Probable procesamiento de Macri por asociación ilícita
25.8.2012
Después de tres años de investigación, la causa judicial contra Mauricio Macri por "espionaje ilegal" sigue avanzando a paso firme: el jefe de gobierno porteño quedó ayer más cerca que nunca de enfrentar a un tribunal oral.
El fiscal del caso, Jorge Di Lello , pidió la elevación a juicio del expediente y fijó los hechos por los que Macri deberá responder ante el tribunal que va a decidir si lo condena o lo absuelve.
Los delitos que se le adjudican son cuatro: asociación ilícita, falsedad de documento público, intercepción de llamadas telefónicas y abuso de autoridad.
Según el fiscal, quedó demostrado que Macri conoció y "prestó su consentimiento" para que se instalara dentro de su gobierno un "aparato paraestatal de inteligencia", del que además "se sirvió" en lo personal. "En particular, en las escuchas producidas respecto de su cuñado Néstor Leonardo [enfrentado con los Macri], y las de Sergio Burstein, crítico de su gestión."
Es imposible saber cuándo comenzará el juicio oral, pero los investigadores dan por sentado que no va a ser este año. Ahora, las defensas -además de Macri hay otros ocho acusados- tienen un plazo de seis días para oponerse a la elevación y pedir que se sobresea a los acusados. Si Macri lo hace, el juez federal Norberto Oyarbide tendrá una posibilidad más para cerrar la causa contra él, pero en los tribunales consideran nulas las chances de que eso ocurra. Ahora, que el jefe de gobierno vaya o no a juicio sólo depende de Oyarbide.
De acuerdo con el requerimiento que presentó Di Lello ayer, el jefe de gobierno porteño integró una asociación ilícita dedicada al espionaje en la que tuvo un "rol cardinal" y una intervención "determinante".
La estructura criminal descripta por el fiscal tiene varios eslabones más: el presunto espía Ciro James; dos jueces de Misiones que ordenaban escuchas sobre personas que al "aparato de inteligencia" le interesaba seguir; cuatro policías que trabajaban con ellos; Jorge "Fino" Palacios -primer jefe de la Policía Metropolitana, creada por Macri, y el hombre a quien reportaba James-, y Mariano Narodowski, ex ministro de Educación porteño.
Las escuchas no eran simples pinchaduras, sino órdenes de interceptar comunicaciones dispuestas formalmente por jueces misioneros (uno de ellos falleció; el otro, Luis Rey, integra la lista de quienes irán a juicio oral). Ellos ordenaban que la SIDE realizara escuchas en el marco de expedientes judiciales a personas que en realidad no tenían vinculación alguna con los delitos que se investigaban en sus juzgados. Entre ellos, el cuñado de Macri.
James era quien retiraba los casetes de la SIDE. Según los investigadores, respondía a Palacios (en el expediente figura que cruzaron más de 150 llamadas telefónicas).
El procesamiento de Narodowski se debe a que James era empleado de su ministerio. La hipótesis de la causa es que le pagaba un sueldo como asesor legal en Educación, tarea que nunca desarrolló, con el verdadero fin de que se dedicara a hacer inteligencia.
"Se sabe que era asesor, pero no se ha demostrado un trabajo, un aporte en ese sentido -afirmó Di Lello-, y sólo se ha logrado probar su presencia en el Ministerio de Justicia y Seguridad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires."
El ministro de Justicia porteño, Guillermo Montenegro, también fue investigado en este expediente. El había pedido que Oyarbide fuera separado de la causa , pero antes de que ese planteo llegara a la Cámara Federal, el juez lo sobreseyó.
En su requerimiento de ayer, el fiscal solicitó que junto con Macri fueran juzgados Palacios, James, Narodowski, el juez Rey (destituido por este caso) y los policías Raúl Rojas, Rubén Quintana, David Amaral y Antonio César Fernández. Todos integraron, de acuerdo con este expediente, una misma asociación ilícita dedicada al espionaje. Pero, además, el fiscal le imputó a cada uno de ellos otros delitos.
Palacios y James están acusados de lo mismo que Macri, pero mientras que al jefe de gobierno se le imputó formalmente sólo la escucha de su cuñado, a ellos les adjudicaron, además, las de Burstein, el empresario Carlos Avila y dos gerentes de Coto.
A Narodowski, que le pagó con fondos públicos un sueldo a James que no le correspondía, Di Lello pidió juzgarlo por fraude al Estado. Al ex juez Rey, por violación de secreto y prevaricato. Y a los policías, por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de documento público.
Policía paralela
En cuanto a Macri, el fiscal reprodujo duras afirmaciones esgrimidas contra él por la Sala I de la Cámara Federal, el tribunal que revisó y confirmó el procesamiento del jefe de gobierno dispuesto por Oyarbide.
"Es muy difícil sostener que [Macri] no estaba al tanto de la tarea que en materia de seguridad le había encomendado a Palacios. […] En definitiva, fue el jefe de gobierno quien insertó a James por medio de la influencia de Palacios en la administración a su cargo, lo nombró, le dio una retribución y cobertura para que coadyuve al proyecto de la policía de la ciudad en su vertiente paralela y encubierta de la producción de inteligencia prohibida", afirmó ayer Di Lello, repitiendo términos de la Cámara.
1) El pedido del fiscal
El requerimiento de elevación a juicio que presentó ayer el fiscal Di Lello habilita al juez a dar por cerrada la instrucción. Determina, además, cuáles son los hechos por los que Macri y sus supuestos cómplices serán juzgados.
2) Lo que falta
Las defensas pueden oponerse y pedir que Oyarbide sobresea a los acusados, pero lo habitual es que el juez, que ya los procesó, eleve la causa sin dilaciones.
3) El juicio oral
Antes de fin de año, podría estar definido (por sorteo) qué tribunal oral hará el juicio, pero seguramente el proceso empezará muchos meses más tarde. Como la causa no tiene detenidos, formalmente no tiene prioridad en la agenda.
