Comunicadores del Sur

13.5.2023

Por Nahuel González

El tiempo, la salud e incluso nuestras vidas dependen de un sistema de transporte que se encuentra disociado de las necesidades de aquellos que padecemos la odisea de trasladarnos día a día desde nuestras casas y barrios a nuestros trabajos y lugares de estudio. En esta nota, abordaremos las repercusiones que tienen en nuestra salud las condiciones en las que viajamos, además de hablar con aquellos que hacen que el transporte funcione en busca de una respuesta a la pregunta de quiénes son responsables de esta situación.

El tiempo y la salud en juego

Viajar, movernos de un punto a otro en busca de concretar una necesidad, sea para trabajar, estudiar o por ocio, podría ser mucho más rápido de lo que nos imaginamos. Sin embargo, el aumento del tiempo de viaje es uno de los principales impactos negativos que atraviesa hoy el transporte público. Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo publicada en octubre de 2022, una persona en el AMBA pierde más de medio mes por año viajando a su trabajo, si se cuenta que por día viaja aproximadamente 3 horas. Si a esto le sumamos las condiciones incómodas y el hacinamiento en los que viajamos, el alto nivel de estrés y cansancio es un resultado asegurado para los usuarios. Esta situación también es particularmente agotadora para conductores y trabajadores del transporte público.
Esto relata Germán, trabajador de la empresa de colectivos Constituyentes: “El trabajo de chofer es muy desgastante y agotador. El 60% de los choferes de colectivos tenemos problemas de salud: enfermedades cardiovasculares, en la columna, diabetes e hipertensión. Es por eso que muchos compañeros se mueren durante los primeros 5 años después de jubilarse. Una parte importante no llegan a jubilarse, ya que mueren antes de los 55 años. El estrés lleva a que muchos quieran terminar con su vida: el año pasado se suicidaron dos compañeros muy jóvenes. Los horarios rotativos y jornadas que a veces superan las 9 o 10 horas en medio del tránsito empeoran esta situación; además de realizar el trabajo de conductor realizamos también el trabajo de guarda. Todo esto afecta la calidad de nuestras vidas”.
Otro ejemplo extremo de esta situación es la que viven los trabajadores de Metrovías, que vienen denunciando la presencia de asbesto en los vagones, un material cancerígeno que se cobró la vida de al menos 3 trabajadores del subterráneo. “Todo esto, como ya lo denunciamos, es una verdadera actitud criminal que demuestra la política de la empresa Emova, avalada por SBASE, de privilegiar sus ganancias por sobre la seguridad y la salud de quienes trabajamos o viajamos en el subte de Buenos Aires. Llamamos a los usuarios, a las organizaciones ambientales y de derechos humanos a sumarse a la lucha de las y los trabajadores del subte para que se retire el asbesto cancerígeno del subte y advertimos de la posibilidad de medidas de fuerza en defensa de nuestras vidas”, advirtió Claudio Dellecarbonara, delegado de la línea B, días antes de comenzar una serie de medidas de fuerza para enfrentar el plan criminal de la empresa.
En el ferrocarril también hay denuncias: los trabajadores del sector Vía y obras de la línea Mitre relataron a este diario que por las enfermedades que surgen de las propias condiciones de trabajo muchos compañeros fallecen antes de poder jubilarse. “Hace diez años que trabajo en este sector y nunca pudimos festejar la jubilación de un compañero, todos se nos van antes de tiempo. El pedido que hacemos es que se considere trabajo insalubre y lograr la reducción de la jornada laboral junto con la rebaja en la edad jubilatoria”, comenta uno de ellos.
La situación de estrés y malas condiciones deriva en un enfrentamiento constante entre usuarios y trabajadores del transporte como choferes o trabajadores de evasión en el ferrocarril y subte, que aparecen como la cara visible de un sistema de transporte en el cual no tienen poder de decisión.
La sed de ganancias de las empresas de transporte llevó a que cerca de las ocho de la mañana del 22 de febrero un tren perteneciente a la concesionaria TBA, de los hermanos Cirigliano, impactara contra el parachoques del andén en la plataforma n°2 de la estación de Once, 51 personas murieron en lo que fue una de las peores tragedias evitables de nuestro país, un verdadero crimen social. Aunque parte de los responsables políticos y civiles de este hecho hayan sido juzgados, el sistema sigue estando al servicio de unos pocos ¿Pero ¿quiénes son los responsables de todo esto?

El transporte como un negocio

El sistema de transporte en Argentina funciona, en su mayoría, a través de la concesión de servicios a operadores privados que tienen como principal objetivo maximizar sus ganancias. Esto explica por qué buscan reducir costos, no invertir en infraestructura y brindar servicios de baja calidad. Mientras que los políticos del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, en campaña electoral, se llenan la boca hablando de los derechos de la población, sus funcionarios responden a estos intereses que van en contra de mejorar los servicios.
La planificación de los servicios en manos de estos operadores no soluciona el problema de la movilidad, sino que beneficia a pequeños sectores que utilizan los subsidios estatales para aumentar sus ganancias. Esto se ha demostrado, por ejemplo, con casos como el de DOTA, que en 2019 recaudó más de 2 millones de pesos por coche y recibió más de 3 millones 150 mil pesos en subsidios por coche. En el mismo año, generó más de $6.800 millones por la venta anual de boletos y recibió una compensación de más de $10.600 millones del Estado por los mismos. ¿Dónde va esa plata? Quizás el expresidente de la Cámara Patronal de Transporte Automotor de Pasajeros, Héctor Pfening, y su colección de autos de lujo lo sepan.
Las medidas de lock out patronal cada vez más recurrentes que llevan adelante las cinco cámaras empresariales de transporte urbano, afectando a millones de pasajeros, muestran la verdadera cara de quienes manejan estos servicios. De manera extorsiva buscan aumentar sus ganancias exigiendo mayores subsidios y aumento en las tarifas de los boletos, a pesar de que cada una de ellas recibe más de 30 mil millones de pesos por mes, sin ningún tipo de control.
En el ferrocarril vienen amagando con el impulso de un proyecto de “ley de reparación histórica de los ferrocarriles” para desarrollar un plan de inversión a diez años, del que aún se desconocen detalles. Pero se puede prever un problema: si quienes tienen que llevar adelante la planificación y decisión son los mismos funcionarios y empresarios que año a año utilizan las vías e instalaciones del ferrocarril, destruyéndolas y permitiendo que las empresas de carga utilicen la red vial sin realizar las inversiones necesarias para su mantenimiento, el futuro parece muy previsible: el sistema de transporte seguirá en declive.
Toda esta realidad impuesta por los monopolios del transporte cuenta con la complicidad de las direcciones sindicales de los principales gremios del transporte aglutinadas en la CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte) y UGAT (Unión General de Asociaciones Trabajadores del Transporte), que no solo vienen pulverizando el salario de los trabajadores, sino que además avanzan en la conformación de nuevos convenios de trabajos que buscan avanzar sobre los derechos de sus afiliados, como la polifuncionalidad o el artículo 245 que permite perseguir y despedir a choferes con total impunidad.

Organización y lucha

La importancia de construir una fuerza que luche por recuperar los sindicatos no puede subestimarse en este camino hacia un sistema de transporte público justo y de calidad. Si detrás de las condiciones en las que millones de personas viajan y otros miles trabajan, se encuentra la complicidad entre funcionarios, políticos y burócratas sindicales que buscan acabar con toda forma de organización independiente de los gobiernos y las empresas. La bronca por las condiciones cada vez más inhumanas de trabajo y la autoorganización para enfrentar estos ataques también tiene expresiones concretas.
Los trabajadores del subte no solo están luchando contra la existencia de asbesto cancerígeno en las formaciones, también buscan conquistar una nueva jornada laboral que incluya dos días libres semanales para poder vivir mejor: ellas y ellos marcan hoy un camino que es necesario seguir de cerca. Los trabajadores de las empresas de colectivos han protagonizado enormes luchas en los últimos años contra el ajuste salarial, así como también exigiendo justicia por la muerte de sus compañeros, como en el caso de David Ramallo, y luchando por conquistar una jornada laboral de 6 horas y 5 días de trabajo. En el ferrocarril, el surgimiento de corrientes opositoras a la burocracia de Sassia de la Unión Ferroviaria como la Agrupación Naranja Ferroviaria ha impulsado con fuerza la lucha contra la precarización laboral y busca unir a trabajadores efectivos y tercerizados.
Construir fuertes agrupaciones en cada lugar de trabajo se vuelve entonces una tarea fundamental para conquistar un sistema de transporte público justo y de calidad. Estas agrupaciones no solo buscarán conquistar mejores condiciones laborales, sino que también propondrán soluciones a los problemas del transporte público junto con los usuarios, luchando por un transporte al servicio de las y los trabajadores.

12.5.2023

Esta semana comenzaron con paros de 3 horas y la semana que viene se espera una movilización. Denuncias salarios por debajo de la línea de pobreza, contratos precarios y todo tipo de atropellos de parte del Gobierno porteño.

El jueves 11 de mayo, los Agentes de Tránsito porteños comenzaron una serie de protestas. Entre ellas, un cese de actividades de tres horas por turno. Están denunciando sus bajos salarios y malas condiciones laborales y piden una reunión con las autoridades del Ministerio porteño de Justicia y Seguridad de la Ciudad.
¿Qué reclaman? Por un lado, un aumento de salarios. Cobran menos de 130 mil pesos cuando la canasta familiar en la Ciudad supera los 190 mil. Reclaman en lo inmediato una suma fija de 60 mil pesos, el pago de las horas nocturnas y horas extras conforme a la ley y el respeto del principio constitucional “a igual tarea igual remuneración”.
Es que además del ajuste general, hay muchos ataques particulares. Por ejemplo, una persecución a quienes están precarizados como monotributistas a los que les niegan licencias y cambios de turno.
También reconocimiento de tareas riesgosas, misma cantidad de días de licencia por estudio para todos y todas, reconocimiento de la antigüedad en los días de vacaciones.
Además, piden el reconocimiento de la tarea riesgosa, la misma cantidad de días de licencia por estudio para todos y todas, el reconocimiento de la antigüedad en los días de vacaciones, reconocimiento del día menstrual a personas menstruantes, condiciones de seguridad reales, entre otras cuestiones.
No es la primera vez que levantan estos reclamos. Han realizado movilizaciones contra la precarización, una de ellas luego del crimen de Cinthya Choque atropellada en un control. Pero también en otras oportunidades.
Desde el Gobierno de la Ciudad no solo se niegan a tomar sus reclamos, sino que los hostigan. Se trata de una reforma laboral de hecho, como la que quiere aplicar Rodríguez Larreta si es presidente, pero que también aplica el Gobierno Nacional en muchas dependencias públicas.
El 17 de mayo, si no hay respuestas, realizarán una marcha por la Ciudad.

11.5.2023

El comunicado de prensa difundido esta mañana alerta sobre la precariedad de las 46 familias que pesa la orden de desalojo emitida por la jueza Andrea Danas. Los vecinos reclaman que la orden judicial no tiene en cuenta su situación y que habitan el hotel en cuestión desde hace más de 20 años. Este sábado, las familias junto a organizaciones sociales convocan a una asamblea abierta.

Según testimonios, los dueños del hotel han abandonado el lugar y «solo se acuerdan de cobrar los alquileres» y que han sido los propios vecinos que mantienen acondicionado el lugar para que sea habitable. Hay casos de familias que viven desde hace más de 20 años. El comunicado informa que hace apenas dos semanas que se anoticiaron de la orden de desalojo.
«Hace menos de 2 semanas, 46 familias (incluyendo 28 niñxs) se enteraron de que sobre el hotel en que habitan (algunas de hace más de 20 años) pesa un juicio de desalojo. Incluso sin ser formalmente notificadas, llegaron a enterarse que el 23 de mayo sería el día en que se produciría el lanzamiento.
El juicio es ni más ni menos que del gobierno de Larreta contra quienes explotan comercialmente el inmueble (Antonio Lanni y sus hermanos). La jueza Andrea Danas (a cargo del Juzgado CAyT N° 9) ha dictado sentencia sin tener en cuenta la situación de cada unx de lxs vecinxs, que están al borde de quedar en la calle. Sumado a esto, hay otro juicio contra los dueños de ejecución fiscal de la vivienda por falta de pago del ABL. El abandono del hotel es crónico, siendo lxs mismxs vecinxs quienes lo han mantenido en condiciones durante todos estos años.
Al día de hoy, ninguna de las familias tiene a donde ir si el desalojo llegase a producirse. El alto valor de los alquileres (tanto formales como informales), así como la negativa de aceptar niñxs y mascotas, hacen imposible a estxs casi 100 vecinxs lograr una solución habitacional.
Con una enorme crisis económica, un programa de alquiler social sin reglamentar y una emergencia habitacional sin precedentes (que cuenta ya con 4 muertes en la CABA en el último mes y medio), estas familias están en peligro. Hay cada vez más desalojos y el gobierno de la ciudad avanza sin pensar qué será de ellxs, sólo en el negocio inmobiliario.
Frente a esto, lxs vecinxs de Luis Saenz Peña 1723 convocan a una Asamblea Abierta, para tejer lazos de solidaridad y resistencia con todxs lxs vecinxs, casas y organizaciones que comprendas que el derecho a la vivienda es un derecho humano que no puede seguir siendo cercenado de esta manera. La cita es el sábado 13/5 a las 14hs.

11.5.2023

Tras el intento fallido en la Federación de Box, el pasado martes se desarrolló el primer Congreso Anual Extraordinario de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) – Capital. Entre polémicas y denuncias de agrupaciones opositoras a Daniel Catalano, titular del gremio de empleados públicos, se designó la Junta Electoral para las elecciones del 8 de agosto.

“Dividen ATE con vallas y burocracia”, señaló un comunicado de “Construyendo la Unidad”, agrupación que se enfrentará al oficialismo en las próximas elecciones de la seccional. Desde la oposición vienen denunciando distintas practicas del oficialismo que atentan contra la participación legitima de las y los trabajadores. En este sentido, sostuvieron que el Congreso se desarrolló en tiempo récord y se impidió el uso de la palabra lo que configura un hecho insólito en el sindicato desde la recuperación de la democracia.
Diego de los Santos, referente del Frente de Unidad Germán Abdala y Vocal del Concejo Directivo de ATE Capital, indicó que “fue una maniobra para garantizarse poder refrendar una junta electoral ilegítima, porque el Congreso estaba fraudulento desde la convocatoria. (Daniel) Catalano demoró nuestra acreditación para empezar el Congreso sin la oposición, no abrió la palabra y votó como lo necesitaba”.
Además, sostuvo que “triplicó la seguridad con gente ajena al sindicato, armó una trampa mortal en el ingreso, que sólo por nuestra decisión de cuidar a los compañeros y las compañeras no terminó en algo más grave”. “Es una maniobra inédita para nuestro sindicato”, agregó.
“Es la crónica de una muerte anunciada; una continuidad de lo que sucedió en el primer Congreso, dónde Catalano tenía decidido suspenderlo porque no le daban los números”, afirmó de los Santos en relación a lo sucedido el 19 de abril en la Federación de Box.
También se refirió directamente: “Catalano no tiene otra salida que optar por la burocracia, mancillando flagrantemente la idiosincrasia de ATE. Lo que hizo era impensado que suceda en nuestro sindicato”. “Por esto necesitamos reconstruir la alternativa. Aquellos compañeros y compañeras que fuimos parte de la refundación nos fuimos por este tipo de cosas”, concluyó.

11.5.2023

Claudio Dellecarbonara lo cuenta en este reportaje

El trabajador del subte, referente del PTS en el FIT e integrante del Secretariado Ejecutivo de la AGTSyP dialogó este miércoles con Jorge Fontevecchia en su programa de Net TV. Allí pudo dar todas las explicaciones acerca del plan de lucha que están llevando a cabo contra el asbesto y por la reducción de la jornada laboral. “Le demostramos a la empresa la presencia de esto que ellos ya sabían y negaron durante más de un año. Imagínense si no son criminales”, le dijo al periodista.
Claudio Dellecarbonara, trabajador del subte, referente del PTS en el FIT e integrante del Secretariado Ejecutivo de la AGTSyP dialogó este miércoles con Jorge Fontevecchia en su programa de Net TV. Allí pudo dar todas las explicaciones acerca del plan de lucha que están llevando a cabo contra el asbesto y por la reducción de la jornada laboral
Dellecarbonara comenzó explicando que “lo que denunciamos justamente es una crisis sanitaria bajo tierra por la presencia de un mineral que está prohibido y que es altamente cancerígeno que es el asbesto. Lamentablemente ya tuvo consecuencias sobre la vida de los trabajadores: tenemos tres compañeros fallecidos, ochenta y cinco afectados (seis de ellos con cáncer). Ya tenemos confirmado también la afectación de usuarios. Y esa es la situación, un mineral que pone en riesgo la salud de los millones de usuarios y de los miles de trabajadores que debería haber sido retirado a partir de 2003 cuando se prohibió y que no solo no lo retiraron ni los gobiernos ni la empresa concesionaria, sino que tampoco nos advirtieron de la presencia de este mineral y nos obligaron a trabajar en estas condiciones”.
Agregó que están pidiendo que se retire, que se cumpla con la ley, que se cumpla con los fallos de la justicia porteña para que se cambian las flotas que están contaminadas. Dijo que “obviamente nosotros estamos exigiendo la reducción de la jornada para minimizar los efectos de todos los factores de salubridad, entre los que están el asbesto, en nuestro ámbito de trabajo”.
El referente indicó que el asbesto se empezó a prohibir en diferentes países desde finales del siglo pasado justamente porque se comprobó que era altamente cancerígeno. Y no dudó en dejar en claro que hay muchos países donde igual que en la Argentina está prohibido, que no se puede fabricar, no se puede manipular, no se puede manufacturar, no tiene que estar en contacto con la gente.
“Nosotros hemos presentado un amparo colectivo. La Justicia porteña determinó el riesgo lo confirmó y está intimando la empresa para que lo retire de contacto con los usuarios, con los trabajadores, con cualquier persona”, dijo.
Para ejemplificar qué pasa en el resto del mundo frente a este material, explicó que “el caso más cercano que tenemos es el de metro de Madrid. Nosotros nos enteramos justamente de que los trenes que se compraron en España a partir del 2011-2012 y se trajeron aquí, anunciándolos como nuevos cuando eran chatarra, tenían asbesto en su composición. Los trabajadores del metro de Madrid venían ya peleando para que se retiren de circulación. Lograron que eso se haga, pero también con consecuencias luctuosas porque tuvieron muchos trabajadores fallecidos afectados e inclusive familiares de los trabajadores porque la fibra uno la puede transportar en la ropa y después puede terminar afectando a otra persona que no trabaja o no usa el subterráneo”.
“Nosotros comprobamos la presencia de asbesto que lo tuvimos que hacer los propios trabajadores a través de universidades estatales. Le demostramos a la empresa la presencia de esto que ellos ya sabían y negaron durante más de un año. Imagínense si no son criminales. Cuando ya la evidencia era irrefutable dijeron ‘bueno hay vamos a empezar a hacer algo para sacarlo y lo sacaron’. Lo poco que se sacó por la presencia de nuestra organización y por la presión porque si uno no los controla, las empresas hacen lo que quieren”, sentenció.
Dellecarbonara aclaró que el gobierno de la Ciudad que es el dueño del subterráneo y que “la empresa concesionaria que es Metrovías-Emova (cambió el nombre, pero es el mismo grupo económico) trata de esconder todo esto bajo tierra valga la redundancia. Es más, ahora, lanza directamente una campaña de extorsión contra los trabajadores para que dejemos de denunciarlos. Nos manda telegramas con amenazas de sanciones totalmente injustificadas y nos descontó días de trabajo del sueldo injustificada e ilegalmente”.
Ante lo increíble que suena oir sus palabras una y otra vez explicando cómo la empresa y el Gobierno porteño se empeñan en producir una crisis bajo tierra, expresó: ”Ya no sabemos cómo explicar esto. Inclusive la justicia porteña ha determinado lo que nosotros denunciamos. La ART que contrata la empresa determinó que hay asbesto, que riesgoso y nos tiene a dos mil cien trabajadores bajo una vigilancia constante para ver en qué momento nos afectamos o desarrollamos un cáncer”.
“Esa es la situación que nos lleva a nosotros a realizar las medidas que estamos realizando. Tratamos de hacerlo siempre fuera de horario pico, sin afectar todas las líneas juntas por poco tiempo porque lo que queremos es alertar de esta situación al público en general. Pero, sobre todo a los usuarios porque los usuarios tienen que junto con nosotros reclamar que esto cambie. No se puede seguir trabajando y viajando en estas condiciones”, finalizó.