigamientos, en 2021 también sufrieron situaciones similares. “Lejos de ser un caso aislado, es la cuarta Asamblea consecutiva en donde policía y/o agentes del Ministerio de Espacio Público se hacen presentes sin orden, a los fines únicos de hostigar y amedrentar a nuestro espacio. Será que nuestra demanda de poner en función social los inmuebles ociosos del Estado, o las denuncias sobre el negocio inmobiliario en la ciudad, ponen nervioso a más de uno.”
Informaron que se encuentran trabajando con abogados y organismos de Derechos Humanos para realizar las denuncias correspondientes al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, a Eugenio Burzaco, ministro de Seguridad de la Ciudad y a Clara Muzzio, ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, por “inteligencia ilegal y amedrantamiento hacia la organización”.
“Como Consejerías de Vivienda, de manera autogestiva y horizontal, acompañamos a personas y familias en situación de calle o que alquilan de manera informal y sin ningún derecho, en hoteles, pensiones y villas de CABA. También luchamos contra los desalojos que dejan día a día a personas en calle, para las que no hay ningún tipo de solución habitacional (incluídxs niñxs). Lo mismo sucede con mujeres y disidencias que, con lo puesto, huyen de situaciones de violencia de género, eligiendo la calle antes que el cajón. Básicamente, realizamos de manera solidaria y comprometida el trabajo que el estado no hace, para garantizar el derecho a la vivienda digna y definitiva. Exigimos el fin de la persecución hacia nuestra organización y solicitamos adhesión y apoyo de todo el movimiento popular en lucha. Este no es un ataque sólo a las Consejerías, sino que es una clara señal que ante una clara avanzada de la derecha y el fascismo se quiere pisotear a quienes nos organizamos por nuestros derechos.”, informaron para cerrar.
El abrazo solidario será este sábado a las 12:30 en Plaza Garay (Av. Garay y Solís, Constitución) y difundieron también un petitorio para sumar adhesiones a la denuncia. Se puede enviar firmas a través de este link: https://forms.gle/QLh3xsSmFDVZj2hw5

13.4.2023

Este jueves, el Jefe de Gobierno porteño dio a conocer un paquete de medidas referidas a los alquileres. Además de créditos para los gastos iniciales y bonificaciones del seguro de caución, la Ciudad eximirá de Ingresos Brutos a los contratos y otorgará descuentos impositivos para la construcción en determinadas zonas. En un territorio con 200.000 viviendas ociosas, estos beneficios no favorecen más que a la especulación.

Horacio Rodríguez Larreta dio a conocer este jueves, para la Ciudad de Buenos Aires, un paquete de medidas “para mejorar la situación de propietarios e inquilinos” en referencia a los alquileres. En modo campaña, se hace eco de la grave crisis habitacional que aqueja a grandes mayorías. “En todas las reuniones de vecinos siempre surge la misma preocupación: lo difícil que es encontrar un alquiler por la falta de oferta y, si lo encuentran, lo difícil y caro que resulta pagarlo”, manifestó.
Además de pedir y prometer la derogación de la Ley de Alquileres, Rodríguez Larreta anunció que desde el Instituto de la Vivienda “trabajaron en un paquete de propuestas para mejorar la situación de propietarios e inquilinos”.
El Jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente anunció los programas Garantía + fácil, el cual bonifica hasta el 70% del seguro de caución, Alquiler + Fácil, un crédito para hacer frente a los gastos iniciales y Refacción + Fácil, también créditos, pero en este caso para inquilinos y propietarios.
Por otro lado, entre las medidas que se vienen, se colaron importantes beneficios para los especuladores. Larreta informó la ampliación de la exención impositiva de ingresos brutos para contratos de alquiler, elevando el tope de la exención de $75.000 a $220.00 en hasta 3 propiedades. Pero, además, la Ciudad otorgará beneficios impositivos para la construcción en determinadas zonas.
“Vamos a dar el debate sobre el desafío habitacional de Buenos Aires, esto incluye una visión para las próximas décadas, involucra a todas las fuerzas políticas porque es un tema que trasciende al gobierno de turno y hay que transformarlo en una verdadera Política de Estado”, sostuvo al respecto el jefe de Gobierno porteño.
En un territorio con la misma cantidad de habitantes, algo más de 3 millones, tomando los dos últimos censos y 200.000 viviendas ociosas, “el debate”, si parte desde estas medidas, no apunta más que a favorecer la especulación inmobiliaria.

12.4.2023

En la tercera jornada del proceso judicial contra efectivos de la Ciudad, la profesional de la salud aseveró que siente miedo desde que sucedió el hecho. Además, declaró un jefe policial de la Federal que también complicó a los imputados.

Los testigos que desfilaron en la tercera jornada del juicio por el crimen de Lucas González, el jugador de fútbol asesinado de un balazo el 17 de noviembre de 2021 en Barracas, complicaron la situación de los 14 policías detenidos. Se trata de los agentes de la federal que participaron de los peritajes en la escena del homicidio y de las médicas que trataron a la víctima, aún con vida.
A diferencias de las primeras dos jornadas del debate, la de este martes se llevó a cabo en la sede del tribunal ubicada en la calle Paraguay al 1536, en vez de la Sala Auditorium de los tribunales federales de Comodoro Py, en Retiro.
La primera testigo fue Valeria Echeverría, médica a cargo del shockroom del Hospital Penna, quien estaba de guardia cuando Lucas fue ingresado en grave estado tras ser baleado y recordó que el paciente ingresó en estado «crítico» con un disparo en la cabeza y que vio que del cuerpo cayeron «dos elementos metálicos», que ella creyó que eran balas pero que un Policía le indicó que se trataba de casquillos, por lo que solicitó que le tomaran los datos al oficial para el posterior informe.
Ese policía, según la investigación, es Daniel Espinoza, uno de los 13 detenidos y acusados del encubrimiento del crimen de Lucas, cuya defensa pidió en la audiencia que se leyera la historia clínica del paciente, el cual se hablaba de «un elemento» que cayó del cuerpo de Lucas y no de dos, como señaló la especialista al referirse a los casquillos.
A continuación, dio su testimonio la médica del SAME Miriam Sosa, quien atendió a Lucas en el lugar de los hechos, y señaló que escuchó a un efectivo decir a otros «nadie graba, nadie vio nada» y que percibió en el lugar «un clima tenso, de mucho nerviosismo».
«Cuando llegamos vi una escena bastante impactante, no era habitual: muchos efectivos, un vehículo en que había una persona joven en grave estado. Las personas que estaban trabajando estaban muy nerviosas, se veía que no era un hecho habitual», aseguró Sosa.
Luego, recreó la escena diciendo que fue algo «de película», ya que, según ella, el policía que hizo la advertencia señaló al resto con el dedo índice mientras daba un giro de 360 grados diciéndoles «nadie filma”. A su vez, la profesional detalló que en la ambulancia viajó junto a ellos un policía y agregó que, desde que se enteró de lo ocurrido por los medios de comunicación, tiene «miedo».
También declaró en la audiencia el oficial Ariel Gastón Lamela, el chofer del por entonces comisario inspector Daniel Alberto Santana (50), imputado por el encubrimiento del hecho, donde mencionó que lo notó «muy acongojado» por lo sucedido, aunque refirió que vio a su jefe conversar con uno de los policías acusados por el homicidio, Gabriel Alejandro Issasi (41), tras el hecho.

“Venían tomando mate”

Ante los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero, declaró también el subcomisario de la Policía Federal y jefe segundo de la sección Intervenciones Judiciales, Pablo Andrés Blanco. El testimonio se extendió por una tres horas y la participación de otros testigos que estaba previstos para esta tercera jornada debió postergarse.
Blanco indicó que llegó a la escena del crimen convocado por un supuesto «enfrentamiento armado”. «Cuando llegué al lugar, había mucha cantidad de personal policial de la Ciudad. Cerca de 100 personas. Lo primero que hago es entrevistarme con un oficial jefe de la Comuna, Inca -uno de los imputados por encubrimiento- y me cuenta que una brigada de ellos venia recorriendo y advierte el paso de un Volkswagen Suran sospechoso por la avenida Iriarte. Dijo que luego que se identificaron los policías, el vehículo se dio a la fuga, embistiendo a uno de los policías y que ellos se sintieron amenazados repeliendo dicha agresión con disparos», relató Blanco, que vestía un saco gris y una corbata rayada.
A continuación, el subcomisario remarcó que recién se pudo comenzar a peritar el vehículo en el que viajaba Lucas y sus tres amigos cuatro horas más tarde, luego de recibir la correspondiente autorización judicial. Sin embargo, durante el procedimiento, Blanco señaló que observó «matices» que le hicieron dudar si la versión que le habían dado los policías porteños era tal.
«Tengo mucha experiencia en otras intervenciones. Todo el tiempo hacemos detenciones y es difícil que al toque caigan los padres del menor delincuente y quieran saber qué pasó con su hijo y con la intensidad que lo hacían», relató el funcionario de la PFA y agregó: «Era un auto sin pedido de secuestro. El conductor estaba autorizado a usarlo. Uno no va a robar con su vehículo.»
En ese sentido, Blanco indicó en reiteradas oportunidades que uno de los elementos que más llamó su atención en el auto fue un equipo de mate que tenían los adolescentes en el portaobjetos del vehículo.
«Los chicos tenían botines y parecía que iban tomando mate. Si vos vas a robar, no te vas de camping. Me hizo hacer un juicio de valor interior de que no podrían tratarse de delincuentes que quieran fugarse de la policía. Fue un pensamiento mío de ese momento porque no había una pericia que lo confirme. En 25 años de experiencia, nunca tuve una apreciación como esta», afirmó.
Además, Blanco sostuvo que el arma encontrada en el Volkswagen Suran «era de juguete”. «Cuando yo llego al lugar del hecho, no recuerdo que haya gente asomándose a la camioneta. Sí se distinguía que había un objeto en el auto. Hasta las 16, el auto estuvo en dominio de la Policía de la Ciudad. Después intervenimos nosotros, y cuando se terminó el peritaje, entre las 17 y las 18, pude ver el arma, que era una réplica», describió.

La acusación

Por el crimen de Lucas se encuentran detenidos y son sometidos a juicio desde el 16 de este mes el mencionado Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y el oficial Juan José Nieva (37) quienes, en la primera jornada del debate, los tres aseguraron que actuaron «en legítima defensa» y «en cumplimientos del deber», por lo que no cometieron «ningún delito».
En tanto, hay otros 11 policías que se los juzga por «falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas

13.4.2023

Por Martín Suárez

Hace 2 semanas ocurrió lo mismo en un colegio de Lugano. El nuevo desprendimiento se produjo en la escuela N° 15 de San Cristóbal. “Fue la caída de techo más anunciada”, manifestaron, ya que hace meses vienen reclamando su reparación.

“Hace varios meses venimos reclamando para que arreglen los problemas de humedad”, dijo un padre de la comunidad educativa de la Escuela № 15 DE 6 “Jorge Luis Chinetti” a este medio. El establecimiento educativo ubicado en el barrio de San Cristóbal sufre lo que muchos edificios escolares vienen denunciando hace años: la desidia y el abandono de la administración porteña. “Tengo entendido que la dirección de la escuela se puso en contacto varias veces con mantenimiento para que arreglen el techo”, agrega el papá de una estudiante de primer grado. Justamente, su hija, asiste todos los días al aula que sufrió el desprendimiento de parte del cielo raso este lunes. Hasta que el ministerio de Educación porteño, comandado por Soledad Acuña, no solucione el problema, las maestras decidieron trasladar el aula a la biblioteca de la escuela. Este miércoles a las 8 realizarán un abrazo al edificio para exigir una solución urgente a la falta de mantenimiento.
Las maestras fueron las primeras en ingresar al aula y se encontraron con un pedazo de mampostería en medio del salón. “Fue la caída de techo más anunciada”, dijo una fuente de esa escuela a Tiempo. En el piso superior de esa sala de primer grado, se encuentran los baños que sufren constantes pérdidas de agua.
“La Escuela viene reclamando desde hace meses el arreglo del techo que está lleno de humedad y la respuesta de infraestructura escolar es que no encuentran la pérdida”, explica a Tiempo María Isabel Grau, docente y secretaria de Asuntos Pedagógicos de la asociación docente Ademys. “Ahora los chicos están estudiando en la biblioteca, obviamente esto no genera las mejores condiciones para el desarrollo del aprendizaje. Además, el espacio de la biblioteca queda inhabilitado para el resto de la escuela porque está siendo utilizado como aula”, agrega y concluye: “Esta es la consecuencia de la reducción constante del presupuesto educativo en la Ciudad de Buenos Aires. Hacemos responsable a Soledad Acuña y al jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta y exigimos que realicen de manera urgente un plan de obras”.
En varias ocasiones, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA) se hizo presente en el lugar y pudo corroborar el estado de situación del edificio. “Esto lamentablemente no es algo que ocurra de manera aislada, es sistemático el problema de infraestructura debido a la desinversión escolar. Es algo que se repite en todas las escuelas porteñas y que las familias y docentes vienen denunciando pese a la persecución que realiza la cartera educativa”, cuenta Pablo Francisco, secretario de la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT).
Ciertamente, hace unas semanas Tiempo se hizo eco del reclamo de la comunidad educativa de Villa Lugano, por una situación idéntica. Se trata del edificio escolar ubicado en Av. Escalada al 2800, que comparten la Escuela de Educación Media EEM Nº 1 DE 13 Manuel Mujica Lainez; y la de Comercio N° 6, que funcionan en el horario vespertino y turno mañana y tarde respectivamente. El lunes 27 de marzo, tras la tormenta del fin de semana, parte del techo del hall de entrada cedió y se desprendió una luminaria de gran porte.
“Hace 16 años que el PRO gobierna la Ciudad y en ningún momento quisieron solucionar los graves problemas de infraestructura que hay en cientos de escuelas. Una de las reivindicaciones que venimos haciendo desde hace años, más allá de la necesidad de incrementar el presupuesto educativo, es que la Ciudad escuche y atienda los reclamos de la comunidad educativa que son los que denuncian a diario estas situaciones”, agrega Francisco. Por último, el maestro y dirigente sindical, convocó a toda la comunidad educativa a realizar un abrazo a la escuela. “Las familias y docentes organizaron una jornada de visibilización para este miércoles a las 8 de la mañana, en Estados Unidos 3141 antes del inicio de las clases. Tenemos que estar todos para reclamar la solución inmediata de los graves problemas edilicios que tiene ese lugar”.

Otra escuela, pero la historia se repite

En mayo de 2022 podría haber ocurrido una tragedia. A minutos del inicio de la jornada lectiva, se desmoronó una pared del patio de la Escuela N° 8 D.E. 10 del barrio de Belgrano. Paradójicamente, el hecho se produjo pocas horas después de que la titular de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, presentara su libro en La Rural titulado: “El día que ir la escuela fue noticia”, donde destaca, entre otros aspectos ocurridos en plena pandemia, su gestión al frente de la cartera educativa.
En aquel momento, Tiempo se puso en contacto con la cartera educativa para conocer su versión de los hechos. Dijeron que “el Ministerio de Educación porteño actuó de manera inmediata enviando al equipo de mantenimiento, que retiró los escombros y el resto de la mampostería”, en el mismo sentido destacaron que “en el último tiempo, la Dirección General de Mantenimiento Escolar realizó 8 visitas a la escuela para realizar diferentes trabajos, entre ellos la impermeabilización integral del edificio, la instalación de un nuevo portón de ingreso al jardín con portero eléctrico y reparaciones por vandalismo, entre otras cosas”.

11.4.2023

Por Gabriela Figueroa

Qué dice la denuncia y cuál es la situación actual dentro del Agote por apremios ilegales contra un adolescente de 17 años, ocurrida el 24 de marzo en el Centro de Régimen Cerrado de la Ciudad. Se señala que Mónica Yurich estaba en conocimiento de lo que ocurría, pero aun así no intervino e intentó desacreditar el informe con una médica de su confianza.

“No pasaba nada”, esa fue la respuesta de la directora del Centro de Régimen Cerrado Dr. Luis Agote, Mónica Yurich cuando el personal civil la alertó, justamente el 24 de marzo, de que se escuchaban gritos de un adolescente en la requisa.
“No pasaba nada”, le dijo también por teléfono al médico que, más tarde, constató las lesiones del joven y la llamó para explicarle lo sucedido. Incluso fue censurado por ella, quien ese mismo día citó a otra médica de su confianza para que realizara un nuevo informe indicando que las lesiones que el adolescente presentaba eran de larga data. Así consta en la denuncia asentada el 31 de marzo pasado ante la Asesoría Tutelar de la Ciudad N° 4, a cargo de la Dra. Norma Sas.
Tal como este medio dio a conocer hace unos días, en el Agote se denunciaron apremios ilegales contra un adolescente de 17 años. La investigación se encuentra rodeada de un fuerte hermetismo. A pesar de numerosos intentos, no se logró obtener la palabra oficial del director General de Responsabilidad Penal Juvenil, Nicolás Echarri, de la directora Yurich ni tampoco de la asesora tutelar, Sas. Sin embargo, algunos detalles del escrito de denuncia dan cuenta no solo del hecho de violencia en sí mismo sino de la política institucional implementada por la directora de la institución.

Una secuencia de responsabilidades

La revisación médica que originó la denuncia se llevó a cabo alrededor de las 13 horas del 24 de marzo pasado. Según consta, la enfermera señaló que las lesiones que se observaban en el cuerpo del adolescente no estaban allí cuando ingresó desde el Centro de Admisión y Derivación (CAD) ese mismo día a las 11 de la mañana.
Acorde a lo denunciado, dos testigos llamaron al equipo de salud diciendo que “habían escuchado gritos desgarradores del adolescente entre las 11 y las 13 horas, momentos en los cuales estuvo a solas con personal de seguridad”. Por este motivo, el equipo de salud asentó en los formularios correspondientes que sospechaban la existencia de vejaciones, posibles torturas y violencia institucional.
A la gravedad de los hechos hasta aquí reseñados, se le suma el pleno conocimiento de la situación por parte de la directora del Agote, Mónica Yurich, y su presunto accionar tendiente a tapar lo sucedido. Es que, conforme surge de las actuaciones obrantes ante la Asesoría Tutelar, la funcionaria tuvo conocimiento de lo sucedido al momento en que ocurrió. La directora “había estado presente en el momento en que se escucharon los gritos del adolescente debido a que el personal civil la había puesto en conocimiento de la situación, aunque había expresado que no pasaba nada”. Horas más tarde, cuando el personal médico asistió a la víctima y la llamó por teléfono ya que no se encontraba en el edificio, respondió con censura e incluso convocó a una médica de su confianza para que realizara un nuevo informe, contrariando las conclusiones del primero. En ese segundo informe debía constar que las lesiones tenían larga data.
“Lo que pasó el 24 de marzo dejó de manifiesto una manera sistemática de funcionar de un dispositivo que no venía funcionando de esa forma, tenía otras falencias. Mónica Yurich está (como directora) hace cuatro o cinco meses e hizo un cambio muy grande respecto a las maneras de intervenir con los pibes”, dice una delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del dispositivo Agote.
“Hay una clara preponderancia en la tarea de los empleados de seguridad, donde a los operadores se los corrió de un montón de instancias de acompañamiento como en el ingreso o en los cambios de sector. La presencia del personal civil garantiza que la intervención sea socioeducativa, esto pasó a un último plano”, asegura.
La delegada afirma que, no obstante, no son ciertos los dichos trascendidos a este medio por parte de otras fuentes del Agote, que afirman que los adolescentes no pueden mirar a la cara a los funcionarios y tienen que permanecer con las manos hacia atrás. “Sí hay momentos en donde, tal vez, entra algún directivo y les piden que se formen, pero esas son prácticas de la directora que está ahora particularmente, no es una política de los dispositivos penales, sí lo fue durante un tiempo y trabajamos mucho para que eso se dejara de hacer”, aseveró.
Asimismo, comentó que los adolescentes no almuerzan ni cenan con los operadores ya que es su momento de descanso y que el Agote no les incluye las comidas, lo que es motivo actual de reclamo: “solo se le garantizaba las raciones de comida a quienes cumplían guardias de 12 horas en pandemia y después se dejó de hacer”.

No a la autoevaluación

Después de la denuncia por apremios ilegales, el Director General de Responsabilidad Penal Juvenil, Nicolás Echarri (oficina de la cual depende el Agote) decidió intervenir de forma temporal la institución y se trasladó con su equipo a cumplir tareas en el lugar.
Al respecto, la delegada de ATE del Agote expresó: “nos preocupa que el director Echarri se haya instalado en el Agote después de esta situación como manera de intervenir, le venimos planteando que esa no es una intervención, no puede autoevaluarse, tiene que venir alguien de afuera que sea garante de que lo que está sucediendo ahí está (conforme) a derecho”. Asimismo, manifestó que “tienen que abrir sumarios, es la única manera de abrir una línea de investigación interna, no se resuelve con él instalado al lado de la directora que puso él, que es de su línea política”.
Según contó la delegada, el personal médico involucrado continúa en el puesto de trabajo, aunque surge de la denuncia que el médico fue enviado a dar apoyo a los equipos de salud de otros institutos. En cuanto al personal de vigilancia denunciado, informó que no se encuentra de licencia, sino que está cumpliendo tareas sin contacto con los adolescentes. “Es una práctica que utilizan en penal, si hay una situación de conflicto, corro al conflictivo (de lugar) hasta que se apacigua y después esa persona sigue haciendo de las suyas, pero en otro lado, es lo que está pasando con estos tres empleados”. En este sentido, resaltó que “hay una situación de conflicto más grande que tiene que ver con las situaciones de violencia, de maltrato no solo hacia los pibes sino también hacia los trabajadores”. Y concluyó: “no puede quedar impune, tiene que haber consecuencias tanto con los empleados de seguridad como las direcciones que avalan esta manera de trabajar en particular”.