Agresiones a Rodríguez Larreta
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El jefe de gobierno porteño Mauricio Macri anunció ayer un plan de créditos hipotecarios llamado "Primera Casa BA". Según el propio jefe comunal el mismo facilitará "el acceso a una vivienda propia a miles de jóvenes pagando la tasa más baja del país".
"Estamos trabajando para construir una ciudad en la que los jóvenes tengan su lugar y puedan concretar sus sueños y sus proyectos", dijo Macri al anunciar el lanzamiento de los créditos.
El plan, según detallaron, está abierto a personas que puedan justificar un ingreso mensual mínimo de 2.300 pesos y permite la adquisición de una vivienda de hasta 70 mil dólares para personas que no tienen hijos y de hasta 95 mil dólares para grupos familiares.
"Hablamos de dólares porque la gente en general piensa en dólares cuando se trata de comprar una vivienda y nosotros no estamos aquí para decirles a los vecinos como tienen que hablar o pensar, sino para ayudarlos a construir un mejor futuro", afirmó Macri haciendo alusión a la discusión que se está dando en orden nacional sobre las restricciones a la compra de dólares.
El programa, que es impulsado a través del IVC, prevé una financiación de hasta el 85 % del valor de la propiedad. Las adjudicaciones se efectuarán en forma mensual a través de un sistema de puntaje que considerará tres factores: las condiciones de vivienda, la situación familiar y los ingresos.
El jefe de Gobierno estimó que durante el primer año se podrán entregar alrededor de 3.500 créditos y manifestó el deseo de que "podamos otorgar muchos más en los próximos años porque el sueño de la casa propia es fundamental para que los jóvenes puedan edificar su futuro".
Más información sobre los créditos: www.buenosaires.gob.ar/primeracasa
Ordenaron a Mauricio Macri asistir a víctimas del terrorismo de Estado
4.6.2012
La Justicia porteña dispuso que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá reglamentar, en un plazo improrrogable de 20 días, la ley 2.939 de asistencia a víctimas, testigos y querellantes de las causas por delitos cometidos por el terrorismo de Estado. De esta manera, se hace lugar a una demanda interpuesta por la Agrupación H.I.J.O.S., con el patrocinio del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires.
El Juzgado N° 1 Secretaría N° 1, a cargo del Dr. Juan Vicente Cataldo, hizo lugar a la acción de amparo presentada en el expediente N° 41.958/0 por los citados organismos con el objeto de subsanar la desidia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que no reglamentó dicha ley, sancionada el 27 de noviembre de 2008, a pesar que estaba obligado a hacerlo en 60 días.
De esta manera, el Poder Judicial dispone la obligación de dar cumplimiento a los objetivos de dicha norma: garantizar a las víctimas, testigos y querellantes el acompañamiento y contención durante las audiencias del juicio, la asistencia psicológica y la derivación a los diversos centros de salud que cuenten con atención especializada. Respecto a la inactividad del Poder Ejecutivo de la Ciudad, el Juez sostiene que “la conducta que la Administración ha exhibido en este caso es ilegítima, pues no ha dado cumplimiento con una obligación legal” por “inacción o negligencia administrativa”.
Fue necesario acudir a la justicia para que le ordene a Mauricio Macri que garantice nuestros derechos, debido a la inacción del Gobierno de la Ciudad en materia de asistencia y acompañamiento. Esta falta de contención para quienes son familiares de desaparecidxs y/o o sobrevivientes y participan en los juicios a genocidas, no hace más que revictimizarlos. “Los sobrevivientes y testigos reviven el horror cuando dan testimonio, quedando en situaciones de vulnerabilidad que hacen que la contención y acompañamiento sean imprescindibles. Para nosotros no es una opción ser parte del proceso histórico de Juicio y Castigo a los genocidas: es un compromiso con nuestras familias, con nosotros mismos, con los compañeros y compañeras, y con este país.
La falta de cumplimiento de una ley de este tipo demuestra que Mauricio Macri no tiene interés o no está a la altura del proceso histórico de justicia por los crímenes de lesa humanidad”, manifestaron desde H.I.J.O.S. y el Observatorio.
Este fallo judicial, además, atañe a la inoperancia del Instituto Espacio para la Memoria (IEM) que es parte de la desidia que deja en pleno estado de vulnerabilidad a los sobrevivientes.
1.6.2012
En Capital, el déficit es de 170 mil viviendas. Mientras, existen 340 mil que están construidas pero sin habitar. Cuando el boom de la construcción no tiene en cuenta el interés colectivo.
Por Enrique de la Calle I
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires atraviesa una grave crisis habitacional que afecta a medio millón de habitantes, sobre una población menor a tres millones.
Según diferentes estudios el déficit es de 170 mil viviendas. Para solucionarlo no es necesario construir esa cantidad de casas, si no de redistribuir de otro modo las existentes. Según el último censo nacional, en Capital hay 340 mil viviendas deshabitadas (el 24% de todas las que hay en el distrito). Con la mitad de ellas, se podría reparar un derecho vulnerado hoy centenares de miles de familias.
Derecho vulnerado
Según el último informe del CELS sobre la situación de los Derechos Humanos en la Argentina, existen en Capital 26 asentamientos precarios, 16 villas, 19 conjuntos habitacionales, 172 inmuebles tomados, 3200 familias alojadas en hoteles, casi 2000 personas viviendo en las calles.
La población en villas y asentamiento se duplicó desde 2001: el 40% alquila cuartos de manera informal. Esto ocurrió mientras la población total de Capital aumentó en ese período un 4%, muy por abajo de la media nacional.
Con respecto al hacinamiento (2 o más personas por cuarto), afecta al 8,7% de los hogares, es decir, 140 mil. El hacinamiento crítico (más de tres habitantes por ambiente) al 1,5%: ¡21 mil hogares! (Fuente: Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad de Buenos Aires, 2010; ver cuadro).
El hacinamiento se distribuye de modo desigual entre las comunas: las más afectadas son las incluyen los barrios más pobres, que se ubican al Sur de la Ciudad. Se trata de la 8 (Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano), la 4 (La Boca Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya), la 3 (San Cristóbal y Balvaneda) y la 1 (Retiro, San Nicolás, Constitución, San Telmo, Montserrat y Puerto Madero). En esas cuatros jurisdicciones el hacinamiento duplica la media porteña.
Como no podía ser de otro modo, esas comunas tienen los mayores índices de ocupaciones de viviendas. En las 1 y 3, el número duplica la media; en las 4 y 8, triplica el promedio. Y presentan los porcentajes más bajos de propietarios de hogares. La 8 tiene otro récord del que no podrá jactarse: tiene el mayor porcentaje de hogares en "situación de tenencia irregular": 29,5%.
Casas hay y de sobra
El diagnóstico presentado empeora cuando se lo contrasta con otras estadísticas. Porque ese déficit de alrededor de 200 mil viviendas podría resolverse con parte de las casas que actualmente están deshabitadas en Capital Federal.
Según el último censo, en Capital hay 1,4 millones de viviendas. De las cuales 340.975 están deshabitadas. En la comuna 1 está en esa situación casi el 40% de las casas, mientras el hacinamiento afecta al 16,7% y el hacinamiento crítico al 2,7%. El barrio Constitución fue noticia esta semana por un desalojo que dejó en la calle a decenas de familias. No existe legislación local ni nacional que castigue tal desatino, como la construcción de departamentos sin tener en cuenta el acceso social a la vivenda. Según el especialista Raúl Fernández Wagner si se "aplicara un fuerte impuesto a esas viviendas vacías, como ocurre en otros países, eso obligaría a los propietarios a vender o por lo menos a tener que alquilarlas, lo que bajaría notablemente el precio del alquiler".
Desde hace unos años, la Capital experimenta un boom de la construcción que convive con un creciente deterioro de las condiciones de hábitat de centenares de miles de personas. En ese marco, el actual déficit no tiene que ver con la escasez ya que viviendas se levantan todo el tiempo y de a cientos. La voluntad política deberá definir con qué lógica se permiten esas edificaciones: una que defienda el interés privado o el colectivo.