Comunicadores del Sur

28.4.2023

Luego de la rápida denuncia y alerta de las organizaciones de mujeres, de la diversidad sexual, de trabajadoras, estudiantiles, entre otras, la línea telefónica que iba a ser ejecutada por organizaciones evangelistas en los hospitales públicos de la Ciudad no podrá seguir operando y el servicio será brindado a través del Ministerio de Desarrollo Social. Ayer, hubo pañuelazo convocado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto frente a la Legislatura porteña.

Cyntia Hotton, reconocida antiderechos y presidenta del Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires, se quedó sin su 0800 VIDA, la línea de atención telefónica en hospitales públicos que bajo el argumento de servir para “asistir a mujeres con embarazos vulnerables”, supuestamente para aplicar la Ley de 1.000 días sancionada en 2020 junto con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en verdad buscaba que esa línea sea atendida por 400 organizaciones evangelistas. Ese convenio había sido firmado con el Ministerio de Salud presidido por Fernán Quirós. A partir de ahora, la línea telefónica será atendida por personal del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad.
El convenio que se logró dar marcha atrás, era una intromisión de agrupamientos religiosos en el sistema público de salud, hecho repudiado por la Campaña por el Aborto, reconocidas escritoras, personalidades de la cultura, diputadas y también por sectores de trabajadoras y trabajadores como la Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA, la Comisión de Género de las trabajadoras del Hospital Durand, por mencionar algunos ejemplos. La juventud también se hizo oír, y empezaron a difundirse los comunicados de los centros de estudiantes, como en los casos de los Centros de Filosofía y Letras de la UBA y en el terciario porteño Joaquín V. González. Apenas se hizo público este convenio, la primera legisladora porteña en presentar un pedido de informes para que se conozca este convenio fue Alejandrina Barry del bloque PTS en el Frente de Izquierda.
El jueves por la tarde, la Campaña por el Aborto de CABA convocó un Pañuelazo frente a la Legislatura porteña, donde presentaron las más de 1500 firmas en repudio a ese convenio que finalmente dio marcha atrás luego del repudio que generó. Allí estuvieron presentes la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas luego de la ronda de los jueves, las y los diputados del Frente de Izquierda Alejandrina Barry, Mercedes de Mendieta y Gabriel Solano. También se acercaron las diputadas del bloque de Juntos por el Cambio Florencia Romano y Ana María Bou Perez que al defender las políticas de salud y de género en la Ciudad que habían sido cuestionadas en la declaración de la convocatoria a la actividad, no fueron muy aplaudidas durante la jornada. Además de las referentes históricas de la Campaña como Martha Rosenberg, Nina Brugo, Elsa Schvartzman, participaron agrupaciones como Pan y Rosas, Isadora, Juntas y a la Izquierda, Plenario de Trabajadoras, Las Rojas, entre otras, y se leyeron apoyos de distintos sectores. La actividad finalizó con la música del colectivo de percusión Talleres Batuka que plantearon la necesidad de seguir en las calles movilizadas por los derechos de las mujeres.
Está planteado seguir movilizadas por la separación de las ONGs antiderechos y las Iglesias del Estado.

27.4.2023

Este proyecto de ley fue presentado por la legisladora del Frente de Izquierda, Alejandrina Barry, mientras se acercó junto a docentes del barrio para aportar donativos a las familias que siguen en la calle y sin nada. “Lo que vivieron estas familias es un crimen social y se podría haber evitado. El Gobierno es responsable y debe dar una solución inmediata” declaró.

El derrumbe de una vivienda precaria de dos pisos, ocurrido el martes por la noche, en Rivadavia 8758, en el barrio de Floresta, recorrió todos los medios de comunicación en medio de una indignación total. Más de 30 familias se quedaron sin vivienda y sin ninguna de sus pertenencias. Lo más grave e indignante fue el hallazgo de una niña de 12 años y un joven de 19 fallecidos. Mientras este mismo miércoles seguían los operativos para buscar a una señora que seguía hasta el momento desaparecida.
Inmediatamente los docentes de las escuelas de los niños de esas familias comenzaron donaciones para las mismas y este miércoles la legisladora Alejandrina Barry del Frente de Izquierda se acercó a dar lo suyo, mientras presentó un proyecto de Ley en la Legislatura porteña para “crear una partida presupuestaria extraordinaria a efectos de que el Poder Ejecutivo asignar a cada familia afectada por el derrumbe del inmueble de la Av. Rivadavia 8758 de esta Ciudad y que les permita acceder a una solución habitacional suficiente y permanente”.
“Lo que vivieron y sufrieron estas familias se podría haber evitado. El Gobierno es responsable y debe dar una solución inmediata. Propongo a todos los legisladores votar este proyecto para solucionar de forma inmediata la vivienda para estas familias que siguen en la calle”, declaró Alejandrina Barry mientras se acercó a las familias damnificadas para ponerse a disposición, junto a docentes del barrio.
“El Gobierno de la Ciudad nos ofreció un subsidio de 22.000 pesos por tres meses, hay personas que han perdido todo, no alcanza ni para comprar la ropa que está adentro, y no lo aceptamos porque estamos decidiendo qué hacer, hay 30 chicos que se quedaron sin hogar”, dijo Elio, el tío de la niña de 12 años fallecida.
La legisladora Alejandrina Barry fue categórica: “El presupuesto de la Ciudad, la más rica del país, tiene la plata para darle solución inmediata. Si no, podrían achicar en algunos pocos millones el inmenso presupuesto para publicidad que tiene otorgado el Gobierno de Larreta”.
Las imágenes televisivas y declaraciones de las familias mostraron una realidad que viven decenas de miles de familias en la Ciudad, la crisis habitacional no solo expulsa habitantes de la ciudad, sino que mata a las más precarias. La tragedia de Floresta es la expresión más cruda de la precariedad en que viven las jubiladas, en que trabaja la juventud y crecen las infancias. De cómo el empobrecimiento de las familias trabajadoras, a fuerza de trabajos precarios, desocupación, changas y alquileres impagables, las empuja a apretarse en villas o en casas que no tienen condiciones.
Las estadísticas del propio Gobierno de Rodríguez Larreta dicen que el 8% de la población vive “hacinada”. Pero si acercamos la lupa vemos que ese número se duplica en comunas como la 4 (La Boca, Barracas) o la 8 (Soldati, Lugano) y triplica ese número en la comuna 1 (Monserrat, Constitución), donde el 25% de las familias viven hacinadas en condiciones inhumanas. A esto hay que sumarle el aumento de la población de las villas y asentamientos que llegan a las 250.000 personas, así como la que va quedando en “situación de calle” y a diario se la puede ver por las calles del centro porteño.
“El trágico derrumbe en Floresta donde vivián 150 personas es un CRIMEN SOCIAL. Mientras el 50% de las viviendas que se construyen en Caba son de lujo, miles de viviendas suntuosas están vacías para la especulación, miles viven y mueren en una terrible precariedad habitacional”, denunciaba Alejandrina Barry en sus redes sociales.
A su vez la legisladora agregó para finalizar “Decenas de miles de familias viven en peligro. Para detener estos crímenes sociales hay que implementar urgentemente un plan de viviendas controlado por las familias y organizaciones sociales. Y para tal fin, conseguir los fondos en base a la creación de impuestos a las grandes constructoras, a la vivienda ociosa y detener la especulación inmobiliaria”.
La beba que murió hace pocos días en la vereda de Casa Rosada, los hombres que mueren en el invierno en las calles, los incendios que convierten en trampas mortales hoteles y conventillos (como pasó la semana pasada en La Boca) son parte de la misma realidad. Un gobierno empeñado en garantizar los negocios inmobiliarios que arroja a miles de personas a condiciones de vida que llegan a ser mortales, como hoy. Por eso los llamamos crímenes sociales.

27.4.2023

Por Lucho Aguilar

El derrumbe en Rivadavia y Lacarra es parte de una crisis habitacional que no tiene techo. En la Ciudad más rica, hay barrios que tienen un 20% de su población hacinada. El resultado de la apropiación de la tierra y la vivienda para los negociados, la suba de los alquileres y una vida cada vez más precaria.

Sonia no durmió en toda la noche, todavía está aturdida, pero les habla a las cámaras. “Yo estaba más adelante, la parte de atrás fue la que se cayó. Por eso los vecinos de adelante salimos todos, pero las personas que estaban atrás se fueron para abajo. No hubo construcciones, no hubo nada de nada. Simplemente, sonó como si algo hubiese reventado. Y ahora esperamos a saber quiénes faltan”.
Al mediodía de este miércoles se sabe que dos personas perdieron la vida y buscan otras detrás de los escombros. Los bomberos recorren las ruinas de la vivienda como si estuvieran en el foco de un terremoto.
Pero en esa manzana de Floresta no tembló la tierra. Lo que causó el derrumbe fueron las terribles condiciones estructurales en que viven miles de familias pobres de la Ciudad más rica. “150 personas vivían en el PH” repiten los medios. “Una familia o dos por habitación” agregan.
Abuelas como Felicitas que estaba desaparecida. Jóvenes como Jefferson que murió. Niñas y niños que también fueron víctimas como Gabriela.
La tragedia de Floresta es la expresión más cruda de la precariedad en que viven las jubiladas, en que trabaja la juventud y crecen las infancias. De cómo el empobrecimiento de las familias trabajadoras, a fuerza de trabajos precarios, desocupación, changas y alquileres impagables, las empuja a apretarse en villas o en casas que no tienen condiciones.
Las estadísticas del Gobierno de Rodríguez Larreta dicen que el 8% de la población vive “hacinada”. Pero si acercamos el foco vemos que ese número se duplica en comunas como la 4 (La Boca, Barracas) o la 8 (Soldati, Lugano) y triplica ese número en la comuna 1 (Monserrat, Constitución), donde el 25% de las familias viven hacinadas.
A esto hay que sumarle el aumento de la población de las villas y asentamientos (250 mil personas), así como la va quedando en “situación de calle”.
La beba que murió hace pocos días en la vereda de Casa Rosada, los hombres que mueren en el invierno en las calles, los incendios que convierten en trampas mortales hoteles y conventillos (como pasó la semana pasada en La Boca) son parte de la misma realidad. Un gobierno empeñado en garantizar los negocios inmobiliarios que arroja a miles de personas a condiciones de vida que llegan a ser mortales, como hoy. Por eso los llamamos crímenes sociales.
El peronismo, como principal fuerza de oposición en la Ciudad, ha sido cómplice de esas políticas “sociales” del larretismo. Cuando gobernaron la Ciudad, con Carlos Grosso, “Topadora” Domínguez y Aníbal Ibarra, la política fue la misma. El ajuste que hoy vive el país también es responsable de la crisis habitacional.
Sonia, como todos sus vecinos, es una trabajadora informal. Vende en la calle. “¿Qué voy a salir a vender y encima ahora con todo esto del dólar? Me quedé sin plata y sin mercadería”, dice. “Pero mi vida era lo primero”.
Para los partidos tradicionales esas vidas valen poco. El GCBA viene subejecutando las partidas destinadas a Habitat y Vivienda y su única política “inmobiliaria” es conseguir terrenos para nuevos negociados. Por eso tras hechos como este, lejos de buscar soluciones habitacionales, el larretismo empieza una razzia de desalojos con la excusa de “evitar nuevas tragedias”.
Se necesita un plan de viviendas, en base a impuestos a las grandes empresas, administrado por las organizaciones obreras y sociales. Ningún desalojo, ningún derrumbe más. Ni casa sin gente ni gente sin casa.

27.4.2023

Por Diego Castro Romero

«Larreta y Acuña nos tienen que escuchar», reclamaron el martes a la tarde sindicatos, docentes, agrupaciones estudiantiles y organizaciones de padres que marcharon para denunciar el «enorme vaciamiento» en los establecimientos de la Ciudad.

Larreta y Acuña nos tienen que escuchar», fue el reclamo que sindicatos docentes, agrupaciones estudiantiles y organizaciones de padres llevaron hasta la Legislatura porteña ayer martes, para denunciar el «enorme vaciamiento» del sistema educativo que impacta en baja de salarios, reformas de planes de estudio y precarización de condiciones edilicias e higiénicas de los establecimientos. A las problemáticas que arrastra la gestión educativa del PRO en la Ciudad y que el año pasado derivaron en la toma de más veinte escuelas, se suman ahora los videos viralizados por estudiantes que conviven con ratas y alacranes. Desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera) exigieron un «aumento del presupuesto educativo y recomposición del salario que se perdió en los últimos veinte días». Mientras, Ademys realizó un paro de 24 horas y una concentración frente al Palacio Pizzurno junto a agrupaciones de izquierda horas antes de sumarse a la movilización. Allí sostuvieron que su reclamo es también a nivel nacional y que «el Gobierno aumenta una miseria en el distrito más rico del país».
Desde las 17:30, las columnas de manifestantes cortaron la intersección de Córdoba y Ayacucho, a metros del ingreso a la Escuela Normal N°1. La comunidad educativa, que marchó desde allí hasta la Legislatura porteña, convocó a docentes, estudiantes y padres que advierten un descenso de la inversión en el área conducida por la precandidata a jefa de Gobierno Soledad Acuña. Para Eduardo López, secretario adjunto de UTE, las ambiciones electorales del alcalde saliente condicionan el presupuesto. «En un día y medio, el Gobierno de la Ciudad gasta lo mismo en publicidad que en un año en Ciencia y Tecnología». En los últimos veinte días perdimos cinco puntos del salario y queremos que se recuperen la semana próxima», exigió López. Y afirmó: «Queremos que la escuela deje de ser sinónimo de ratas, alacranes, problemas de calefacción, de ventilación; y vuelvan a serlo de esperanza, alegría, estudio, de computadoras y libros. Y para eso tiene que haber más inversión». La movilización aunó diversos reclamos con un factor común: la desinversión en la Ciudad. En este sentido, desde el profesorado Joaquín V. González aseguraron que la baja en el presupuesto se manifiesta de diversas maneras. Ayelén Baglione, consejera estudiantil afirmó que «están cerrando tres postítulos porque dicen que no se llega a la cantidad de inscriptos. Les mostramos que había compañeros anotados, pero en el ministerio no ceden y nos dan una lista de profesorados pagos. Están negociando con la formación docente». Por su parte, Silvia Gómez, representante del Departamento de Matemática afirmó que «también están cerrando el profesorado superior en Matemática». Patricia, miembro de la cooperadora, dijo: «Pedimos mayor seguridad porque hay robos constantes. Ya robaron quince microscopios este año». Además, reclaman titularizaciones para los docentes.
En tanto, los estudiantes de colegios secundarios, que protagonizaron las protestas contra el Gobierno porteño el año pasado en reclamo por mejoras edilicias y de calidad y cantidad de viandas, afirman que la situación no mejora y ahora denuncian la existencia de plagas en las escuelas. Así lo confirmó León Arriola, presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Industrial Luis Huergo: «Venimos con este reclamo desde el año pasado. Los directivos nos dijeron que después de las vacaciones ya estaba solucionado, pero este año volvimos a encontrar ratas en la preceptoría, al lado de donde guardan las viandas». Arriola afirmó que más tarde se viralizaron videos de compañeros que vieron roedores también en el sector de taller y en conductos de ventilación de las aulas. «En ese momento estaba la ministra Acuña en el auditorio entregando las tarjetas por el pase cultural. Padres de cooperadora le reclamaron, pero hizo oídos sordos», agregó.
Para las y los estudiantes, «el colmo» llegó cuando uno de ellos aseguró haber sido mordido por una rata este lunes, tras lo cual cortaron la calle. Una vez más, afirman, el ministerio incumplió la promesa de desratizar y simplemente realizó una «limpieza profunda» de las instalaciones.
Por otra parte, desde Ademys convocaron a una concentración previa a la marcha frente al Palacio Sarmiento, sede del Ministerio de Educación Nacional. La secretaria general del gremio Mariana Scayola dijo a este medio: «Venimos de un aumento del 14 por ciento en febrero que es completamente insuficiente. La crisis se siente muy fuerte en el salario pero también reclamamos por condiciones de trabajo, porque nos están convocando a las jornadas fuera de nuestro horario, y por mejoras en infraestructura». El acto de Ademys comenzó a las 15, en el marco de un paro de 24 horas. Desde allí se movilizaron hasta el Normal 1 para sumarse a las demás agrupaciones convocantes. «Venimos desarrollando acciones en unidad. En las escuelas también reclaman esa unidad para reclamarle al Gobierno de la Ciudad», dijo Scayola. En este sentido, destacó que «el Gobierno baja unilateralmente los acuerdos y se niegan a la discusión. Para ellos, la realidad es distinta a la que vemos todos los días desde adentro: ratas, alacranes, cucarachas, escuelas que estallan y docentes muy por debajo de la línea de pobreza en el distrito más rico del país. Ellos tienen una venta publicitaria, con fotos de campaña y montajes».

25.4.2023

Diez años pasaron desde aquella mañana del 26 de abril de 2013, cuando la Policía Metropolitana ingresó al predio del Hospital Borda con topadoras y reprimió a médicos, enfermeros y pacientes. El negocio inmobiliario quedó trunco, al precio de un abandono que dejó al hospital vaciado.

El predio del hospital había sido ocupado por 400 efectivos de la Policía Metropolitana. Iban armados como para una guerra. Sin el visto bueno de la Justicia, amparados por la lóbrega madrugada, la policía de Macri volteó el paredón y un portón de la calle Perdriel. Por ese buraco entraron los uniformados junto a cuadrillas de operarios y unas cuantas topadoras. La orden era demoler el Taller 19, un espacio terapéutico dedicado a la carpintería y la pintura, donde los pacientes del hospital neuropsiquiátrico aprendían a trabajar la madera y los colores para ganarse el pan en su futura reinserción social. El objetivo era construir en ese lugar el nuevo Centro Cívico de la Ciudad. Un rentable proyecto inmobiliario non sancto, ideado por el entonces jefe de Gobierno que dos años después sería presidente. Médicos, camilleros, administrativos, políticos, organizaciones gremiales y hasta los propios pacientes intentaron evitarlo. Pero no pudieron frenar la demolición. Mucho menos entablar un diálogo con las autoridades. Los bastones largos, el gas pimienta, las balas de goma a mansalva fueron la respuesta del Estado porteño.
La brava Metropolitana desató una feroz represión contra quienes se opusieron a la invasión. Personal de los hospitales Borda, Moyano, Tobar García y de Talleres Protegidos fueron baleados y apresados. Incluso legisladores y hasta varios periodistas fueron atacados por el solo hecho de estar cubriendo los hechos. Pero el accionar inhumano de la policía macrista llegó al punto de disparar sobre los cuerpos indefensos de pacientes y familiares.
El saldo fue de más de 50 heridos, siete detenidos y luego una causa judicial contra los trabajadores y las trabajadoras por supuestas agresiones a la policía. También, la pérdida del Taller Protegido 19, un dispositivo único por su función de intrahospitalario y por sus características edilicias y ubicación.
“El 26 de abril es una fecha en que se conmemoran muchas cosas: el inicio de lo que fue la resistencia para defender los hospitales públicos de salud mental; la unidad de trabajadores poniendo el cuerpo para defender nuestros espacios”, sentencia Gabriela Sánchez, secretaria general de la Junta Interna de ATE en el Hospital Borda. Agrega: “También es un hecho político. El 26 de abril no solo nos vinieron a decir que no les interesaba la salud mental en la Ciudad, sino que vinieron a apropiarse de nuestros terrenos para un negocio inmobiliario”.
Para Gustavo Fernández Ferro, secretario general de la Junta Interna de ATE en Talleres Protegidos, el 26 de abril «es una fecha que representa mucho más que la represión y demolición del Taller 19. Representa el modelo de salud que quiere el gobierno de la Ciudad para los y las trabajadoras, pero también para los y las ciudadanas de la Ciudad y la Argentina. Ellos quieren reducir todo, quieren destruir la salud. Lo vienen haciendo a cuentagotas, pero en ese momento fue la visión más clara de lo que ellos pretenden”.
Para mantener viva la memoria de la lucha de diez años, las Juntas Internas de los Hospitales Borda, Tobar García, Moyano y de Talleres Protegidos realizarán este miércoles 26 de abril una conmemoración. La cita es a las 10 de la mañana en el Borda. Habrá música, olla popular e intervenciones artísticas. Dicen les trabajadores: «A 10 años de la locura más grande de la historia, exigimos justicia. Queremos juicio y castigo a los responsables políticos e intelectuales: Macri, Vidal, Larreta, Montenegro, Reybaud y los jefes de la entonces Policía Metropolitana. Es una fecha que nos interpela, nos lleva a pensar cómo construimos día a día el lugar que ocupamos dentro de los hospitales y dentro de Talleres Protegidos; queremos garantizar con nuestro trabajo diario la salud pública, gratuita y de calidad para todos y todas”.