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10 años de la represión en el Hospital Borda

25.4.2023

El 26 de abril de 2013 la por entonces Policía Metropolitana destruyó, por orden del gobierno porteño a cargo de Mauricio Macri, el Taller Protegido destinado a la salud mental del Hospital. Hubo decenas de heridos y 9 detenidos. Al cumplirse 10 años, este miércoles 26 de abril, desde las 9.30, habrá diferentes actos dentro y fuera del nosocomio, ubicado en Ramón Carrillo al 300 de la Ciudad de Buenos Aires. Para recordar lo ocurrido y exigir justicia.

Compartimos nota de Silvia Raggio, publicada en Nota al Pie:
A 10 años de la represión en el Hospital Borda, una jornada para no olvidar
Este miércoles, trabajadores de hospitales públicos nucleados en ATE realizarán actividades en memoria del fatídico hecho ejecutado por la Policía Metropolitana, por orden del Gobierno porteño liderado por Mauricio Macri.
Trabajadores estatales de los hospitales públicos y talleres protegidos porteños, nucleades en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), realizarán una jornada de conmemoración y pedido de justicia por la represión que sufrieron hace 10 años en el Hospital Borda.
La misma es organizada por las juntas internas de los Hospitales Borda, Tobar García, Moyano y Talleres Protegidos. La actividad se desarrollará este miércoles a partir de las 9:30, en la institución de salud que se encuentra en Ramón Carrillo al 300, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El 26 de abril de 2013, la policía Metropolitana irrumpió a la fuerza en dicho nosocomio con el fin de garantizar el comienzo de las obras del futuro Centro Cívico. Allí se pretendía relocalizar algunos ministerios del Gobierno de la Ciudad, encabezado por Mauricio Macri. La represión dejó más de 50 herides, además de la consecuente demolición del Taller Protegido Intrahospitalario 19.
En este sentido, tanto las organizaciones sindicales como representantes de la salud mental llevarán a cabo un nuevo pedido de justicia para les responsables políticos. Asimismo, van a solicitar la construcción de un nuevo taller protegido.
Cabe resaltar que los talleres protegidos son espacios de inclusión socio-laboral donde se trabaja en la producción de bienes o servicios. En el caso del Hospital Borda, se dedican a la resocialización de les pacientes.

La salud mental en juego

“El 26 de abril es una fecha en que se conmemoran muchas cosas: el inicio de lo que fue la resistencia para defender los hospitales públicos de salud mental y la unidad de trabajadores poniendo el cuerpo para defender nuestros espacios”, expresó la secretaria general de la Junta Interna de ATE en el Hospital Borda, Gabriela Sánchez, a Télam. También sostuvo que esa fecha representa un hecho político que no debe ser olvidado.
“El 26 de abril no solo nos vinieron a decir que no les interesaba la salud mental en la Ciudad, sino que vinieron a apropiarse de nuestros terrenos para un negocio inmobiliario”, indicó.
Además, remarcó que “es una fecha que nos interpela, nos lleva a pensar cómo construimos día a día el lugar que ocupamos dentro de los hospitales y dentro de Talleres Protegidos. Queremos garantizar con nuestro trabajo diario la salud pública, gratuita y de calidad para todos y todas”.
Para el secretario general de la Junta Interna de ATE en Talleres Protegidos, Gustavo Fernández Ferro, el 26 de abril es una fecha que representa mucho más que la represión y demolición del Taller. En ese sentido, expresó a Télam que “representa el modelo de salud que quiere el Gobierno de la Ciudad para los y las trabajadoras, pero también para los y las ciudadanas de la Ciudad y Argentina”.
“Ellos quieren reducir todo, quieren destruir la salud. Lo vienen haciendo a cuentagotas, pero en ese momento fue la visión más clara de lo que ellos pretenden”, manifestó. Por esta razón, enfatizó en que “la lucha sigue, la salud se defiende con el cuerpo, con el alma y con el corazón”.

El pedido de justicia

A través de un comunicado, desde ATE expresaron: “Aquel día de 2013 quedó al descubierto la verdadera cara del proyecto deshumanizador y represor macrista. Pero también demostró el grado de unidad y consciencia de los trabajadores y las trabajadoras para defender la salud pública”.
Sin embargo, en la actualidad aún no hay culpables y todo sigue impune. “A 10 años de la locura más grande de la historia, exigimos justicia. Queremos juicio y castigo a los responsables políticos e intelectuales: Macri, Vidal, Larreta, Montenegro y los jefes de la entonces Policía Metropolitana”. En ese sentido, agregaron: “Queremos la reconstrucción del Taller Protegido 19 en el lugar en que estaba”.
Durante la madrugada del 26 de abril de 2013, y en contra de una orden judicial, la policía Metropolitana ingresó al predio y demolió el Taller Protegido 19. Les efectives reprimieron a quienes se oponían. No sólo se agredió al personal de los hospitales Borda, Moyano, Tobar García y de Talleres Protegidos, sino que también fueron baleades y apresades legisladores y trabajadores de prensa. Como resultado, hubo más de 50 herides, 7 detenides y una causa judicial contra les trabajadores por agredir a la policía.
El objetivo del gobierno porteño era relocalizar algunos ministerios que, hasta ese entonces, funcionaban en el Palacio del Plata y en Bolívar 1.
El lunes 29 de abril de 2013, la Justicia debía informar si autorizaba la construcción del Centro Cívico en dicho predio. Pero 3 días antes, sin respetar la medida cautelar, el Gobierno de la Ciudad decidió demoler el Taller Protegido 19.
Desde las juntas internas, tanto del Hospital Borda como de Talleres Protegidos en ATE, presentaron pruebas de que la obra no contaba con el análisis de impacto ambiental.
De igual modo, demostraron que tras el cierre del taller se perjudicó el tratamiento de les pacientes. En esa línea, denunciaron que el lugar al cual serían trasladades, tanto el personal como les pacientes, no contaba con las condiciones mínimas de salubridad y seguridad. Por último, sostenían que reparar el edificio donde funcionaba el Taller Protegido 19 tenía un costo mucho menor que la construcción de un nuevo edificio.

Despidos en Clarín: “Es una manera de marcarle la cancha al gobierno y al sindicato”

24.4.2023

Por José Cornejo

Diálogo con Sebastián Díaz, delegado del SiPreBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires) en Clarín, y con Carla Gaudensi, secretaria adjunta del mismo gremio y secretaria general de Fatpren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) sobre la situación que se vive en el multimedio a raíz del despido de 48 trabajadores.

Repasemos la situación a raíz de los 48 despidos y la posterior conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Sebastián Díaz: El domingo a las cinco de la mañana llegaron los mails. Una modalidad muy similar a la que utilizaron en 2019, cuando hubo 65 despidos. De hecho, casi la misma fecha porque fueron un 17 de abril y estos un 16. Casi sádica la coincidencia.
A algunas personas les llegaba un mail con la carta de Héctor Aranda, que es el CEO de Agea (Arte Gráfico Editorial Argentino), dirigida al personal que iba a continuar en la empresa para el camino de “digitalización y nuevas formas de comunicación”. Otro mail a quienes fueron despedidos, que era imposible que les llegara porque en simultáneo les cerrar sus cuentas de correo electrónico, con lo cual se fueron enterando a medida que intentaban ingresar a sus casillas.
Cuando empezaron a llegar los telegramas ya el Ministerio de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria, por lo que no tenían ningún valor. En un principio no acataron la conciliación. Los primeros días que tuvimos que enviar escribanos e inspectores del Ministerio que tuvieron que certificar y elaborar actas de que Clarín no dejaba entrar a los trabajadores.

¿Qué ocurre cuando le dan aviso al gremio?
SD: Nos juntamos en la puerta de la sede de Clarín, nuevamente vallada. Nos comunicamos rápidamente con los y las compañeros del sindicato, que incluso en algunos casos se comunicaron primero porque no cualquiera está atento un domingo a la mañana revisando su mail del trabajo.
Convocamos una asamblea para las 15hs y decidimos, como respuesta y como comienzo del plan de lucha para revertir los despidos, llamar a un paro general. Casi en paralelo, el Ministerio dictó la conciliación obligatoria.
Carla Gaudensi: Convocamos a un paro general de todo el gremio periodístico porque nos parecía que la situación era demasiado grave. Ya lo habíamos vivido una vez. Elegir la fecha nos parece sumamente perverso por parte de la empresa y nosotros ya veníamos con acciones por el tema salarial.

¿Están muy atrasados los salarios de los periodistas?
SD: Un redactor con entre diez y quince años en Clarín, que está siete horas, son 150 mil pesos, a más de cuarenta mil de la canasta básica. Ese es el promedio, no porque sea un caso particular por ser activista y que Clarín me discrimina. Es el promedio de los laburantes de Olé, Clarín y todo lo que es Agea.

¿Cuál fue el accionar de la empresa ante la conciliación obligatoria?
SD: Primero no acataba y no había dado ninguna respuesta, sólo silencio. Seguía todo vallado sin dejar ingresar a las y los compañeros. Después de que llegan los inspectores del Ministerio empieza a buscar una especie de forma de trabajo para aquellos que habían sido despedidos, pero no dentro del edificio sino como teletrabajo. El punto es que no se estaban sentando a negociar. No habían ido a la primera audiencia del Ministerio de Trabajo que fue el lunes.
CG: Un dato a agregar es la suma importancia de la conciliación obligatoria. En 2019 de parte de lo que era la degradada Secretaría de Trabajo no tuvimos en ningún momento ningún tipo de comunicación, ni siquiera audiencia, por los 65 despidos. Hubo una maniobra por parte del Grupo Clarín de que nos sentáramos a discutir en la Secretaría de la Ciudad de Buenos Aires, que también había dictado conciliación obligatoria lo que es realmente inédito dados sus antecedentes en conflictos con los trabajadores. No nos notificaron, no sé cómo pretendían que nos enteráramos, porque no existen notificaciones formales de parte de dicho organismo.
En ese sentido, nosotros dijimos que teníamos que ir a Nación porque había despidos en las corresponsalías de distintos puntos del país. El ámbito en el que nos tocaba discutir no era la Ciudad sino que la excedía. Además es una empresa que tiene territorialidad nacional, lo que implica que tengamos ese ámbito para discutir.

¿El capítulo de los despidos de 2019 cómo termina?
SD: Hubo cuatro reincorporaciones, algunas mejoras para quienes seguimos trabajando y una serie de promesas que luego incumplieron. Si uno piensa que de 65 despidos hubo sólo cuatro es muy chiquito, pero hacer retroceder a Clarín es, en términos metafóricos, como mover un elefante.

Otra coincidencia es que ese año también fue electoral, como si fuera a modo de revancha y preparación de los sectores patronales para el ajuste y los despidos.
SD: Era un año electoral en el que el gobierno posiblemente iba a cambiar, pero por uno no tan afín a Clarín, por lo que la lógica era ajustar de manera previa. En este momento, yo pensé que el ajuste lo iban a hacer después. Me parece que es una manera de marcarle la cancha al gobierno y también al sindicato.
CG: Hacemos esa lectura porque acá no hay ningún problema económico. El Grupo no está en crisis. Sabemos su posición en el mapa de medios, no podemos pensar que la empresa más grande está en crisis cuando además tiene la telefonía y el cable. No se miden por una única unidad de negocios como ellos nos quieren decir cuando discuten salarios con nosotros. Esta vez ni siquiera fue así pero es lo que suelen argumentar, por eso tenemos los salarios que tenemos.
Nosotros leemos que esto era sumamente político, que si el Ministerio de Trabajo y los sectores de los trabajadores no teníamos reacción nos seguían ajustando el salario, porque nos están condenando a que si no se siente el SiPreBA vamos a tener una rebaja salarial de más del 29% en lo que va de este año, lo cual es una experiencia de los últimos seis al menos. La diferencia es que ahora la maniobra que hacen los empresarios abiertamente con la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), que dejó de representarnos y por la cual nos armamos nuestra propia herramienta, es llegar al 60% en 2023 con una inflación del 104,4% acumulada.

Clarín se sienta con UTPBA porque les firma lo que quieren básicamente.
CG: Lo que hicieron fue una maniobra de ir a la Justicia para ver si hay algún magistrado o magistrada que quiera fallar a su favor, y de un sello y una cascara como es la UTPBA. Nosotros estamos diciendo que claramente son la punta de lanza de ese disciplinamiento para el resto de las empresas porque en la Ciudad de Buenos Aires estamos discutiendo con los principales medios de comunicación, ya sea Infobae, Perfil o Página 12, donde no hay ninguna grieta. Hoy no quieren discutir con el SiPreBA porque somos el sindicato que está en las redacciones.

¿Cuál es la situación actual del conflicto en Clarín?
SD: Estamos en una mesa de negociación con la empresa y con SiPreBA. A la primera audiencia faltaron y tuvimos una segunda en el Ministerio de Trabajo el martes. En estos días hubo también reuniones privadas entre la empresa, el sindicato y la comisión interna. Por su parte va la gerenta y un abogado.

¿Cómo es la postura de los representantes de esa parte?
CG: Hay un poco de decisión que trasciende ciertas líneas con las que uno discute. Mandan un mail y no es casual que lo firme el CEO de la empresa. Es un mensaje. Está claro que la decisión la toma el Grupo y nosotros nos tenemos que sentar a discutir con los que la empresa manda, sabiendo que no quieren dar el brazo a torcer y que la pelea que encaremos va a ser lo que pueda torcer.
Para nosotros todo avance de reincorporar a quienes volver y no perder la organización que ellos construyeron muy fuertemente y también nuestro secretario Francisco “Paco” Rabini que es referente y fue quien rearmó toda esa comisión interna después de que habían echado a todos en el año 2000. En 2002 la recuperan y ahora mantienen esa organización que es lo que hoy permite que el SiPreBA también tenga el lugar que tiene.
Somos fuertes en los medios públicos, que sufrimos durante el macrismo un ajuste brutal y un intento de cierre y sabemos que nos quieren cerrar si viniera Larreta, Bullrich no Milei. Ahora, sabemos que sin los medios privados el sindicato deja de existir. Esa fortaleza de organización que tienen los compañeros y compañeras es fundamental.
SD: Fíjate la contradicción. La paritaria se la sientan a discutir con otro sindicato pero en este conflicto mandan mails actualizando la situación del conflicto y dicen SiPreBA. Nos legitiman y nos reconocen. Ahora, para discutir salarios se hacen los tontos y firman con su socio.

En su momento había una discusión en el kirchnerismo porque un sector planteaba que los trabajadores de Clarín no eran nuestros enemigos, que no eran lo mismo que Héctor Magnetto.
SD: Al calor de la guerra entre el kirchnerismo y Clarín también se pudo construir la comisión interna y recuperar la actividad gremial. Después del 2000, cuando hubo 117 despidos y echaron a toda la junta electoral y a todo el activismo, se tardaron doce años en recuperar y tener una comisión interna, por lo que es en 2012, hablamos de pleno conflicto.
Esa coyuntura en la que Clarín estaba en el ojo de la tormenta, donde se discutía sobre cómo se movía y actuaba, y también había una decisión política del gobierno de aquel entonces de no dejarle pasar una y en todo lo que pudiera contarle las costillas, se dio un terreno fértil para que recuperáramos la actividad gremial.

Es casi en paralelo a la conformación del SiPreBA.
CG: La conformación en realidad es 2015 y el año anterior es el plebiscito. Antes nos presentábamos como plenario de delegados y delegadas de las distintas ramas. Después fue el germen del SiPreBA, incluso habiendo dado la discusión de querer ganar el sindicato. Quisimos participar democráticamente y no nos dejaron otro camino.
Lo que vemos ahora es que alguien que en su momento se dijo representante de los trabajadores no puede sentarse con las patronales a pedirles que no se sienten con nosotros a negociar el salario después de la personería. Siempre dijimos que el SiPreBA tenía que estar en la paritaria, pero nunca que no esté UTPBA porque sabíamos que era atentar contra nuestro propio salario y nuestras propias condiciones dentro de un medio de comunicación.

En la actividad privada es distinto al Estado.
CG: La ley sindical no permite que en la actividad privada haya dos sindicatos sentándose en la mesa. En el Estado, con lo que sacó Néstor Kirchner en 2003, permitió que haya más. Mientras UTPBA tenga la personería que se siente, pero también nosotros como legítimos representantes de los trabajadores, que seamos parte de esa discusión. Nunca fuimos al Ministerio a pedir que ellos no se sienten ni les presentamos a las cámaras empresariales una nota. Ellos, apenas nos salió la personería, fueron a decirle a los empresarios que no se sienten con nosotros y eso lo único que trajo es rebajas salariales y peores condiciones para nuestros compañeros. Hoy ni siquiera estamos pidiendo aumento salarial sino mantener el salario.
Me parece que, a cuarenta años de la recuperación de la democracia, hay que debatir la comunicación y por qué tenemos trabajadores de prensa en medios importantes. Sabemos que los medios, por un lado, funcionan por un rol social, que es el que entendemos nosotros, pero también en el poder de lobby. ¿Cómo vas a tener periodistas pobres que son los que hacen esa tarea? No va a dejar de existir el periodismo. Puede haber reconversión tecnológica y la inteligencia artificial no reemplaza.
SD: Hay un intento claro de convertir este noble oficio en un hobby, en el que ya no puedas vivir de ser un profesional de periodismo. Como si fuera algo a lo que le dedicas en tu tiempo libre porque no te alcanza la plata para vivir. Si cobras 150 mil pesos necesitas otro trabajo en el que tengas el mismo salario para poder llegar a fin de mes.

En concreto, ¿cómo fue el rol del Ministerio de Trabajo de la Nación?
SD: De momento, bien. Tomó intervención muy rápido. Lo mismo la convocatoria a la audiencia y la insistencia para que Clarín acatara la conciliación obligatoria. En ese sentido, las diferencias con lo que ocurrió en 2019 son absolutas. Mandaron inspectores y también hubo una escribana que nosotros contratamos para certificar si se estaba cumpliendo o no.
CG: Las inspecciones fueron fundamentales porque después tienen consecuencias económicas. Si estás incumpliendo una conciliación obligatoria y no dejas ingresar a los trabajadores, hay consecuencias. Ellos fueron el lunes y el martes, dos días. Eso es fundamental.

¿Por qué les parece que se hace este ajuste hoy? ¿Por qué no esperar a un gobierno más afín?
SD: Creo que es una respuesta en forma de contraataque a que el Ministerio de Trabajo de la Nación le haya otorgado la personería gremial al SiPreBA. Creo que es un vuelto también porque hace algunas semanas la Justicia obligó a Clarín a reincorporar a un trabajador echado de forma ilegal por ser de la junta electoral de su planta impresora y además pagarle todos los sueldos que estaban sin abonar
CG: Era jornalero, lo llamaban por día y después de la elección y que fue junta electoral lo dejaron de llamar. Por esa laboral tiene fueros y eso lo reconoció la Justicia. Además, tuvieron que pasarlo a planta permanente y no más como jornalero.

No estaban bastante contentos entonces.
SD: Además hay que pensar que no son sólo ellos, sino que Clarín es quien encabeza la cámara empresarial. Lo vemos como un mensaje no sólo a los trabajadores de la empresa sino contra el colectivo de prensa de toda la Ciudad de Buenos Aires.
CG: En este contexto, esta es la parte que nos afecta directamente porque somos trabajadores de prensa y estamos en el sindicato. Ellos te quieren correr el eje y lo que están mostrando este año, en el que la oposición se siente totalmente ganadora, lo cual se pone en discusión por los frentes internos que tienen que resolver, es que arrancan con los despidos y, si no hay reacción del gobierno, pasan para seguir ajustando con el salario. Por lo tanto, de alguna manera, ya tendrían cómo discutir esa reforma laboral que tanto anhelan.

Otra cuestión es la posición pública de la oposición con su deseo de cerrar los medios públicos.
CG: Varias de las voces que escuchamos ya estuvieron en el gobierno y nunca entendieron lo que eran los medios públicos. No entienden la dimensión federal, la democratización de la información y el crecimiento que tuvieron. Hoy Télam no es sólo hacer cables, sino que tiene un rol hacia afuera con su portal, sus redes sociales, su área audiovisual, una radio, posiblemente el archivo fotográfico más grande de Argentina. Todo eso sólo piensan cómo destruirlo.
Es una obsesión con la destrucción, lo mismo con el canal público y la radio nacional que llegan a distintos puntos del país donde ellos no. Es eficiente, además. Eso se vio reflejado en que pudimos enfrentar los despidos y revertirlos. También porque tuvimos el apoyo de la sociedad, pudimos contar la importancia de los medios públicos. Ellos siguen con una línea de ensañamiento porque no comprenden. Nombran la BBC siempre y se sostienen con la misma cantidad de trabajadores que tenemos acá. A Javier Milei lo invitamos a recorrer y conocer lo que se hacen porque no debe tener ni idea de lo que es un medio público y por eso dice que es lo que primero va a cerrar.
SD: A modo de ejemplo, en el conflicto con Clarín necesitamos los medios públicos para que aparezca en algún lado. No viene Página 12, ni Infobae ni La Nación a cubrir la noticia.

Valor Popular: el programa para cooperativas ya generó ingresos por 337 millones de pesos

23.4.2023

Se trata del plan del GCBA donde las unidades productivas pueden hacer visibles sus productos y así aumentar sus ventas. Si bien no todos crecieron, reconocen la importancia de difundir sus servicios.

El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) informó que el programa Compras Públicas con Valor Popular, lanzado en abril del 2022, ya generó ingresos por $337.967.601 para cuarenta y seis cooperativas y unidades productivas porteñas de la Economía Social. Según explicaron en un comunicado al que accedió este medio, esto promovió «ochocientos diecisiete puestos de trabajo activos«.
Vale recordar que la Ley de promoción de la Economía Social (Ley N° 6.376), en su inciso 13, impulsa una nueva modalidad de contratación para todos los proveedores que tengan el sello oficial de Valor Popular. Pero a su vez, las cooperativas lograron entrar en la modalidad más compleja de compras de GCBA, lo que se tradujo en que 16 asociaciones de trabajadores puedan participar en ocho convenios marcos con la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Legislatura Porteña y los Ministerios de Cultura, Desarrollo Humano y Hábitat, Educación, Salud y Turismo.
En términos de ingresos, el rubro textil fue el más beneficiado recaudando 178 millones de pesos, seguido por el rubro juguetes con 60 millones, gastonomía con 45 millones y gráficas o librerías con 3 millones de ingresos. Ante la novedad, ANSOL salió a consultarle a distintos referentes cooperativos de la Ciudad que ingresaron al programa y conocen de primera mano el funcionamiento del programa.
«El habernos incorporado a este programa nos permitió ampliar nuestra actividad y demostrarnos que teníamos la capacidad para afrontar el compromiso que implica. Pudimos incrementar nuestras posibilidades de ser tomados en cuenta dentro del sector público y privado, mejorando considerablemente la sustentabilidad y competitividad de la Cooperativa», expresó Oscar Monsullo, miembro de Librería El Profesional.
Por su parte, Elizabeth Cuenca, de la cooperativa Vivera Orgánica de Rodrigo Bueno, opinó que «a los emprendimientos nos dan la oportunidad de tener mejoras en nuestros productos y visibilidad». Y remarcó que, en el caso de ellas, el programa Valor Popular les permitió participar ferias, tener vinculación con otros emprendimientos y vender sus productos. «Tenemos compras directas con empresas», aseguró.
Otra de las unidades que ingresó al programa es la Cooperativa de Trabajo Esquina Libertad, un emprendimiento de imprenta, editorial y comunicación integrado por personas privadas de la libertad, liberadas, familiares y desocupados. «Es una iniciativa interesante que el Estado apunte a generar mayores ventas tanto con sector privado o público. Nosotros no hemos tenidos grandes ventas, pero sí muchas consultas. Esto lleva a que en la práctica no haya sido lo que esperábamos, pero sí rescatamos que haya espacios de visibilidad y a partir de ahí que aumenten nuestras compras», dijo Martín, uno de los integrantes de la asociación.

Rechazo al intento de que las iglesias gestionen políticas públicas

22.4.2023

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito Regional Ciudad Autónoma de Buenos Aires denunció el acuerdo firmado entre el Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires, que preside Cynthia Hotton, y el Ministerio de Salud de la Ciudad con organizaciones religiosas y confesionales, explícitamente militantes opositoras al derecho al aborto que ya es ley desde el 2020 (Ley Nº 27.610 de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo). El convenio incluye la difusión de cartelería color celeste de un “0800 VIDA” en todos los hospitales públicos porteños.

Afirman que se trata de una estrategia, que desde el discurso se centra en la existencia de la Ley 27.611 de “Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia” conocida como “Ley 1000 días”, que privatiza de hecho las políticas públicas dejándolas en manos de organizaciones que muestran claramente su afiliación a creencias religiosas, que militan en contra del derecho al aborto, e incluye en todos los hospitales públicos porteños la difusión de cartelería color celeste de un “0800 VIDA”.
Ante esto, desde la Campaña reafirman su exigencia respecto a una efectiva separación de las iglesias y el Estado. Reclaman además que se deje sin efecto este acuerdo y se efectivice el cumplimiento de las leyes vigentes.
Agregan que el 0800 Salud cumple con la función de informar acerca de toda consulta en relación a los derechos sexuales y reproductivos, por lo que si fuera necesario reforzar ese servicio debería ser ampliado el presupuesto e incrementada su gestión, en vez de derivarlo hacia organizaciones privadas y, menos aún, a entidades religiosas y confesionales.
“La implementación de las leyes y de las respectivas acciones de políticas públicas es una responsabilidad del Estado, así como el control y el monitoreo de las mismas deben ser una tarea central de la sociedad civil y llevarse adelante de manera autónoma del Estado. Asimismo, referimos la importancia ineludible de la transparencia de los acuerdos, contratos y datos del Estado: como ciudadanía organizada exigimos que estos sean siempre públicos y la información sea de fácil acceso. Logramos la sanción de la Ley de IVE, obtenida por la organización, lucha y persistencia de los movimientos feministas, y no permitiremos que nuestros derechos sean controlados ni manipulados por el poder de las Iglesias”, finalizan desde la Campaña.
Para sumar adhesiones a este rechazo ingresar AQUÍ

Caso Bulacio

22.4.2023

Por Correpi

Hace casi 20 años, el 18 de septiembre de 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó sentencia en el Caso Bulacio. La detención, tortura y muerte de Walter, de 17 años, ocurrida el 19 de abril de 1991 en la ciudad de Buenos Aires, nos permitió someter a análisis de ese tribunal, superior a la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, todo el sistema de detenciones arbitrarias en Argentina.

El fallo fue lapidario: La Corte IDH consideró probado que en nuestro país las fuerzas de seguridad gozan de facultades para detener personas arbitrariamente, a través de prácticas normadas, como la averiguación de antecedentes o detenciones para identificar, y los arrestos preventivos en materia contravencional, y de prácticas no normadas, pero toleradas, como las razzias. Y ordenó la adecuación de la legislación interna del país para eliminar todas esas prácticas, normadas o no normadas, ya que son violatorias de los principios básicos que el Estado Argentino se comprometió a respetar cuando suscribió como parte la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).
En estos casi 20 años, se sucedieron gobiernos de los más diversos colores y matices, tanto nacionales como en otras jurisdicciones, sin que, a la fecha, ninguno de ellos cumpliera ese fallo del organismo regional. Mientras tanto, a diario vemos corroborado que más de la mitad de las personas que mueren bajo custodia en una dependencia policial, eran víctimas de alguna de esas facultades discrecionales para detener personas arbitrariamente. Daiana Abregú, Jonathan Romo, Gabriel Pintos, Fátima Barrios, Erik Valdez y Florencia Magalí Morales, fueron detenidxs por contravenciones. Fabián Gallardo y Alejandro Martínez, por averiguación de antecedentes. Apenas si algunos nombres de los muchos que tenemos registrados en nuestro Archivo de Casos en los últimos tiempos. Ninguna de esas personas hubiera muerto si las policías no gozaran de esas facultades para detener a cualquiera, en cualquier lugar o momento, sin orden judicial ni delito flagrante.
Cuando un juez o un fiscal quieren ordenar la detención de alguien, deben tomarse el trabajo de fundamentar por escrito, al menos con cierta apariencia, las razones y pruebas en que se basan. Un policía, en cambio, no necesita otro argumento que su propia decisión. El sistema de detenciones arbitrarias produce decenas de miles de privaciones de libertad sin causa por año y por distrito. Más de la mitad de las personas que pasan por un calabozo policial, no está allí por una acusación penal. Y son quienes preferentemente “aparecen sin vida”.
Estas detenciones se vinculan de manera directa con las prácticas de recaudación, como pueden atestiguarlo vendedores ambulantes, manteros, trapitos, personas en situación de prostitución, artistas callejeros y todos los que, de una forma u otra, se la rebuscan para sobrevivir en la vía pública. Todos saben que tienen dos opciones: pagar puntualmente la “cuota” a la comisaría, o sufrir el hostigamiento sistemático con las detenciones, en las que, además de perder un día de trabajo (y la mercadería, en su caso), nunca falta alguna trompada que les recuerde que mejor que denunciar es arreglar.
También hay esquemas más elaborados, como cuando la brigada “levanta” alguien bien vulnerable, por ejemplo, con algún pasado de “conflicto con la ley”, y, siempre después de un par de golpes que funcionan como “incentivo”, le ordena que vuelva con una suma de dinero variable, bajo amenaza de armarle una causa. Le pasó a Desiderio Meza, que tuvo el buen tino de avisar a CORREPI, lo que permitió la detención de los policías de la comisaría 30ª con las manos en la masa, pero también a Jorge “Chaco” González, que murió 14 días después por la hemorragia interna causada por las patadas en la comisaría 5ª de Fiorito. O aprovechan estas facultades de llevarse alguien a la comisaría para “ablandarlo” y que se haga cargo de algún delito que los policías no tienen ganas de investigar. Así murió Sergio Durán, a los 17 años, en la comisaría 1ª de Morón, y desapareció Andrés Núñez en La Plata, en 1990.
Porque el sistema de detenciones arbitrarias, además de ser la puerta de entrada a la tortura, nos cuesta vidas. Más de la mitad de los muertos en comisarías, desde 1983 a hoy, era, según el eufemismo policial/judicial, “personas demoradas” o “contraventoras”, no detenidas, arrestadas o aprehendidas por orden judicial o delito flagrante.
No podemos permitir que siga pasando el tiempo con la sentencia del Caso Bulacio sin cumplir. Convocamos a todas las organizaciones, compañeros y compañeras que no quieren vivir en libertad vigilada, a impulsar una campaña nacional contra todas las formas de detenciones arbitrarias, que nos permita sumar fuerzas para romper con la naturalización de las prácticas represivas y para organizar la bronca y la resistencia.
BASTA DE DETENCIONES ARBITRARIAS
NI CONTRAVENCIONES NI AVERIGUACIÓN DE ANTECEDENTES
¡CUMPLAN EL FALLO BULACIO YA!

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