Comunicadores del Sur

12.4.2023

En la tercera jornada del proceso judicial contra efectivos de la Ciudad, la profesional de la salud aseveró que siente miedo desde que sucedió el hecho. Además, declaró un jefe policial de la Federal que también complicó a los imputados.

Los testigos que desfilaron en la tercera jornada del juicio por el crimen de Lucas González, el jugador de fútbol asesinado de un balazo el 17 de noviembre de 2021 en Barracas, complicaron la situación de los 14 policías detenidos. Se trata de los agentes de la federal que participaron de los peritajes en la escena del homicidio y de las médicas que trataron a la víctima, aún con vida.
A diferencias de las primeras dos jornadas del debate, la de este martes se llevó a cabo en la sede del tribunal ubicada en la calle Paraguay al 1536, en vez de la Sala Auditorium de los tribunales federales de Comodoro Py, en Retiro.
La primera testigo fue Valeria Echeverría, médica a cargo del shockroom del Hospital Penna, quien estaba de guardia cuando Lucas fue ingresado en grave estado tras ser baleado y recordó que el paciente ingresó en estado «crítico» con un disparo en la cabeza y que vio que del cuerpo cayeron «dos elementos metálicos», que ella creyó que eran balas pero que un Policía le indicó que se trataba de casquillos, por lo que solicitó que le tomaran los datos al oficial para el posterior informe.
Ese policía, según la investigación, es Daniel Espinoza, uno de los 13 detenidos y acusados del encubrimiento del crimen de Lucas, cuya defensa pidió en la audiencia que se leyera la historia clínica del paciente, el cual se hablaba de «un elemento» que cayó del cuerpo de Lucas y no de dos, como señaló la especialista al referirse a los casquillos.
A continuación, dio su testimonio la médica del SAME Miriam Sosa, quien atendió a Lucas en el lugar de los hechos, y señaló que escuchó a un efectivo decir a otros «nadie graba, nadie vio nada» y que percibió en el lugar «un clima tenso, de mucho nerviosismo».
«Cuando llegamos vi una escena bastante impactante, no era habitual: muchos efectivos, un vehículo en que había una persona joven en grave estado. Las personas que estaban trabajando estaban muy nerviosas, se veía que no era un hecho habitual», aseguró Sosa.
Luego, recreó la escena diciendo que fue algo «de película», ya que, según ella, el policía que hizo la advertencia señaló al resto con el dedo índice mientras daba un giro de 360 grados diciéndoles «nadie filma”. A su vez, la profesional detalló que en la ambulancia viajó junto a ellos un policía y agregó que, desde que se enteró de lo ocurrido por los medios de comunicación, tiene «miedo».
También declaró en la audiencia el oficial Ariel Gastón Lamela, el chofer del por entonces comisario inspector Daniel Alberto Santana (50), imputado por el encubrimiento del hecho, donde mencionó que lo notó «muy acongojado» por lo sucedido, aunque refirió que vio a su jefe conversar con uno de los policías acusados por el homicidio, Gabriel Alejandro Issasi (41), tras el hecho.

“Venían tomando mate”

Ante los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero, declaró también el subcomisario de la Policía Federal y jefe segundo de la sección Intervenciones Judiciales, Pablo Andrés Blanco. El testimonio se extendió por una tres horas y la participación de otros testigos que estaba previstos para esta tercera jornada debió postergarse.
Blanco indicó que llegó a la escena del crimen convocado por un supuesto «enfrentamiento armado”. «Cuando llegué al lugar, había mucha cantidad de personal policial de la Ciudad. Cerca de 100 personas. Lo primero que hago es entrevistarme con un oficial jefe de la Comuna, Inca -uno de los imputados por encubrimiento- y me cuenta que una brigada de ellos venia recorriendo y advierte el paso de un Volkswagen Suran sospechoso por la avenida Iriarte. Dijo que luego que se identificaron los policías, el vehículo se dio a la fuga, embistiendo a uno de los policías y que ellos se sintieron amenazados repeliendo dicha agresión con disparos», relató Blanco, que vestía un saco gris y una corbata rayada.
A continuación, el subcomisario remarcó que recién se pudo comenzar a peritar el vehículo en el que viajaba Lucas y sus tres amigos cuatro horas más tarde, luego de recibir la correspondiente autorización judicial. Sin embargo, durante el procedimiento, Blanco señaló que observó «matices» que le hicieron dudar si la versión que le habían dado los policías porteños era tal.
«Tengo mucha experiencia en otras intervenciones. Todo el tiempo hacemos detenciones y es difícil que al toque caigan los padres del menor delincuente y quieran saber qué pasó con su hijo y con la intensidad que lo hacían», relató el funcionario de la PFA y agregó: «Era un auto sin pedido de secuestro. El conductor estaba autorizado a usarlo. Uno no va a robar con su vehículo.»
En ese sentido, Blanco indicó en reiteradas oportunidades que uno de los elementos que más llamó su atención en el auto fue un equipo de mate que tenían los adolescentes en el portaobjetos del vehículo.
«Los chicos tenían botines y parecía que iban tomando mate. Si vos vas a robar, no te vas de camping. Me hizo hacer un juicio de valor interior de que no podrían tratarse de delincuentes que quieran fugarse de la policía. Fue un pensamiento mío de ese momento porque no había una pericia que lo confirme. En 25 años de experiencia, nunca tuve una apreciación como esta», afirmó.
Además, Blanco sostuvo que el arma encontrada en el Volkswagen Suran «era de juguete”. «Cuando yo llego al lugar del hecho, no recuerdo que haya gente asomándose a la camioneta. Sí se distinguía que había un objeto en el auto. Hasta las 16, el auto estuvo en dominio de la Policía de la Ciudad. Después intervenimos nosotros, y cuando se terminó el peritaje, entre las 17 y las 18, pude ver el arma, que era una réplica», describió.

La acusación

Por el crimen de Lucas se encuentran detenidos y son sometidos a juicio desde el 16 de este mes el mencionado Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y el oficial Juan José Nieva (37) quienes, en la primera jornada del debate, los tres aseguraron que actuaron «en legítima defensa» y «en cumplimientos del deber», por lo que no cometieron «ningún delito».
En tanto, hay otros 11 policías que se los juzga por «falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas

13.4.2023

Por Martín Suárez

Hace 2 semanas ocurrió lo mismo en un colegio de Lugano. El nuevo desprendimiento se produjo en la escuela N° 15 de San Cristóbal. “Fue la caída de techo más anunciada”, manifestaron, ya que hace meses vienen reclamando su reparación.

“Hace varios meses venimos reclamando para que arreglen los problemas de humedad”, dijo un padre de la comunidad educativa de la Escuela № 15 DE 6 “Jorge Luis Chinetti” a este medio. El establecimiento educativo ubicado en el barrio de San Cristóbal sufre lo que muchos edificios escolares vienen denunciando hace años: la desidia y el abandono de la administración porteña. “Tengo entendido que la dirección de la escuela se puso en contacto varias veces con mantenimiento para que arreglen el techo”, agrega el papá de una estudiante de primer grado. Justamente, su hija, asiste todos los días al aula que sufrió el desprendimiento de parte del cielo raso este lunes. Hasta que el ministerio de Educación porteño, comandado por Soledad Acuña, no solucione el problema, las maestras decidieron trasladar el aula a la biblioteca de la escuela. Este miércoles a las 8 realizarán un abrazo al edificio para exigir una solución urgente a la falta de mantenimiento.
Las maestras fueron las primeras en ingresar al aula y se encontraron con un pedazo de mampostería en medio del salón. “Fue la caída de techo más anunciada”, dijo una fuente de esa escuela a Tiempo. En el piso superior de esa sala de primer grado, se encuentran los baños que sufren constantes pérdidas de agua.
“La Escuela viene reclamando desde hace meses el arreglo del techo que está lleno de humedad y la respuesta de infraestructura escolar es que no encuentran la pérdida”, explica a Tiempo María Isabel Grau, docente y secretaria de Asuntos Pedagógicos de la asociación docente Ademys. “Ahora los chicos están estudiando en la biblioteca, obviamente esto no genera las mejores condiciones para el desarrollo del aprendizaje. Además, el espacio de la biblioteca queda inhabilitado para el resto de la escuela porque está siendo utilizado como aula”, agrega y concluye: “Esta es la consecuencia de la reducción constante del presupuesto educativo en la Ciudad de Buenos Aires. Hacemos responsable a Soledad Acuña y al jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta y exigimos que realicen de manera urgente un plan de obras”.
En varias ocasiones, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA) se hizo presente en el lugar y pudo corroborar el estado de situación del edificio. “Esto lamentablemente no es algo que ocurra de manera aislada, es sistemático el problema de infraestructura debido a la desinversión escolar. Es algo que se repite en todas las escuelas porteñas y que las familias y docentes vienen denunciando pese a la persecución que realiza la cartera educativa”, cuenta Pablo Francisco, secretario de la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT).
Ciertamente, hace unas semanas Tiempo se hizo eco del reclamo de la comunidad educativa de Villa Lugano, por una situación idéntica. Se trata del edificio escolar ubicado en Av. Escalada al 2800, que comparten la Escuela de Educación Media EEM Nº 1 DE 13 Manuel Mujica Lainez; y la de Comercio N° 6, que funcionan en el horario vespertino y turno mañana y tarde respectivamente. El lunes 27 de marzo, tras la tormenta del fin de semana, parte del techo del hall de entrada cedió y se desprendió una luminaria de gran porte.
“Hace 16 años que el PRO gobierna la Ciudad y en ningún momento quisieron solucionar los graves problemas de infraestructura que hay en cientos de escuelas. Una de las reivindicaciones que venimos haciendo desde hace años, más allá de la necesidad de incrementar el presupuesto educativo, es que la Ciudad escuche y atienda los reclamos de la comunidad educativa que son los que denuncian a diario estas situaciones”, agrega Francisco. Por último, el maestro y dirigente sindical, convocó a toda la comunidad educativa a realizar un abrazo a la escuela. “Las familias y docentes organizaron una jornada de visibilización para este miércoles a las 8 de la mañana, en Estados Unidos 3141 antes del inicio de las clases. Tenemos que estar todos para reclamar la solución inmediata de los graves problemas edilicios que tiene ese lugar”.

Otra escuela, pero la historia se repite

En mayo de 2022 podría haber ocurrido una tragedia. A minutos del inicio de la jornada lectiva, se desmoronó una pared del patio de la Escuela N° 8 D.E. 10 del barrio de Belgrano. Paradójicamente, el hecho se produjo pocas horas después de que la titular de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, presentara su libro en La Rural titulado: “El día que ir la escuela fue noticia”, donde destaca, entre otros aspectos ocurridos en plena pandemia, su gestión al frente de la cartera educativa.
En aquel momento, Tiempo se puso en contacto con la cartera educativa para conocer su versión de los hechos. Dijeron que “el Ministerio de Educación porteño actuó de manera inmediata enviando al equipo de mantenimiento, que retiró los escombros y el resto de la mampostería”, en el mismo sentido destacaron que “en el último tiempo, la Dirección General de Mantenimiento Escolar realizó 8 visitas a la escuela para realizar diferentes trabajos, entre ellos la impermeabilización integral del edificio, la instalación de un nuevo portón de ingreso al jardín con portero eléctrico y reparaciones por vandalismo, entre otras cosas”.

11.4.2023

Por Gabriela Figueroa

Qué dice la denuncia y cuál es la situación actual dentro del Agote por apremios ilegales contra un adolescente de 17 años, ocurrida el 24 de marzo en el Centro de Régimen Cerrado de la Ciudad. Se señala que Mónica Yurich estaba en conocimiento de lo que ocurría, pero aun así no intervino e intentó desacreditar el informe con una médica de su confianza.

“No pasaba nada”, esa fue la respuesta de la directora del Centro de Régimen Cerrado Dr. Luis Agote, Mónica Yurich cuando el personal civil la alertó, justamente el 24 de marzo, de que se escuchaban gritos de un adolescente en la requisa.
“No pasaba nada”, le dijo también por teléfono al médico que, más tarde, constató las lesiones del joven y la llamó para explicarle lo sucedido. Incluso fue censurado por ella, quien ese mismo día citó a otra médica de su confianza para que realizara un nuevo informe indicando que las lesiones que el adolescente presentaba eran de larga data. Así consta en la denuncia asentada el 31 de marzo pasado ante la Asesoría Tutelar de la Ciudad N° 4, a cargo de la Dra. Norma Sas.
Tal como este medio dio a conocer hace unos días, en el Agote se denunciaron apremios ilegales contra un adolescente de 17 años. La investigación se encuentra rodeada de un fuerte hermetismo. A pesar de numerosos intentos, no se logró obtener la palabra oficial del director General de Responsabilidad Penal Juvenil, Nicolás Echarri, de la directora Yurich ni tampoco de la asesora tutelar, Sas. Sin embargo, algunos detalles del escrito de denuncia dan cuenta no solo del hecho de violencia en sí mismo sino de la política institucional implementada por la directora de la institución.

Una secuencia de responsabilidades

La revisación médica que originó la denuncia se llevó a cabo alrededor de las 13 horas del 24 de marzo pasado. Según consta, la enfermera señaló que las lesiones que se observaban en el cuerpo del adolescente no estaban allí cuando ingresó desde el Centro de Admisión y Derivación (CAD) ese mismo día a las 11 de la mañana.
Acorde a lo denunciado, dos testigos llamaron al equipo de salud diciendo que “habían escuchado gritos desgarradores del adolescente entre las 11 y las 13 horas, momentos en los cuales estuvo a solas con personal de seguridad”. Por este motivo, el equipo de salud asentó en los formularios correspondientes que sospechaban la existencia de vejaciones, posibles torturas y violencia institucional.
A la gravedad de los hechos hasta aquí reseñados, se le suma el pleno conocimiento de la situación por parte de la directora del Agote, Mónica Yurich, y su presunto accionar tendiente a tapar lo sucedido. Es que, conforme surge de las actuaciones obrantes ante la Asesoría Tutelar, la funcionaria tuvo conocimiento de lo sucedido al momento en que ocurrió. La directora “había estado presente en el momento en que se escucharon los gritos del adolescente debido a que el personal civil la había puesto en conocimiento de la situación, aunque había expresado que no pasaba nada”. Horas más tarde, cuando el personal médico asistió a la víctima y la llamó por teléfono ya que no se encontraba en el edificio, respondió con censura e incluso convocó a una médica de su confianza para que realizara un nuevo informe, contrariando las conclusiones del primero. En ese segundo informe debía constar que las lesiones tenían larga data.
“Lo que pasó el 24 de marzo dejó de manifiesto una manera sistemática de funcionar de un dispositivo que no venía funcionando de esa forma, tenía otras falencias. Mónica Yurich está (como directora) hace cuatro o cinco meses e hizo un cambio muy grande respecto a las maneras de intervenir con los pibes”, dice una delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del dispositivo Agote.
“Hay una clara preponderancia en la tarea de los empleados de seguridad, donde a los operadores se los corrió de un montón de instancias de acompañamiento como en el ingreso o en los cambios de sector. La presencia del personal civil garantiza que la intervención sea socioeducativa, esto pasó a un último plano”, asegura.
La delegada afirma que, no obstante, no son ciertos los dichos trascendidos a este medio por parte de otras fuentes del Agote, que afirman que los adolescentes no pueden mirar a la cara a los funcionarios y tienen que permanecer con las manos hacia atrás. “Sí hay momentos en donde, tal vez, entra algún directivo y les piden que se formen, pero esas son prácticas de la directora que está ahora particularmente, no es una política de los dispositivos penales, sí lo fue durante un tiempo y trabajamos mucho para que eso se dejara de hacer”, aseveró.
Asimismo, comentó que los adolescentes no almuerzan ni cenan con los operadores ya que es su momento de descanso y que el Agote no les incluye las comidas, lo que es motivo actual de reclamo: “solo se le garantizaba las raciones de comida a quienes cumplían guardias de 12 horas en pandemia y después se dejó de hacer”.

No a la autoevaluación

Después de la denuncia por apremios ilegales, el Director General de Responsabilidad Penal Juvenil, Nicolás Echarri (oficina de la cual depende el Agote) decidió intervenir de forma temporal la institución y se trasladó con su equipo a cumplir tareas en el lugar.
Al respecto, la delegada de ATE del Agote expresó: “nos preocupa que el director Echarri se haya instalado en el Agote después de esta situación como manera de intervenir, le venimos planteando que esa no es una intervención, no puede autoevaluarse, tiene que venir alguien de afuera que sea garante de que lo que está sucediendo ahí está (conforme) a derecho”. Asimismo, manifestó que “tienen que abrir sumarios, es la única manera de abrir una línea de investigación interna, no se resuelve con él instalado al lado de la directora que puso él, que es de su línea política”.
Según contó la delegada, el personal médico involucrado continúa en el puesto de trabajo, aunque surge de la denuncia que el médico fue enviado a dar apoyo a los equipos de salud de otros institutos. En cuanto al personal de vigilancia denunciado, informó que no se encuentra de licencia, sino que está cumpliendo tareas sin contacto con los adolescentes. “Es una práctica que utilizan en penal, si hay una situación de conflicto, corro al conflictivo (de lugar) hasta que se apacigua y después esa persona sigue haciendo de las suyas, pero en otro lado, es lo que está pasando con estos tres empleados”. En este sentido, resaltó que “hay una situación de conflicto más grande que tiene que ver con las situaciones de violencia, de maltrato no solo hacia los pibes sino también hacia los trabajadores”. Y concluyó: “no puede quedar impune, tiene que haber consecuencias tanto con los empleados de seguridad como las direcciones que avalan esta manera de trabajar en particular”.

10.4.2023

A dos meses de que Claudia Tupa Lotore fue encontrada sin vida en la puerta de un kiosco-bar, en el barrio de Floresta, se convoca este lunes 10 de abril desde las 11:00 a una conferencia de prensa en el Obelisco para luego movilizar a la Fiscalía 62

El fiscal Yapur encubre femicidas

Este lunes 10 de abril desde las 11:00 concentramos en Obelisco donde realizaremos una conferencia de prensa para luego movilizar a la Fiscalía 62
Cuando se cumplen dos meses de que Claudia Tupa Lotore fue encontrada sin vida en la puerta de un kiosco-bar, en el barrio de Floresta, aún el fiscal Yapur no ha llamado a declarar al dueño del lugar, principal sospechoso del hecho, con pruebas contundentes que lo ubican en el lugar y hora del crimen.
El fiscal Yapur es el responsable principal del operativo de impunidad. El allanamiento del local fue realizado varias semanas después del femicidio, con tiempo excedente para borrar y manipular cualquier tipo de prueba.
“El Gallito” había sido denunciado por los vecinos en reiteradas oportunidades por situaciones de abuso y de maltrato a mujeres, a jóvenes, y por situaciones de venta de estupefacientes.
La justicia no sólo quiere garantizar la impunidad de los responsables, sino que también encubre el rol de la policía de la Comisaria 10C, principales cómplices para que en el barrio de Floresta funcionen estos aguantaderos con narcos y abusadores a la cabeza.
Llamamos a organizaciones y vecinos a sumarse a esta lucha para que haya justicia por nuestra compañera y todas las víctimas de Femicidio. También invitamos a los medios de comunicación barriales y de la comunidad migrante a sumarse para seguir difundiendo con fuerza esta causa.
¡Ni una menos! El Estado es responsable
Exigimos juicio y castigo a los responsables ¡Fue femicidio!

8.4.2023

El oficialismo porteño de Juntos por el Cambio dobla en intención de votos al Frente de Todos y a los libertarios en la carrera electoral por la sucesión de Horacio Rodríguez Larreta. Este escenario plantea en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se desprende de un reciente informe de la consultora Federico González & Asociados. Jorge Macri, con casi 20 puntos, es el precandidato con más adhesiones en la carrera por la sucesión de Horacio Rodríguez Larreta.

“Si las elecciones para elegir Jefe de Gobierno porteño 2023 fueran hoy, ¿A qué espacio político votaría?”, planteó la primera pregunta de la encuesta online realizada en los primeros días de abril. Juntos por el Cambio aparece con el 42,5%, seguido por el Frente de Todos con el 20,2 y “libertarios/liberales” con un 18,7. El PJ no kirchnerista y la izquierda suman cada uno 3,1. Después aparecen “otro” (2,1) y “en blanco” (2,6). Un 7,7 eligió la opción “no sabe”.

Encuesta: el oficialismo porteño dobla al peronismo en CABA

Después la consultora preguntó por la preferencia de 14 candidatos. Federico González explicó que la nómina fue confeccionada en base a cuatro criterios: El candidato ha declarado que se presentará como tal; aunque no lo haya explicitado, el candidato realiza acciones encuadrables como acciones de campaña; aunque no lo haya explicitado, el análisis político permite conjeturar la posibilidad de que el precandidato se presente y, por último, información oficial obrante en partidos y agrupaciones políticas.
“Si las elecciones PASO para elegir Jefe de Gobierno porteño 2023 fueran hoy y los candidatos fueran estos, ¿A quién votaría?”, se preguntó a los encuestados.
Jorge Macri, de Juntos por el Cambio, lidera la tabla todos los candidatos con el 19,5%. Después aparece Leandro Santoro, del Frente de Todos, con el 16,1%. Claro que la suma de los seis candidatos de JxC medidos coloca al oficialismo al tope con un 49,7%; mientras que los cuatro candidatos del FdT alcanzan el 20,7.
Detrás de Jorge Macri, en el universo del oficialismo porteño, siguen el senador radical Martín Lousteau (13,1), el ministro de Salud Fernán Quirós (7), Ricardo López Murphy (6,3), el legislador porteño Roberto García Moritán (2,1) y la ministra de Educación, Soledad Acuña (1,7).
Y detrás de Santoro, en el espacio del peronismo, aparecen el ministro nacional Matías Lammens (2,9), Gisela Marziotta (0,9) y Elizabeth Gómez Alcorta (0,8).
De los libertarios solo fue medido Ramiro Marra (13,6).
Como candidatos de izquierda se midió a Luis Zamora (1,9) y Vianina Biasi (1,5) y Alejandrina Barry (0,8), las dos del Frente de Izquierda.
El 8,5 se inclinó por el “no sabe” y el 3,3 optó por el “en blanco”.
El informe también planteó dos escenarios de balotaje. En ambos se impone ampliamente Juntos por el Cambio. En el escenario 1, Jorge Macri consigue 49,5 y Leandro Santoro, del Frente de Todos, el 23. En el escenario 2, Lousteau se impone con un 42,2, contra el 22,9 de Santoro y un 18,4 que dijo que votará en blanco.
La elección para la jefatura porteña aún no fue convocada por Horacio Rodríguez Larreta, aspirante, a su vez, a la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio. Salvo en 2019, por más de 20 años las elecciones porteñas se realizaron en una fecha distinta a las presidenciales. El PRO gobierna CABA desde 2007 y en 2019 conduce el distrito en alianza con Juntos por el Cambio.