Comunicadores del Sur

19.4.2023

Por Martín Suárez

Pese al rechazo masivo de madres, padres y docentes la cartera educativa concretó la instalación de dos dispositivos en una escuela de Parque Chacabuco.

El 15 de marzo pasado, Tiempo advirtió que se venía el Gran Hermano en el cole, en el marco de la instalación de cámaras en aulas de escuelas porteñas. Medida que había sido confirmada a este medio por el Ministerio de Educación porteño días anteriores. El primer establecimiento educativo en vista de la ministra Soledad Acuña, fue la Escuela Técnica Cristóbal Hicken, ubicada en el corazón de Palermo, en el mismo predio que se encuentra el Jardín Botánico. La segunda escuela de la lista fue la N° 17 DE 8, de Parque Chacabuco. El rechazo de toda la comunidad educativa hizo que en ambos casos, la ministra recule en la instalación de los dispositivos, es más, en una de las escuelas instaló una cámara dentro del aula y en menos de 24 horas fue retirada por la presión de familias, docentes y referentes educativos. En las últimas horas, la cartera educativa, insistió con su postura y decidió instalar dos dispositivos de transmisión y filmación continua en otra escuela de Parque Chacabuco.
La administración de Rodríguez Larreta hizo una pausa. Esperó en silencio, mansamente. Aguardó que bajara un poco el rechazo social de familias, docentes y directivos que integran la comunidad educativa y arremetió nuevamente. Apenas pasaron tres semanas desde que el ejecutivo porteño tuvo que dar marcha atrás con la instalación de una cámara de vigilancia dentro de un aula de la Escuela N° 17 DE 8 Profesor Raúl L. Bernardell y desestimar el acta firmada que habilitaba la instalación de tres dispositivos en la Escuela Técnica Cristóbal Hicken del barrio de Palermo, cuando volvió a insistir en su postura.
En las últimas horas, la cartera que conduce Soledad Acuña, envió a un equipo técnico a la Escuela Nº 7 DE 8 Niñas de Ayohuma de Parque Chacabuco, para instalar dos cámaras de vigilancia: una en la biblioteca del establecimiento, donde hay chicos de diferentes grados todo el tiempo, y otra en el laboratorio.
“La cámara en la biblioteca no debería estar porque es un lugar por donde circulan chicas y chicos constantemente, y si bien en el laboratorio es relativo porque parece que no está habilitado para el uso de los chicos, hay un gris en ese caso”, explica a Tiempo Paula Galigniana, referente educativa del distrito escolar 8 y secretaria de comunicación y prensa de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera).
En este caso, las familias todavía no han sido notificadas de la instalación de los dispositivos, recién serán alertadas este miércoles por el equipo docente, dado que el conjunto de trabajadores y trabajadoras conocieron el tema en las últimas horas. Previo al anuncio a las familias, maestras y maestros del establecimiento educativo se reunirán con el equipo de conducción para determinar cuáles serán los próximos pasos a seguir.
“La directora de la escuela firmó el acta desconociendo la mitad de la información, dado que el ministerio sólo le informó una parte respecto a la instalación de las cámaras. Le dicen que van a instalarlas en un espacio de la escuela que va a estar cerrado con llave y esas cosas. Qué quiero decir con esto, que el gobierno de la Ciudad responsabiliza a las conducciones de habilitar la instalación de las cámaras, pero el ministerio de educación no brinda la información completa a los directivos”, agrega Galigniana.
Cabe destacar que desde la propia cartera educativa porteña, aseguraron a este medio que la idea es avanzar “en la instalación de espacios seguros en 150 escuelas porteñas”. Algunos de esos espacios “ocasionalmente incluyen la instalación de cámaras, pero que todavía no está determinado el número final, dado que son casos excepcionales. Los espacios tienen, más que nada, la instalación de sensores y alarmas”.
Desde la asociación docente Ademys rechazan la instalación de ambos dispositivos y manifiestan nuevamente su preocupación por esta medida, dado “que es una cámara que apunta directamente sobre las y los estudiantes. Esto tiene como función controlar el trabajo docente, pero en su afán por perseguir a trabajadores de la educación, el gobierno porteño viola la intimidad y privacidad de las infancias durante la jornada escolar”, manifestó a este medio Andrea Bohus, secretaria de la asociación docente Ademys y agrega que “la instalación fue sin previo aviso, ni los docentes ni la comunidad educativa estaban al tanto de esta situación”.

Presiones y amenazas sobre el equipo de conducción

En el caso de la Escuela Hicken, la comunidad educativa denunció que la directora del establecimiento firmó el acta bajo presión y que “fue amenazada” con su patrimonio. Cuando las y los docentes increparon a la directora de la institución por haber firmado el acta y le cuestionaron por qué llevo adelante la rúbrica de la misma, argumentó que prácticamente no le dieron opción y que aprovecharon el último día de trabajo (28 de diciembre de 2022) mientras la escuela cerraba, para obligarla a poner su firma, bajo el argumento de que en esas aulas no hay rejas en las ventanas y que las cámaras no iban a prenderse de día durante la cursada. Además, le dijeron que si no firmaba, iba a hacerse cargo con su patrimonio si llegara a faltar cualquier dispositivo informático. “Es histórico que hay mucha presión sobre las conducciones escolares para que apliquen las políticas del gobierno”, cuenta Paula Galigniana.

Docentes y familias pedirán que quiten las cámaras

La comunidad educativa exigirá el retiro de las cámaras que fueron instaladas este martes en la escuela de Parque Chacabuco. En casos anteriores, la presión y el reclamo de las familias y docentes, tras conocerse la noticia que en la escuela Técnica de Palermo, “Cristóbal M. Hicken”, iban a instalar tres cámaras dentro de varias aulas, tomó fuerza rápidamente. Se organizaron y rechazaron la iniciativa y, ante esta situación, la supervisión dio marcha atrás con la instalación. Lo mismo ocurrió con la instalación de cámaras en la Escuela 17 DE 8. En menos de 24 horas, ante el repudio generalizado y la difusión mediática, Soledad Acuña desinstaló los dispositivos de ese establecimiento. Las familias consideraron esto como un triunfo y advirtieron que se mantienen en estado de alerta. La comunidad educativa exige mayor presencia de seguridad en la zona para evitar el robo de dispositivos informáticos, la instalación de dispositivos de control fuera de la escuela, y la instalación de rejas por los lugares que pueden ingresar los delincuentes.

19.4.2023

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) – Capital, convocó para el miércoles (19 de abril) a un Congreso Ordinario que elegirá Junta Electoral con vistas a los comicios de renovación de autoridades. Al encuentro se llega en medio de polémica, porque las agrupaciones opositoras a Daniel Catalano denunciaron “fraude, ocultamiento de padrones y violación de las leyes”.

Un comunicado del frente opositor denunció “violación del Estatuto de la entidad” mientras cuestionó el proceso electoral y aseveró que se trata de “maniobras para que el oficialismo no pierda la mayoría de congresales”.
“El encuentro del miércoles, en el que participarán más de 700 congresales, someterá a la consideración la Memoria y Balance de este año y elegirá a los integrantes de la Junta Electoral”, sostuvo el espacio opositor.
“Construyendo la unidad” está integrado por un abanico muy amplio de agrupaciones, desde el Frente Germán Abdala, que agrupa a sectores como el Congreso de la Nación, el PAMI, la Superintendencia de Servicios de Salud, los hospitales metropolitanos, la CTA Autónoma porteña, al mando de Pablo Spataro, y otros sectores alineados con Luciano Fernández, secretario Gremial de ATE Capital.
“El oficialismo abandonó la política sindical frente al deterioro del salario por aspiraciones personales y priorizó la interna contra el secretario general nacional Hugo Godoy”, dijeron. “Procuran inventar congresales para no perder el Congreso y desconocen los nombramientos de sectores disidentes. También ignora el derecho a elegir congresales a los afiliados jubilados”, sostuvieron.
Las elecciones de renovación de autoridades de la ATE Capital fueron convocadas para agosto próximo y estarán en condiciones de sufragar 35.000 estatales afiliados.

18.4.2023

Por La Retaguardia

Lo dijo Lourdes Hidalgo, sobreviviente de la masacre en la textil Luis Viale. A finales de marzo de 2002 un desperfecto eléctrico desató un incendio en el taller textil clandestino de Caballito donde los y las trabajadoras estaban en condiciones de esclavitud. Murieron seis personas, cinco de ellas tenían entre 3 y 15 años. Hidalgo pasó por el programa radial Tengo una Idea y recordó aquel día.

Lourdes Hidalgo, sobreviviente y luchadora activa por la búsqueda de justicia por el incendio de la calle Luis Viale tiene una voz firme. Es boliviana, de origen aymara, y como muchos y muchas de sus compatriotas emigró a Buenos Aires en el 2004 deseando una mejor vida. Dos años después, sucedería un hecho que le cambió la vida.
—¿Cómo era tu vida antes de Luis Viale y cómo fueron tus días allí?
—Llegue a la Argentina en búsqueda de un trabajo digno, yo era una persona sana, no tenía problemas de salud. Llegue con las esperanzas y con los sueños que todos tenemos quienes migramos y como toda la sociedad que quiere trabajar. Mi propósito era estar un buen tiempo y regresar a Bolivia porque había dejado a mi familia. Es muy duro dejar a nuestros seres queridos. Al principio, lo que más me llamó la atención fue el horario de trabajo. Eran muchas horas y no era como yo me había imaginado. Como también en la forma en que se vivía. Y nos dijeron que nos iban a dar comida, techo, y así.
Quienes trabajaban en aquel lugar, lo hicieron con el método de trabajo esclavo, que se denomina “cama caliente”, que consiste dormir en el lugar de trabajo, y en este caso casi al pie de las máquinas textiles.
“Cuando entré me dí cuenta que era una fábrica, estaba llena de máquinas y había mucha gente. Cuando empecé a trabajar ví que era muy incómodo. Al principio no vivía ahí, vivía a siete cuadras entre Donato Álvarez y Gaona en una pieza alquilada. Trabajé desde la mañana temprano y regresaba a las once de la noche. En aquel momento me daba miedo pasar de noche por la plaza Irlanda porque estaba vacía”, recordó Lourdes. La sobreviviente contó también que había pensado en dejar el trabajo. “Teníamos que almorzar sobre la máquina o sobre los cortes de la tela. Incluso la cocina doméstica estaba en el centro del taller, entre las máquinas. Eran condiciones inhumanas. Los cables estaban colgando, y el lugar no tenía ventilación, era todo cerrado. Yo trabajé un mes y me dije: cobro un mes y me voy. Pero pasó un mes y una semana y al pedir que me pagaran me respondió uno de los capataces que ahí pagaban cada tres meses. Y yo le dije: ‘¿con qué me voy a pagar el alquiler?’ Y él me dijo que me vaya a vivir ahí”, contó.
“Cuando llegué, me subieron al entrepiso y vi dos piezas separadas con madera y nylon. Todo era muy incómodo, las piezas estaban en el primer piso y el entrepiso, vivimos ahí 65 personas, entre ellas 25 niños. Trabajábamos de 16 a 18 horas diarias y nuestra rutina diaria fue de la cama a la máquina, y de la máquina a la cama. Había dos baños pero funcionaba solo una ducha. Era un cono con agua fría, en un espacio muy chico. Tuvimos que hacer colas en las noches para bañarnos, hasta las dos de la mañana. Yo reclamé por el baño roto y otro de los capataces me dijo que me vaya porque había reclamado”, dijo Hidalgo acerca de las condiciones en que vivían y trabajaban en el taller clandestino.
Además, la sobreviviente señaló que el Gobierno porteño y la policía conocían el estado del lugar: “Entraban también policías y se llevaban jeans secuestrados, hasta cínicamente se llevaban los de sus talles. Entraron ese año varios funcionarios del Gobierno de la Ciudad a revisar. Los dueños del taller con la complicidad de los capataces sabían lo que estaba pasando y no hicieron nada. Estas muertes eran evitables antes de que ese día 30 se incendiara el taller”.
—¿Cómo sigue la lucha por la búsqueda de justicia?
—Seguimos en el camino de búsqueda de Memoria y Justicia por las víctimas que perdieron la vida en el taller. Pasaron 17 años y fueron de lucha incansable. En 2019 hicimos una asamblea y se convocó a todos. Así se formó la Comisión por la Memoria y la Justicia. Se hizo también para seguir adelante y se fortalezca la lucha.
—¿Qué pasó con los dueños del lugar?
—Realmente desaparecieron. Incluso cuando fue el juicio no sabemos si realmente declararon. El juicio no fue público y la Justicia los ha encubierto. Solamente dio la cara uno de los capataces de nacionalidad boliviana, encargado de traer a la gente. Acá hubo trata laboral, familias enteras con hijos, incluso con personas que no hablaban el castellano, solo el aymara. Se aprovecharon de nosotros.
Por último, Lourdes recordó algunos momentos traumáticos más del día del incendio y también mencionó que a pesar de que pasaron muchos años aún continúa con tratamiento médico y psicológico. Este caso continúa impune porque las víctimas y sus familiares no tuvieron justicia. “En estos 17 años mi dolor se transformó en lucha”, dijo emocionada. Al día de hoy continúan exigiendo que el lugar se transforme en un espacio de memoria.

18.4.2023

El ministro de Seguridad de CABA afirmó que “para junio o julio, cuando la gente esté entrenada y capacitada las vamos a tener operativas”. Serán 150 pistolas Taser en manos de las fuerzas represivas porteñas. Esta iniciativa es posible, luego de que el Gobierno nacional le diera el permiso para su importación el mes pasado.

En la mañana de este martes, Eugenio Burzaco, ministro de Justicia Seguridad porteño confirmó la implementación de las pistolas Taser para «junio o julio». “Hay que instalarlas en lugares con mucha concentración de personas, como estaciones de trenes o de subte” afirmó en declaraciones a Radio La Red. A la compra de 90 Taser que llegarán en abril, se le suman otras 60. En total, el Gobierno de Rodríguez Larreta dispondrá de 150 pistolas.
Como vemos, el Gobierno porteño planea habilitar las pistolas Taser en el subte, mientras junto con la concesionaria Emova, desoyen a los trabajadores que reclaman hace años la desasbestización de la red de subterráneo.
El gobierno de la Ciudad avanza así en su iniciativa represiva, luego de obtener en marzo el permiso del gobierno nacional mediante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) para la importación de pistolas eléctricas.
La implementación de las taser es uno de los puntos de la agenda derechista que reclaman reconocidos promotores de la mano dura, desde Patricia Bullrich y los libertarios como Milei, hasta funcionarios oficialistas como Aníbal Fernández, Sergio Berni y Leandro Santoro. Sin embargo, son muy cuestionadas tanto por su letalidad como por ser usada en torturas, tal cual lo señala la ONU y denuncian organismos y referentes de los derechos humanos.

17.4.2023

Este lunes entre las 21:00 y 22:00 se liberarán los molinetes en las cabeceras de las líneas B y C del subte y a partir de las 22:00 comienza un paro hasta el cierre de las líneas. Claudio Dellecarbonara denunció: “Emova miente. A partir de nuestra denuncia se acercó un pasajero afectado por asbesto. Peleamos por nuestra salud y la de los pasajeros”.

Este lunes entre las 21:00 y 22:00 los trabajadores del subte liberarán los molinetes en las estaciones Alem y Rosas de la línea B y Constitución y Retiro de la línea C. A partir de las 22:00 y hasta el cierre paralizaran ambas líneas como parte de las medidas que vienen realizando por la reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales con dos francos y por la desasbetización total del subte.
“Estas nuevas medidas son continuidad del plan de lucha en reclamo de la reducción de la jornada laboral semanal que permita atenuar el grado de exposición de los trabajadores a los factores insalubres y dañinos para la salud presentes en nuestro ámbito de tareas cotidiano. También con estas acciones seguimos denunciando la presencia de material cancerígeno en toda la red y exigiendo la desabestización integral de la red y el urgente cambio de las flotas contaminadas en las líneas B, C y E”, nos comenta Claudio Dellecarbonara, integrante por la minoría del secretariado de la AGTSyP.
Mientras desde la empresa Emova (Ex Metrovías) del Grupo Roggio sale por los medios mintiendo, los trabajadores del subte siguen, lamentablemente, demostrando que tienen la razón. Sin embargo, en los dichos de la empresa se deja entender que aún siguen con la eliminación del asbesto en el subte. Hace 5 años que la empresa no completó el plan de desasbestización, mientras ya hay tres trabajadores fallecidos por asbesto, más de 80 trabajadores afectados y millones expuestos a este, prohibido material cancerígeno.
Claudio nos hace recordar “que además de la ley nacional vigente existe un fallo de la justicia porteña que ordena a la empresa y al Gobierno de la Ciudad a retirar el material cancerígeno y a evitar que las personas tomen contacto con él. La propia ART contratada por la concesionaria reconoce el riesgo asociado a la presencia de asbesto en la red, incluye a los trabajadores en el RAR (Relevamiento de Agentes de Riesgo) y extiende certificaciones a los afectados por el cancerígeno prohibido especificando su origen”. Los trabajadores fueron los primeros en denunciar esta grave situación, mientras la empresa lo ocultaba y fue reconocido por la justicia.
Como parte de las medidas de fuerza en defensa personal los trabajadores del subte siguen denunciando la situación de insalubridad que se vive bajo tierra. Además, exigen la reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales con dos francos para que se respeten las 6 horas de trabajo por insalubridad como indica la ley y así estar menos expuestos a la contaminación en el subte. Por tal motivo Dellecarbonara llama “a los usuarios del subte, vecinos de la red y a todos aquellos que entiendan la gravedad de esta crisis sanitaria bajo tierra a sumarse a nuestra campaña de denuncia y a exigir junto a los trabajadores la desasbestización de la red de subterráneos”-