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El PRO propone permisos de uso privado para explotar espacios públicos

 

El PRO propone permisos de uso privado para explotar espacios públicos

16.10.2012

 

El PRO logró avanzar hoy hacia la aprobación del proyecto que habilita la instalación de bares en plazas y parques por parte de privados. Participaron vecinos, ONG's, comuneros, representantes de la CAME y delegados de los vendedores ambulantes aunque los diputados terminaron sesionando a puertas cerradas.

La iniciativa del legislador macrista José Luis Acevedo, que propone un marco regulatorio para el otorgamiento de permisos de uso a privados para explotar espacios públicos, se acercó a la aprobación tras la reunión realizada en el día de hoy.

"Este es un proyecto que busca producir un cambio de paradigma, de una concepción de espacio publico paisajístico a un espacio público disfrutable, que afiance y acreciente democráticamente su aprovechamiento. Este proyecto establece una forma diferente de intervención del Estado, más activa, más completa y no limitada solo al mantenimiento de los espacios verdes. Las áreas de servicio mejorarán la calidad de vida de los vecinos", afirmó el legislador macrista.

Asimismo, aclaró que "la oposición y los vecinos realizaron observaciones y aportes que estamos estudiando e incorporando para atender los diferentes puntos de vista. Contrariamente a lo que algunos opinan, este proyecto no modifica el Código de Planeamiento Urbano".

"Lo que buscamos es que los vecinos puedan concurrir y disfrutar plenamente del espacio publico, con un modelo como el de Rosario o Madrid e incluso Puerto Madero, haciendo de esta forma que realmente el espacio verde pueda ser aprovechado por el ciudadano, quien va a contar con infraestructura, como baños, lugares donde sentarse, iluminación", prosiguió.

Quienes se oponen a esta iniciativa, que ya fue presentada en otras oportunidades en la Legislatura y nunca prosperó, afirman que viola los artículos 27, 84 y 89 de la Constitución, la Ordenanza 46.229 –que prohíbe hacer nuevas concesiones en espacios verdes públicos–, la Ley de Comunas –que otorga a estas instituciones la administración y el cuidado de los espacios verdes– y el Código de Planeamiento Urbano, porque se están modificando los usos de los espacios verdes.

Al respecto, el legislador del Partido Socialista Auténtico, Adrián Camps, manifestó que "fue una reunión muy representativa. La mayoría se manifestó en contra. Este proyecto logró el milagro de hacer coincidir a la CAME y a los vendedores ambulantes; ambos se mostraron en contra por considerar que sería una competencia desleal".

Agregó Camps que "el viernes habría para la firma por lo menos tres despachos: uno del PRO con algunas modificaciones cosméticas como para aparentar que tuvieron en cuenta la opinión de los vecinos, de los diputados y demás; otro con habilitación de estas actividades pero bajo un control mucho más estricto y sobre grandes superficies; y el que vamos a presentar nosotros junto otros diputados para que se envíe al archivo".

"Si se sanciona esta ley quedarán en el camino una gran cantidad de perjudicados. Los bares y confiterías cercanos a las plazas que van a sufrir la competencia desleal; los que tienen pequeños puestitos habilitados que no van a poder competir contra estos emprendimientos más grandes; los vendedores ambulantes que también van a ver afectada su fuente de subsistencia y la de su familia; y los ciudadanos en general que van a perder parte de los pocos espacios verdes de uso público, porque van a tener que pagar para poder estar en el mismo lugar donde antes estaban gratis", finalizó el legislador Camps.

Defienden las fuentes de trabajo en la isla Demarchi

 

Defienden las fuentes de trabajo en la isla Demarchi

15.10.2012

Carlos Saglul (ACTA)

Más de una docena de gremios que responden a la Central de Trabajadores de la Argentina y la Confederación General del Trabajo marcharán mañana a las 12 desde la intersección de las avenidas Huergo y Belgrano en defensa de las fuentes de trabajo de los obreros de Vías Navegables que trabajan en la isla Demarchi.

El proyecto oficial de realizar un proyecto inmobiliario en ese lugar, que sólo calculando el valor de la tierra equivaldría a 145 millones de dólares, inició una verdadera tormenta obrera, que une en la acción a las dos centrales obreras.

Una docena de gremios enrolados en la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Confederación General del Trabajo realizarán mañana una marcha y asamblea para rechazar la instalación del Polo audiovisual en la Isla Demarchi. La protesta tendrá inicio a las 12.00, en la esquina de Avenida Belgrano y Huergo. De la movilización participarán entre otros sectores trabajadores de la ATE Nacional, ATE Capital y ATE provincia de Buenos Aires, la CTA, Federación Marítima Portuaria de la Industria Naval (FENPINRA), la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), agrupaciones barriales, y organizaciones sociales.

El Secretario General de ATE, Julio Fuentes, detalló: “La presidenta, además de señalar erróneamente que este lugar esta vacio, anunció pretenden hacer un espacio para la industria cinematográfica. Sin duda no está mal que se haga un espacio de ese tipo, pero se puede hacer en cualquier lugar de la Ciudad de Buenos Aires. Hay sitios mejores para edificarlo. Sin embargo, Vías Navegables no puede ir a otro lugar. Vías Navegables no podría funcionar dentro del continente y tiene que quedarse acá: No es casualidad que este en la isla Demarchi desde hace 114 años”.

Ante las declaraciones de funcionarios del Poder Ejecutivo que señalan que se podría utilizar la dársena F para trasladar las instalaciones que están en la Demarchi, desde el gremio se advirtió que la opción es falsa, ya que el dragado de ese sector requeriría por lo menos un año.

Fuentes indicó que la Dirección Nacional de Vías Navegables, es un organismo estratégico. Sus trabajadores están a cargo del mantenimiento de las vías fluviales del país. El 90 por ciento del comercio exterior argentino sale al mar por los ríos, especialmente por el Río de la Plata. No se puede pensar que este sector es prescindible para el Estado argentino”.

El Gobierno ya oficializó a través del decreto 1722 y la resolución 412 de la Anses, la desafectación y desalojo de los terrenos, muelles, espejos de agua e inmuebles que ocupa esa dependencia oficial y que se constituya una sociedad anónima para deligenciar el proyecto y llamar a licitación en el plazo de treinta días.

Para Oscar Verón, Delegado General de ATE Vías Navegables, lo que sucede "no es un desconocimiento de parte del gobierno, esto es un negociado. Amplían en forma más inteligente una resolución del 2003 firmada por Eduardo Duhalde y Aníbal Ibarra donde entregaban un sector de la Isla Demarchi para la realización de un proyecto denominado Puerto Madero Sur, detrás de cual estaba como parece que ahora también, la empresa multinacional IRSA”.

El dirigente señaló que “el polo de medios audiovisual se traslade a otro lugar, porque ese polo no necesita muelle”. Recordó que en el lugar está la Escuela de Capacitación Marítima del SOMU (Sindicato Obrero Marítimos Unidos), están los obradores de varias empresas, “hay un sinfín de gente trabajando”.

“El 80% del comercio navegable por río o mar depende de acá. Nos encargamos del dragado, señalización, el estudio de los ríos y movimientos de agua. Participamos del salvataje del túnel subfluvial Hernandarias de 1982 y la ciudad de Goya, hemos levantado defensas costeras, habilitamos la única salida al mar de Bolivia, que es el canal Tamengo que conecta con el río Paraguay; hemos dragado el río Uruguay”. Denunció “el vaciamiento sistemático para que esta repartición desaparezca. Kirchner anunció en 2004 inversiones por 40 millones de dólares que nunca se hicieron; nos cambian de ministerios; tenemos compañeros sin cobrar. Si esto desaparece es porque se piensa entregar nuestra tarea a las transnacionales de dragado. No sólo defendemos los puestos de trabajo, defendemos los intereses de la Nación”, enfatizó.

Hugo Godoy, Secretario Adjunto de ATE señaló que “la Presidenta dijo que la Isla Demarchi está abandonada. Acá hay mil trabajadores que son los que sostienen el funcionamiento de Vías Navegables, del control de puertos, enfrentan la posibilidad de que no se siga concesionando a empresas multinacionales las actividades de control y cuidado de los ríos. Estamos hablando –enfatizó- de la defensa de la soberanía. Si hay algo abandonado, es el rol del Gobierno Nacional para que el Estado cumpla esa función”.

“Se nos quiere enfrentar con los trabajadores de la cultura pero lo que hay es mascarón de proa de un proyecto de negocio inmobiliario. Los trabajadores no estamos en lo absoluto en desacuerdo con la creación de un Polo Audiovisual, sino que al contrario, queremos que haya más trabajo, más industria nacional de la cultura. Pero no vamos a permitir que se haga a expensas de la soberanía y de entregar la defensa de los puertos y los ríos, que son fundamentales en manos del Estado”.

El gremio de Dragado y Balizamiento de la Confederación General del Trabajo, que conduce Oscar Schmidt calificó el proyecto “como un negocio millonario” que no tuvo en cuenta la reubicación de la Dirección de Construcciones Portuarias y Vías Navegables. "La base operativa de la flota de dragado y balizamiento del sector privado y estatal siempre ha trabajado ahí para asegurar la circulación en los canales y el ingreso de buques de gran calado. Nosotros no podemos ir a otro lado, necesitamos un espejo de agua y un muelle", insistió Schmidt.

Desde el gobierno, luego de admitir –ante la reacción de más de doce gremios y dos centrales obreras- que la isla no esta desierta, se garantizó que los trabajadores serán trasladados a algún lugar. Pero el apuró con que se tomó la medida que da lugar a un proyecto que valorizaría cada metro cuadrado de la isla entre 3.000 y 5.000 dólares el metro cuadrado, no parece haber tenido en cuenta las funciones estratégicas que desarrollan los trabajadores que desarrollan sus tareas en la isla Demarchi. Se insiste que, desde sectores opositores, se trata de crear confusión alrededor de la inicitiva. “Vías Navegables-Puerto-Industrial Naval o Negociado Inmobiliario”, es la consigna bajo la cual fue convocada la protesta.

Convocatoria de ATE Capital

ATE Capital convoca a la marcha y asamblea abierta a realizarse este martes 16 a las 12 horas en Avenida Belgrano y Avenida Huergo en defensa de la Isla Demarchi y la Dirección Nacional de Vías Navegables.

"Ante los hechos de público conocimiento sobre el proyecto del Gobierno para crear un Polo Audiovisual en la Isla Demarchi, la Asociación Trabajadores del Estado comunica que si bien es una medida positiva, consideramos que no debe desarrollarse en la Isla, allí funciona la Dirección Nacional de Vías Navegables cuya actividad fundamental es el dragado, señalización y relevamiento de los canales de acceso e interiores del puerto de Buenos Aires, entre otras, tal actividad no podría realizarse en otro lugar que no contenga muelles y espejos de agua; por lo que entendemos que el proyecto no contempla la importancia de la actividad que desarrolla la Delegación Río de la Plata de esa repartición nacional.

"El Gobierno oficializó a través del decreto 1722 y la resolución 412 de la Anses, la desafectación y desalojo de los terrenos, muelles, espejos de agua e inmuebles que ocupa esa dependencia oficial y que se constituya una sociedad anónima dentro de los treinta días para su llamado a licitación. Los pliegos de bases y condiciones demuestran claramente el negociado inmobiliario que se está denunciando dado que el Polo de Medios Audiovisuales tiene destinado apenas un 20% de la superficie involucrada, el 80% restante se destina a proyectos inmobiliarios.

"Por lo tanto decimos:

1- No a la entrega de la ISLA.

2- No al Negociado Inmobiliario.

3- Por la reactivación de la Dirección Nacional de Vías Navegables, Puertos e Industria Naval

"Concentramos en Avenida Belgrano y Avenida Huergo a las 12 hs. MARCHA Y ASAMBLEA ABIERTA por nuestra soberanía Nacional con participación de los compañeros del interior, el FEMPINRA (Federación Marítimo Portuaria e Industria Naval de la República Argentina ), Confederación de Trabajadores de Transporte (CATT), Astilleros Río Santiago, ATE Ensenada, ATE Provincia de Buenos Aires, ATE Capital y Nacional, CTA Capital, CTA Nacional, Agrupaciones Barriales, Movimientos Sociales, Legisladores, Diputados", finaliza el comunicado que lleva la firma de José Luis Matassa, secretario general de ATE Capital

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PUBLICA
 
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a la
siguiente Audiencia Pública:
 
FECHA: 27 de noviembre de 2012
 
LUGAR: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
15:30 horas
 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4000 del 21 de Septiembre de 2012
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes
con relación a la ley por la cual incorpórase al Código de Edificación, en la Sección V “De la Ejecución de
las Obras”, Capítulo 5.11 “de la Ejecución de las Instalaciones Complementarias”, el parágrafo 5.11.11.0
“MONTANTES Y BAJADAS”, el cual queda redactado de la siguiente manera: 5.11.11.0 “MONTANTES Y
BAJADAS” 5.11.11.1 En los edificios de uso comercial, financiero y administrativo (público y/o privado),
propiedad horizontal y/o multifamiliar de más de cuatro (4) plantas, la totalidad de las montantes y bajadas,
de los servicios de: a) provisión y distribución de agua, b) desagües cloacales, c) desagües pluviales, d)
servicio de incendio e) calefacción por circuito de agua caliente o vapor f) distribución eléctrica g) baja
tensión h) gas i) otros que determine la Autoridad de Aplicación. Cuando se desplacen verticalmente, lo
harán fijadas convenientemente mediante elementos de sujeción “ad hoc” y de manera accesible en la
totalidad de sus recorridos, en alguna de las siguientes formas: I. Exterior, por espacios comunes, fachadas
y/o espacios urbanos. II. En gabinetes impermeabilizados en todo su interior, con accesos frontales abiertos
o cerrados con carpintería metálica incombustible, cuyas únicas discontinuidades sean los espesores de los
entrepisos, ubicados en espacios comunes. En todos los casos, cumplen con las especificaciones
reglamentarias que al respecto genere cada ente regulador de servicios al momento de la registración de la
obra, así como las previsiones relativas a seguridad e higiene que se establezcan en forma particular.
Quedan prohibidos todos los pasajes verticales de Montantes y Bajadas por plenos y/o pasajes interiores
que no sean accesibles, o que se aparten de lo descripto en los puntos I y II. La Autoridad de Aplicación
establece los requisitos técnicos específicos a cumplirse.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 29/10/2012
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 21/11/2012 a las 15:30 hs.
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a través de la
página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php, y para finalizar dicho tramite, es de estricto
cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el día de la Audiencia Pública. O bien,
personalmente en la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160, Planta
Principal, Of. 01. Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes legales
acreditando personería jurídica en la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana, Perú
160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación: En la
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Teléfono para informes 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18
horas.
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe conforme lo
dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.

Reportaje a la legisladora María Elena Naddeo

 

Reportaje a la legisladora María Elena Naddeo

14.10.2012

Telémaco Subijana y Federico Ghelfi

Entrevistamos en exclusiva a María Elena Naddeo, Diputada de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente Progresista Popular -fuerza aliada al Frente para la Victoria. Profesora de Historia, anteriormente se desempeñó como Concejala porteña y Presidenta del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña, en esta entrevista analiza la ley que establece la regulación del aborto no punible en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires -sancionada el pasado 27 de septiembre y en sintonía con el ejemplar fallo de la Corte Suprema en la materia-, repudia la suspensión de un aborto no punible por parte del juzgado en lo Civil 106 de la CABA y opina sobre el anuncio del Jefe de Gobierno porteño confirmando el veto de la nueva ley. También evalúa la gestión del PRO en materia de género, niñez y adolescencia, critica las contradicciones del presupuesto enviado por el ejecutivo de la ciudad y reflexiona sobre la posibilidad de conformar un espacio progresista de cara a las próximas elecciones. Leer más.

¿Qué nos puede decir de la ley de aborto no punible aprobada por la Legislatura porteña y el veto de Macri, anunciado el día viernes?

La ley de aborto no punible en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -que será vetada por el jefe de gobierno Mauricio Macri- significaba un avance muy importante porque tiene que ver con garantizar el derecho a la práctica de la interrupción del embarazo en el hospital público -de manera segura y gratuita- a aquellas mujeres que están atravesando situaciones muy difíciles: embarazos que son producto de una violación, es decir provocado a partir de un delito cometido contra sus cuerpos, y/o en todos los casos de riesgo de vida y para la salud para la mujer. Cabe destacar que estos casos ya estaban incluidos en el Código Penal, en el artículo 86, y durante décadas se cuestionó con distintas argumentaciones. Ante una redacción confusa del artículo, los sectores conservadores y clericales han tratado permanentemente de obstaculizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad.

Después de décadas de cuestionamientos y de un terrible peregrinar de las mujeres y de las familias de las chicas abusadas y violentadas por estragos judiciales, después de un sinnúmero de conflictos jurídicos alrededor de la interrupción del embarazo en estas situaciones, finalmente la Honorable Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo histórico, en marzo de este año, dictaminó que estas intervenciones deben hacerse en el hospital público y que hay que facilitar a las mujeres y a las niñas la atención necesaria. De acuerdo a esto, lo único que se requiere es el diagnóstico médico y el consentimiento de las víctimas y pacientes. En este contexto, el proceder del Ministerio de Salud y toda la red hospitalaria debería ser muy claro y no tendría que registrarse ningún inconveniente. Pero, lamentablemente, los sectores conservadores no quieren reconocer este avance legal que se ha establecido y entonces amañaron un protocolo firmado por el ex-Ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Lemus, que, si bien acepta la legalización de los abortos en estos casos en el ámbito del hospital público, agrega otros requisitos -un Comité Interdisciplinario, la necesidad de la autorización del Director del Hospital y una fecha tope en el periodo gestacional- que dilatarían la realización del aborto para convertirlo, así, en algo abstracto, negativo y más nocivo para la salud de las pacientes. Esto se pudo ver durante el día de hoy cuando la justicia de la ciudad, a partir de un pedido de amparo de una ong, frenó la realización de un aborto no punible. Esta suspensión, que expresa ese pensamiento conservador, es un claro ejemplo de cómo se dilata la práctica y se prolonga el sufrimiento de las mujeres. Además, en este caso ni siquiera se cumplió con el actual protocolo. En definitiva, el protocolo del Ministerio de Salud de la ciudad es un retroceso -incluso respecto a protocolos anteriores que ya existían a nivel local.

Fue ante esta serie de trabas impuestas por el gobierno de Macri que se avanzó en esta nueva ley, que en realidad ya tenía 5 años de tratamiento en la Legislatura. El fallo de la Corte Suprema destrabó, de alguna manera, su llegada al recinto y ante un acuerdo muy fuerte de los distintos bloques de la oposición en la ciudad logramos reunir los 30 votos necesarios para torcer el brazo del sector conservador, de esta derecha encarnada por el PRO que domina prácticamente la Legislatura. En este sentido, el veto a la ley de aborto no punible es un escándalo; un nuevo escándalo a los que ya nos tiene acostumbrados el Jefe de Gobierno Mauricio Macri. Está desconociendo una ley votada por la Legislatura porteña y contradiciendo una sentencia ejemplar del máximo tribunal de justicia de la nación -que además fue dictada por unanimidad.

Usted preside la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura. ¿Cómo están funcionando los dispositivos del gobierno de la ciudad en el área mujer?

En los últimos años ha habido un deterioro gradual y progresivo de los programas de la Dirección General de la Mujer. Esto se expresa de diversas maneras: programas o dispositivos que solo cuentan con 1 o 2 profesionales; en que no se han creado o generado programas para dar respuesta a los nuevos problemas que se deberían abordar en la ciudad; no hay campañas sostenidas en el tiempo referidas a la prevención de la violencia y la erradicación de los estereotipos de género -ya sea en los medios de comunicación como en las carteleras públicas que tiene el gobierno de la ciudad; entre otros ejemplos. En definitiva, notamos un cumplimiento formal de las leyes vigentes pero no hay energía política ni presupuestaria para abordar la temática de género por parte del Ejecutivo porteño. El presupuesto de la Dirección General de la Mujer crece de manera vegetativa, no hay un aumento sostenido en el tiempo, y esto hace que programas que fueron pioneros 20 años atrás -cuando se crea la DGM a la luz de los nuevos tratados internacionales y de todos los avances que se lograron en Naciones Unidas- se estén perdiendo. Entonces, estamos viviendo un retroceso. Ante una sociedad que cambia y tiene un muy marcado dinamismo, las personas necesitan servicios y que el Estado avance. Recientemente hicimos un estudio de cuánto aumentó el presupuesto de todo el Ministerio de Desarrollo Social comparado con el presupuesto de la Dirección General de la Mujer. En el mismo se observa que, mientras el presupuesto general durante la última década aumentó 7 veces, el presupuesto de la Dirección General de la Mujer solo creció 4 veces. En definitiva, vemos claramente la falta de interés del gobierno porteño; hacemos una evaluación crítica de la gestión y apostamos a la jerarquización del área -que entendemos debería ser una Subsecretaría de Igualdad de Género con más poder político y mayores recursos.

Recientemente en las provincias de Córdoba y Tucumán se aprobó legislación sobre prostitución. ¿Cómo analiza el debate entre abolicionistas y no-abolicionistas y cómo cree que debería abordarse esta temática en la CABA?

Yo adhiero al Frente Abolicionista Nacional desde hace mucho tiempo y adhiero a las posturas del Movimiento de Mujeres y del feminismo que consideran que la prostitución es una forma más de violencia de genero y una actividad que daña profundamente la vida de las mujeres que se ven obligadas a recurrir a esta práctica por razones de supervivencia, falta de oportunidades laborales o por situaciones -también desgraciadas- de captación de redes de explotación sexual. Entonces, creo que la prostitución es un aspecto más de la subordinación del género femenino y realmente aspiro a construir una sociedad en la cual el sexo no sea una mercancía, que los cuerpos y la sexualidad no sean vendidos en el mercado. Me niego totalmente a que la sexualidad esté signada por relaciones de poder -simbólico, cultural y económico- y, por lo tanto, no considero favorables o útiles aquellas iniciativas que buscan reglamentar la prostitución. Por el contrario, me parece que legalizar la prostitución o reglamentar su ejercicio sería reconocer y reglamentar una de las formas de la esclavitud moderna. Existe un amplio debate y desde el abolicionismo también planteamos que las mujeres que están en situación de prostitución son víctimas de una sociedad que las esclaviza, prostituye, violenta y explota sexualmente -aún cuando no haya un “cafisho” o “proxeneta”, porque en sí hay una relación de subordinación con el cliente. Además, es una actividad riesgosa y, por lo tanto, estas mujeres merecen todo nuestro apoyo. Por otro lado, siempre hemos defendido que no se las criminalice

En este sentido, recientemente presentamos un proyecto de restitución de derechos económicos y sociales (PREDES) que se basa en uno de 1998, cuando se discutió el Código de Convivencia Urbana en la ciudad. En ese momento ya habíamos expresado que era necesario desalentar el comercio sexual y, para lograrlo, es necesario educar a los varones en una sexualidad sin ejercicio del poder económico sobre las mujeres. Por eso presentamos este proyecto, ahora reformulado, que tiene que ver con generar un programa de detección de las situaciones de prostitución, explotación sexual y trata con equipos especializados desde la Dirección General de la Mujer y la Agencia de Control gubernamental y brindar a las mujeres y personas trans la inserción laboral que necesitan para poder abandonar esta práctica. Se comenzó a discutir e incluso hubo opiniones lamentables de quienes no postulan erradicar la prostitución como un objetivo.

También fue Presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires entre los años 2000 y 2007. ¿Qué evaluación hace de estas áreas en la CABA?

Con un conjunto de diputadas y diputados que compartimos la ideología de la defensa de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes- estamos generando una mesa de trabajo para evaluar el funcionamiento del sistema de protección integral de derechos de la niñez y la adolescencia en la ciudad de Buenos Aires.

La ciudad cuenta con una legislación muy buena; hemos sido pioneros, e incluso la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el año 1996, estableció el nuevo paradigma en relación a que los niños y niñas son sujetos de derechos y a cuáles son las obligaciones del Estado, en no institucionalizar ni criminalizar la pobreza sino en incluir a las familias en los programas sociales de atención. La Ley114 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires fue la tercera ley provincial, luego de la de Mendoza y Chubut, que aplica la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de 1998. En ese marco, se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que me tocó presidir entre los años 2000 y 2007. A esta institución le tocó llevar adelante este nuevo paradigma y dejar atrás el viejo Patronato de Menores. Es decir, tuvimos varios años de fuerte disputa entre los dos modelos a seguir: aquel viejo modelo judicializante y estigmatizante y el nuevo paradigma encarnado a través de la red de Defensorías barriales, los hogares de puertas abiertas y los equipos jurídicos de emergencia. Luego vino la Ley Nacional 26.061, en el año 2006, que saldó definitivamente los conflictos entre la justicia y el organismo administrativo y se puso en marcha una nueva institucionalidad.

En ese contexto hoy, seis años después de ser sancionada la ley nacional, el sistema de protección integral debería funcionar mejor, estar aceitado, y que la institucionalización de los chicos en hogares solo sea el último recurso. Sin embargo esto no ocurre; no existen redes comunitarias y barriales que puedan contener y dar respuesta a las familias y hay un malestar muy fuerte en todo el sistema de protección integral. Las áreas sociales están desarticuladas, los trabajadores precarizados y hay un número muy grande de chicos con medidas excepcionales de internación. Esto da cuenta de que los programas de fortalecimiento familiar no se han desarrollado suficientemente y que los organismos contemplados por la Ley 114 no están funcionando correctamente. Esto tiene que ver con la mirada general que tiene el PRO, una mirada conservadora, que no compromete el rol del Estado en la defensa de los derechos humanos. El sistema de protección ha quedado paralizado frente a un Poder Judicial que es muy sólido. El Ministerio Público también ha crecido muy por encima de lo que lo hicieron los programas sociales y los propios organismos administrativos. Entonces, nos encontramos ante una crisis y justamente estamos evaluando qué tipo de iniciativas legislativas de políticas públicas tenemos que impulsar para fortalecer el sistema de protección integral de derechos de la infancia.

¿Cuál es el estado de la salud en CABA y cómo quedará el servicio de salud mental a partir de la construcción de los edificios del Nuevo Distrito Gubernamental en las parcelas afectadas del Hospital Borda?

En salud y salud mental estamos atravesando un proceso gravísimo de vaciamiento del hospital público y de parálisis en la aplicación de las leyes vigentes -las leyes 153, Ley Básica de Salud y 448, de Salud Mental. En general la política del gobierno de la ciudad ha sido la de priorizar la tercerización de los servicios, privatizando muchas áreas que estaban en la administración pública, recortando presupuestos y restringiendo obras que se demoraron años y años en ser ejecutadas -con el desgaste que implica para la comunidad todo el proceso de movilización- como las de los hospitales Alvear, Tobar García, Rivadavia o Álvarez. Todo esto en momentos en los que el gobierno de la ciudad no tiene ni ha tenido ningún problema financiero sino todo lo contrario; hoy la ciudad cuenta con el presupuesto más alto de su historia -en términos absolutos y relativos. Entonces, hay una mirada que prioriza lo privado y se desentiende del rol del Estado. Es la mirada de los técnicos de la década del ´90, del neoliberalismo, de los “Chicago boys”, es esta mentalidad que destruyó parte del patrimonio nacional en las dictaduras militares y en el menemismo, que ahora está reciclada en el gobierno de Macri en la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, en salud mental se agudiza el problema porque había que construir un nuevo sistema y reconvertir los viejos hospitales psiquiátricos en nuevos centros de salud mental abiertos a la comunidad, sin pacientes crónicos. Este proceso había empezado muy lentamente en el año 2000 pero atravesó muchas dificultades por la resistencia interna corporativa que se negaba a permitir las transformaciones necesarias. Ante ese contexto, el gobierno de Macri no solo congeló ese incipiente progreso sino que también está desmantelando los pocos y pequeños dispositivos que se habían logrado -las redes en salud mental o el Programa de Atención Comunitaria- y ha generado un proceso de jubilaciones compulsivas sin la designación del personal de reemplazo. En 5 años de gestión no ha generado nuevos dispositivos -salvo una casa de medio camino en Palermo- y tiene su proyecto de construcción de los edificios del Nuevo Distrito Gubernamental en las parcelas afectadas del Hospital Borda.

Poco se avanzó en el proceso de descentralización comunal. ¿Esto está previsto en el presupuesto para el año 2013?

El presupuesto del Poder Ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires es contradictorio y, además, está plagado de mentiras. En el año 2011 se aprobó un presupuesto de $102 millones para las comunas; incluso ese fue uno de los motivos por los que votamos el presupuesto para el año 2012, pero nunca se ejecutó. Lo mismo ocurrió con las partidas destinadas a obras de educación, desarrollo social, y salud. Entonces, dudo que desde la oposición votemos el presupuesto 2013 porque contiene muchas contradicciones y mentiras y, además, viene con una previsión de aumento inmobiliario inaceptable para la ciudadanía. El presupuesto enviado por el macrismo ratifica una vez más esta mirada que privatiza, desguarnece áreas muy sensibles del Estado, no se interesa por llevar adelante el proceso de descentralización comunal y, por otro lado, busca recaudar más para hacer grandes negociados inmobiliarios.

¿Cuál es su mirada sobre la construcción de una alternativa política al macrismo de cara a las próximas elecciones ejecutivas en la ciudad?

En realidad tenemos mucha heterogeneidad; la experiencia de las alianzas electorales en los últimos años en el progresismo han sido negativas. La experiencia del FREPASO y su unidad con la UCR fue muy negativa, así que volver a construir una fuerza trasversal es realmente muy difícil. Nosotros somos aliados del kirchnerismo, pensamos que allí hay una muy importante transversalidad y que desde allí hay que hacer una interpelación a todos los sectores populares de centro izquierda y de izquierda que, aun teniendo diferencias con el gobierno nacional, trabajen en conjunto con nosotros para poder hacer una propuesta alternativa en la Ciudad de Buenos Aires, sin resignar el apoyo total o critico en algunos temas al gobierno nacional.

En el ámbito nacional se juega un destino muy importante que es el destino del MERCOSUR, la UNASUR y todo un proceso de transformaciones muy importantes que se están logrando a lo largo de los últimos años y que hay que cuidar y tratar de mantener. Entonces nosotros tenemos que lograr esa bisagra con sectores que pueden acompañar al proyecto nacional y con los cuales podemos construir una propuesta para la ciudad de Buenos Aires. No es una ecuación fácil porque en realidad los partidos amigos y hermanos como Buenos Aires Para Todos o Proyecto Sur, con los cuales deberíamos unirnos para recuperar la ciudad, tienen posturas muy intransigentes, irreductibles e injustas con el gobierno nacional, y nosotros eso no lo podemos compartir. Entonces, tenemos que poder poner todo esto sobre la mesa y ver cuáles son las perspectivas y las necesidades políticas reales que tiene la ciudad y que tiene la nación.

La Corte Suprema suspendió la medida cautelar y autorizó el aborto

 

La Corte Suprema suspendió la medida cautelar y autorizó el aborto

12.10.2012
 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso suspender la ejecución de una medida cautelar dictada por la Justicia Nacional en lo Civil, y autorizó la práctica de aborto no punible, que había sido suspendido en el Hospital Ramos Mejía de la ciudad.

La Corte hizo saber a las autoridades porteñas que deberán autorizar la realización del aborto no punible "prescindiendo de la resolución judicial que suspendió su realización", indica el fallo conocido esta noche.

La resolución fue difundida esta noche en respuesta a un fallo judicial dispuesto el martes pasado ante una acción de amparo que presentó una fundación católica.

El fallo del máximo tribunal fue firmado por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, informó un comunicado de la Corte Suprema.

El organismo señaló que "frente a lo decidido por esta Corte sobre la base de la interpretación de textos constitucionales e infraconstitucionales en la sentencia dictada en la causa F. 259.XLVI 'F.A.L. s/ medida autosatisfactiva', sentencia del 13 de marzo de 2012 (voto de la mayoría), la medida que se adoptará es la demostración más concluyente del modo en que ha de realizarse por los poderes judiciales de la Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan de judicializar el acceso a los abortos no punibles".

 

El caso

 

Una mujer de 32 años, víctima de trata de personas, había sido autorizada a interrumpir su embarazo, producto de una violación. El caso se ajustaba a lo establecido por el fallo de la Corte Suprema de Justicia y fue el propio jefe de gobierno, Mauricio Macri, quien anunció que la interrupción del embarazo se realizaría ayer en el hospital Ramos Mejía. Sin embargo, no pudo ser. Una asociación civil contraria al aborto presentó un recurso de amparo, y la jueza nacional Myriam Rustán de Estrada, a cargo del Juzgado en lo Civil N° 106, decretó una medida cautelar que impidió la realización de la intervención. El fallo de la jueza, que el gobierno de Macri apeló, también prohíbe que se realice en cualquier otro hospital de la ciudad.

El amparo reavivó la disputa que se vivió durante el tratamiento de la ley para regular el aborto no punible, sancionada por la Legislatura porteña hace casi dos semanas. La norma fue aprobada por 30 a 29 votos y establecía un protocolo para cuando existe riesgo para la salud de la mujer o cuando el embarazo proviene de una violación, entre otras situaciones.

Una semana después, sin embargo, el jefe de gobierno anunció que vetaría la ley, por considerar que excede el criterio de la Corte, en su fallo del 13 de marzo último, y por regir ya en el distrito un protocolo para tales casos.

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