Comunicadores del Sur

18.4.2023

El ministro de Seguridad de CABA afirmó que “para junio o julio, cuando la gente esté entrenada y capacitada las vamos a tener operativas”. Serán 150 pistolas Taser en manos de las fuerzas represivas porteñas. Esta iniciativa es posible, luego de que el Gobierno nacional le diera el permiso para su importación el mes pasado.

En la mañana de este martes, Eugenio Burzaco, ministro de Justicia Seguridad porteño confirmó la implementación de las pistolas Taser para «junio o julio». “Hay que instalarlas en lugares con mucha concentración de personas, como estaciones de trenes o de subte” afirmó en declaraciones a Radio La Red. A la compra de 90 Taser que llegarán en abril, se le suman otras 60. En total, el Gobierno de Rodríguez Larreta dispondrá de 150 pistolas.
Como vemos, el Gobierno porteño planea habilitar las pistolas Taser en el subte, mientras junto con la concesionaria Emova, desoyen a los trabajadores que reclaman hace años la desasbestización de la red de subterráneo.
El gobierno de la Ciudad avanza así en su iniciativa represiva, luego de obtener en marzo el permiso del gobierno nacional mediante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) para la importación de pistolas eléctricas.
La implementación de las taser es uno de los puntos de la agenda derechista que reclaman reconocidos promotores de la mano dura, desde Patricia Bullrich y los libertarios como Milei, hasta funcionarios oficialistas como Aníbal Fernández, Sergio Berni y Leandro Santoro. Sin embargo, son muy cuestionadas tanto por su letalidad como por ser usada en torturas, tal cual lo señala la ONU y denuncian organismos y referentes de los derechos humanos.

17.4.2023

Este lunes entre las 21:00 y 22:00 se liberarán los molinetes en las cabeceras de las líneas B y C del subte y a partir de las 22:00 comienza un paro hasta el cierre de las líneas. Claudio Dellecarbonara denunció: “Emova miente. A partir de nuestra denuncia se acercó un pasajero afectado por asbesto. Peleamos por nuestra salud y la de los pasajeros”.

Este lunes entre las 21:00 y 22:00 los trabajadores del subte liberarán los molinetes en las estaciones Alem y Rosas de la línea B y Constitución y Retiro de la línea C. A partir de las 22:00 y hasta el cierre paralizaran ambas líneas como parte de las medidas que vienen realizando por la reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales con dos francos y por la desasbetización total del subte.
“Estas nuevas medidas son continuidad del plan de lucha en reclamo de la reducción de la jornada laboral semanal que permita atenuar el grado de exposición de los trabajadores a los factores insalubres y dañinos para la salud presentes en nuestro ámbito de tareas cotidiano. También con estas acciones seguimos denunciando la presencia de material cancerígeno en toda la red y exigiendo la desabestización integral de la red y el urgente cambio de las flotas contaminadas en las líneas B, C y E”, nos comenta Claudio Dellecarbonara, integrante por la minoría del secretariado de la AGTSyP.
Mientras desde la empresa Emova (Ex Metrovías) del Grupo Roggio sale por los medios mintiendo, los trabajadores del subte siguen, lamentablemente, demostrando que tienen la razón. Sin embargo, en los dichos de la empresa se deja entender que aún siguen con la eliminación del asbesto en el subte. Hace 5 años que la empresa no completó el plan de desasbestización, mientras ya hay tres trabajadores fallecidos por asbesto, más de 80 trabajadores afectados y millones expuestos a este, prohibido material cancerígeno.
Claudio nos hace recordar “que además de la ley nacional vigente existe un fallo de la justicia porteña que ordena a la empresa y al Gobierno de la Ciudad a retirar el material cancerígeno y a evitar que las personas tomen contacto con él. La propia ART contratada por la concesionaria reconoce el riesgo asociado a la presencia de asbesto en la red, incluye a los trabajadores en el RAR (Relevamiento de Agentes de Riesgo) y extiende certificaciones a los afectados por el cancerígeno prohibido especificando su origen”. Los trabajadores fueron los primeros en denunciar esta grave situación, mientras la empresa lo ocultaba y fue reconocido por la justicia.
Como parte de las medidas de fuerza en defensa personal los trabajadores del subte siguen denunciando la situación de insalubridad que se vive bajo tierra. Además, exigen la reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales con dos francos para que se respeten las 6 horas de trabajo por insalubridad como indica la ley y así estar menos expuestos a la contaminación en el subte. Por tal motivo Dellecarbonara llama “a los usuarios del subte, vecinos de la red y a todos aquellos que entiendan la gravedad de esta crisis sanitaria bajo tierra a sumarse a nuestra campaña de denuncia y a exigir junto a los trabajadores la desasbestización de la red de subterráneos”-

17.4.2023

Por Martín Suárez

A pocos meses de las elecciones nacionales, el jefe de gobierno porteño Rodríguez Larreta busca asegurar su camino a la presidencia. Por esta razón, aseguran del entorno del mandatario, necesita acentuar su campaña electoral “en lo discursivo” y conocer el “impacto que tendrá en la sociedad cada una de sus exposiciones mediática”. Para ello, en las últimas horas el ejecutivo local difundió una licitación pública millonaria para que la empresa beneficiada releve al menos dos puntos estratégicos: qué es lo que necesita escuchar el electorado, datos que obtendrá mediante la realización de casi 300 focus group; y una encuesta telefónica que tantee su imagen positiva mediante la realización de 110.000 llamadas a teléfonos personales.

El muevo gasto millonario, se da en el marco del reclamo de la comunidad educativa que exige mantenimiento en la infraestructura escolar, ante la caída de techos y mampostería en diferentes escuelas porteñas; y el pedido urgente de desinfestación y desinfección de los edificios escolares por la aparición de ratas y alacranes.
Este fin de semana, el ejecutivo porteño difundió la Licitación Pública N° 623-0418-LPU23 para la Contratación del Servicio de Realización de Estudios de Opinión Pública. El monto destinado para este nuevo testeo del electorado será de $230.600.000. La apertura de los sobres con las propuestas de los distintos oferentes será el próximo 3 de Mayo a las 14:00 horas.
La empresa beneficiada con esta licitación millonaria tendrá a su cargo ‘’diseñar el plan de estudios cualitativos y cuantitativos de opinión pública; los procesos de investigación participativos y multidisciplinarios para efectuar una comunicación eficiente y relevante de las actividades, servicios y acciones de gobierno”, entre otros puntos. En el anexo licitatorio se encuentra la guía para cotizar el estudio cuantitativo, donde se detallan las diferentes instancias y modalidades de esta encuesta de campaña, donde se pide detallar el precio unitario de casi 110.000 llamadas telefónicas y de 297 Grupos Focales, más conocidos como focus group.

Campaña sí, escuelas no: Larreta proselitista

El desembolso millonario en esta nueva encuesta de campaña ocurre mientras cientos de escuelas porteñas tienen problemas edilicios: falta de ventilación, caída de mampostería y techos, deterioro en el cableado eléctrico, y carencia de insumos elementales como tiza, hojas, borradores y diferentes utensilios escolares; pero también se da en el marco de la presencia de diferentes plagas como cucarachas, ratas y la aparición de alacranes en algunas instituciones educativas. Basándonos sólo en información oficial, al comparar lo gastado por el jefe de gobierno en la nueva encuesta de campaña, la cifra equivale a un arreglo profundo en la infraestructura y desratización en más de 3 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.
Así lo determina los costos publicados en una de las últimas licitaciones públicas (la N° 558-0159-LPU22) realizada sobre finales de enero de este año. En la misma se solicita trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, los trabajos de obra de mantenimiento, las tareas de Saneamiento, la desinfestación y desinfección en al menos 26 escuelas públicas de la Comuna 15 por un valor de $ 1.794.520.892,08. Según la información oficial, estos trabajos sobre cada escuela tienen un costo promedio que ronda los 69 millones de pesos ($69.020.034).

Gastos millonarios en encuestas que se repiten

Durante las elecciones intermedias del 2021, el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta gastó casi 21,5 millones de pesos. En ese momento, realizó nueve contrataciones entre los meses de mayo y julio, con el objetivo de sondear la opinión pública da cara a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La información se desprende de una publicación realizada en el portal Infobae, que obtuvo mediante un pedido de Acceso a la Información Pública hacia la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.
Entre mayo y julio de este año se realizaron nueve contrataciones para llevar a cabo sondeos en el marco de la campaña electoral. Los mismos fueron encargados por la Dirección General de Opinión Pública, Ministerio de Cultura, el Ente de Turismo de la Ciudad y la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Tres meses antes del inicio de la campaña electoral, el gobierno porteño contrató 11 estudios de opinión pública por un 21.359.445 de pesos. Una de las empresas contratadas, es la consultora Inversora Boroca SA, la cual obtuvo dos contratos por un total de 4.321.143 de pesos. La misma es manejada por Gandhi José Espinosa Tinajero y Guillermo Garat, ambos muy allegados a Durán Barba.
Los sondeos tuvieron que ver con las decisiones que tomó el gobierno porteño, en especial, durante la pandemia por el Covid 19. El Gobierno de Larreta también contrató a la firma Julio Francisco Aurelio SA, que terminó siendo la más beneficiada con sus sondeos, y obtuvo tres contratos que le permitieron recaudar un total de 6.756.813 de pesos. Al igual que con la anterior firma, también se sondeó sobre el manejo de la pandemia y sobre el plan de vacunación contra ese virus.
Isonomía Consultores SA es la tercera consultora que más fue contratada por el gobierno local: sumó tres pagos por un total de 4.813.394 de pesos. Se encargó de recoger opiniones sobre el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y, por otro lado, cómo evalúan los porteños la administración del Gobierno en materia de género. Otros de los contratados en los meses pre electorales fueron para Opinaia SA, por 2.254.396 de pesos; El Quinto Elemento SAS, por 1.613.00 de pesos; y Poliarquía, por 1.600.000 de pesos.

16.4.2023

Julio Pérez y Juan Balconi

Fue en la Facultad de Ciencias Económicas. La mandataria de EE.UU. dictó una conferencia donde pidió a los argentinos “soportar el dolor” para crecer. Emiliano Yacobitti, vicerrector y diputado de Cambiemos, rescató el “debate y exposición de ideas”. Más que debate, subordinación.

El viernes 14 de abril, la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman realizó una conferencia a propósito de los “200 años de las relaciones entre Estados Unidos y Argentina” acompañada por el embajador en Argentina Mark Stanley. Fueron recibidos calurosamente por el vicerrector de la UBA y diputado nacional de Cambiemos, Emiliano Yacobitti.
La mandataria declaró que “la Argentina puede salir adelante si los ciudadanos soportan el dolor a corto plazo”. A tono con los clásicos pedidos de ajuste del FMI en un país donde la pobreza infantil alcanza a más de la mitad de los menores de 15 años.
El vicerrector rescato de la conferencia que “el debate y la exposición de ideas resulta relevante y prioritario a la hora de educarnos”. Lo hizo en una facultad donde las autoridades vienen de reformar recientemente de forma inconsulta el plan de estudios de la Lic. en Economía. Eliminando la materia Geografía del ciclo obligatorio, una de las pocas materias críticas al extractivismo y su impacto socioambiental.
Cuesta olvidarse de las recientes declaraciones de la Jefa del Comando Sur estadounidense sobre los intereses yanquis en las explotación del litio y recursos energéticos en nuestro país. Más que debates de ideas, acatamiento de órdenes.
No solo en lo ideológico, sino también en lo material, el rectorado viene de votar, con el apoyo del peronismo e incluso la Cámpora, el recorte a las obras sociales de los docentes. Un ajuste que profundiza la precarización de la educación en una universidad sostenida mayormente con docentes no pagos bajo la figura de “ad honorem”.
La situación es clara, ante los problemas cada vez más graves de Argentina, Estados Unidos y el FMI siguen planteando las mismas recetas, de ajuste y robo de los recursos naturales, políticas que son responsables del atraso y la dependencia en las que hoy se encuentra sumergido el país.
Esta visita se da en el marco del pedido del ministro Sergio Massa, de relaciones estrechas con los EE UU, de “auditoría” de la FCE UBA a su medida que obliga a pesificar la tenencia de bonos en la Anses, ante los públicos repudios de las organizaciones de la tercera edad. Una medida a favor de la sed de dólares de bancos y especuladores.
Ejemplos como el anterior cada vez se replican más y con mayor frecuencia. El año pasado el gobierno del Frente de Todos sugirió usar las universidades para controlar planes sociales. A esto hay que sumarle los múltiples negocios y convenios con empresas multinacionales contaminantes como Monsanto y la Facultad de Agronomía, Shell con la Facultad de Exactas, Santander Río con la Facultad de Económicas, etc.
Hay dos modelos de universidad en disputa. Una está al servicio de los yanquis, el FMI y las multinacionales. Otra al servicio de la clase trabajadora y los sectores populares.

14.4.2023

Por Martín Suárez

Mientras la comunidad educativa porteña reclamaba la institucionalización de estos Centros, el Ministerio decidió tirar abajo una sede.

En los últimos años, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires profundizó el vaciamiento en todos los sectores de la educación, especialmente, en la educación especial. En diciembre del año pasado, el ministerio de Educación porteño que comanda Soledad Acuña, demolió la sede de un Centro Educativo Interdisciplinario (CEI) del distrito escolar 13. Estos espacios son instituciones que funcionan en los diferentes distritos escolares donde no hay Escuelas Integrales Interdisciplinarias. Los CEI coordinan a maestros y maestras de apoyo pedagógico que brindan atención en escuelas comunes de nivel inicial, primario y secundario. Casualmente, estos centros, se encuentran mayoritariamente en los distritos de la zona sur de la Ciudad donde el gobierno de Rodríguez Larreta se niega a construir Escuela Integrales Interdisciplinarias, en los distritos 7.º, 11.º, 13.º, 15.º y 19.º. Esto representa otro ajuste en educación especial, un sector que en los últimos años, sufrió persecución judicial, expropiación y fusión de edificios, y una baja sistemática en el presupuesto.
“Desde hace muchos años venimos luchando para que estos CEI se institucionalicen, es decir, transformarlos en una institución con sede propia, con un equipo de conducción, con planta orgánica funcional propia y que no dependa de una escuela, dado que actualmente los CEI que quedan no tienen presupuesto propio y tienen como coordinadora a una vicedirectora”, explica a Tiempo Jorge Godoy, secretario de educación especial de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA). Pese al reclamo sostenido de la comunidad educativa, la Ciudad no solo se negó a institucionalizar esos centros, sino que, en diciembre pasado, tiró abajo el CEI del distrito 13.
“Lamentablemente desde el área de especial no hay ninguna intervención para que la sede se reconstruya o para que se le asigne una nueva. Este es el verdadero interés que tiene el Ministerio de Educación de la Ciudad sobre el sistema educativo. Ellos hablan de inclusión, de trabajo en territorio, pero cuando tienen que invertir en lo territorial miran para otro lado. Lo mismo de siempre, puro marketing, mucho discurso, pero la inclusión real es un verso para este gobierno”, suma Godoy.
La propia cartera educativa reconoce la importancia de los CEI y destaca en su página web que “sus intervenciones están orientadas a evitar el fracaso escolar y la deserción en la escuela común, a acompañar y facilitar los procesos de inclusión educativa, así como a intervenir para mejorar las propuestas de enseñanza”.
“Los CEI se encuentran justamente donde no hay Escuelas Integrales Interdisciplinarias y casualmente son los distritos del sur donde se necesita mucha intervención en educación especial. Esta demolición que hizo el Ministerio de Educación se inscribe en el contexto de hacer desaparecer la educación especial. Demoler el espacio es de alguna manera, tanto desde lo real como desde lo simbólico, una demostración de eso”, agrega el docente e integrante de la comisión directiva de UTE y termina, “es por eso que este viernes a las 12, vamos a realizar un abrazo al lugar donde se encontraba el CEI, en calle Basualdo al 3100”.

Un vaciamiento constante sobre educación especial

En la Ciudad hay apenas 56 instituciones de educación especial, insuficientes frente a la alta demanda de vacantes todos los años. Pero no se crean más lugares. Durante su primer mandato, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta mantuvo prácticamente congelado el presupuesto para el área, e incluso bajó su incidencia sobre el presupuesto total de Educación del 3,7% al 3,6% en su segunda gestión. Desde hace 9 años dejaron de enviar a las escuelas especiales los libros de texto, de literatura y materiales didácticos que recibían estudiantes de inicial y primario. Lo mismo con los materiales específicos para estudiantes ciegos y sordos, como textos en braille, en lengua de señas Argentina español, máquinas Perkins para escribir en braille o las hojas especiales.
En los últimos diez años, la modalidad de Educación Especial en CABA tuvo cinco directoras, y la mayoría no provenía de este ámbito educativo. Según varios especialistas, esto genera que las políticas educativas para el sector hayan sido escasas o nulas, y la sensación desde nuestra gestión es siempre un ‘volver a empezar’. Las y los docentes del sector tiene que volver a explicar una y otra vez a funcionarios y asesores qué es lo que hacen en las escuelas. Una lógica que, evidentemente, impacta en la tarea diaria y en el fortalecimiento de la modalidad.

El antecedente de Macri

El ajuste en Educación Especial parece ser una marca del PRO. Cuando era presidente, Mauricio Macri quitó los fondos destinados a las prestaciones privadas, donde asisten unas 30.000 personas con discapacidad. Se desentendió del manejo del programa Incluir Salud y descentralizó su presupuesto en las provincias. La inversión mensual en el área de institutos privados era de 700 millones de pesos y otros 150 millones para abonar las prestaciones de pensiones no contributivas. Pero las prestaciones corrientes y complementarias se dejaron de abonar en 2017 y 2018. En su momento, Carlos Alberto Muñoz, presidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales, aseguró que no podían “afrontar las obligaciones elementales: la educación inclusiva solo tiene éxito con recursos humanos adecuados y presupuestos acordes. El tiempo perdido no se recupera, sobre todo en esta población tan vulnerable”.