El Gobierno de la Ciudad cerró convenio con cooperativas de vivienda
11.5.2012
Leonor Rojas, integrante de la Federación de Cooperativas del MOI-CTA explicó el alcance del convenio firmado hace pocos días:
¿Qué significa para ustedes esta firma?
Esta firma es poder terminar lo que venimos trabajando y peleando desde hace 20 años en una forma más conjunta y colectiva. En este aspecto, es dar un cierre a una parte de la historia para encarar otra más fuertemente. Porque con este convenio cerraríamos las tres etapas de las cooperativas Yatay, Perú y La Fábrica y El Molino seguiría avanzando.
¿Cómo llegaron a este acuerdo con el IVC?
Este convenio lo venimos trabajando desde el año pasado, con la antigua gestión. Y después continuamos las conversaciones con Emilio Basavilbaso, nuevo presidente del IVC. Lo que pusimos en el acuerdo es que las cooperativas no estén aisladas, sino que tuvieran un acuerdo común. Se hizo una planificación con un avance de obra: las cooperativas Perú y Yatay tendrían que terminar las viviendas en un marco de 12 meses; La Fábrica en 15 meses y El Molino, las 35 viviendas en 18 meses. Y lo que conseguimos es que, debido a la inflación, nos aumentaran el crédito.
¿Cuántas viviendas se construirían en total entre las cuatro cooperativas?
En total son 109 viviendas. Son 11 de la Cooperativa Perú -Perú 770-; 16 en Yatay -Pasaje Icalma 2009-; 50 en La Fábrica -Pasaje Icalma 2001- y 35 en El Molino -Solís 1973-. La cuenta da un poco más, lo que pasa es que ellos nos descuentan una vivienda por cooperativa, porque no financian las porterías. Ese es un tema que queremos pelear, porque nos obligan a tener portería, pero no la financian y nosotros no la necesitamos.
También está el tema de los salones comunitarios. Vos en la cooperativa tenés que tener un salón dónde reunirte, dónde hacer la vida social de la cooperativa, pero eso no lo financian. Esa es una de las cosas en las que también vamos a avanzar.
¿En qué otros temas tienen pensado avanzar desde la Federación de Cooperativas del MOI?
La firma de este convenio a nosotros nos permite cumplimentar las obras, pero además nos permite avanzar en una pelea más fuerte, que es la Ley 341; para poder modificarla un poco más para el uso de la práctica concreta. Nosotros queremos volver a evaluar todas las cosas que fuimos viendo que estaban mal en la ley y hacer otra propuesta modificatoria a esa, para que sea más aplicable. Porque la ley es buena, pero tiene muchas trabas burocráticas desde el Estado.
Entonces, la idea es poder juntarnos con otras organizaciones y planificar. Pero para poder juntarse tenés que demostrar qué estás haciendo y para nosotros este convenio viene muy bien.
Seguimos peleando por el terreno, también hay una nueva cooperativa que se está conformando y seguimos hablando para construir el barrio CTA, de cómo fortalecer las políticas de hábitat a nivel local y que esto pueda trascender.
33 familias desalojadas de un hotel en el barrio de Constitución
Carlos Chile, secretario general de la CTA Capital, contextualizó lo sucedido: “Aquí hay una burbuja inmobiliaria que sigue creciendo perjudicando fundamentalmente a los pobres”.
¿Cuántos son los desalojados?
Son 33 familias, casi un centenar de personas de las cuales, 35 son menores. Fueron sacados de sus habitaciones por la policía Metropolitana a punta de pistola. Venían enmascarados con pasamontañas, rompieron puertas a patadas. A los mayores y a los chiquitos los hacían poner contra el piso. Vinieron como a una guerra. La mayoría de las familias recibía subsidios del Estado.
Y entonces ¿cuál es la razón del desalojo?
Hay una orden judicial que es una barbaridad. Esto se inicia por un entredicho entre la dueña del Hotel y el administrador que aparentemente se quedaba con la plata. Lo que se pide es el desalojo de las instalaciones de la administración. Generosa a la hora de atacar a los desposeídos, la jueza a cargo de la causa ordena el desalojo de todo el hotel.
¿Qué pasó el lunes a la noche?
Ofendida, humillada, la gente decidió permanecer aquí. Trajimos todo lo que pudimos para ayudarlos: desde agua potable, leche, baños químicos ya que no dejaron a nadie sacar sus pertenencias.
¿Qué actitud se va a tomar con la jueza?
Ya la Defensoría de la Ciudad nos confirmó que le pedirá juicio político. Además hay que examinar la actitud de la Policía. No pueden tratar así a la gente, como criminales, cuando en realidad ni siquiera tienen que ver con la denuncia que inició el proceso.
Esto no es un suceso aislado
Lo que pasa es que hay una terrible burbuja, el excedente financiero se volcó al mercado de los inmuebles. Buenos Aires está repleto de edificios nuevos que están vacíos. Están desesperados por comprar casas viejas y demolerlas y como hongos sin estudios ambientales, crecen por todas partes moles de cemento. En Puerto Madero, el metro cuadrado sale 900 dólares y esto no se ve en ninguna parte del mundo.
Cuando Techint y otras empresas encontraron que la gente no los dejaba seguir extendiendo Puerto Madero para el lado de Quilmes y otras zonas, empezaron a mirar otros barrios. Demuelen el patrimonio histórico, saturan los servicios en Puerto Madero y otros barrios sin ningún control estatal. Esto no se podría hacer si no estuvieran de acuerdo los legisladores del macrismo y los que responden al gobierno nacional.
¿Cuánto sale una habitación?
Con la especulación financiera se fue de 600 a 1.500 pesos. Es una barbaridad porque se vive igual o peor que en una villa. Lo que pasa es que para entrar en un departamento tenés que pagar por lo menos seis meses de depósito. ¿Quién tiene entre 10 y 12 mil pesos para pagar esto?
¿En la emergencia, el Estado podría ser garante? Por otro lado, explotar es parte de la naturaleza de las burbujas
Acá no hay política de Estado en materia de viviendas. Si la hay es lo que vemos en este hotel, la Policía Metropolitana armada hasta los dientes apuntando contra pobres, mujeres, niños.
Estamos tratando de hacer un frente común con todas las organizaciones para denunciar y enfrentar lo que está pasando. Buenos Aires, la ciudad más rica de la Argentina es la que más gente tiene viviendo en villas e inquilinatos. Y no por error, es parte de una política de distribución de la riqueza donde el que menos tiene menos recibe. Es el momento de oro de la especulación inmobiliaria. Estamos grandes para creer que los gobiernos pecan de distraídos, por eso hay que unir, organizarse y pelear.
