Comunicadores del Sur

23.3.2023

Un día antes de un nuevo aniversario del golpe de estado y presentado por la legisladora del Frente de Izquierda, Alejandrina Barry, se aprobó un reconocimiento a la labor y lucha de este influyente movimiento cultural que desafió a los genocidas.

Teatro Abierto fue un movimiento cultural impulsado por dramaturgos y dramaturgas reconocidas que en 1981 desafiaron junto al pueblo a la dictadura genocida. Este jueves la Legislatura porteña aprobó la colocación de una placa en Argentores como forma de reconocimiento a su labor y lucha.
El proyecto fue presentado por la legisladora del Frente de Izquierda Alejandrina Barry a pedido de los artistas y fue aprobado con un aplauso a los dramaturgos presentes Roberto Tito Cossa, Alicia Dolinski y Ricardo Halac integrantes de Teatro Abierto, además como representantes de Argentores su vicepresidente Sergio Vainman y el Dr. Carlos Benítez, acompañados por los artistas Rafael Spregelburd y Facundo Abraham. El proyecto tuvo el acompañamiento de legisladores de distintos bloques, como Victoria Montenegro del FdT, Gustavo Mola de UCR-Junto x el Cambio y del resto del Frente de Izquierda, Mercedes De Mendieta y Gabriel Solano.
“Este no es un reconocimiento a algo del pasado, sino a la necesidad de que opere la experiencia en la conciencia de nuestro presente, cuando estamos a un día de un nuevo aniversario de la dictadura genocida. Y cuando tantas voces negacionistas se alzan en las redes y hasta en este recinto como los que se abstuvieron de este reconocimiento no solo a un hecho teatral sino a un movimiento político organizado para enfrentar al golpe de estado” reconoció Alejandrina Barry, mientras agradecía la aprobación del proyecto.
Los libertarios de Milei y en voz del legislador Ramiro Marra votaron en contra, mientras los Republicanos Unidos de Pampito Moritán se abstuvieron. No sorprende que estos personajes defensores del golpe de estado se atrevan a votar contra un movimiento cultural comprometido en la lucha contra la dictadura militar encabezado por importantes artistas reconocidos internacionalmente como Osvaldo Dragún, Eduardo “Tato” Pavlovsky, Aida Bornik, Griselda Gambaro, Gonzalo Nuñez, Jorge Rivera López, Luis Brandoni, Oscar Viale y Pepe Soriano, apoyados en su momento por Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Ernesto Sabato y Jorge Luis Borges, entre otros.
Este movimiento cultural fue la punta de lanza para que se replique en distintas disciplinas culturales como Danza Abierta, Poesía Abierta, Cine Abierto y Música Siempre, entre otras. Y no solo en nuestro país sino incluso influenció al resto de Latinoamérica, donde en más de siete países se repitieron movimientos similares para enfrentar las injusticias contra los pueblos.
Teatro Abierto fue fundado en 1980 y su objetivo principal era demostrar la existencia y vitalidad del teatro argentino, negado al ser un fenómeno cultural eminentemente social y comunitario. Su principio fue el ciclo comenzado el 28 de Julio de 1981 en el Teatro Picadero; el cual fue incendiado posteriormente por un grupo de comando ligado a los militares. La programación consistió de 21 obras nacionales que se presentaban de a 3 diarias, a partir de las seis de la tarde. Decenas de miles de actrices, actores, técnicos y dramaturgos fueron parte del mismo.
Los negacionistas que este jueves votaron en contra de su reconocimiento deben de pensar que “fueron terroristas”. Hablan de ser los adalides de la Libertad, sin embargo, entre una cultura libre y la censura, la desaparición forzada, el asesinato y el terrorismo de estado eligieron lo último.

22.3.2023

Por Jesús Cabral

Desde el organismo nacional explicaron que la problemática se agudizó por las decisiones sanitarias, judiciales que adoptaron durante la pandemia y que ameritan ser modificadas.

La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) denuncia condiciones inhumanas en dispositivos de encierro de la Ciudad de Buenos Aires. Desde hace muchísimo tiempo que este organismo viene advirtiendo que estos lugares no están aptos para detenciones prolongadas.
También contaron que en cada monitoreo que realizan encuentran decenas de irregularidades que muestra un gran desprecio por las vidas de los allí cautivos. Según las estadísticas que construyeron, más del 90% de la población detenida se encuentra a disposición de la Justicia Nacional que no les brinda una solución.
“Si abordamos la situación de estos dispositivos de encierro desde una perspectiva de Derechos Humanos queda en evidencia que todos los derechos de estas personas están siendo vulnerados”, denunció Ariel Cejas Meliare, procurador adjunto de la PPN, durante el diálogo. Continuó reclamando que “nosotros venimos alertando sobre esto desde hace mucho y en forma continua”.
“Cuando empezó la pandemia una gran cantidad de personas privadas de libertad fue alojada en forma permanente en lugares de encierro transitorio -de distintas fuerzas de seguridad- en terribles condiciones de hacinamiento”, recordó el procurador adjunto. En este sentido las alcaidías y comisarías de la Policía de la Ciudad “que están ubicadas por todo el territorio porteño y alojan una gran cantidad de detenidos en espacios pequeños”.
“Esta problemática se profundizó por dos decisiones que se tomaron durante la pandemia, la primera se debe a los estrictos protocolos sanitarios y la otra a las disposiciones judiciales que ordenaron un cupo limitado en las cárceles Servicio Penitenciario Federal”, señaló Cejas Meliare. Sin embargo, hasta el momento estas medidas adoptadas “no fueron modificadas, siguen funcionando así y deben ser reemplazadas porque quedaron obsoletas ante la situación actual”, reclamó.
“Lamentablemente estamos lejos de que disminuya la población en estos establecimientos para encierros transitorios, sino todo lo contrario, ha ido aumentando en forma exacerbada”, advirtió el procurador adjunto. “Consideramos que seguirá así y que seguirá creciendo en el tiempo”, agregó.
“Es tan así, que las estadísticas que construimos indican que más del 90% de estas personas detenidas se encuentra a disposición de la Justicia Nacional, que no muestra interés en brindar una solución”, enumeró y denunció el funcionario. También remarcó que el alojamiento de detenidos en estos espacios “implica la afectación directa a todos sus derechos -que están garantizados en el marco de la privación de libertad- por el propio ordenamiento jurídico”.
La Procuración Penitenciaria de la Nación viene denunciando de manera permanente que estos lugares para detenciones transitorias carecen de los recursos materiales, económicos, profesionales y humanos que se necesitan para garantizar los derechos de las personas allí cautivas.
“Para graficar el enorme hacinamiento que existe en estas dependencias policiales, solo basta con ver que en una celda individual alojan hasta cuatro personas”, se quejó el procurador adjunto. Señaló que permanecen detenidas “bojo las peores condiciones que puedan imaginarse, esto es gravísimo y amerita una inmediata solución”.
“Estas condiciones evidencian que estos espacios no son aptos para detenciones prolongadas”, aseveró el funcionario. Porque repercuten directamente en el “trato digno hacia las personas que indica la privación de libertad, como lo estipula el artículo 18 de la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la Ley Nacional de Ejecución Penal”, argumentó el procurador adjunto.
“De acuerdo a la información actualizada que tenemos, la cantidad total de personas detenidas que son alojadas por día en dependencias de la Policía de la Ciudad, actualmente llegan casi a las 1.200”, enumeró Cejas Meliare. Finalizó explicando que todas ellas son distribuidas a lo largo y a lo ancho de la Ciudad Buenos Aires en veintiuna alcaidías comunales, en centros de contraventores y en más de veintisiete comisarías de la Policía de la Ciudad. A pesar de todo ello, hasta el mes de marzo la Justicia Federal no ha tomado ninguna medida al respecto”.

21.3.2023

El pasado sábado 18, las Consejerías de Vivienda denunciaron públicamente que en el horario de convocatoria a su asamblea semanal, dos agentes masculinos no identificados del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la ciudad, abordaron a una integrante de la organización mientras se encontraba sola. Según informaron, los hombres argumentaron que se encontraban fiscalizando el espacio público y que iban a quedarse en la asamblea para “ver de qué se hablaba”. “A días de un nuevo 24 de marzo, a 47 años de la peor dictadura que ha sufrido el país y cumpliéndose 40 años de supuesta democracia, estas provocaciones del Estado dan más tristeza y bronca aún”, expresaron desde las Consejerías.

Los hechos de hostigamiento ocurrieron alrededor de las 13:00, en plaza Garay, barrio de Constitución, donde las Consejerías convocaron a su asamblea que desarrollan todas las semanas. A través de un comunicado informaron que los dos agentes finalmente se retiraron del lugar pero que un policía permaneció toda la reunión a menos de 100 mts y que varios uniformados pasaban por donde estaban reunidos y también patrulleros por Avenida Garay.
Las Consejerías de Vivienda es una organización autogestiva de la Ciudad que tiene como eje central la lucha por el derecho a la vivienda digna. Desarrollan acompañamiento y organizan a familias y personas que viven en hoteles, pensiones, villas o en las calles de CABA, que necesitan solución habitacional urgente, sufren violencia familiar o de género o están en peligro de ser desalojados. Desde el 2017, denuncian la falta de política habitacional estatal, el crecimiento de la especulación inmobiliaria y el aumento creciente de familias sin techo a la par del incremento de casas y edificios vacíos en todos los centros urbanos del país.
La organización argumentó que lo sucedido el sábado es una forma de persecución hacia quienes se organizan, pero no es la primera vez que les sucede. Durante la pandemia recibieron más de 300 consultas por intentos de desalojo, acompañaron a las familias e impulsaron además propuesta y reclamos para que se aplicara el apartado de “alquiler social” de la nueva ley de alquileres aprobada el 11 de junio de 2020, punto que el Estado nunca efectivizó. La lucha contra los desalojos en pandemia, más allá del decreto presidencial, les valió en ese entonces también la persecución del gobierno de la ciudad. “El negocio inmobiliario no es algo que los gobiernos les encante que se ataque. Muchos funcionarios de gobiernos locales, provinciales y nacional han amasado (y siguen amasando) enormes fortunas desenvolviéndose en esa área. A su vez genera el ingreso de dólares que el FMI demanda, junto con el tremendo ajuste que venimos viviendo (incluida una crisis inquilina sin precedentes)”, manifestaron las Consejerías en el comunicado.
Y agregaron “Sumémosle a esto un año electoral con un claro corrimiento a la derecha, donde el actual jefe de gobierno y precandidato a presidente por el PRO – Juntos por el Cambio, Larreta, quiere mostrarse «más firme» ante la interna que juega con Patricia Bullrich, quien ya lo ha tildado de «blando» e incapaz de dirigir así un país. ¿Será por eso también que el ministerio que nos cayó sin invitación el sábado es el que está licitando más de $ 1.500 millones para que una empresa releve causantes de «contaminación visual», incluyendo personas en situación de calle y recicladores urbanos? Comprobaron lo que ya sabíamos, para ellos, sólo somos basura.”
Además, destacaron que lo ocurrido en la Asamblea no es un hecho aislado y que días antes fue clausurado el Multiespacio Abasto, donde funciona una Defensoría de trabajadores con quienes comparten la resistencia a desalojos de casas colectivas.
Denunciaron que la represión y el encarcelamiento de militantes avanza en todo el país: “A días de un nuevo 24 de marzo, a 47 años de iniciada la peor dictadura que ha sufrido el país, y cumpliéndose 40 años de supuesta democracia, estas provocaciones del Estado dan más tristeza y bronca aún. No podemos quedarnos callados y alertamos que a lo largo y ancho del país aumenta la persecución y criminalización de la organización y la protesta. Como se dice acertadamente: «El ajuste sólo pasa con represión».
Las Consejerías finalmente, exigieron: cese del hostigamiento y persecución y criminalización a quienes se organizan, que se levante la clausura de la Defensoría de los Laburantes, libertad a las mujeres mapuche e hijos, no a los desalojos, cesión inmediata de tierras e inmuebles estatales, ni un pibe sin techo, alquiler social y vivienda digna y definitiva.
“Fascismo nunca más, no pasarán”, cerraron.

20.3.2023

Este martes 21 de marzo, a las 12, enfermeros y enfermeras de la Ciudad de Buenos Aires, nucleadxs en la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE), marcharán desde el Obelisco hasta la fiscalía porteña donde se hará un ruidazo para denunciar el dictamen emitido con la Fiscal de Cámara, Nidia Cícero, en la causa del amparo por equiparación de condiciones salariales, laborales y profesionales que, en primera instancia, obtuvo un fallo favorable. Califican este dictamen como una “provocación”.

Al respecto, Andrea Ramírez, enfermera del Hospital Ramos Mejía y presidenta de ALE, denunció: “Francamente no podíamos creer lo que leíamos cuando nuestro abogado nos hizo llegar el dictamen de esta señora fiscal: ¡le “recomienda” al Tribunal Superior que revoque el fallo favorable a la Enfermería que dictó la Jueza López Vergara! Todos los argumentos con los que fundamenta su postura son los que venimos escuchando y desmintiendo, de Larreta y Quirós. Esto es indignante. Por eso convocamos a una gran marcha en unidad con más sectores de la Enfermería”.
Por su parte, Carolina Cáceres, secretaria general de ALE e integrante del Consejo Ejecutivo de Profesionales de la salud GCABA, agregó: “El Gobierno de Larreta y Quirós, representado por la fiscal Cícero, no logra negar ni la relevancia ni el nivel de formación alcanzado por la Enfermería. Por ello utiliza falacias, diciendo que la equiparación con el resto de las profesionales ‘dividiría’ a la Enfermería. Es increíble tanto nivel de cinismo. El cumplimiento del fallo de la jueza Vergara tendría como efecto inmediato, el fin de una discriminación histórica, e impulsaría una mayor cantidad de profesionales de la Enfermería con mayor nivel de formación. Nuestra unidad es el 21 en las calles por nuestros derechos”.
En el mismo sentido, Luciana Franco, también enfermera del Hospital Fernández y secretaria gremial de ALE, completó: “Este dictamen de una fiscal que siempre ‘casualmente’ coincide con Larreta, es para presionar al Tribunal Superior contra la Enfermería. Por eso, dice en sus ‘recomendaciones’, que ‘afectaría al presupuesto’ hacer justicia laboral con nuestro sector: la fiscal está más preocupada de que Larreta y Quirós tengan plata para su campaña electoral, que reconocerle los derechos violentados a la Enfermería. No tiene vergüenza”.

18.3.2023

Los afectados por los cortes exigirán «la renovación integral del tendido eléctrico» y una «indemnización automática y general» por la falta del servicio.

*OLA DE CALOR- BAJO FLORES SIN AGUA Y SIN LUZ*
En varias manzanas del Bajo Flores hace días que no hay agua ni luz, precarizando aún más nuestras condiciones de vida.
En el contexto de crisis económica que atravesamos vimos cómo se echaron a perder nuestras provisiones de comida por falta de refrigeración y ya no sabemos cómo hacer para mantener la higiene en nuestras casas y, en especial, la de nuestrxs niñxs, ni cómo palear las altas temperaturas, que afectan sobre todo a nuestrxs mayores, ni cómo proveernos de agua para beber y bañarnos.
Exigimos al Estado soluciones inmediatas y asistencia a las miles de familias afectadas.
– Exigimos al IVC del Gobierno de la Ciudad un relevamiento y estrategias de emergencia que den solución a lxs problemas de lxs vecinxs
– Provisión de agua a todas las familias afectadas YA.
– Restablecimiento integral de la.energía eléctrica.
*Ni un día más sin Agua
Ni un día más sin Luz
EL ESTADO ES RESPONSABLE*
*Red de docentes familias y organizaciones del Bajo Flores*

Casi 50.000 usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano bonaerense continuaban este viernes sin suministro eléctrico, en medio de la creciente protesta popular contra las empresas distribuidoras y las denuncias presentadas contra una de ellas, Edesur, por parte de los gobiernos nacional y porteño.
Según el reporte del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) de las 7:55, en el área de concesión de Edesur sumaban 48.316 usuarios sin luz, especialmente de las localidades de Avellaneda, Almirantes Brown, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes y Ezeiza en el sur del Conurbano bonaerense.
En el distrito porteño, los barrios con mayor cantidad de cortes de luz eran esta tarde Balvanera, Monserrat, Mataderos, Parque Patricios, Boedo, Villa Devoto, La Paternal, Flores y Caballito.
En cuanto al área de concesión de la empresa Edenor, el total de usuarios sin luz a esta hora sumaban 3.330, de los cuales la mayoría están ubicados en los municipios bonaerenses de Hurlingham, La Matanza, Moreno, Caseros, Ciudadela, Ramos Mejía, San Justo, San Miguel, San Martin, según se indicó en el reporte del ENRE.
El Gobierno nacional, a través del ENRE, presentó ayer una denuncia penal contra las autoridades de la empresa Edesur para que se los investigue por defraudación por desbaratamiento de los derechos acordados, abandono de persona y entorpecimiento de los servicios públicos.
También el Gobierno porteño presentó ayer una denuncia penal contra la misma empresa por la presunta comisión del delito de abandono de persona con dolo eventual tras evaluar que los cortes en el suministro de energía eléctrica que se registran en la Ciudad de Buenos Aires ponen «en peligro la vida o la salud de los habitantes del distrito».
La Defensoría del Pueblo porteño, en tanto, promovió una demanda colectiva ante la Justicia porteña contra Edesur “por la falta de trato digno y carencia de información» hacia los vecinos afectados por los cortes de luz desde hace semanas, y pidió que se le aplique multas de entre $73.000 y $308.000 aproximadamente.

Contra Edesur: Ercolini a cargo de la causa

El juez federal Julián Ercolini resultó sorteado esta mañana para intervenir en el trámite de la denuncia que presentó ayer el titular del ENRE, Walter Martello, contra la empresa Edesur por los cortes de luz. El expediente ingresó a primera hora de la mañana a la oficina de sorteos de la Cámara Federal porteña y resultó designado el juzgado federal 11, que por tercer año consecutivo subroga Ercolini, desde el fallecimiento de su titular, Claudio Bonadío, informaron fuentes judiciales.
La denuncia del interventor del ENRE se presentó contra los directivos de Edesur por supuesta «defraudación por desbaratamiento, abandono de personas y entorpecimiento de servicios públicos»
Los denunciados son Francesco Tutoli, responsable de la empresa Enel Argentina; el presidente de Edesur, Juan Carlos Blanco; y quienes figuran como miembros de su directorio: Víctor Díaz Bobillo, María Alejandra Martínez, Mónica Diskin, Jaime Barba y Alejandro Martínez, entre otros. El escrito presentado ante la Justicia pone de manifiesto distintos episodios en los que el Ente emplazó a la empresa para que se tomen los recaudos necesarios para evitar la interrupción del servicio.
También refleja diferentes reclamos de personas electro-dependientes que no obtuvieron respuestas a tiempo ante los cortes y se adjuntan pruebas de solicitudes de servicio por parte de los usuarios que ni siquiera fueron leídas por Edesur, entre otras irregularidades, según la denuncia.
El ENRE radicó la denuncia tras un pedido formulado por la Secretaría de Energía, que también le exigió que eleve el informe del estado de la concesión a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Concesiones de los Servicios Públicos, a fin de que aconseje si corresponde darla por terminada.