Comunicadores del Sur

5.4.2023

Según la información oficial, Alimentos y bebidas no alcohólicas promedió una suba de 9,1 %. Este aumento en el costo de vida golpea con mayor fuerza a los sectores vulnerables y de trabajadores.

El organismo estadístico de la Ciudad de Buenos Aires publicó este miércoles su Índice de Precios al Consumidor (IPCBA) que confirmó una variación mensual de 7,1% en marzo, reflejando un crecimiento en relación a la variación registrada en febrero de este año que fue de 6 %. De esta manera en los primeros tres meses del 2023 la suba del nivel general de precios en la ciudad más cara del país acumula un 21,8 %.
Durante marzo, la variación del Índice de Precios de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Alimentos y bebidas no alcohólicas, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Educación, Transporte, Salud y Prendas de vestir y calzado, que en conjunto explicaron el 77,5% del alza del nivel general.
Según la información oficial, Alimentos y bebidas no alcohólicas promedió una suba de 9,1 %, contribuyendo con 1,62 puntos a la variación mensual del IPCBA. Este viernes 14 el Indec dará a conocer los datos a nivel nacional.
El constante encarecimiento del costo de vida golpea con mayor fuerza a los sectores vulnerables, quienes destinan la totalidad de sus ingresos en consumos básicos. También a los trabajadores que ven como sus salarios pierden poder de compra frente a la suba de precios.
La inflación impacta con mayor fuerza sobre los sectores más bajos. Desde el Gobierno no hay plan para contenerla seriamente, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec trepó al 102,5% interanual en febrero. Según los datos oficiales el rubro de Alimentos y Bebidas no alcohólicas escaló un 9,8 % en febrero.
Los datos del Indec confirmaron que en el país ya hay 18 millones de pobres, afectando al 39,2 % de la población. Dentro de ellos, es preocupante que la pobreza alcanza al 54,2 % de los niños y niñas.
Las consecuencias del acuerdo con el FMI quedan expuestas. Pero el escenario podría empeorar, ya que se espera un ajuste fiscal mayor para cumplir con la meta fiscal del 1,9 % del PBI este año.

4.4.2023

Por Santiago Asorey

En el marco de un nuevo aniversario del asesinato del maestro Carlos Fuentalba en manos de la Policía Provincial de Neuquén, en la localidad de Arroyito, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) pidió la renuncia del ministro de Seguridad porteño, Eugenio Burzaco, a quien denunciaron como ex asesor de la fuerza de seguridad del ex gobernador neuquino Jorge Sobisch, señalado por su responsabilidad política en el crimen de Fuentealba. En este mismo sentido, la UTE exigió políticas de seguridad con perspectiva de Derechos Humanos y condenaron el operativo represivo realizado ayer, 3 de abril, por la Policía de la Ciudad contra trabajadores de la línea de colectivos 620.

“A 16 años de la represión que terminó con la muerte Carlos Fuentealba, desde UTE seguimos rechazando la designación de Eugenio Burzaco en el Ministerio de Seguridad de la ciudad, en reemplazo de Marcelo D´Alessandro, por tratarse de una figura caracterizada por un abordaje represivo del conflicto social”, señalaron desde el gremio.
“Burzaco fue jefe de la Policía Metropolitana, y durante su gestión se produjo la represión en el Parque Indoamericano que terminó con la muerte de tres personas, tras el desalojo de unas 350 familias. A su vez, trabajó en Neuquén asesorando a la policía del ex gobernador, Jorge Sobisch, institución responsable del asesinato del maestro Carlos Fuentealba el 4 de abril de 2007”, recordó la institución sindical. Además, recordaron los vínculos de Burzaco con un exmilitar condenado por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar y puntualizaron que “fue vicepresidente de la Fundación Pensar, donde compartía actividades con Julio Cirino, quien encabezó un grupo de tareas del Batallón 601 durante la última dictadura cívico-militar y fue condenado en 2013 por crímenes de lesa humanidad”.

El recuerdo de Fuentealba

El 4 de abril de 2007, el maestro Carlos Fuentealba fue asesinado en manos del cabo policial provincial Darío Poblete en un operativo represivo en la Ruta 22 a la altura de Arroyito, tras una protesta docente. El asesinato del docente generó múltiples marchas a lo largo de casi dos meses en toda la provincia. Las protestas lograron algunas reivindicaciones, como el aumento salarial y una pensión para la viuda del trabajador, Sandra Rodríguez, pero no se concretó el juicio político requerido al gobernador Sobisch, quien había admitido haber dado la orden de reprimir.
Por el crimen, fue condenado el uniformado, Darío Poblete, el 8 de julio de 2008, a quien se le impuso la pena de prisión perpetua por el delito de “homicidio calificado”. Posteriormente, el 12 de junio de 2011, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) denegó los recursos de Casación presentados por la querella para investigar a Sobisch como responsable político e ideológico del crimen.

3.4.2023

Organizaciones de cartones junto a personas en situación de calle denunciaron una licitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que los equipara con basura. Exigen que sea derogada en forma urgente.

Este lunes se realizó una conferencia de prensa en el Obelisco porteño, protagonizada por cooperativas cartoneras, organizaciones ambientales, sociales y de derechos humanos, para repudiar y exigir el fin de una licitación ordenada por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que cuenta con el fin de relevar aspectos de “higiene urbana”. Sin embargo, el mismo documento de llamado a licitación incluye, entre los elementos que “afean la Ciudad” la “presencia de asentamientos precarios producto de personas en situación de calle” o el pedido de avanzar en “la verificación ocular de la presencia de recuperadores que se encuentren recolectando y/o acopiando y/o realizando tareas afines respecto de residuos de tipo reciclables”. Según el pliego técnico de la licitación que fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, los mismos son parte de una lista que “perjudique la imagen de Ciudad Limpia e higiene en la vía pública”.
Es por eso que las organizaciones reunidas hoy rechazaron de plano esta licitación del Ministerio de Espacio Público por considerarla discriminatoria. Al respecto, Horacio Ávila de la organización Proyecto 7 planteó: “El pliego de la licitación equipara a los cartoneros y gente en situación de calle con la basura, es una aberración”. Sergio Sanchez, presidente de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCYR), agregó por su parte que: “Esto es un ataque hacia las personas, nos dicen que afeamos la ciudad. Atacan su propio sistema de reciclado porque los cartoneros que trabajan están siendo perseguidos. Las personas en situación de calle están tratando de subsistir. Nosotros trabajamos con compañeros que están fuera del sistema, tenemos que seguir pensando en el otro que queda afuera”.
Entre las denuncias, las distintas organizaciones repudiaron que el Gobierno destinará $ 1.520 millones de pesos para realizar esta licitación discriminatoria hacia aquellas personas de menos recursos, cuando ese dinero podría estar destinado a resolver el problema de la vivienda y económica de las personas que hoy se encuentran en situación de calle en la Ciudad.
Una vez más el Gobierno de la Ciudad y Juntos por el Cambio dan cuenta de su carácter discriminatorio, buscando excluir y barrer del mapa a los trabajadores y a los sectores más golpeados por la crisis. La “Ciudad limpia” de la que habla Larreta tiene un largo historial con la persecución a vendedores ambulantes, cartoneros o personas en situación de calle, constantemente hostigadas.
Pero este crecimiento de la población en situación de calle no es casual. Se trata de las consecuencias de una política de ajuste que profundizan tanto el Gobierno Nacional del Frente de Todos como los gobiernos provinciales a medida que profundizan el plan económico encargado por el Fondo Monetario Internacional. Un ajuste para el que no hay grieta: mientras mayores sectores de la población se ven arrastrados a una situación social cada día más brutal la decisión es atacar las partidas sociales y las jubilaciones, priorizando pagar esa maldita deuda fraudulenta.

31-3-2023

Por Federico Trofelli

Esta semana declararon los tres chicos que acompañaban al joven en el auto tras el entrenamiento en Barracas Central, a los que encerró la policía, sin identificarse. Y les dispararon. Además, hablaron los padres del muchacho de 17 años asesinado.

Esta semana se vivieron jornadas significativas en el juicio por el asesinato de Lucas González. Sobre todo, con la declaración de los tres amigos que viajaban con él cuando agentes de la Policía de la Ciudad lo mataron de un balazo en la cabeza en noviembre de 2021. Los chicos coincidieron en señalar que los policías que les dispararon «parecían ladrones» y que los insultaban diciéndoles «negros” y “villeros de mierda”.
El testimonio de las tres víctimas de la balacera policial se registró en la segunda audiencia del juicio que tiene a su cargo el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25, luego de las declaraciones de Cintia López y de Mario «Peca» González, los padres del adolescente asesinado.
Los futbolistas Julián Salas (19), Joaquín Zuñiga (19) y Niven Huanca (18) dieron su versión de los hechos ante los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero en el salón Auditorium de los Tribunales Federales de Retiro.
Ante la atenta mirada de los 14 efectivos de la Policía de la Ciudad imputados, Salas, Zuñiga y Huanca señalaron que ese día acababan de salir, junto a Lucas, de un entrenamiento en Barracas Central y que intentaron dirigirse a sus respectivas casas a bordo el Volkswagen Suran del padre de Julián.
Explicaron que se detuvieron en un kiosco cercano al predio del club para comprar dos bebidas y luego continuaron su marcha hasta que un auto sin patente comenzó a “encerrarlos”.
“Veo de mi derecha que un vehículo nos empieza a encerrar, por lo que le toqué bocina porque pensé que estaba distraído. Me terminó de encerrar y uno se baja del lado del conductor con un arma, por lo que yo pienso que me iban a robar. En ese momento, empieza a disparar sin sentido. Yo volanteo y me subo a un cordón. Me nublé, no sé cuántos fueron los tiros ni qué pasó”, contó Salas, quien en ese momento conducía el Volkswagen Suran atacado por los policías, y que llegó al estrado vestido con un sweater negro.
Los tres jóvenes coincidieron que “dos personas se bajaron del auto para disparar”, que “nunca se identificaron como policías”, “no vestían uniformes” ni utilizaron sirenas o balizas para anunciarse.
“Estaban todos vestidos de negro y pensé que eran chorros”, explicó Joaquín, que declaró con un portarretratos de marco rojo con una foto de Lucas, mientras que Niven indicó: “Quedé en shock. Escuché los disparos y sentí el volantazo de Julián. El auto baja la velocidad, salí del auto con Joaquín. Me adelanté más que él y seguí corriendo porque pensé que los ladrones nos iban a matar a todos”.
Al respecto, detalló: “Ya había sufrido robos en Buenos Aires y esto fue lo mismo. Yo estaba atrás de Lucas. Yo vi al auto cruzarse, se bajaron dos personas: el de atrás del conductor y el copiloto. Después cerré los ojos… Escuché seis disparos”.
Por otro lado, los jóvenes hicieron referencia a los maltratos que sufrieron por parte de los agentes policiales que detuvieron ese día a Julián y a Joaquín, a quienes acusaban de ser delincuentes.
“Nos pusieron contra el piso y nos esposaron. Nos empezaron a decir que éramos unos negros de mierda, unos villeritos, y que a personas como nosotros nos tenían que dar un tiro en la cabeza como se lo dieron a mi amigo”, recreó conmovido Julián, quien llevó la remera negra que utilizó ese día y manifestó que uno de los policías se la rompió durante la detención.
Por su parte, Joaquín reconoció por su aspecto físico durante la audiencia a uno de los agentes que lo insultó en dicho procedimiento y lo acusó de haberle dicho “¿Así que sos de Varela, pedazo de villero? Mirá cómo mataste a tu amigo”.
“Es el muchacho que está ahí atrás. Tiene un sweater rojo. Le vi la cara porque se me acercó. Le vi un tatuaje en algún momento. Estaba vestido de bordó y negro. Cuando me trató mal, yo estaba boca abajo y me empezó a gritar a la cara”, indicó el joven en referencia al imputado Sebastián Jorge Baidón (28), quien en su momento era oficial de la Comisaría Vecinal 4D.
A continuación, Zuñiga agregó: “Nunca me leyeron mis derechos. Solo nos decían que éramos ladrones. Les quería mostrar los estados de Whatsapp. Ahí había subido unas fotos después del entrenamiento. Les quería explicar que no era un ladrón, que era un futbolista. Me pusieron las esposas muy fuertes y me tuvieron ahí un montón de tiempo”.
Luego, Joaquín y Julián fueron trasladados junto a Niven al Instituto de Menores Inchausti, donde pasaron la noche.
Tres meses después del hecho, Joaquín volvió a entrenar en Barracas Central. En ese momento declaró: «Estoy jugando por Lucas: deseo llegar al vestuario y que él se esté cambiando».

«Lo siguieron, lo encerraron y lo acribillaron»

La segunda audiencia del juicio por el asesinato de Lucas González comenzó con la declaración de Cintia López, la madre de la víctima, que, en un testimonio de un poco más de 40 minutos, recordó el día que mataron a su hijo y puntualmente cuando llegó al hospital Penna, del barrio porteño de Parque Patricios, donde el joven fue internado con un balazo en la cabeza y con custodia policial.
«En el (Hospital) Penna siempre estuvo como delincuente, nunca dejó de tener custodia, ni dentro de la sala ni fuera. Siempre que quería verlo tenía que haber un Policía de la Ciudad», aseguró la mujer, quien estuvo acompañada en todo momento por una psicóloga ya que era la primera vez que estaba frente a los acusados.
Además, Cintia continuó: «Tuve que destapar a mi hijo y verle los tatuajes porque estaba irreconocible, le tiraron en la cabeza, le ‘volaron el frasco’ como dijeron, era su cabecita… me dolió en el alma que hayan dicho eso porque era la cabeza de mi hijo, no era ningún frasco».
Tras la declaración de Cintia, declaró Mario «Peca» González, padre de Lucas, quien dijo que a su hijo «lo siguieron, lo encerraron y lo acribillaron. También pudieron haber acribillado a los demás chicos». Al finalizar su relato, que duró poco más de 15 minutos, el hombre miró a los jueces y con voz firme pronunció: «¡Justicia por Lucas!».
Antes del ingreso de Cintia a la Sala de Audiencias declaró como imputado el oficial Daniel Rubén Espinosa, uno de los 11 policías detenidos como acusado de encubrimiento, quien aseguró que no vio «ningún tipo de arma» en poder de los jóvenes, ya que solo los vio «a distancia».
Por el crimen de Lucas se encuentran detenidos y son sometidos a juicio desde el 16 de este mes el inspector Gabriel Alejandro Issasi (41), el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y el oficial Juan José Nieva (37), quienes en la primera jornada del debate aseguraron que actuaron «en legítima defensa» y «en cumplimientos del deber», por lo que no cometieron «ningún delito».
En tanto, hay otros 11 policías porteños a quienes se los juzga por «falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas».

31.3.2023

Silvio Schachter

Horacio Rodríguez Larreta, designó Eugenio Burzaco al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, en reemplazo de Marcelo D’Alessandro. La mano dura como respuesta ante la crisis económica y social y la disputa en la interna con quienes solo tiene como proyecto aumentar la represión, puede explicar la designación de un personaje con la ominosa trayectoria del nuevo ministro

“Alumbre lumbre de alumbre sobre la podredumbre, Luzbel de la piedra-lumbre”. El Señor Presidente, Miguel Angel Asturias.

Marcelo D’Alessandro protagonista del viaje de jueces y funcionarios a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido, sumado a la filtración de chats con escuchas entre él y el juez Sebastián Ramos, uno de los colaboradores más estrechos de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo obligaron primero a un pedido una licencia y luego su renuncia. Sus declaraciones, que contaron con el apoyo del jefe de gobierno, desbordan todo el manual de la hipocresía y el cinismo. “Me voy con orgullo y satisfacción”, “la Justicia encontrara quienes han sido el responsable del hackeo la serie de chats”

Currículo o prontuario

Ante el deterioro galopante de la situación económico social, con una inflación desatada y una especulación sin control, que devora los magros salarios, la falta de propuestas que reviertan el cuadro a favor de las mayorías, el desprestigio creciente de una rosca política que se pelea obscenamente y sin ninguna ética por candidaturas y negocios, una dirigencia que solo tiene como horizonte las elecciones de octubre, sin proyecto ni credibilidad alguna, sumados a un cuadro internacional donde el capitalismo globalizado muestra sus peores lacras, hacen que el aniversario de las cuatros décadas del fin de la dictadura llegue con malos presagios.
La bronca, el mal humor, la vida transformada en condena para millones de pobres e indigentes, pueden convertirse en estallido, en un grito desesperado que ponga en cuestión las instituciones de dominación. Ante una posible crisis de gobernabilidad, hay que preparase para enfrentarla a pura represión, con personajes que estén formateados con esa línea. La autorización de las pistolas Taser, histórico reclamo del nuevo ministro, es solo una señal en esa dirección.
Por otra parte es evidente que los partidos del poder acomodan sus discursos y prácticas a las de la extrema derecha, que impone sus ideas las que gozan de toda la difusión en los medios hegemónicos y crean consenso en sectores amplios de la sociedad, cada vez más proclive a relacionarse en base al miedo.
Larreta, en su mezquina carrera hacia la Rosada, no quiere perder espacio por derecha, ante los embates de la pistolera Bullrich y sus secuaces. La elección de un personaje con el recorrido de Eugenio Burzaco no deja lugar a dudas de las intenciones políticas del actual jefe de gobierno de la CABA y aspirante a candidato presidencial.
Burzaco tuvo su primer cargo público como colaborador de la SIDE, durante el gobierno de De la Rua donde conoció al siniestro Jaime Stiuso.
En 2007 fue asesor de seguridad del exgobernador de la provincia de Neuquén Jorge Sobisch, cuando la Policía neuquina reprimió el 4 de abril una huelga del sindicato docente ATEN y mató al maestro Carlos Fuentealba con una granada de gas lacrimógeno. El cartucho impactó en su nuca, causándole un hundimiento de cráneo. En el hospital provincial fue sometido a dos operaciones y finalmente murió al día siguiente
Fue electo diputado Nacional por el PRO entre 2005 y 2009. Se desempeñó como jefe de la Policía Metropolitana de Buenos Aires entre 2009 y 2011. Dirigió la División Operaciones Especiales Metropolitanas de la Policía Metropolitana, un grupo de asalto, donde se desempeñan doce militares, cuestionado por conflictos como los del Hospital Borda, el desalojo la sala Alberdi del teatro San Martín -donde dos periodistas fueron heridos con balas de plomo por la policía.
Estuvo al frente al frente de la PM, en el violento desalojo del Parque indoamericano, durante el operativo fueron asesinados Bernardo Salgueiro, de 24 años, y Rosemary Puña, de 28 años “Según declaró el superintendente de Seguridad Metropolitana, Miguel Ángel Ciancio, Burzaco estaba presente en el Centro de Monitoreo y Control, y en contacto con efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) a cargo del operativo. Por la masacre del parque Indoamericano tuvo que renunciar al frente de la Policía Metropolitana y fue investigado por la justicia, en una causa que como era previsible al demorarse indefinidamente, se fue diluyendo hasta quedar sin condena.
En 2010 fue citado a indagatoria, junto a otros funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, por el caso de las escuchas ilegales que involucran al ex jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
A pesar de esos antecedentes o al revés, quizás premiando su nefasta trayectoria, desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2019, fue nombrado secretario de seguridad del Ministerio encabezado por Patricia Bullrich, cuya mano derecha era Pablo Noceti, jefe de gabinete de ese Ministerio, quien tuvo un papel destacado como defensor de los responsables de delitos de lesa humanidad en juicios en La Pampa y Concepción del Uruguay y a su vez sindicado como responsable directo del caso Santiago Maldonado. Nocetti está imputado junto a los gendarmes Gerardo Otero y Oscar Robino, exdirector y ex subdirector de Gendarmería Nacional, respectivamente, por considerarlos “autores, coautores o partícipes de los delitos de “violación de los deberes de funcionario público”.
Durante esa gestión el Ministerio aprobó el protocolo que permitía el uso de armas de fuego y balas de goma para dispersar cualquier protesta o reclamo y además limitaba la cobertura periodística. Los periodistas deberán ubicarse en “una zona determinada” por las fuerzas de seguridad impidiendo la cobertura y el libre ejercicio de prensa.
Por fuera de los cargos públicos Burzaco presidió la Fundación Pensar, junto a Julio Cirino, ex agente de inteligencia del Batallón de Inteligencia 601, célebre por los secuestros de detenidos-desaparecidos durante la dictadura.
En diciembre de 2011, luego de abandonar la Policía Metropolitana pasó a desempeñarse como CEO en una empresa de seguridad privada y jefe de seguridad del Club Atlético River Plate , coincide en ese rol con el fiscal Carlos Stronelli que se desempeña en el club Boca Juniors. Un ejemplo más de las miserias que atraviesan al fútbol profesional de nuestro país
En 2019 se vio involucrado en el Stornelligate, cuando se filtraron una serie de audios que comprometerían al fiscal Bidone y a Eugenio Burzaco, acusado de extorsionar en nombre de Carlos Stornelli. Según los audios filtrados que tuvieron como protagonista al falso abogado y operador de espionaje ilegal Marcelo D´Alessio, allí se indicaba una maniobra de cobro de coimas y blanqueo de dinero para utilizar presidiarios en trabajos privados En los audios aparecía un negocio con el fiscal bonaerense Juan Bidone donde Eugenio Burzaco y una empresa de personal temporario ponían a presos a trabajar precarizados en empresas que reciben subsidios, por lo que él fiscal cobraba una comisión y Burzaco un soborno.
Burzaco es un hombre vinculado a los Estados Unidos y a las grandes empresas a lo largo de su trayectoria pública-privada, se manifestó por el cierre de las causas contra el terrorismo de Estado, el cual no reconoce como tal, desea imponer penas de cárcel aún a niños que hubieran cometido un delito cuando eran menores de 14 años. Se opone a los métodos anticonceptivos de emergencia, busca restringir la educación sexual a los jóvenes, enfrentó la re-estatización de las jubilaciones, y ha presentado proyectos contra Cuba y Venezuela. En diversos reportajes y artículos convoca al Estado a terminar lo que llama “extorción piquetera”.
Presentó un proyecto que permite la utilización de agentes encubiertos a los que se garantiza la impunidad por los delitos que pudieran cometer, siempre que fuera “para evitar un mal mayor”, y regula a los colaboradores de la Justicia llamados arrepentidos.

Un mal de familia

Eugenio es hijo del periodista Raúl Horacio Burzaco, que se desempeñó como secretario de Medios durante la presidencia de Carlos Menem, entre 1991 y 1994. Creador de Tiempo Argentino, durante su paso por editorial Abril, dirigió las revistas Siete Días y Panorama. A su vez, se desempeñó en el diario La Prensa, donde llegó a ser jefe de Información Internacional y prosecretario de Redacción.
El hermano de Eugenio, Alejandro Burzaco fue CEO, expresidente y ex director ejecutivo de la empresa Torneos (antes llamada Ty C Torneos y Competencias), productora de contenido de los canales deportivos más importantes de Argentina y otros países de América Latina. La empresa pertenece a Carlos Avila y tiene como accionista la Grupo Clarín.
Alejandro Burzaco fue procesado y condenado por corrupción por el escándalo conocido como FIFAGATE, que comprometió a numerosos dirigentes de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. El escándalo deportivo estalló luego de años de numerosas investigaciones de casos de corrupción, en los que el máximo ente del fútbol mundial se ha visto involucrado. Los cargos por los que se les acusó incluyen soborno, fraude y lavado de dinero.
La investigación penal se centró en la atribución de derechos mediáticos, de derechos de mercadotecnia y de patrocinio para Estados Unidos y América del Sur de competiciones organizadas por la FIFA, incluyéndose particularmente CONCACAF y CONMEBOL sudamericana
En Argentina los contratos eran acordados directamente por Julio Grondona. Se había formado una sociedad de hecho, entre Julio Grondona y Ty C, Julio Grondona recibía suficiente apoyo del grupo empresario como para poder manejar la economía de la AFA, y a cambio, Grondona le aseguraba la continuidad del negocio a Ty C, entregando los derechos sin licitación. Así, en pocos años, en mayo de 2015, Interpol emitió una orden de captura contra Alejandro Burzaco acusado por de haber pagado 110 millones de dólares estadounidenses en sobornos para asegurar a su empresa TyC los derechos de televisación de la Copa América.
Luego de ser extraditado a los Estados Unidos, reconoció su culpabilidad ante la Corte Federal de Nueva York y aceptó pagar una multa de 21,6 millones de dólares estadounidenses en concepto de fianza. Permaneció en prisión domiciliaria en Nueva York, hasta febrero de 2017, cuando luego de pagar otra fianza millonaria. También en 2016, aún al frente de la Secretaría de Seguridad de la Nación, el nombre de su hermano, Eugenio Burzaco, aparece ligado al FIFA-Gate, por el pago de la fianza para conseguir la excarcelación y prisión domiciliaria para su hermano Alejandro Burzaco. El secretario Eugenio Burzaco habría aportado unos 3 millones de dólares en efectivo y otros 15 millones en certificados de acciones de la propia empresa TyC Sports, de la que su hermano Alejandro fuera CEO, y que fue la empresa desde donde se pagaron las comisiones ilegales a la CONMEBOL y a la FIFA investigadas por la justicia norteamericana. Raul Burzaco, el padre de Eugenio y Alejandro, fue hasta su fallecimiento, en 2004, vicepresidente de Multimedios América y asesor de la mentada empresa Torneos y Competencias.
En abril de 2016, la investigación periodística sobre guaridas fiscales denominada “Panama Papers”, aportó documentación que demuestra que Alejandro Burzaco tuvo una red de sociedades offshore inscriptas a través del bufete panameño Mossack Fonseca, desde las que realizó operaciones por más de 370 millones de dólares para obtener los derechos de TV de la Copa Libertadores durante 14 años. La documentación de Mossack Fonseca también involucró bienes no declarados del ex Presidente Macri, su familia y sus empresas que utilizaron ese canal criminal para esconder dinero sucio y evadir responsabilidades tributarias en el país.