Comunicadores del Sur

Ledesma: escenario de una nueva masacre

27.7.2011

Entre el 20 y el 27 de julio de 1976, las fuerzas de seguridad de la dictadura ejecutaron uno de sus innumerables temibles operativos. Esta vez, fue la zona el ingenio azucarero Ledesma de Jujuy el escenario elegido para llevar a cabo el plan. Durante una semana el ingenio cortó la luz de noche para que los militares pudieran secuestrar, porque la FOTIA, el sindicato de los obreros azucareros, estaba dirigido por verdaderos sindicalistas y se conseguían reivindicaciones que el ingenio no estaba dispuesto a tolerar.

El primer corte de energía eléctrica ocurrió el 20 de julio a la medianoche en Libertador Gral. San Martín y Calilegua. En esa época, quien disponía de la energía para todos los pueblos era el ingenio Ledesma, ellos eran quienes distribuían la luz.

La vinculación entre el ingenio Ledesma y el accionar del aparato represivo fue denunciada por numerosos testigos y no se limitó solamente a facilitar los cortes de luz para que el operativo quedara en la sombra, al extremo que los que hoy nos ponen como garantía de seguridad en la capital y en la provincia, la Gendarmería tenía una base, un campo de concentración dentro del propio ingenio.

Cuarenta y tres camionetas de Ledesma actuando con total impunidad, acorralando gente y llevándosela en sus móviles a la base de Gendarmería del ingenio, de los 400 que encarcelaron en esos días, 30 siguen desaparecidos.

“Hasta hoy las marcas son de todo tipo, físicas, psicológicas y sociales, explica Ernesto Saman, quien en aquel entonces tenía 23 años y era empleado administrativo en el ingenio Ledesma. Estaba casado y tenía un bebé de siete meses cuando lo secuestraron.

“Vendados, tabicados, golpeados, hacinados, hambrientos, desposeídos de nuestros bienes e identidad, a muchos de los desaparecidos de los apagones nos llevaron a Guerrero, otro campo de tortura”, sigue contando Ernesto y continúa: “Se declaraba al lado del baño, en una habitación donde había un tipo que te hacía preguntas mientras los demás te torturaban, el obispo José Miguel Medina estaba en la sala de tortura”.

A 35 años de aquellas terribles noches pagadas por la familia Blaquier y ejecutada por policías y gendarmes, se repiten hoy con nuevos asesinatos de trabajadores y de vecinos. La familia Blaquier fundó el ingenio azucarero Ledesma en Jujuy en 1909, hoy cuenta con 120.000 hectáreas de las mejores tierras. La provincia de Jujuy tiene un territorio de 53.000 kilómetros cuadrados, Blaquier tiene 1200 kilómetros cuadrados de esos 53.000 de la provincia y especialmente son territorios llanos, aptos para el sembradío de caña, teniendo en cuenta que solo el 50% del territorio son valles… En las montañas no se puede sembrar, además esta familia patricia es la dueña de la provincia desde el punto de vista político, es su feudo, aunque también tiene un gran criadero de cerdos, el más grande del país en Roque Jerez, Buenos Aires.

Además ese ingenio creció cuando la dictadura de Onganía cerró varios ingenios de Tucumán, dándole preferencia a los Blaquier por un convenio especial. La toma que hicieron los vecinos de la localidad de San Martín no era para sembrar caña para hacerle la competencia: son 15 hectáreas, son para construir viviendas. Le quedan a Blaquier 1185 para seguir explotando trabajadores.

EL GATILLO DE GARRÉ

25.7.2011

Correpi

El 20 de julio, Ariel Domínguez, un joven de 22 años que salía de la empresa donde trabajaba, recibió un disparo policial en la cabeza que lo mató en el acto. La primera versión habló de “delincuentes” perseguidos por la policía. Como esa les falló, porque Ariel estaba esperando el colectivo con sus compañeros, y el grupo de pibes resultó ser de estudiantes festejando el día del amigo, recurrieron a otro clásico, la excusa del “accidente”.

A partir de entonces, los medios, que reproducen sin beneficio de inventario la versión policial, afirmaron que el arma del policía se cayó y “se disparó” solita, con tanta puntería que el tiro fue a la cabeza. De nuevo, la tesis de las armas que disparan sin que nadie las gatille, ocultando que una Bersa Thunder9 mm, aún sin seguro y con bala en recámara, necesitan que un dedo apriete la cola del disparador con una fuerza de 3 kilos y medio a cinco, y que producir un disparo por un golpe, tienen que recibir un impacto equivalente a la caída de un quinto piso.

Rápidamente, la jueza resolvió que fue un homicidio culposo, es decir, no intencional. Un accidente, y devolvió al policía Mendoza a la calle. Y todos los medios, a partir de allí, empezaron a hablar del pobre entrenamiento y de la falta de capacitación, porque el federal tenía el arma sin seguros.

En el juicio de Kunky Méndez, del que informamos en el pasado Boletín, uno de los peritos policiales era el instructor de tiro que entrena a la federal en el uso de armas. Y ese experto, dijo, bajo juramento ante los jueces de La Matanza, que la orden que tienen los federales es llevar su arma reglamentaria “en condición de disparo inmediato”, es decir, con bala en recámara y sin seguros. Y que la munición oficial que se provee a la federal son proyectiles troncocónicos, los de punta chata, prohibidos por la ley de armas excepto para caza mayor y tiro deportivo, y por la convención de Ginebra hasta para el caso de guerra.

Como la presencia de mucha gente en San Telmo impidió que armaran la escena del enfrentamiento, jueces y periodistas recurrieron al plan B, que parezca un accidente. Si lo de Ariel Domínguez hubiera pasado en un barrio, en Castillo o Fiorito, hoy estarían hablando del delincuente de frondoso prontuario abatido.

Pero con lo que explicó el instructor de tiro de la policía federal, queda claro para el que quiera ver que, aunque el arma estuviera en la cintura del cabo Mendoza, la que la puso ahí, y le dijo cómo usarla, fue la ministra Nilda Garré. La que dio la orden de que su policía lleve el arma en condición de disparo inmediato. No hace falta más para entender por qué un trabajador de 22 años recibió un tiro policial en la cabeza, ni por qué la jueza ya dejó en libertad a su asesino.

Al mismo tiempo, con mucha menos visibilidad, porque pasó en Florencio Varela, el sargento Isaías Cano, de la bonaerense, hijo del jefe de la policía distrital de ese partido, mató de un tiro en el estómago a Enrique Romero, de 30 años, e hirió a otro muchacho, a la salida de un boliche. Por ahora, y seguramente hasta que pase la tormenta, el asesino está preso.

Dos nuevos fusilamientos que muestran que no es un policía, es toda la institución; y que el gatillo fácil no es un error, un exceso o un accidente, sino una política de estado, dirigida desde el gobierno, y ejecutada por sus verdugos de uniforme.

¿SEGURIDAD PARA QUIÉN?

La Boca, Barracas, Pompeya, Parque Patricios, Soldati y Lugano integran el conjunto de barrios afectados por el "Plan Cinturón Sur", la extensión del "Operativo Centinela" (que se encarga de disciplinar, con sus habituales medidas represivas, al conurbano, en apoyo de la bonaerense), que fuera lanzado por la ministra de Seguridad, Nilda Garré, a fines del mes de junio. Pero, claro está, nada es suficiente cuando se trata de reprimir al pueblo trabajador, y, en este caso, la novedad (no tan novedosa), viene de la mano del gobierno porteño, y, por ahora, le toca a Lugano.

El gobierno de Macri quiere borrar del mapa a la Asociación Social y Deportiva Malvinas Argentinas, del barrio Piedrabuena, para instalar en su espacio la comisaría Comunal Nº8 de la policía Metropolitana. Además de sus intimidantes camaritas (que ya son 1.000, y se prevén unas 2.000, en total, para fines del 2011), sumamos a los azules de la PFA, los beige de la Prefectura y los verdes de la Gendarmería…, a sus colegas, los amarillos de la Metropolitana, que ya están copando los barrios del sur de la ciudad.

La Asociación recibe unos 160 chicos por día, que hacen distintas actividades deportivas, sociales y artísticas. Sus representantes sostienen que “realiza una importante función de contención social para los niños y jóvenes del barrio, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad social”. Es posible que Lugano no se salve, y que en este club barrial, donde se dictan talleres de baby fútbol, patín artístico, danza y hasta repostería desde 1981, entre muchos otros, ya no se vean ni botines, ni patines, ni bizcochuelos horneándose para ser compartidos por la barriada.

Una vez más, queda demostrado que la represión es política de estado. Lo mismo da si se trata del gobierno provincial, nacional o municipal. ¿Por qué crearían una nueva comisaría y pondrían al servicio de la seguridad más individuos armados cuando ya hay 2.500 efectivos (entre Prefectura y Gendarmería), con sus respectivas Unidades de Seguridad Pública "cubriendo" la zona? Porque un pueblo organizado es un pueblo con convicción y cuando el pueblo convencido está decidido, las fuerzas de seguridad de los ricos ya tienen que estar prevenidas, articuladas y listas para desplegar toda su impunidad sobre él.

Y, ahora, más que nunca comprendamos que "pedir más seguridad" es, realmente, pedir más seguridad para ellos: los empresarios disfrazados de políticos, que dicen hacer todo lo posible por una sociedad mejor y realmente hacen lo posible por una sociedad mejor reprimida.

PROCLAMA POR EL ARTE Y LA CULTURA VIVA

Sábado 23 de julio a las 16hs

Convocamos a artistas y trabajadores de todas las áreas a intervenir el espacio público para despertar la conciencia sobre la política cultural en la Ciudad de Buenos Aires.
Habra seis puntos de encuentro Parque Patricios, Parque Rivadavia, Plaza Almagro, Parque Lezama, Plaza Las Heras, Plaza Flores.
Imaginamos una ciudad que resignifique su propio territorio y ofrezca un proyecto cultural polifónico, inclusivo y popular, sostenido en un verdadero proceso de descentralización.
Que abra la frontera, y se nutra de identidades, símbolos barriales, comunales, migratorios, históricos y por venir. Una política cultural que integre lenguajes, cuerpos, sabores, sonidos, edades, géneros y oficios.
Resignifiquemos la “canción de protesta” en “canción de propuesta”. Arte es todo lo que moviliza y agita. Arte es lo que cuestiona radicalmente este modo de vida y dice: hagamos algo para cambiarlo. Arte es acción.
Por eso salimos a actuar, despertando con música viva la conciencia pública al momento de decidir quién será el conductor de los próximos años. Solo si nos unimos, participamos y alzamos la voz, podremos construir la ciudad que esperamos.
LA MUSICA ESTA EN LAS CALLES. ENCONTRA LA MELODIA QUE TE HABLE A VOS.

Puntos de Encuentro
Parque Patricios
Parque Rivadavia
Plaza Almagro
Parque Lezama 
Plaza Las Heras
Plaza Flores
Convocan
TRAMA
Trabajadores Artistas por la Música en Acción
http://tramamusica.org/
MECA
Movimiento de Espacios de Cultura y Arte en la Ciudad de Buenos Aireshttp://www.movimientomeca. ​com.ar/

Presos se pronuncian contra plan para trasladar el penal de Devoto

14.7.2011

Dra. Cristina Fernández de Kichner
I.- A partir de su anuncio público del cierre definitivo del penal de Devoto y la construcción de un Complejo Penitenciario Federal en Mercedes, Pcia. de Bs. As., pasamos a un estado de incertidumbre respecto del lugar donde seremos alojados.
En la actualidad, la cárcel de Devoto aloja aproximadamente 1.700 personas de los cuales cerca de un 70% somos procesados. Como tales, nos asiste el derecho a defensa en juicio así como la garantía de que nuestros lazos familiares sean respetados y favorecidos. Todo el cuerpo normativo que regula las condiciones de detención establece claramente que será el Estado quien vele por el respeto de estas premisas. Si se concreta el traslado de la población carcelaria alojada en Devoto al mega Complejo penitenciario a construirse, los 120 Km que lo separan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serán la causa principal de que los derechos enunciados sean violados por el mismo Estado que debería garantizarlos.
Tomando como ejemplo el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, ubicado a 40 Km de la CABA, los registros de cantidad de visitas tanto de abogados defensores como de familiares de los allí detenidos muestran una baja del 60% respecto de Devoto. Estas cifras, llevadas al triple de distancia en la ciudad de Mercedes, crecerían exponencialmente con el consecuente agravamiento de la situación procesal y el daño irreparable a nuestras familias.
II.– A lo expuesto se suma el hecho de que por razones de economía y practicidad procesal, se impone que los Juzgados tengan a aquellos detenidos a su disposición dentro de su radio jurisdiccional. Esta condición también se vería afectada radicalmente por la ubicación del nuevo Complejo. Incluso si se recurriera a medios tecnológicos tales como la teleconferencia u otros el resultado sería una deshumanización aún mayor del sistema judicial.
Lo hasta aquí mencionado amerita suficientemente a nuestro criterio una reconsideración del traslado de la población carcelaria alojada actualmente en Devoto al Complejo de Mercedes, el cual sí podría ser destinado al alojamiento de los condenados que actualmente ocupan las cárceles federales más alejadas de la CABA. Y así lo solicitamos a la Sra. Presidenta de la Nación.
Sin perjuicio de ello, nos sentimos en el deber de someter a su justo criterio algunos puntos más:

1) Política de Sectorización (celdas individuales):
Con este título se nombra oficialmente a una metodología de gobernabilidad aplicada sobre la población carcelaria basada en la división por sectores de acuerdo a criterios definidos por el Servicio Penitenciario Federal, tales como potencial de conflictividad del detenido, liderazgo negativo, etc. En la práctica, la realidad viene demostrando que se constituye en un sistema de castigos graduados encubiertos que llegan en muchos casos al aislamiento de las detenidas y los detenidos hasta veintitrés horas por día. El Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, en sus diez años de existencia, es una vez más un patético ejemplo del agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención por estas causas. Cifras oficiales (ver informes anuales de la Procuración Penitenciaria Nacional) muestran el crecimiento año tras año de las muertes de detenidos en el citado Penal y de las denuncias por torturas y malos tratos. Ello no hace sino evidenciar que el alojamiento en celda individual no garantiza por sí solo una disminución en los niveles de violencia si no es acompañado de una profunda reforma en la institución penitenciaria. Un cambio que debe contemplar una reformulación de la estructura del SPF -hoy militarizada- y en la formación académica de sus cuadros, así como el traspaso definitivo de la salud, la alimentación, el trabajo y los equipos criminológicos de evaluación de las detenidas y los detenidos del ámbito federal a instituciones y organismos de la sociedad civil que gestionen tales actividades y controlen el respeto a la vida, la dignidad y los derechos humanos tanto de las detenidas y detenidos como de las y los profesionales civiles que desempeñan su trabajo intramuros, además del propio personal penitenciario.
En este sentido, solicitamos a la Sra. Presidenta que el establecimiento a construir sea sometido al control de los organismos pertinentes en cuanto a las condiciones de habitabilidad y su posible impacto en las condiciones de detención. Asimismo, que facilite e impulse el debate hoy instalado sobre la necesidad de una nueva Ley Orgánica para el servicio penitenciario.

2) La sociedad civil en la cárcel.
En la cárcel de Devoto funciona desde hace veinticinco años el Centro Universitario Devoto, dependiente de la Universidad de Buenos Aires en el marco del Programa UBA XXII -educación en cárceles-, bajo las premisas de la autonomía universitaria, la autogestión estudiantil y la autodisciplina del detenido. Aquí los estudiantes en situación de encierro -procesados y condenados- tienen, por convenio, garantizada su permanencia en la Unidad donde cursan sus estudios universitarios. El eventual traslado atentaría claramente contra su derecho a la Educación. Esta experiencia, única en el mundo por las características mencionadas, es digna de tomarse en cuenta como ejemplo de lo que se plantea en el punto anterior: La gestión de una institución de la sociedad civil dentro de los muros de la prisión.
A pesar de sufrir históricamente la incomprensión y el hostigamiento de parte de algunos sectores corporativos más retrógrados, la presencia de la UBA en la cárcel arroja estadísticas insoslayables: De las personas detenidas que han pasado por sus aulas sólo un 7% reincidió en el delito, contra casi un 50% para la población carcelaria que no participó de esa experiencia. Humildemente creemos que esto tiene una incidencia directa en el llamado "problema de inseguridad" pues nos da la pauta que si la tendencia en cuanto a las políticas de inclusión social encaradas por el gobierno Nacional es acompañada por una política seria, democrática y formadora de conciencia crítica dentro de los muros favoreciendo la intervención de las instituciones y organismos de la sociedad civil se podría optimizar una respuesta a la "inseguridad", la cual somos concientes es una problemática presente en todos los grandes centros urbanos, pero que en caso argentino se trata las más de las veces de una sensación construida desde la corporación mediática, con intereses muy lejanos al llamado bien común. En síntesis, creemos que la inseguridad se puede y debe erradicar estimulando la educación dentro de las cárceles, apoyando las experiencias que, como el CUD, vienen demostrando su eficacia en cuanto a la disminución del nivel de reincidencia y creando nuevos espacios de las mismas características en cada Unidad de detención.
Queremos dejar en claro a la Sra. Presidenta que con esta mención no buscamos lograr que el CUD permanezca en la CABA mientras el resto de la población carcelaria sea alejada de la misma, sino por el contrario que la experiencia de autonomía y autogestión universitaria se multiplique como tal y se extienda a todos los ítems mencionados antes: Salud, Alimentación, Educación primaria y secundaria, Trabajo, Servicios Sociales y evaluación criminológica, cada uno con sus particularidades.

III.- Es entonces por lo expuesto, que respetuosamente solicitamos a la Sra. Presidenta de la Nación que:
1) De construirse el Complejo Penitenciario Federal de Mercedes, éste sea sometido al control de los organismos nacionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales en cuanto a sus condiciones de habitabilidad y el posible impacto de las mismas en las condiciones de detención.
2) De concretarse su construcción, sea ese Complejo destinado al alojamiento de los condenados por los sistemas judiciales Nacional y Federal que actualmente ocupan las Unidades Federales más alejadas de la CABA (U6 -Rawson-; U9 -Neuquén-; U15 -Rio Gallegos-; U7 -Resistencia-, por ejemplo), y que estas cárceles sean demolidas o bien remodeladas para otros destinos, tales como hospitales o establecimientos educativos.
3) De concretarse el cierre del penal de Devoto, el Estado Nacional y el Gobierno de la CABA emprendan la construcción de uno o más centros de detención dentro de la CABA para el alojamiento de procesados varones y mujeres y de condenados estudiantes de los sistemas judiciales Federal, Nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4) Se incentive el debate sobre la necesidad de una nueva Ley Orgánica para el SPF que contemple los criterios ya mencionados.
Agradecemos a la Sra. Presidenta de la Nación, en nuestro nombre y el de nuestras familias, la consideración que pudiera brindar a lo expuesto y le saludamos con el mayor de los respetos.
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