DOCUMENTO
CIUDAD DE BUENOS AIRES: LA SALUD MENTAL VULNERADA
5.3.2012
La atención de la Salud Mental, en el sistema público estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está sufriendo un grave proceso de deterioro y destrucción, en cuanto a su concepción y su funcionamiento. El gobierno de la ciudad, responsable de la política en el área, emitió apenas comenzado el año y muy sigilosamente la Resolución N°52/12, por la cual se llama a licitación pública para la contratación del “Servicio de internación prolongada de pacientes psiquiátricos y pacientes gerontopsiquiátricos, con atención médica integral en salud mental, con el objeto de lograr su rehabilitación y su reinserción social”.
Este acto de gobierno, por el cual se derivan dineros públicos hacia el sector privado, contradice de forma sumamente lesiva, los lineamientos expresados por la Constitución de la Ciudad, la Ley N°448 de Salud Mental y la Ley Nacional de Salud Mental N°26.657. El marco legal es sumamente claro en cuanto a la imprescindible transformación del actual modelo de atención en Salud Mental, estableciendo para ello, la creación y apertura de dispositivos para la atención, rehabilitación y reinserción social de las personas con padecimientos mentales. Así mismo, se establece que la internación de pacientes, debe ser considerada “como una modalidad de atención, aplicable cuando no sean posibles los abordajes ambulatorios”.
También según las leyes, se establece que las problemáticas de salud mental deben ser tratadas desde la perspectiva interdisciplinaria,considerando el aporte de la multiplicidad de prácticas y saberes del campo de referencia. Esta Resolución, no sólo contradice la legalidad, sino que hace gala de un anacronismo evidenciado por la historia y la realidad, al clasificar a los pacientes meramente como “psiquiátricos”. Los resultados devenidos por la acción de una “omnidisciplina”, perpetúa el modelo asilar – manicomial, y en base a ello resulta perjudicial y retrógrado intentar subordinar a la Salud Mental, desde una visión de “modelo médico hegemónico”.
Este accionar del gobierno del Ing. Macri, no se reduce a la transgresión generada desde la mencionada Resolución, sino que apunta y se complementa también, con el cierre y desfinanciamiento de diversos dispositivos de atención existentes, tales como el P.A.C. (Programa de Atención Comunitaria para niños/as y adolescentes), dependiente del Centro de Salud Mental N°1 “Hugo Rosarios”.
La Resolución N°52 permite visualizar el doble perjuicio que se genera: en primer lugar, porque atenta contra la atención de la población, contrariando lo que expresa la Constitución de la Ciudad, según la cual debe concretarse un proceso de “desinstitucionalización progresiva”, creando una red de servicios y protección social y garantizando su atención en los establecimientos estatales. Así, no sólo se priva de los recursos necesarios para la creación de los dispositivos, sino que también se desatiende lo existente, con graves consecuencias. Por otro lado, se intenta “tercerizar” la atención, derivando hacia clínicas privadas, sosteniendo la “internación prolongada” como modalidad asilar-manicomial. La Constitución de la Ciudad expresa que “no se pueden ceder los recursos de los servicios públicos de salud a entidades privadas con o sin fines de lucro, bajo ninguna forma de contratación que lesione los intereses del sector…”. En el marco de este accionar, debe recordarse que este mismo gobierno ya lo ejecutó con la atención de las adicciones (sustrayendo la pertinencia de las mismas al área de salud mental y delegando la atención en instituciones privadas). Esto, sin eufemismos, implica la privatización del sistema de salud mental.
No podemos dejar de asociar a este estado de situación que, hace pocos días, el propio Macri presentó el megaproyecto inmobiliario denominado “Centro Cívico”, y que en un primer paso licitará la construcción de un edificio donde se albergarán la Jefatura de Gobierno y varios ministerios a un costo inicial de $ 280 millones, justamente en terrenos del Hospital Borda y el ex Hospital Rawson. A pesar del hermetismo, es indudable al observar los proyectos ganadores del concurso, que avanzará hacia los terrenos de los otros hospitales de salud mental lindantes. Pese a la evidencia, en ningún momento se ha hecho público cómo ha de resolverse la situación de las aproximadamente 1.700 personas internadas en los hospitales monovalentes Borda, Moyano y Tobar García, respetando lo establecido taxativamente por las leyes vigentes. Cabe consignar como dato reciente, que las topadoras han comenzado a demoler instalaciones, entre las que se encuentra el “Taller Pan del Borda”, sin aviso ni explicación.
Este avasallamiento del ejecutivo porteño, demuestra que su interés es satisfacer la avidez por proyectos inmobiliarios a gran escala, de los cuales participan conocidas empresas constructoras. La Resolución N°52 anticipa el escenario que se proyecta. El accionar del gobierno sustituye la prioridad de la transformación de la salud mental (que lleva doce años de postergación), por los beneficios de “progreso” que presentará para la población este megaproyecto para la zona Sur.
Estamos ante una emergencia que, por su gravedad, requiere de una respuesta inmediata a estos desatinos del Gobierno de la Ciudad, que también desnuda complicidades y llamativos silencios corporativos. En un espacio intersectorial e interinstitucional hemos confluido un conjunto de actores, vinculados y preocupados por este presente contradictorio para con los objetivos establecidos para la salud mental de la ciudad, ante la imperiosa necesidad de actuar partiendo desde dos ejes: la movilización de la comunidad, los pacientes y sus familiares y los trabajadores del sistema y, en otro plano, la defensa de la legalidad, mediante presentaciones ante la Justicia.
Sin más dilaciones, el Gobierno de la Ciudad debe cumplir con las leyes que propician los cambios para la Salud Mental y, en base a ello, exigimos la inmediata asignación de los recursos para instituir la apertura de camas de internación en hospitales generales, casas de medio camino, hospitales de día, residencias protegidas, emprendimientos sociales y el conjunto de dispositivos establecidos en el Art. 14° de la Ley 448. El proceso de desinstitucionalización que propicia el conjunto de leyes vigentes no admite especulaciones ni engaños: defender el hospital público no es defender los “manicomios” o instituciones asilares.
En virtud de lo expuesto es que las organizaciones profesionales, sociales y representantes políticos abajo firmantes convocamos a sumarse a esta lucha ligada a los derechos de la población, para contar con un sistema de salud mental digno y eficaz, del cual son también tributarios sus trabajadores.
Desde esta convocatoria amplia y plural, apoyaremos las presentaciones ante la Justicia, el consenso para establecer una gran movilización hacia la sede de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad en fecha próxima a determinar y todas las acciones que resulten pertinentes para el efectivo cumplimiento de las leyes de Salud Mental.
