Comunicadores del Sur

Desplazarán comisarios de la Federal

13.9.2012

Fuentes policiales anticiparon que se trata del comisario inspector Luis Alberto Poggi, titular de la Circunscripción 6ta, y del comisario Mario Trejo, actual jefe de la seccional 51ra, pero acusado por la cartera que encabeza Nilda Garré por hechos de corrupción cuando era titular de la dependencia 44ta.

El caso de Poggi se remite a principios del año pasado cuando era la máxima autoridad de la seccional 7ma., una de las dependencias denunciadas por Garré.

El pase a retiro de ambos jefes fue publicado este martes en la Orden del Día Interna (ODI) número 169 de la Federal y se dispuso sus correspondientes separaciones del cargo y de la fuerza.

En los próximas días se conocerán los nombres del resto de los uniformados denunciados, al tiempo que la lista de efectivos que irían llevados a la Justicia por Garré podría ampliarse.

De esta manera, se conocieron los primeros nombres de los efectivos de la fuerza denunciados por "cohecho y enriquecimiento ilícito" (subas patrimoniales injustificadas, adquisiciones de inmuebles, vehículos, yates y otros bienes suntuosos que no se corresponden con sus ingresos y cuentas bancarias con movimientos irregulares).

La cartera recopiló evidencias que comprometen a cuatro comisarios, un comisario inspector, cinco subcomisarios, dos subinspectores, un sargento, cinco cabos primeros, un cabo y un agente, en irregularidades y delitos diversos.

La semana pasada el Ministerio de Seguridad denunció ante la Justicia a 20 funcionarios de la Federal, que se desempeñaron en las comisarías 7ma., 28va. y 44ta. y que todavía siguen dentro de la institución, incluso en las mismas u otras seccionales.

Aprobaron el traspaso de los fondos judiciales del Banco Ciudad

13.9.2012

La Cámara de Senadores aprobó esta noche y convirtió en ley la norma impulsada por el oficialismo que dispone el traspaso de los fondos judiciales del Banco Ciudad a la órbita del Nación, en medio de una intensa protesta de los trabajadores de la entidad, que se manifestaron en las inmediaciones del Congreso.

Tras casi seis horas de debate, la votación arrojó 38 respaldos y 25 expresiones en contra. La iniciativa propone que el dinero de los litigios desarrollados en los tribunales nacionales y federales de la Ciudad de Buenos Aires deje de ser depositados en el Banco Ciudad a partir de la entrada en vigencia de la ley. Pero aclara que los depósitos que se encuentren en el Banco Ciudad hasta la fecha en que la ley comience a funcionar continuarán en la entidad, al igual que los de las causas judiciales en trámite que hayan comenzado antes de la sanción de la norma.

Incidentes en la puerta del Congreso

Empleados del Banco Ciudad protagonizaron incidentes en los alrededores del Congreso Nacional durante una nueva protesta en repudio del traspaso de fondos judiciales de esa entidad al Banco Nación. Los disturbios se registraron en el cruce de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, donde los manifestantes derribaron vallas y mantuvieron enfrentamientos con efectivos policiales, que intentaron frenarlos con gas pimienta.

Los incidentes comenzaron luego de que el oficialismo consiguiera el quórum necesario para aprobar en el Senado la ley que permitirá el traspaso de depósitos judiciales del Banco Ciudad al Nación, aunque la protesta había comenzado antes con huevazos contra la fachada del edificio legislativo. Además, los empleados del Ciudad realizaron un nuevo corte en la intersección de la Avenida Corrientes y Uruguay, que generó importantes demoras en el tránsito debido a que sólo dos carriles de esa vía quedaron libres al mediodía.

Festejan Día del Maestro con docentes desplazados de sus cargos

13.9.2012

En 11 de septiembre, la comunidad educativa de la escuela N°3 del Distrito Escolar 18° celebró el día del Maestro en las puertas de la Jefatura de Gobierno porteño para reclamar que los siete trabajadores, tres directivos, tres maestros y un auxiliar de portería sean reincorporados a la escuela donde trabajaron hasta fines de agosto.

Allí estuvo presente la Unión de Trabajadores de la Educación, UTE-CTERA, que acompañó a los padres docentes y alumnos de la institución en un emotivo acto en el que estuvieron presentes los 6 docentes apartados de su cargo. La Directora de la escuela, Liliana García, separada de su función por el Gobierno de Macri, habló en el acto y con lágrimas en sus ojos destacó que el gran apoyo recibido hasta ahora por toda la comunidad educativa convirtió este día en uno de los más importantes en sus treinta años de carrera docente.

Por otra parte, la comunidad educativa de la escuela Monte Castro esperaba que por el día del Maestro, el Jefe de Gobierno y su Ministro de Educación fueran al acto en la escuela Nº 3, al que habían sido invitados para dialogar y reiterarles el pedido de que los docentes vuelvan a su escuela. Sin embargo no asistieron. "El Gobierno de la Ciudad sigue priorizando el castigo y el disciplinamiento antes que el diálogo", afirmaron desde UTE.

Allí se anunció que el próximo viernes 14 los padres de la escuela N° 3 de Monte Castro realizarán una movilización a la salida del colegio para reclamar que el Gobierno dé marcha atrás y se reincorpore a los docentes cesanteados.

Reglamentan procedimiento para abortar en la CABA

11.9.2012

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reglamentó el procedimiento para la interrupción de embarazos en los casos contemplados por la ley, mediante la resolución 1252 del Ministerio de Salud.

Al respecto, la legisladora por Buenos Aires para Todos, Laura García Tuñónexpresó que "este protocolo confirma la estrategia del macrismo de obstaculizar el derecho al aborto no punible; ya que presenta una serie de requisitos y trabas burocráticas que no tienen otro fin que dificultar la realización del aborto". "El propio Macri solicitó en marzo de este año que la legislatura se expidiera sobre los procedimientos para la atención integral de los abortos no punibles. Llama la atención, que luego de no haber llegado a un acuerdo entre los diputados de su propio bloque durante el tratamiento de los proyectos en comisión, ahora haya dictado una resolución del Ministerio de salud, que es más restrictiva que el fallo de la Corte Suprema de Justicia".

Entre los puntos cuestionables, la legisladora alertó que "nos preocupa seriamente la situación para las menores, ya que se va a requerir la autorización de su representante legal, desconociendo los leyes específicas de protección integral de los derechos de la niñez, y no teniendo en cuenta que en la gran mayoría de los casos, los violadores se encuentran en el propio seno familiar".

Además, la legisladora miembro de las comisiones de salud y de mujer, niñez y adolescencia, señaló algunas dudas sobre la función del equipo interdisciplinario: "la resolución prevee un equipo interdisciplinario de profesionales que tiene la función de evaluar cada situación, cuando conceptualmente debería contener, atender a la mujer; no queda claro qué tipo de evaluaciones deben realizar y si éstas pueden llegar a intentar modificar su decisión."

Otro punto en cuestión es el de los objetores de conciencia y la confidencialidad de la identificación de los mismos. "teniendo en cuenta la dificultad para conseguir turnos en los hospitales públicos, si la mujer es atendida por un objetor de conciencia sin saberlo, además de atravesar esta difícil situación, tendría que solicitar un nuevo turno con otro médico, perdiendo un tiempo considerable, cuando además ha puesto el límite de las 12 semanas de gestación".

Finalmente, García Tuñón cuestionó parte del formulario para la declaración jurada: "La declaración jurada entra en detalles respecto a las características del violador, a dónde y cuándo ocurrió, etc, interviniendo en aspectos relacionados con competencias propias de la justicia, innecesarias para el médico que tiene que realizar la práctica del aborto no punible".

A su vez, la Plenarista del Consejo de Derechos de Niños, niñas y adolescentes Gilda Manco, Vocal por la Legislatura propuesta por Buenos Aires para Todos, señaló que "otro de los puntos que consideramos que podrían obstaculizar el derechos al aborto no punible se vincula con fijar en 12 semanas el tiempo límite para llevar a cabo la interrupción del embarazo ya que podrían presentarse razones médicas que requieran de un aborto tardío, y también sabemos que muchas adolescentes pueden tener diferentes dificultades para acceder a la atención temprana".

En Buenos Aires para Todos, visualizamos con preocupación algunos de los artículos que establece la resolución 1252 sobre los procedimientos para la atención de prácticas de aborto no punible. Dicha resolución no toma en cuenta la Recomendación realizada por el Plenario del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes al Ministerio de Salud de la CABA. En lo ateniente a el consentimiento libre e informado de las niñas y adolescentes la resolución del ejecutivo plantea que las mujeres menores de 18 años deberán contar con el consentimiento de su representante legal, este requisito va a contramano de la recomendación realizada por el organismo de aplicación de la leyes de Protección Integral de Derechos de la Infancia donde se plantea que en consonancia con la ley Básica de Salud N 153 se “presume que todo/a niño/a o adolescente que requiere atención en un servicio de salud está en condiciones de formar un juicio propio y tiene suficiente razón y madurez para ello; en especial tratándose del ejercicio de derechos personalísimos”

Otro de los puntos que consideramos que podrían obstaculizar el derechos al aborto no punible se vincula con fijar en 12 semanas el tiempo límite para llevar a cabo la interrupción del embarazo ya que podrían presentarse razones médicas que requieran de un aborto tardío, y también sabemos que muchas adolescentes pueden tener diferentes dificultades para acceder a la atención temprana.

Por último, en la resolución se establece la conformación de un equipo interdisciplinario para la evaluación y contención de la situación, nos parece que este dispositivo podría operar como barrera fáctica para el acceso a la práctica del aborto no punible. Planteamos en la recomendación dirigida al Ministerio de Salud y a la Legislatura que los hospitales públicos de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires deben contar de forma inmediata con los recursos específicos para atención integral de las niñas y las adolescentes.

Apartan a la Jueza Servini de Cubría de una causa Contra Durán Barba

11.9.2012

La Corte Suprema de Justicia apartó a la jueza federal María Servini de Cubría de la causa en la que procesó al consultor político del macrismo Jaime Durán Barba, por una supuesta "campaña sucia" en perjuicio del ex candidato del kirchnerismo a jefe de Gobierno porteño Daniel Filmus.

Fuentes judiciales informaron que, al resolver una cuestión de competencia, el máximo tribunal apartó a Servini de Cubría y consideró que el expediente se debe tramitar en la Justicia de la Capital Federal. Para la Corte, la denuncia que hizo el apoderado del Frente para la Victoria en Capital Federal, Juan Manuel Olmos, debe tramitarse en el juzgado en lo penal y contravencional de la Capital Federal a cargo de Carlos Bentolilla.

La decisión fue por considerar que la causa se vinculaba con un proceso electoral que tuvo lugar en la Capital Federal en 2011, por lo que la cuestión no tuvo alcance nacional. El fallo de la Corte fue por voto unánime (aunque sólo Carmen Argibay no votó), por lo que la causa pasará a la Justicia de la Ciudad y las defensas podrían ahora interponer algún planteo de nulidad contra el procesamiento o bien algún otro recurso tendiente a dar marcha atrás con la medida.

El 19 de junio pasado, Servini de Cubría había procesado a Durán Barba y a sus socios, José Garat y Rodrigo Lugones, luego de comprobar que desde el inmueble donde el ecuatoriano tiene su consultora se habían realizado llamados a vecinos de la Ciudad en los que se asociaba falsamente al padre de Filmus, rival de Mauricio Macri, con el ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, procesado por el desvío de fondos públicos. A los tres, Servini de Cubría los procesó como autores del delito de "inducir con engaños a otro a sufragar en determinada forma", que está especificado en el artículo 140 del Código Electoral, y les embargó los bienes a cada uno en 130 mil pesos. Ese artículo establece que "se impondrá prisión de dos meses a dos años al que con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo".