Comunicadores del Sur

Acuerdo en el conflicto con trabajadores del subte

22.5.2012

Luego de tensas negociaciones hasta último momento, los trabajadores del subte alcanzaron un principio de acuerdo con la empresa concesionaria Metrovías y suspendieron el paro tres días previsto para esta semana, por lo que mañana habrá servicio.

La oferta salarial no cerró la paritaria anual sino que, a través de una suma fija no remunerativa retroactiva a marzo y que varía entre los 900 y los 1.200 pesos, se postergó la negociación del sector hasta agosto, cuando las partes deberán volver a negociar un aumento definitivo.

La propuesta satisfizo a los maquinistas y guardas de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), quienes levantaron el paro convocado para el miércoles y jueves, mientras que poco después -y tras el debate en asamblea- el gremio de los "metrodelegados", decidió dejar "en suspenso" la huelga de 48 horas que iba comenzar este martes.

El titular de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP) gremio, Roberto Pianelli, explicó que la propuesta recibida en el Ministerio de Trabajo "no es para cerrar la paritaria, es para patearla hasta agosto y mientras tanto otorgar un paliativo" y graficó: "Se tira la pelota para adelante, y eso es lo que queremos consultarle a los compañeros".

"Mañana los usuarios podrán viajar, pero nosotros no nos quedamos tranquilos. Si se acepta la propuesta vamos a seguir dos meses más sin paritaria, sin saber cómo se va a resolver la cuestión salarial y laboral", advirtió el delegado, quien precisó que este martes habrá nuevas asambleas de trabajadores para analizar la oferta y decidir qué ocurrirá con el servicio del miércoles.

Además de los gremios, comparecieron en el Ministerio de Trabajo de la Nación representantes de la empresa concesionaria Metrovías y el titular de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) Juan Pablo Piccardo, por parte del Gobierno porteño, que cambió su postura y se sentó en la mesa, aunque con reparos, ya que sólo ofreció su mediación.

Tras casi cinco horas de reunión, que incluyó un cuarto intermedio, la UTA, el único de estos gremios que tiene personería gremial y que agrupa a los maquinistas y guardas, anunció que aceptaba la percepción de la suma fija de aumento, que tiene un piso de 900 pesos para las categorías más bajas y un techo de 1.200 pesos para las más altas, explicó el vocero de ese sindicato, Mario Caligari.

Según se detalló en el acta firmada por las partes, "esta suma será imputada a cuenta de las condiciones salariales que finalmente se acuerden en las negociaciones paritarias cuya continuidad se establece a partir del 1 de agosto". En el mismo escrito difundido por el Ministerio de Trabajo se dejó en claro la postura que había tomado el Gobierno porteño, pese a haber enviado su representante.

"Hemos decidido comparecer, aún en disconformidad, porque tenemos la voluntad de colaborar para resolver el conflicto y evitar un grave perjuicio para la gente. Sbase manifiesta una vez más que no corresponde su participación en tanto carecemos de competencia en la materia que nos ocupa y en el reclamo comprendido", indicó Piccardo durante su intervención.

Por su parte, el Gobierno nacional, que en la reunión estuvo representado por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el subdirector Nacional de Relaciones del Trabajo, Adrián Caneto, valoró el cambio de postura de la Ciudad. "El Gobierno nacional priorizó dos aspectos fundamentales: los trabajadores y los usuarios. O sea, los salarios y la continuidad del servicio. En nuestra opinión, el diálogo no estaba completo si Sbase -aún con todas las reservas expuestas- no se hacía presente en las audiencias. Valoramos este paso que hemos dado todos", sostuvo.

Carta a la docencia de la Ciudad de Buenos Aires

22.5.2012

Carlos Oroz

Secretario General de Ademys

Las/os docentes de la Ciudad de Buenos Aires hemos desarrollado durante los últimos 2 meses otra extraordinaria lucha para resistir los embates del Gobierno de Macri contra la Escuela Pública. Aún hoy sigue la resistencia en algunas escuelas como el Comercial N° 1, el Colegio N° 13, el Comercial N° 7. En otros como el Comercial N° 5, por la acción unitaria de estudiantes y docentes se logró frenar el cierre de un curso, y vía reclamo judicial se pudieron reabrir 2 grados de los distritos 9° y 10°. Aún están pendientes otros 4 reclamos judiciales.

La capacidad de resistencia demostrada en la lucha contra la eliminación de las juntas, impidió que el Gobierno aplique en forma textual el Decreto 1990, como era su intención, cerrando así 1200 cursos/grados. La lucha unitaria desarrollada por docentes organizados por escuelas, desde las asambleas de distrito, desde el sindicato, junto a padres, estudiantes, posibilitó que de los 221 de la primera disposición de cierres, intentaran luego con 96, de los cuales ya hemos reabierto 3 y un par aún no han podido cerrarlos.

Logro parcial o derrota parcial, cada uno podrá caracterizarlo como quiera, pero lo que está claro es que, pese a la enorme resistencia y la gran cantidad de actividades desarrollada, no alcanzó para frenar la medida. En el conflicto de las Juntas, al ser un ataque a toda la docencia, las grandes movilizaciones y acciones unitarias de los docentes fueron más factibles de realizar; pero se hizo difícil poder explicar al resto de la ciudadanía un problema complejo y visto por algunos como una problemática corporativa. El cierre de cursos es un ataque mas claro para toda la población, y por eso, desde su inicio tuvo un gran apoyo; pero al concentrarse en algunos distritos y escuelas, dificultó sumar al resto de la docencia y articular las acciones para golpear todos juntos. Se logró esporádicamente en las primeras movilizaciones conjuntas con otros sindicatos, en la toma del ministerio y la concentración posterior, y en el paro del 10 de abril convocado por Ademys y la enorme movilización realizada.

Mención aparte merece la actuación de los otros sindicatos. Desde los que actuaron parcialmente o intentando frenar las acciones unitarias, hasta los que se borraron y ni aparecieron por las escuelas. El Gobierno dio cuenta del accionar de cada uno con su sistema clientelar de premios y castigos, otorgando comisiones de servicio a los fieles, un poco menos a los tibios y sacándoles todas al sindicato que, según el mismo ministro Bullrich expresó: “nunca acordamos”. Al igual que con las juntas, al final del recorrido, los/as docentes se quedaron con una sola organización sindical dispuesta a ir hasta el final en la resistencia: Ademys. El desafío del momento para la docencia es fortalecer Ademys, afiliándose, eligiendo delegados, participando de sus instancias democráticas y sus acciones.

Pero el cierre de cursos forma parte de un proyecto global de ataque a la Escuela Pública, que quiere acrecentar el vinculo de la educación con los valores del mercado, que promueve aumentar sus niveles de privatización, que pretende consolidar dos segmentos pedagógicos diferenciados para cristalizar las diferencias sociales existentes.

Con respecto al cierre de cursos y los problemas de falta de matrícula, el próximo paso del Gobierno será, como ya nos lo anunció e informáramos en su momento, convocar una comisión de trabajo para elaborar una nueva norma que reemplace al Decreto 1990. Esta decisión que pareciera recoger un reclamo histórico en realidad se convertirá en una trampa. Ahora, con el acuerdo de los sindicatos, establecerá el mínimo de alumnos en cada nivel, turno, etc., menos del cual no se podrá abrir el curso. Es decir la continuidad del plan pero con consenso. 

Ademys no va a entrar en esa trampa. Allí estaremos para exigir que se ataquen las causas de falta de matrícula, al mismo tiempo que solucionan vía construcción de escuelas la superpoblación de la zona sur. Exigiremos la eliminación del subsidio a la educación privada y promoveremos la aprobación del proyecto presentado en la legislatura. Reiteraremos nuestro reclamo por políticas activas del Estado para evitar la deserción escolar, por el nombramiento de parejas pedagógicas, triplicar los integrantes de los EOE, el aumento de los salarios y del presupuesto educativo, etc.

El desafío de hoy es acrecentar nuestra capacidad de resistencia, y dos son las vías: Por un lado lograr una mayor articulación en un único y amplio movimiento democrático que incluya a todos los que se expidan a favor de la Escuela Pública, en contra de los subsidios a la privada, y dispuestos a resistir. Por el otro sumarse y fortalecer Ademys.

Buenos Aires, 21 de mayo de 2012

COMUNICADO DE PRENSA JUAN CABANDIÉ – ALEJANDRO AMOR

LA LEGISLATURA SANCIONA UN PEDIDO DE INFORMES SOBRE UNA TORRE EN AREA DE PROTECCION HISTORICA

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó un pedido de informes impulsado por el bloque Frente para la Victoria, en el que se solicita al poder Ejecutivo que responda sobre una posible construcción de 70 metros de altura en una parcela lindera al convento Santa Catalina, ubicado en Viamonte y San Martín. Desde el año 2011, el convento se encuentra dentro del Area de Potección Histórica (APH) Catedral al Norte.

A través de este pedido de informes se quiere conocer si el predio cuenta con planos registrados; bajo qué distrito de zonificación fue realizado el registro del plano; si se ha contemplado un análisis del suelo por encontrarse en una zona potencialmente arqueológica y si existen, en relación a esta obra, amparos presentados en la justicia.

Según se conoció durante la Audiencia Pública para la aprobación del proyecto APH Catedral al Norte, sería inminente el inicio de obras en el predio mencionado, con la intención de construir un hotel cinco estrellas, viviendas, oficinas, una torre de 18 pisos y seis subsuelos con cocheras. Distintas organizaciones vecinales manifestaron su rechazo a este proyecto.

Es preciso mencionar que el convento Santa Catalina, construido en 1745, fue declarado Monumento Histórico en 1942.

“Resulta imperioso conocer la información detallada de este proyecto de construcción ya que si el mismo prosperara, violenta, pone en peligro y afectaría en forma directa al convento Iglesia Santa Catalina de Siena”, explicaron los diputados del FPV, Juan Cabandié y Alejandro Amor.

El radicalismo sugiere a Macri pedir licencia

20.5.2012

“Lo que señalo con respeto a cada funcionario que tiene responsabilidades en la gestión de lo público, es que, llegadas determinadas circunstancias, evalúen que es lo que imaginan más conveniente para su propia salud política”, dijo el dirigente radical, al ser consultado sobre si el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, debería pedir licencia en el cargo hasta tanto la Justicia resuelva su responsabilidad en el espionaje ilegal.

En ese sentido, señaló que Macri debe analizar “si continuar ejerciendo el cargo o separarse (de sus funciones) para alentar además, contrariamente a lo que habitualmente sucede, a que esos temas se resuelvan con mucha celeridad”.

Asimismo, Barletta, quien días atrás salió a cruzar al mandatario porteño por sus críticas al respaldo radical a la reestatización de YPF, insistió en que el líder del PRO, “tiene un pensamiento cercano a una inserción más directa y una mayor participación en torno a las privatizaciones”.

En ese marco, indicó que a diferencia del PRO, para el radicalismo, el país “necesita un estado fuerte” en contraste con lo ocurrido en la década del 90, en la que dijo: “Sobre la base de la revolución productiva y de ese profundo aliento al neoliberalismo, nos llevó a donde nos llevó”, en alusión a la fuerte crisis económica, social y política que vivió el país en el 2001.

“Tenemos que trabajar con mucha fortaleza, no sólo para la construcción de un Estado fuerte, sino también para que tenga mucha calidad institucional”, completó.

La semana pasada, el juez federal Norberto Oyarbide decidió concluir el proceso de investigación en la causa por las escuchas ilegales en la Ciudad de Buenos Aires, y dejó a Mauricio Macri y al resto de los imputados al borde del juicio oral.

Se unificaron los proyectos de Ley para la expropiación del hotel Bauen
19.5.2012

Se trata de las iniciativas del Frente Amplio Progresista (FAP) y de Nuevo Encuentro para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación a la Cooperativa de Trabajo Hotel Bauen. Ocurrió el pasado 17 de mayo durante la reunión de comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales de la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Nación.

"Sentimos por primera vez que nuestros representantes reconocen nuestro trabajo y nos llena de emoción. Luego de lo que acaba de suceder creemos que pronto será expropiado el inmueble. Ahora falta que el proyecto pase por las comisiones de Legislación General y Presupuesto para luego ser tratado en la Cámara de Diputados", celebró María del Valle, referente de la Cooperativa de Trabajo Hotel Bauen que funciona hace 9 años bajo la gestión de sus trabajadores.

Tras discutir las diferencias entre los proyectos de ley del Frente Amplio Progresista (FAP) y de Nuevo Encuentro, la comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales de la Cámara de Diputados -presidida por Pablo Orsolini- unificó las iniciativas. El despacho favorable fue celebrado por los trabajadores del hotel porteño de la avenida Callao al 300.

"Es interesante que haya salido tan rápidamente dado que es un proyecto que se presentó hace cuatro años y no hay mayores modificaciones en él y me parece fundamental que además de este dictamen salga la media sanción en la Cámara de Diputados", aseguró en comisión la diputada nacional por Frente Amplio Progresista (FAP), Victoria Donda.

"No me opongo a sacar el artículo 6 que indica el compromiso de las cooperativa a desarrollar otro tipo de actividad para la comunidad fortaleciendo el sentido de utilidad pública, lo principal es que saquemos el dictamen", retrucó el diputado de Nuevo Encuentro, Carlos Heller.

Si bien los proyectos de Ley que instan la apropiación del espacio eran similares, la única diferencia radicaba en el artículo Nº 6 de las iniciativas. Luego de un breve debate, los diputados firmaron el despacho.

"Nos parece positiva la resolución del artículo que indica que la cooperativa tiene la última potestad para decidir sobre las actividades con función social, como contrapartida de la expropiación, y siempre que sean posibles de sostener económicamente", aclaró el presidente de la cooperativa, Federico Tonarelli. Y pidió que "trabajen con rapidez para la unificación de las dos comisiones a las que también fue enviado para que se reúnan en plenario y avancen en el dictamen porque nuestra situación es compleja".

El avance por la expropiación del hotel Bauen a manos de sus trabajadores ocurrió esta mañana en el edificio anexo del Congreso de la Nación. Ahora, la iniciativa deberá ser tratada por las comisiones de Presupuesto y de Legislación general que presiden Roberto Feletti y Luis Cigogna. En caso de que ambos cuerpos lo aprueben, el dictamen podrá ser tratado en la Cámara de Diputados.