Comunicadores del Sur

17.3.2023

Por Daniel Satur

Con una masiva concentración de amigos y vecinos de la familia del joven asesinado en noviembre de 2021 en Barracas, comenzó en Comodoro Py el juicio oral y público contra 14 miembros de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Qué se dijo afuera y adentro de la sala y cómo seguirán las audiencias.

Este jueves comenzó en los Tribunales de Comodoro Py el juicio oral y público contra 14 policías de la Ciudad de Buenos Aires por el crimen de Lucas González, ocurrido el 17 de noviembre de 2021. Fue la primera de once audiencias que, con fechas ya preestablecidas, durarán hasta el 11 de julio. El juicio está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 25 de la CABA, integrado por los jueces Hugo Navarro, Ana Dieta de Herrero y Marcelo Bartumeu Romero.
La primera audiencia estaba convocada para las 9 de la mañana. Previo al ingreso de familiares del joven asesinado, de periodistas y público en general, un centenar de amigos y vecinos de Florencio Varela (ciudad donde vive la familia González) se concentraron en las puertas de los Tribunales para reclamar verdad y justicia por Lucas. Entre las y los presentes se veían remeras con la imagen del adolescente jugador de Barracas Central, contra el gatillo fácil y algunas con la frase “me fui a jugar al cielo, má!!!”.

“La única arma que tenía Lucas eran sus botines”

Antes de ingresar a la sala de audiencias Héctor “Peka” González, papá de Lucas, dio algunas palabras ante periodistas y manifestantes. Lo acompañaba su abogado y parte de la familia. “Toda la vida vamos a tener este dolor, porque a nosotros nos mataron en vida”, dijo el hombre entre lágrimas. Luego extrajo de su bolso ropa de su hijo y la exhibió mientras denunciaba: “Como demostró la Fiscalía, ellos les plantaron un arma para que parezcan culpables, pero la única arma que tenía mi hijo era un par de botines y dos canilleras”.
González agregó que no llegaba “con un libreto”, sino “con el corazón y con la verdad” de lo que le tocó vivir. “Es una tortura, una pesadilla, quiero que recuerden a Lucas como era, como un jugador de fútbol. Desde los cuatro años que pisamos juntos una cancha, estuvo en Racing, Defensa y Justicia y después en Barracas, dónde encontró su lugar y su muerte”, sentenció el “Peka”.
El padre de Lucas volvió a reivindicar y agradecer la organización de vecinos y amigos, fundamental para sostener la lucha por juicio y castigo a los culpables y para abrazar solidariamente a la familia en este año y cuatro meses. “Acá le tocó a mi hijo, pero podría haber sido cualquiera, así es el gatillo fácil”, dijo. Y manifiesta estar convencido de que, de no ser por esa movilización colectiva desde el barrio contra el accionar represivo de las fuerzas policiales, el crimen de Lucas no sólo no tendría esta visibilidad sino que probablemente nunca se hubiera podido demostrar la maniobra encubridora de la Policía y los asesinos no estarían hoy en el banquillo de los acusados.
El abogado de la familia, Gregorio Dalbón, dijo brevemente que “nunca había visto un caso así en los últimos 40 años de democracia”. Se refería al nivel de impunidad de la Policía porteña al momento de “armar” una causa con la que se quiso hacer pasar el asesinato como producto de un “enfrentamiento”. Y reclamó “justicia para que quede jurisprudencia de lo que es el odio racial, porque a Lucas lo mataron por su color de piel”.
En rigor, tal como lo viene informando La Izquierda Diario desde hace años, casos como el de Lucas abundan en la historia reciente y no solo en la Ciudad de Buenos Aires. De hecho durante los días en que se produjo el crimen de Lucas, en la provincia de Buenos Aires la Policía asesinó a Alejandro Martínez en San Clemente y a Luciano Olivera en Miramar, con maniobras y metodologías similares a la fuerza porteña.

“Ustedes nos sacaron a Lucas”

Cerca de las 10 de la mañana arribaron a Comodoro Py los catorce policías procesados. Lo hicieron en combis del Servicio Penitenciario Federal que se estacionaron a metros de la manifestación. Sólo con las rejas como separación, parte de las y los manifestantes descargaron su bronca gritándoles “asesinos”, “gatillo fácil” y “nos sacaron a Lucas”. Mientras, los policías iban descendiendo de los móviles y eran conducidos a la sala de audiencias.
El oficial inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nieva están acusados de ser coautores de “homicidio agravado por alevosía, por placer, por odio racial, por premeditación y por ser miembros de una fuerza policial”. Y también por “homicidio en grado de tentativa” en perjuicio de Joaquín Zúñiga, Julián Salas y Niven Huanca, los tres amigos de Lucas que viajaban junto a él aquella mañana de noviembre. En este caso se agrega el agravante de haberlos detenido ilegalmente tras el ataque a tiros y haber cometido “falsedad ideológica” al intentar fraguar el crimen como un “enfrentamiento”. Por esos cargos deberían recibir prisión perpetua.
A su vez otros once policías son juzgados por “encubrimiento agravado, privaciones de la libertad agravadas y falsedades ideológicas”. Ellos son el comisario inspector Daniel Santana, los comisarios Rodolfo Ozán, Fabián Du Santos, Ramón Chocobar y Juan Romero; el subcomisario Roberto Inca, el principal Héctor Cuevas y los oficiales Sebastián Baidón, Jonathan Martínez, Ángel Arévalos y Daniel Espinosa.
Primera audiencia
Pasadas las 10 la sala “AMIA” de Comodoro Py (así bautizada porque se estrenó con el juicio por el atentado a la mutual judía de 1994) estaba llena. Además de los acusados y su abogado Fernando Soto (socio de Patricia Bullrich y defensor de uniformados con pesados prontuarios, ver acá y acá) de la querella (el papá de Lucas y los tres jóvenes) y del fiscal Guillermo Pérez de la Fuente, estuvieron presentes funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y los padres de Zúñiga, Huanca y Salas. Detrás del vidrio, periodistas y más seres queridos de las víctimas.
Como es de rigor, primero los jueces del TOC 25 ordenaron que se diera lectura de los hechos y los cargos que pesan sobre los 14 imputados. Ante la exposición de detalles escabrosos, tanto el papá como los tres amigos de Lucas decidieron abandonar momentáneamente la sala.
Por su parte el doctor Soto, tal como suele hacerlo cada vez que defiende a asesinos de uniforme, aprovechó para pedirle al Tribunal que considere “nulos” los testimonios de la querella, exigir “pruebas balísticas y accidentológicas” y anticipó que sus defendidos no responderán preguntas. Una estrategia de manual para buscar empiojar al máximo el inicio del proceso.
Tras un cuarto intermedio, declararon los tres acusados más comprometidos. Gabriel Issasi buscó escuetamente sacar “chapa” de policía bueno. “Solamente tengo que aclarar que poseo veinte años de servicio como funcionario público, ejerciéndolo en el ámbito de la Policía. Pertenecí a tres fuerzas diferentes, a la Policía Bonaerense, a la Metropolitana y a la de la Ciudad. En todas fui un oficial condecorado y ejercí mi función”. Del crimen que cometió, ni una palabra.
Lo propio hizo Juan José Nievas, quien recordó que ingresó a la Policía en 2014. Pero en su caso dijo que aquel 17 de noviembre de 2021 ejerció su “legítima defensa” y no cometió “ningún delito”. Y Fabián López, a su turno, aseguró haber “cumplido con su deber” y también haber ejercido su “legítima defensa”.
Ante tamaña provocación de los criminales, desde el sector del público se calentó el clima y se escucharon duros insultos contra los acusados. “¡Asesinos!”, escucharon los policías sentados en el banquillo y sus abogados defensores.
La próxima audiencia se realizará el martes 28 de marzo. Seguirán otras nueve el 11 y 20 de abril, 2, 9 y 23 de mayo, 6, 15 y 29 de junio y 11 de julio.

17.3.2023

Por Gustavo Sarmiento

La Cámara de Apelaciones falló a favor de Larreta y avaló el emprendimiento que ocupará casi 900.000 m2 frente al Río de la Plata, en uno de los últimos espacios posibles para que haya una costa ribereña pública. Se profundiza el déficit habitacional en CABA.

Finalmente, y como era de prever cada vez que algún gran tema que atañe al Gobierno de la Ciudad se trata en la Cámara de Apelaciones porteña, salió el falló en favor de la administración de Horacio Rodríguez Larreta convalidando el convenio urbanístico con la empresa en bienes raíces Inversiones y Representaciones S.A. (IRSA). Se trata del complejo Costa Urbana en la Costanera Sur, uno de los últimos accesos que podían ser públicos al río. El otro, en el norte, en lo que fue Costa Salguero, también se privatizó.
En ambos casos, para justificarlo, Ciudad arregla una «contraprestación» del privado: que deje unas hectáreas para espacio verde, aunque no se aclara cómo, dónde ni para quiénes será.
En este caso, el llamado Barrio IRSA tendrá torres de hasta 45 pisos con 9000 unidades de vivienda. Además, habrá oficinas, comercios, escuela y sanatorio (no se sabe si públicos o privados), y el mencionado parque público.
Para lograrlo, el gobierno porteño modificó la normativa y así habilitar la construcción de edificios frente al Río de la Plata. Terrenos inundables y ganados al río, en épocas donde se discute las inclemencias del cambio climático.
Según había anunciado el presidente de la desarrolladora, Eduardo Elsztain, el emprendimiento tendrá una inversión de US$1800 millones y se hará en un plazo de entre 15 y 20 años. La construcción abarcará unos 895.000 m².
“Apuntamos al público que hoy vive en Buenos Aires. Estamos pensando en un desarrollo de 15.000 o 20.000 habitantes. No es un target triple A, sino que va a estar dirigido a la clase media de la ciudad”, señaló el presidente de la empresa, dueña de varios shoppings en el país.
Lo curioso, o paradójico, es que lo harán en un distrito que en 30 años apenas creció en población. Y es justamente la clase media y media-alta la que (sobre todo a partir de la pandemia) está emigrando de la Capital hacia el segundo o tercer cordón del conurbano, o incluso más hacia el interior bonaerense. Pinamar, General Rodríguez y San Vicente fueron los tres distritos que más crecieron en la última década, de acuerdo al Censo 2022. Y en su mayoría, gracias a la llegada de habitantes porteños.
Mientras tanto, en CABA aumenta la población en barrios vulnerables, que no va a ser precisamente a la que apunte el Barrio IRSA. Tampoco las otras torres avaladas por el gobierno porteño, como en Retiro, Colegiales, Caballito y Barracas, tienen completa su capacidad. Mientras los servicios de esos barrios se saturan, porque no estaban preparados para recibir mayor población. Desde agrupaciones de inquilinos, opositores y organizaciones sociales denuncian que estos proyectos inmobiliarios buscan fines especulativos inmobiliarios que inciden sobre el valor y oferta de viviendas en una Ciudad con un marcado déficit habitacional.

Pasado, presente y futuro

En los terrenos de IRSA se iba a llevar a cabo la Ciudad Deportiva de Boca Juniors, pero nunca se concretó y quedó en la nada. En 1991, la sociedad Santa María del Plata le compró el predio a Boca por US$22 millones. En 1997, IRSA los adquirió por US$51 millones. Nunca pudo desarrollar el proyecto del barrio privado, hasta que hace un par de años la administración larretista le dio la venia y avanzó en el cambio de normativa que lo habilitara.
La Legislatura porteña aprobó el proyecto casi sin discusión en comisiones, en plena pandemia. A fines del 2021 el Ejecutivo se apuró en publicarlo en Boletín Oficial. Sin embargo, distintas agrupaciones y organizaciones sociales presentaron un amparo ante el fuero Contravencional de la Ciudad por “la falta de participación ciudadana de forma previa a la firma del Convenio Urbanístico y la ausencia de la elaboración del Estudio Diagnóstico y la Evaluación de Impacto Final” en torno al emprendimiento.
Quizás contando con información privilegiada, sabiendo que el fallo saldría a favor, el gobierno de la Ciudad siguió trabajando en la iniciativa como si no hubiese ningún freno. Por ley, el anteproyecto para el espacio verde público lo define un concurso. “El amparo no suspendió los plazos del concurso, sino que mientras estaba en la Justicia, seguimos avanzando. El fallo llega justo en un momento donde en pocos días se va a conocer el proyecto ganador. Mientras tanto, se alineó todo para que se pueda comenzar la obra en etapa cero″, admitió Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad.
Según la empresa, cerca del 70% de la superficie total del predio al desarrollo de espacios verdes públicos, aunque se desconoce si serán para uso general o habrá sectores solo para utilización de los vecinos y vecinas de los edificios. También se desconoce si tendrá acceso público al río.
IRSA sostiene que se encargará de las obras de infraestructura y vialidades en el predio y realizará la creación del espacio público aportando hasta US$40 millones. Y asumirá el mantenimiento durante los primeros 10 años.
El proyecto fue tratado en Audiencia Pública en noviembre del 2021. Menos del 2% de las y los participantes se pronunció a favor. Como no era vinculante, el Ejecutivo siguió con la iniciativa. “El 98% de los participantes se expresaron en contra por razones ambientales, jurídicas, habitacionales y de diseño urbano”, expresó en ese momento el diputado porteño Matías Barroetaveña, y agregó que durante 30 años este proyecto estuvo frenado por esas mismas razones: “sin embargo, Larreta se siente fuerte para avanzar igual; esto habla de la impunidad con la que ya vendió o privatizó más de 500 hectáreas de espacio público en una ciudad que las necesita hoy más que nunca en tiempos de cambio climático”.
Costa Urbana se ubicará lindante a la villa Rodrigo Bueno y a la Reserva Ecológica Costanera Sur, un humedal protegido por normas internacionales como la Convención Ramsar, un tratado intergubernamental establecido por la ONU para preservar estos ecosistemas. «Los humedales, en su estado natural, cumplen funciones de vital importancia para el medio ambiente y la salud que son imposibles o costosas de reemplazar», declaró Graciela Falivene, investigadora y docente de la Universidad de Concepción del Uruguay. Otra oradora, María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, apuntó que los humedales «permiten el ingreso de los vientos y las brisas desde la costa para mitigar el efecto de isla de calor urbana».

16.3.2023

Presentan demanda colectiva contra Edesur por abandono de persona: resarcimiento de hasta $200.000 por usuario

La Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, aseguró que ese organismo presentó una demanda colectiva para que les reconozca a los usuarios el destrato de la empresa post cortes de luz. Más de 100 mil familias siguen sin luz en CABA y Gran Buenos Aires. Ayer, hubo cortes de calles en diferentes de la región, porque la gente se cansó de que no tener ningún tipo de respuesta.
“Le pedimos a la empresa un resarcimiento económico para los usuarios que tiene problemas con los cortes de luz, por los problemas ocasionados”, advirtió.
Después, se refirió a los históricos argumentos de la empresa referidos a que no invierte porque las tarifas están subsidiadas. “Hubo un período de cuatro años dónde la tarifa fue plena y hubo cero inversión por parte de la empresa”, contó en relación a la política de Mauricio Macri. Según se dijo durante la gestión de Cambiemos, los sucesivos tarifazos permitirían un salto en la calidad de la prestación. Como vemos, nada de eso pasó.
Por último, aclaró: “Le pedimos un reconocimiento entre $70.000 y $200.000 por usuario”. “Los vecinos ayer ocuparon la calle para visibilizar la protesta”, cerró.

16.3.2023

Este jueves inició en los Tribunales de Comodoro Py el juicio oral por el asesinato de Lucas González, el adolescente de 17 años muerto en Barracas por agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en noviembre de 2021

Lucas González, el joven de 17 años recibió dos disparos en la cabeza al ser interceptado por agentes de la fuerza de seguridad porteña; el inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas que circulaban de civil y en un auto sin identificación; luego de salir de un entrenamiento en el club Barracas Central con sus amigos, quienes a su vez fueron detenidos, el 17 de noviembre de 2021.
La versión policial habló de enfrentamiento, de presencia de armas en el auto de los jóvenes. Relatos que se fueron desmintiendo con el correr de las horas. Según indicaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, a cargo de Marcelo D’Alessandro, los agentes fueron apartados de las tareas operativas en la fuerza y se les inició un sumario administrativo. La justicia investiga sucedido pero los policías permanecen en libertad. Sin embargo, los amigos de Lucas estuvieron detenidos 24 horas, acusados de querer escapar del lugar.
Los jóvenes explicaron que al ver a los tres hombres de civil bajando de un auto armados creyeron que les querían robar, por eso huyeron e incluso se acercaron a una agente uniformada para pedirle ayuda, pero fueron reducidos, acusados ellos de delincuentes.

15.3.2023

Por Micaela Medina

En el día de ayer se dio a conocer el despido de 5 docentes de la carrera de Musicoterapia (mtp), de la UBA, a raíz de haber participado de acciones de lucha en el marco de la designación a dedo de titulares de cátedra durante el 2do cuatrimestre del 2022.

Las y los docentes de prácticos, Gabriel Abramovici (mtp), Martin Nuevo (mtp), María Clara Olmedo (mtp), licenciada Laura Rossi (mtp) y Nahuel Prado (mtp), fueron notificados de su despido este martes 14 de marzo, por la tarde. La justificación fue explícita: fueron despidos por causas políticas y gremiales, más específicamente por criticar las designaciones a dedo y participar en protestas contra ellas.
Durante 2022, los docentes de musicoterapia en Salud Mental, Teoría y Técnica de Grupos y de la Práctica Profesional 330, protagonizaron enormes jornadas de lucha y difusión, a raíz de la designación a dedo, por parte de las autoridades de la Facultad de Psicología, a los cargos de titulares de las cátedras nombradas, poniendo en esos puestos a personal de su propio espacio político (UCR) y que nada tienen que ver con la profesión de musicoterapeutas, degradando así la formación de miles de estudiantes y próximos profesionales.
Las acciones llevadas adelante el año pasado fueron acompañadas por la comunidad de la carrera de musicoterapia y por la gremial docente, así como por el conjunto de la comunidad educativa de toda la Facultad de Psicología y otras Facultades de la UBA.
En las próximas horas se conocerán las medidas que se llevarán a cabo por parte de las y los docentes afectados, que ya están exigiendo su reincorporación.