Comunicadores del Sur

31.3.2023

Por Tatiana Scorciapino

Este jueves la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires podría tratar la iniciativa popular que busca convertir los terrenos donde antes funcionaban los complejos Costa Salguero y Punta Carrasco en un parque público de acceso libre, gratuito e irrestricto. El mismo se contrapone con la idea del Juntos por el Cambio de ceder las tierras para la construcción privada de torres de más de 28 metros, lo que les quitaría la posibilidad a los ciudadanos de hacer uso del espacio frente al Río de la Plata.

A pesar de la voluntad de miles de personas, desde la oposición denuncian que el oficialismo dejó pasar un año -el plazo legal establecido para tratar este tipo de proyectos- y no habilitó que la iniciativa popular sea tratada en comisiones. Con el período vencido, desde Juntos por el Cambio darán un tratamiento exprés al proyecto y, haciendo uso de su mayoría, buscarán archivar esta iniciativa, a pesar de que cuenta con la convalidación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires y más 53.709 firmas de vecinos y vecinas. Esta iniciativa, además, es la primera en la historia de la ciudad en alcanzar el estado de tratamiento legislativo.

Archivar el parque público, una medida inconstitucional

En vísperas del tratamiento, organizaciones ambientales y sociales se reunieron en la tarde del martes con legisladores del Frente de Todos para diseñar acciones conjuntas frente al posible archivo de la iniciativa en la Legislatura. Además, desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad volvieron a denunciar la estrategia del gobierno de Larreta, al tiempo que advirtieron que archivar la iniciativa del parque público es inconstitucional debido a que aún continúa vigente el amparo interpuesto por la organización.
El inicio del conflicto se remonta a diciembre de 2019 cuando, en la última sesión de aquel año, la legislatura aprobó la Ley 6.289, que habilita al gobierno porteño a vender el predio de 33 hectáreas. Con una vista al río privilegiada y ubicada en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires, la intención del GCBA fue entregar estos terrenos a la construcción de un pequeño barrio de 10 edificios -cuyo valor de metro cuadrado rondaría entre los USD 8.000 y USD 10.000- que emule la alta categoría del también inventado Puerto Madero.
Tras esta aprobación, en 2020 el Observatorio del Derecho a la Ciudad y la entonces diputada Gabriela Cerruti presentaron una acción de amparo para impedir el avance de la venta. Después de algunos meses de conflicto, en 2021 el juez Leonardo Fuchi, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°16 de CABA, declaró inconstitucional la comercialización de estos terrenos, lo que dejó el proyecto inmobiliario ideado por el larretismo en stand by, ya que el propio gobierno porteño apeló el fallo de la justicia.
A pesar de continuar judicializada, la decisión de este tribunal se convirtió en un hecho casi inédito puesto que, según el informe de Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA), desde el 2016 hasta el 2021 la Ciudad lleva privatizadas más de 500 hectáreas de tierras públicas.
Si bien la iniciativa se encamina a no ser tratada, desde la oposición afirman que esta decisión del gobierno porteño significará un antes y un después, ya que estarán pasando por arriba de la voluntad popular de manera más que alevosa. De esta forma, y en pleno curso del año electoral, los legislativos del Frente de Todos buscarán que quede expuesta la falta de empatía, trato y escucha del larretismo a los vecinos de la ciudad que gobiernan desde hace más de 16 años.

30.3.2023

El jueves 30, en el marco del paro docente convocado por el sindicato Ademys, estudiantes, docentes y familias se movilizaron a la Jefatura de Gobierno porteño para denunciar la desinversión presupuestaria y contra la quita de ayuda social a mil quinientas familias.

Desde el inicio del ciclo lectivo, la comunidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra organizada en reclamo de las condiciones en las que se enseña y se aprende en las escuelas: falta de acondicionamiento de espacios compartidos que presentan problemas de infraestructura no resueltos (a pesar de los sucesivos reclamos de las escuelas), cortes sistemáticos de servicios básicos (como el agua y la luz), la ausencia de recursos mínimos para hacer frente al brote de dengue (como la realización de fumigaciones y entrega de repelentes) y la alarmante medida de instalar cámaras dentro de las aulas, son sólo algunos de los tantos reclamos que sostienen. En este marco, el sindicato porteño Ademys viene impulsando espacios para unificar la pelea por estas demandas no sólo entre docentes, sino también junto a estudiantes y sus familias, que ya se encontraban participando en cortes de calle, abrazos a las escuelas y demás acciones.
En este sentido, en el marco del plan de lucha votado en asamblea junto a familias y estudiantes, Ademys convocó a un paro y una marcha educativa para el jueves 30 con el fin de visibilizar el vaciamiento de la educación pública y exigir la inmediata respuesta a los graves problemas de infraestructura que denuncian desde las escuelas. Además, reclaman una mejora salarial que contemple el costo de la canasta básica familiar y que impacte en el sueldo básico, desnaturalizando el pluriempleo (doble o triple turno) que impacta significativamente contra las condiciones de enseñanza.
A pesar de llamar al resto de los sindicatos a construir la jornada de lucha en unidad, sobre todo UTE-Ctera que es el sindicato mayoritario de la Ciudad de Buenos Aires, éstos no se plegaron a la medida. Al respecto, Federico Puy, docente y secretario de prensa de Ademys, expresó: “muchos compañeros en las escuelas se preguntan por qué la UTE no llama a paro, por qué la UTE no hace nada. Pero no es que ´no está haciendo nada´, está haciendo todo lo posible en un año electoral para que la bronca y la fuerza de las escuelas no se exprese por los problemas de salario, problemas de infraestructura, por esos chicos y chicas que hoy le han quitado el plan social. No es que ´no está haciendo nada´. Esta burocracia está completamente subordinada a los intereses del gobierno nacional”.
También se refirió a la importancia de la coordinación y solidaridad con otros trabajadores que están luchando: “no estamos peleando solos. Hoy hubo paro en dos líneas de subte, y el día de ayer en otras dos. Los compañeros están planteando una medida muy sentida, que es la reducción de la jornada laboral, por tener dos francos a la semana y por cuidar salud ya que hay materiales cancerígenos con asbesto en las formaciones del subte: esa pelea es importantísima, le tenemos que dar respaldo desde nuestro sindicato. Además, el día de hoy, cientos de trabajadores contratados de la empresa Kraft Terrabusi han cortado Panamericana y Henry Ford contra los trecientos despidos que se vienen. También tenemos que brindarles toda nuestra solidaridad y coordinar las luchas con ellos”.
Además, tomó la palabra Silvia, mamá de una víctima de Cromañón, quien se refirió entre otras cosas a la medida del Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de Educación Soledad Acuña respecto a la quita de la ayuda social a más de mil estudiantes: “hoy es 30 de marzo, día en que las escuelas se recuerda a las víctimas de Cromañón, porque el 30 de diciembre no hay clases. Y nos pareció muy importante estar acá porque creemos que docente que está luchando, también está enseñando y porque leemos a Cromañón como un momento máximo de precariedad, laboral y de la propia vida, como pasa en muchas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano. Es una locura que criminalicen a un pibe por ir a un recital y ahora por estar en una escuela. Apoyamos su lucha y los pibes de Cromañón están presentes”.

29.3.2023

El gobierno comenzó a instalar cámaras hace 15 días. Tras la nota publicada en Tiempo Argentino y el repudio de la comunidad educativa, todo indica que la cartera que conduce Soledad Acuña reculó en una de las escuelas.

El pasado 15 de marzo, Tiempo publicó un informe sobre la instalación de cámaras de seguridad dentro de aulas de escuelas públicas. El primer establecimiento educativo que el ministerio de Educación de la Ciudad eligió para llevar adelante esa iniciativa, fue la Escuela Técnica Cristóbal M. Hicken, que se encuentra dentro del jardín botánico. Tras la nota publicada en Tiempo y el posterior repudio de la comunidad educativa y organizaciones vinculadas a los derechos humanos, todo indica que la cartera que conduce Soledad Acuña reculó y decidió suspender momentáneamente la instalación de cámaras dentro del aula de esa escuela. Lo grave es que durante la jornada de este martes, la Ciudad avanzó con la instalación de dispositivos de filmación dentro de un aula de otro colegio, se trata de la Escuela Primaria Común N° 17 DE 8 Profesor Raúl L. Bernardelli del barrio de Parque Chacabuco.
Mientras por un lado el ejecutivo porteño decidió suspender la instalación de cámaras en un aula de la escuela Hickens, ante el alzamiento y el rechazo de la comunidad educativa y un importante sector de organizaciones vinculadas a los derechos humanos, por el otro, avanzó en silencio con la instalación y puesta en marcha de una cámara dentro del aula de la escuela 17 de Parque Chacabuco que cuenta con una comunidad de 250 estudiantes.
“Hoy recorrí la escuela y observé la puesta en marcha que hizo el ministerio de una cámara dentro del aula, donde los chicos y chicas asisten todos los días para el dictado normal de clases. Una decisión completamente arbitraria, a espaldas de la comunidad educativa, y argumentando que era para proteger los bienes de la escuela, algo que es completamente ajeno a la realidad porque las maestras no tienen ni tizas para poder escribir en el pizarrón”, aduce en diálogo, Andrea Bohus, secretaria de la asociación docente Ademys. “Estas cámaras controlan el trabajo pedagógico atentando contra los derechos laborales y viola los derechos a la intimidad de las y los menores”, agrega. Y concluye: “Por ahora instalaron una sola cámara dentro de un aula, pero no sabemos si van a seguir poniendo más cámaras en ese aula o en alguna más”.
Cabe destacar que desde la propia cartera educativa de la Ciudad, aseguraron a este medio que la idea es avanzar “en la instalación de espacios seguros en 150 escuelas porteñas”. Algunos de esos espacios “ocasionalmente incluyen la instalación de cámaras, pero que todavía no está determinado el número final, dado que son casos excepcionales. Los espacios tienen, más que nada, la instalación de sensores y alarmas”.
El pasado 15 de marzo este medio sacó a la luz la inminente instalación de cámaras en al menos tres aulas de la Escuela técnica Hickens. Tras la publicación de la nota, la comunidad educativa rechazó contundentemente esta medida y se organizó para detener la iniciativa. Incluso hubo una presentación de proyecto de declaración en la legislatura, redactada por el legislador porteño del frente de Todos, Claudio Morresi: “Acompañamos a la comunidad de la Escuela “Cristóbal M. Hicken” en su rechazo a esta iniciativa de Larreta que avasalla los derechos de nuestros pibes y pibas, garantizados por la ley 26.061 que los protege”, destacó el diputado en sus redes.
“Nosotros como UTE nos hicimos presentes en el día de ayer en la escuela Hickens, para dialogar con los profesores, profesoras y con varias autoridades, y conocer el estado de situación. Nos confirmaron todo lo que había salido publicado en el artículo y nos dijeron que eso provocó bastante movimiento más allá de lo mediático”, contó a Tiempo Martín Acri, integrante de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera) y referente educativo de los distritos escolares 9 y 10. El docente confirmó que la instalación de cámaras en la escuela Hickens finalmente no iba a prosperar, debido a que la comunidad educativa rechazó con contundencia esta iniciativa. “Las familias tuvieron un rol protagónico al rechazar por unanimidad la instalación de cámaras y el ministerio de Educación de la Ciudad, en principio, reculó y suspendió el proceso que había iniciado”, agrega Acri. La comunidad educativa exige mayor presencia de seguridad en la zona para evitar el robo de dispositivos informáticos, la instalación de dispositivos de control fuera de la escuela, y la instalación de rejas por los lugares que pueden ingresar los delincuentes.

29.3.2023

Este domingo, Carrefour cerró una de sus sucursales en el barrio porteño de Colegiales y lo anunció con clientes adentro del local. Todavía no quedan claros los motivos del cierre. La sospecha en el ámbito mercantil es que tendría que ver con situaciones que no necesariamente están atadas a lo comercial.

Mediante una estrategia que busca eludir la acción coordinada de los empleados, la empresa Carrefour adoptó la modalidad de “cierres exprés” de sucursales anunciando la medida a los trabajadores en horario de atención al público.
Esta vez le tocó a la sucursal Carrefour Market ubicada en la esquina de Elcano y General Enrique Martínez en el barrio porteño de Colegiales. La sorpresa fue la forma en que se comunicó a los empleados de la nueva situación de la sucursal.
Mientras el público circulaba por las góndolas y realizaba sus compras, los 70 trabajadores fueron siendo citados por responsables de Recursos Humanos para informarles del cierre.
En respuesta a esto trabajadores, clientes y vecinos se reunieron para defender las fuentes de trabajo en un abrazo simbólico. Los mercantiles acumulan dudas sobre el cierre porque aseguran que justamente en ese local se vende muy bien.
Siempre de acuerdo a la versión periodística, una modalidad similar ya se había implementado en el cierre de una sucursal de la avenida Congreso de la Ciudad de Buenos Aires y de otra en la ciudad bonaerense de Balcarce.
Desde la empresa se habría argumentado que las unidades cerradas no estaban ofreciendo los resultados operativos esperados.
En la actualidad Carrefour cuenta con 620 locales en el país y emplea a 17.000 personas.

28.3.2023

Será entre las 5:30 y las 7:30. Ante el fracaso en la audiencia con Emova y SBASE de este martes en la que llevaron el pedido de 2 francos semanales y un plan de desasbestización, las y los trabajadores del subte lanzan esta medida de autodefensa. “Nuestra intención es reducir la incidencia de todos esos factores insalubres para salvaguardar nuestra salud y por extensión la de los usuarios”, dijo en un comunicado Claudio Dellecarbonara, Secretario Ejecutivo de AGTSyP.

Las y los trabajadores del subte realizarán un paro en las líneas B y C entre las 5:30 y las 7:30 de este miércoles. Llaman a esta medida de autodefensa ante el fracaso en la audiencia con Emova y SBASE de este martes en la que llevaron el pedido de 2 francos semanales y un plan de desasbestización, entre otras demandas que vienen llevando a cabo desde el año pasado.
“Nuestra intención es reducir la incidencia de todos esos factores insalubres para salvaguardar nuestra salud y por extensión la de los usuarios”, dijo en un comunicado Claudio Dellecarbonara, Secretario Ejecutivo de AGTSyP.
Entre las demandas se encuentran la desabestización inmediata de toda la red, el cambio de las flotas contaminadas, la reposición del personal faltante y la reducción de la exposición a los factores insalubres mediante la implementación de 2 francos semanales para todos los trabajadores.
“En un ámbito de trabajo con decenas de factores insalubres y nocivos para la salud seguimos exigiendo la reducción de la jornada semanal para obtener 2 francos”, expresó. Y agregó que esta medida además facilitaría la creación de decenas de puestos de trabajo genuino, tan necesarios en una realidad del país con una desocupación y precarización cada vez más altas.
El asbesto es un mineral prohibido por ley en nuestro país desde principios de siglo por ser altamente cancerígeno. Desde la AGTSyP han presentado un amparo colectivo exigiendo el retiro inmediato del asbesto y todos los elementos contaminados de la red de subterráneos, incluidos los trenes de la línea B, E y C que lo contienen, que ha sido concedido por la justicia porteña y ratificado hace pocos días luego de que la empresa concesionaria apelará el fallo en 2020.
Los trabajadores del subte suman 3 compañeros fallecidos por asbestosis y más de 80 afectados por el mineral cancerígeno cuando aún no se les ha realizado los exámenes de rigor a la totalidad de los trabajadores del subte. Esta realidad afecta, y pone en riesgo también, a los millones de usuarios que utilizan el transporte subterráneo todos los días y a los vecinos de la red.
“Nuestra decisión es clara: llevaremos adelante todas las medidas que estén a nuestro alcance para obtener la respuesta que necesitamos para salvaguardar nuestra salud y nuestras vidas y la de los usuarios y vecinos del subte. Invitamos a todos a sumarse a la campaña que llevamos adelante las y los trabajadores del subte en este sentido”, finaliza el comunicado.
Acá podés leer el comunicado completo:
Fracaso la audiencia del día de hoy. Emova y Sbase no dan respuesta.
*SUBTE: ¡RATIFICAMOS, MIÉRCOLES 29/3 PARO DE LÍNEAS B Y C ENTRE LAS 5.30 Y LAS 7.30 HS!*
En un ámbito de trabajo con decenas de factores insalubres y nocivos para la salud seguimos exigiendo la reducción de la jornada semanal para obtener 2 francos. Nuestra intención es reducir la incidencia de todos esos factores insalubres para salvaguardar nuestra salud y por extensión la de los usuarios, además de apuntar a la mejora del servicio deficiente e inseguro que brindan la empresa concesionaria Emova y SBASE. Esta medida además facilitaría la creación de decenas de puestos de trabajo genuino, tan necesarios en una realidad del país con una desocupación y precarización cada vez más altas.
Tenemos que recordar que, a las condiciones insalubres y dañinas para la salud históricamente conocidas en nuestro ámbito, como la alteración de ritmos circadianos, microondas, electromagnetismo, microparticulados minerales y metálicos en suspensión, enrarecimiento del aire y falta de oxígeno entre otros, se les sumo el descubrimiento por parte de nuestra organización gremial, de la presencia del cancerígeno asbesto en toda la red.
El asbesto es un mineral prohibido por ley en nuestro país desde principios de siglo por ser altamente cancerígeno. La ley prohíbe su compra, venta, uso, manipulación y exposición por las consecuencias fatales para el cuerpo humano. Debemos tener en cuenta además que desde la AGTSyP hemos presentado un amparo colectivo exigiendo el retiro inmediato del asbesto y todos los elementos contaminados de la red de subterráneos, incluidos los trenes de la línea B, E y C que lo contienen, que ha sido concedido por la justicia porteña (Fallo Liberattori) y ratificado hace pocos días luego de que la empresa concesionaria apelará el fallo en 2020.
Los trabajadores del subte ya sumamos 3 compañeros fallecidos por asbestosis y tenemos más de 80 afectados por el mineral cancerígeno cuando aún no se les ha realizado los exámenes de rigor a la totalidad de los trabajadores del subte. Esta realidad afecta, y pone en riesgo también, a los millones de usuarios que utilizan el transporte subterráneo todos los días y a los vecinos de la red. Como ya lo hemos denunciado, una verdadera crisis sanitaria bajo tierra que el Gobierno de la Ciudad y Emova intentan desconocer, con las consecuencias luctuosas que acarrea esta situación.
Seguimos exigiendo la desabestización inmediata de toda la red, el cambio de las flotas contaminadas, la reposición del personal faltante y la reducción de la exposición a los factores insalubres mediante la implementación de 2 francos semanales para todos los trabajadores. Nuestra decisión es clara: llevaremos adelante todas las medidas que estén a nuestro alcance para obtener la respuesta que necesitamos para salvaguardar nuestra salud y nuestras vidas y la de los usuarios y vecinos del subte. Invitamos a todos a sumarse a la campaña que llevamos adelante las y los trabajadores del subte en este sentido.
*Claudio Dellecarbonara* Secretariado Ejecutivo AGTSyP-SUBTE