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QUE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN GARANTICE LA CONTINUIDAD LABORAL DE TODOS LOS DOCENTES PRECARIZADOS CONTRA LA PRECARIZACIÓN: TITULARIZACIÓN

 

QUE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN GARANTICE LA CONTINUIDAD LABORAL DE TODOS LOS DOCENTES PRECARIZADOS

CONTRA LA PRECARIZACIÓN: TITULARIZACIÓN

21.12.2012

 

 Centenares de docentes precarizados del Ministerio de Educación porteño que, desde hace años, vemos negado nuestro derecho a la titularidad, permanecemos en la incertidumbre acerca de la continuidad de nuestros contratos de trabajo más allá del 31/12/2012. Esta situación se reitera, una vez más, como todos los fines de año, y se extiende a numerosos programas y áreas pedagógicas y a sus trabajadores de planta transitoria docente, contratados por locaciones, etc.

 

En algunas dependencias las autoridades han informado, verbalmente y sin presentar instrumento administrativo alguno, que la “continuidad” está “garantizada para todos” y que la misma se realizará en forma “automática”. Pero los trabajadores tenemos claro que no hay tal “automaticidad” y que definiciones tales como nuestra continuidad laboral y contractual requieren los correspondientes actos administrativos y su comunicación fehaciente al personal.

 

Por otra parte, los precarizados tenemos antecedentes suficientes en los que la mentada “continuidad automática” arrastra despidos, encubiertos bajo la máscara de la no renovación o la baja directa de contratos de trabajo que, en las expresiones de los funcionarios, serían “continuados” de manera supuestamente “automática”.

 

Este Ministerio, por su parte, se ufana de haber “resuelto” la precariedad mediante el “pase a interinatos” de una parte de los trabajadores de la educación precarizados. Con este discurso, que niega el carácter igualmente precario de la condición de “interino”, se quiere encubrir la existencia de centenares de situaciones de precariedad que el Ministerio se niega a reconocer y resolver mediante la titularización – única vía para la genuina resolución de la precariedad a favor de los trabajadores, como lo muestra el reciente triunfo de los compañeros de los EOE y ASE – como así también “mirar para otro lado” ante el reclamo de garantías de continuidad laboral como el que aquí realizamos.

 

Exigimos, en consecuencia:

 

* La plena continuidad laboral de todos los docentes precarizados del Ministerio, bajo todas las condiciones contractuales existentes (planta transitoria docente, contratos, etc.). Ni un solo despido en el Ministerio de Educación porteño.

 

* Se informe y comunique fehacientemente a los trabajadores el mecanismo administrativo por el cual se establecerá nuestra continuidad laboral, y se nos notifique la continuidad por los medios administrativos adecuados.

 

Por último, seguimos reclamando la TITULARIZACIÓN DE TODOS LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN PRECARIZADOS, única vía para la supresión de la precariedad y el reconocimiento de nuestro derecho a la estabilidad laboral.

Junta Interna ATE Educación – Esmeralda 55

Comisión de Docentes Precarizados de Ademys

Cumplimiento efectivo de condenas a condenados por Cromagñón

 

Cumplimiento efectivo de condenas a condenados por Cromagñón

21.12.2012

 

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal instó este jueves a que se disponga el "inmediato" cumplimiento de las penas a las que fueron condenados el ex gerenciador de República Cromañón Omar Chabán y los integrantes del disuelto grupo de rock Callejeros.

Las detenciones comenzaron a concretarse en la misma tarde, entre ellas las de Chabán y Raúl Villarreal, mano derecha del gerente de Cromañón, quienes se presentaron ante la Justicia y quedaron bajo arresto.
También fueron detenidos durante la tarde ex integrantes de la agrupación Callejeros.

Fuentes judiciales informaron que la Sala III rechazó recursos extraordinarios de las defensas para recurrir ante la Corte Suprema de Justicia.

Si bien ahora las defensas tienen la posibilidad de recurrir "en queja", ello no sería suspensivo de una eventual orden de detención.

Chabán cuenta con una pena de diez años y 9 meses de prisión, y el fallo de Casación habilita a que el Tribunal Oral Criminal Nº 24, el que realizó el juicio, sea quien ordene las detenciones de todos los acusados.

La decisión de la Cámara es respecto a los recursos de Chabán, del ex mano derecha de este, Raúl Villarreal; de los ex Callejeros Diego Argañaraz, Patricio Santos Fontanet, Eduardo Vázquez, Christian Torrejón, Juan Carbone, Maximiliano Djerfy, Daniel Cardell y Elio Delgado.

También los jueces Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Mariano Borinsky, no hicieron lugar al recurso extraordinario del ex comisario Carlos Diaz, y de los ex funcionarios porteños Fabiana Fiszbin, Gustavo Torres y Ana Fernández.

En su resolución, Casación citó jurisprudencia según la "cual los pronunciamientos por los cuales los más altos tribunales provinciales deciden acerca de los recursos extraordinarios de orden local no resultan susceptibles de revisión por medio de la apelación federal".

"Sostener lo contrario importaría abrir una tercera instancia ordinaria donde puedan discutirse decisiones que se estimen equivocadas según la mera apreciación de los recurrentes", añadió el Tribunal.

En la causa, y luego de aumentar las penas impuestas por el Tribunal Oral, Fontanet, ex líder del grupo Callejeros, se le impuso una pena de siete años de cárcel; al ex baterista Eduardo Vázquez (preso acusado del homicidio de su mujer Wanda Taddei), de cuatro a seis años; y a Maximiliano Djerfy, Elio Delgado, Christian Torrejón, Juan Carbone les impusieron penas a cada uno de cinco años de prisión, salvo a Daniel Cardell, quien cuenta con una condena de tres años.

En tanto que Villarreal tiene una condena de seis años de prisión y los ex funcionarios Fiszbin (cuatro años), Fernández (tres años y seis meses); y Torres (tres años y nueve meses).

Al ex subcomisario Carlos Rubén Díaz, acusado de recibir coimas para permitir el funcionamiento irregular del local, le impusieron una de ocho años de cárcel por "ser autor penalmente responsable de los delitos de incendio culposo seguido de muerte en concurso real con el delito de cohecho pasivo".

Las primeras condenas habían sido fijadas el 19 de agosto de 2009 por parte del TOC24, pero la Casación al año siguiente modificó la calificación de estrago doloso a culposo, por lo que se volvieron a imponer nuevas condenas.

En tanto, la Corte Suprema tendrá la última palabra sobre la calificación de los hechos, ya que las querellas insisten con la figura de estrago doloso.

Procesan a Jaime y Schiavi por masacre de Once

 

Procesan a Jaime y Schiavi por masacre de Once

20.12.2012

 

El fiscal general ante la Cámara Federal Germán Moldes pidió hoy agravar la imputación contra los ex secretarios de transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi al solicitar que sean procesados como partícipes de una asociación ilícita, y también revocar el sobreseimiento del maquinista Antonio Córdoba, en el marco de la investigación por la tragedia de Once en el que murieron 51 personas en febrero del año pasado.

Así lo hizo mediante un escrito que el fiscal presentó ante la Sala II de la Cámara, la cual debe resolver el fallo de primera instancia dictado por el juez federal Claudio Bonadío.

Moldes también pidió procesar a Jaime y Schiavi por el delito de malversación de caudales públicos y confirmar el de abuso de autoridad.

En su escrito, el fiscal subrayó que "no se advierte cómo el grupo comandado por Sergio Cirigliano haya podido proceder al desmantelamiento de las líneas adjudicadas a TBA S.A sin la intervención o aquiescencia en el mismo accionar de los que revistieran los cargos de funcionarios públicos encargados de controlar el desenvolvimiento de la concesión y la prestación del servicio público".

Además, Moldes pidió procesar por los mismos delitos al ex subsecretario de transporte ferroviario Antonio Guillermo Luna y al ex titular de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte Pedro Ochoa Romero.

Según sostuvo Moldes, "la entidad de las maniobras puestas al descubierto impide comprender la acción de los integrantes de TBA S.A sin la intervención directa de los funcionarios".

"Mientras de la CNRT no se efectuaban las inspecciones y/o controles o se los hacía deficientemente, desde la Secretaría de Transporte no se cumplía con las obligaciones propias que les imponían los reglamentos a los respectivos cargos", detalló.

Ello -remarcó el fiscal- "les permitía a los empresarios la seguridad necesaria para manejarse con la libertad suficiente en el desvío de fondos y en el desmantelamiento del sistema ferroviaria que culminara con el trágico acontecimiento". "El Estado brindó un paraguas de protección a través de esos hechos" y por ello "deben responder penalmente".

Por otra parte, pidió revocar el sobreseimiento del otro ex titular de la CNRT Antonio Sícaro por considerarlo "prematuro" y ante la permanencia del "estado crítico" de los trenes de la línea Sarmiento.

También pidió revocar la falta de mérito de Antonio Cirigliano: "En su calidad de asesor administrativo financiero del gerente de administración y finanzas de TBA S.A no podía desconocer el modo en que la empresa operaba. Su función específica así lo indica", agregó.

En cuanto al maquinista Marcos Antonio Córdoba, el fiscal Moldes le endilgó "el descarrilamiento en calidad de autor" puesto que al momento "de tomar los comandos de la máquina advirtió que la misma tenía problemas, precisamente vinculado con el frenado". "Córdoba antes de llegar a la estación Once sabía que comandaba una formación defectuosa y no paró el servicio", agregó.

Además, remarcó que al momento del hecho la formación circulaba "con el seguro denominado hombre muerto desactivado", y también tuvo en cuenta que Córdoba asumió la conducción de una formación cuyo velocímetro no funcionaba.

Ante la Sala II las querellas, entre ellos Paolo Menghini Rey, el padre de Lucas la víctima número 51, también reclamó penas para los funcionarios y los hermanos Cirigliano, quienes tenían a su cargo la concesión de TBA hasta que la misma les fue quitada por decisión del Gobierno nacional tras el incidente.

En tanto, los defensores postularon la revocatoria de los procesamientos, algunos por escrito y otros en forma oral, y ahora la Sala II debe resolver si confirma o revoca el fallo dictado por Bonadío.

Según informaron distintas fuentes, el fallo de Cámara podría darse a conocer en febrero próximo, y la prontitud en una definición obedecería a tener una definición antes de cumplirse el primer aniversario de la tragedia.

Aprobaron el traspaso del subte a la Ciudad

 

Aprobaron el traspaso del subte a la Ciudad

20.12.2012

 

El jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó este jueves que la aprobación de la ley que habilita el traspaso del subte a la Ciudad "es un paso adelante" y se mostró convencido de que "en el tiempo el subte va a funcionar mejor manejado por la Ciudad".

"Tenemos que trabajar mucho para mejorar el servicio, la seguridad, el estado de las estaciones, la limpieza. Lo importante es revertir la tendencia y cada día tener un subte mejor", enfatizó el funcionario, horas después de la sanción de la Ley que habilita el traspaso.

En declaraciones a la prensa, Rodríguez Larreta explicó que "en la ley se garantiza un servicio mínimo en caso de huelga, y establece el financiamiento para comenzar con algunas obras.
Nosotros no tenemos mayoría en la Legislatura, por lo tanto esta ley como todas sale fruto del consenso, del diálogo y del trabajo en equipo".

Para concluir, el jefe de Gabinete porteño dijo: "somos optimistas. Vamos a trabajar muy duro para que los vecinos viajen cada vez mejor en el subte".

APROBARON EL TRASPASO TRAS MARATÓNICA SESIÓN

La Legislatura porteña aprobó este jueves a la madrugada el traspaso del servicio de subterráneos y el Premetro a la órbita Ciudad de Buenos Aires, tras extensas negociaciones en las que se dejó de lado la posibilidad de un impuesto a las naftas y la declaración de "servicio esencial", que derivaba en una restricción al derecho de huelga.

Con las modificaciones, la iniciativa del oficialismo porteño contó con la aprobación general de 46 diputados mientras que 12 votaron en contra. Si bien hubo tres horas de debate en el recinto, las conversaciones previas llevaron 14 horas ya que hubo arduas negociaciones y numerosos cuartos intermedios.

La sesión debía comenzar a las 11:00 del miércoles, pero los diputados dieron quórum recién a la 1:00 de la madrugada de este jueves, cuando los legisladores del PRO, de la oposición, funcionarios del Ejecutivo y los metrodelegados lograron consensuar un texto único.

El diputado por el PRO Martín Ocampo confirmó que se dejó de lado la iniciativa de aplicar un impuesto a las naftas y se optó finalmente por "una equiparación de la alícuota del impuesto a los sellos con la provincia de Buenos Aires" -una alícuota del uno por ciento-.

Como fuentes de financiamiento también se aprobó la ampliación de endeudamiento por hasta 300 millones de dólares, un aumento de los peajes del 10 por ciento, una suba de las patentes de autos "suntuosos" -valuaciones fiscales de más de 150.000 pesos-.

Además, se dejó de lado un punto que era rechazado por los "metrodelegados" y el kirchnerismo, que era la declaración de "servicio esencial" de los subtes, lo que hubiera restringido la posibilidad de huelgas.

"Acordamos que se determinen servicios mínimos que serán fijados luego por la reglamentación.
Los trabajadores van a comunicar previo a la toma de decisión de una huelga con 48 horas la medida y habrá mecanismos de acuerdo con el prestador para generar un menor impacto en la prestación del servicio", puntualizó Ocampo.

Por otra parte, el legislador macrista confirmó también que "la ley prevé la posibilidad de la estatización" del servicio, aunque descartó que la gestión de Mauricio Macri tome una decisión de ese tipo en las próximas semanas.

"Esto empieza el 1 de enero. Iniciamos un proceso de conversación con Metrovías y existe claramente la posibilidad de que el servicio sea estatal", explicó. Ocampo señaló que la evaluación se hará "en los primeros meses" en que el Gobierno porteño se haga de "mayor información sobre el estado del servicio".

"Va a ser lenta pero inexorable la mejora en la prestación", confió el diputado. Las gestiones que destrabaron la aprobación de la ley fueron llevadas adelante principalmente por el jefe de la bancada del PRO Cristian Ritondo, con los titulares de los otros bloques.

Al inicio de las tratativas, el PRO necesita 31 votos para aprobar la ley y contaba con 26 sufragios propios más otros dos aliados de la Coalición Cívica y de Buenos Aires para todos, mientras que buscaba sumar el apoyo de los dos diputados radicales.

LAS CONDICIONES PARA SU APROBACIÓN

La ley que aprueba el traspaso de los subtes a la Ciudad consiguió la aprobación luego de intensas negociaciones y modificaciones en el proyecto original, enviado por el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.

Los principales puntos de la iniciativa aprobada con el voto del PRO, del kirchnerismo y otras bancadas son los siguientes:

– Se establece el transporte ferroviario de pasajeros de superficie y subterráneo es un servicio "público" -inicialmente el PRO planteaba que fuera declarado "esencial", lo que limitaba la posibilidad de huelgas por parte de los trabajadores-.

– Se declara la emergencia del sistema por el término de dos años, prorrogable por un año -el PRO planteba que fuera por cinco años-.

– La gestión de Macri convocará a Metrovías a celebrar un acuerdo dentro del plazo de sesenta días, prorrogable por un período de treinta, para contratar en forma directa la operación transitoria del servicio, por un plazo inicial máximo de dos (2) años.

– Otras formas de concesionar: El Poder Ejecutivo por sí a través de Subtes de Buenos Aires (SBASE) o la Sociedad Anónima que se constituya a tal efecto, podría administrar el subte.

– En caso de conflictos colectivos de trabajo que deriven en huelga que afecte la prestación del servicio, el prestador deberá brindar servicios mínimos -se definirán con la reglamentación-.

– Las organizaciones gremiales o sindicales, deberán comunicar las medidas de protesta a adoptar, con dos días de antelación al evento.

– La obstaculización o interferencia de la operación y cualquiera de sus actividades propias o conexas constituye "infracción administrativa grave".

– Las tarifas deberán ser revisadas anualmente. Para el financiamiento del servicio se aprobaron los siguientes puntos:

– Ampliación del Programa de Financiamiento en el Mercado Local creado por Ley Nº 4.315, por un importe de hasta dólares estadounidenses trescientos millones (U$S 300.000.000.-).

-Aumento de los peajes -10 por ciento-.

– Aumento de patentes a autos "suntuosos".
Para automóviles, camionetas rurales, camionetas 4×4, microcoupes, motocicletas, motonetas, ambulancias, autos fúnebres, casas rodantes y trailers, la alícuota se fija en 3,20%.
Cuando la valuación fiscal de los vehículos supere los 150.000 y hasta 200.000 pesos la alícuota se fija en 4,00%.

Cuando la valuación fiscal sea mayor a los 200.000 y hasta 300.000 pesos la alícuota se fija en 4,50%.
Cuando la valuación fiscal sea superior a los 300.000 pesos la alícuota se fija 5,00% – Se fija una alícuota del 1 por ciento para los actos, contratos e instrumentos gravados con el Impuesto de Sellos (con excepciones).

CENTRO DE TRANSFERENCIA DE CARGAS DEL SUR

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA DE CARGAS DEL SUR

19.12.2012

 

Estará ubicado en las Avenidas Coronel Roca, Pergamino, la Avenida 27 de febrero y la Autopista Héctor Cámpora (AU-7). Se aprobó la propuesta presentada por la empresa CTC Administradora S.A que consiste en una concesión de obra pública, por un plazo de 30 años, para su construcción y posterior administración.
El Cuerpo aprobó destinar a "Centro de Transferencia de Cargas Sur" como actividad principal, el Distrito de Zonificación E4 – 9 del Código de Planeamiento Urbano, delimitado por las Avenidas Coronel Roca, su continuación con intendente Rabanal, la calle Pergamino, la Av. 27 de Febrero y la Autopista Presidente Héctor J. Cámpora (AU-7), una iniciativa del Jefe de Gobierno con despacho de la comisión de Tránsito y Transporte.
Asimismo se aprobó la propuesta presentada por la empresa CTC Administradora S.A., consistente en una concesión de obra pública, por un plazo de 30 años, para la construcción y posterior administración de un Centro de Transferencia de Cargas en el predio mencionado.

Se autorizó al Poder Ejecutivo a efectuar el llamado a licitación pública o concurso de proyectos integrales, en los términos del artículo 6º del Anexo I del Decreto Nº 966/PEN/05, para el diseño, construcción, mantenimiento, administración y explotación en concesión del Centro de Transferencia de Cargas, de acuerdo al proyecto presentado por la citada empresa.
Las ofertas tendrán que contemplar un estudio de impacto ambiental de la zona en que se realice, que la construcción se efectúe con instalaciones sustentables, con utilización de energía renovable, con control de efluentes y monitoreo de emisiones gaseosas y ruidos producidos por los vehículos. Además, deberán implementar un sistema de seguridad, interno y externo, de última generación, con un adecuado control de los puntos de ingreso y egreso al predio, y un sistema de iluminación del perímetro afectado a la propuesta. Por otra parte, contemplar las distintas alternativas de urbanización enmarcadas en el Plan Urbano Ambiental y un estudio de impacto en el tránsito y las medidas de mitigación que correspondan. También que se provean estudios de micro y macro simulación de tránsito que abarquen el área de influencia del proyecto, los complementos e interferencias con los servicios públicos de transporte actuales y con proyectados. Que se presenten estudios de afectación futura de tránsito en las adyacencias y que el Master Plan del proyecto contemple un precio de alquiler de los módulos razonable, amplio y plural apuntando a atraer a la mayor cantidad de empresas de la industria.

La propuesta contempla la recepción y despacho diario de bultos y paquetes, con un breve plazo de almacenamiento en depósito y posterior despacho hacia destino final, lo cual posibilitará brindar una operación de logística sincronizada entre las mercaderías entrantes y las salientes y con un avanzado sistema de seguridad. El establecimiento proyectado tiene como objetivo reunir en un solo lugar a las más de 200 empresas (familiares, pequeñas y medianas de capital nacional) que llevan adelante sus actividades en establecimientos ubicados en diferentes barrios de la Ciudad, particularmente en la zona sur, cuya actual dispersión trae aparejada una serie de inconvenientes, entre los que pueden mencionarse problemas con el tránsito, ruidos molestos para los vecinos, dificultad para llegar a los principales accesos a la Ciudad, rotura de la vía pública, entre otros.
Entre los fundamentos expuestos por la miembro informante, la Diputada Karina Spalla (PRO), titular de la comisión de Planeamiento Urbano, se destacó que "la realización de la obra supone una inversión estimada de $ 358.000.000, contemplando los gastos en obras de infraestructura, tecnología y operatividad, por lo que se propone el plazo de concesión de 30 años para lograr su recupero. Es importante destacar que la propuesta se encuentra fuertemente alineada con uno de los objetivos impulsados por este Gobierno, el de incentivar las mejores prácticas de la actividad del transporte automotor de cargas para disuadir la ocupación y obstaculización de la vía pública, recuperar las calles y avenidas para el uso público y descongestionar el tránsito de camiones. El proyecto busca desarrollar un espacio concentrador de la actividad logística que tienda a colaborar con el reordenamiento del transporte de cargas de la Ciudad, disminuir la circulación de camiones en las calles y avenidas, proveyendo de esta manera de beneficios directos a todos los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
La votación nominal producida a las 0.38 fue en general de 42 votos positivos. En particular, el artículo 11 fue votado negativamente por el Diputado Rubén Campos (UCR).


TRANSPORTE DE CARGAS

Estímulos para el reordenamiento y mejores prácticas del transporte de cargas

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TRANSPORTE DE CARGAS

La Legislatura convirtió en ley el proyecto presentado en el expediente Nº 2216-J-2011, autoría del Jefe de Gobierno que se modificó en las bancas, relacionado con el establecimiento de un marco legal de estímulos para el reordenamiento y mejores prácticas del transporte de cargas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La norma que tuvo dictamen de la comisión de Tránsito y Transporte, busca incentivar las mejores prácticas de la actividad del transporte automotor de cargas, recuperar las calles y avenidas para el uso público y descongestionar el tránsito de camiones en la Ciudad de Buenos Aires. En la actualidad existen más de mil depósitos y centros dedicados a la actividad logística, con una alta concentración en la zona Sur de la Ciudad.

Para conseguir el objetivo se promueve la creación de los Centros Concentradores de Logística (CCL) mediante una serie de exenciones impositivas específicas para las actividades que allí se desarrollen. Se busca concentrar la actividad logística en los CCL, es decir, el conjunto de prestaciones que se desarrollan en un espacio físico con infraestructura para desarrollar actividades de logística, tales como la consolidación y des consolidación de carga, las maniobras y la permanencia de los vehículos involucrados, el almacenamiento de la mercadería transportada, y demás actividades complementarias de servicios a los usuarios, a través del alquiler y uso de espacios.

Los beneficios que se otorgan son las exenciones impositivas a las Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial, de Pavimentos y Aceras, Derechos de Delineación y Construcción y Tasa por Servicio de Verificación de Obra, Impuesto de Sellos, Impuesto sobre los Ingresos Brutos y Gravamen Anual por Radicación.
Para gozar los beneficios establecidos en esta ley, los CCL deberán cumplir con los siguientes requisitos, en la forma y condiciones que determine la reglamentación: a) estar ubicado a una distancia no superior a 500 metros de una subida/bajada, con permiso para acceso de camiones, de una autopista urbana; b) contar con una superficie de parcela igual o superior a 10.000 m2, con un espacio para playa de maniobras y espera no inferior al 40% de la superficie total del predio, y demás características que determine la reglamentación; c) limitar el área destinada a actividades complementarias de servicios al camionero, el vehículo y la carga, al 12% de la superficie total de la parcela; d) disponer de un mínimo de dos accesos a la vía pública, con circulaciones en su interior que garanticen el correcto acceso a todas las áreas operativas, con buena maniobrabilidad y en condiciones de seguridad; e) estar rodeado íntegramente por vía pública.

También se creó en el ámbito de la Subsecretaría de Transporte del Registro de Empresas de Logística Promovidas (RELP), siendo la inscripción en la misma condición obligatoria para el otorgamiento de los beneficios que se incluyen en la Ley.
Durante el tratamiento en comisión, el miembro informante fue el Diputado Daniel Presti (PRO) quien apuntó que actualmente en la Ciudad hay más de mil depósitos. La votación nominal en general efectuada a las 0.50 fue de 42 votos positivos y en particular la UCR se opuso al capítulo tercero y articulado de sanciones.

Incorporaron dentro del Código de Planeamiento Urbano los "Centros de Concentración Logística"
El Cuerpo parlamentario aprobó en primera lectura una iniciativa de los Diputados Claudio Presman y Rubén Campos (UCR) mediante la cual se incorpora a los tipos de uso del código de planeamiento urbano a los Centros de Concentración Logística, predios donde se brinden servicios de alquiler y uso de espacios para carga, descarga, distribución, redistribución y almacenamiento de mercadería transportada.

"Facilitar la distribución de productos, generando Centros de Concentración Logística es atender a uno de estos nuevos desafíos, pensando en un ordenamiento de la carga y descarga y una disminución de la polución sonora y visual en la Ciudad", sostienen los fundamentos de la ley. Y agrega que "ayudarán sensiblemente en el ordenamiento del tránsito vehicular y la seguridad vial, una de las principales problemáticas que se plantean en metrópolis como la nuestra. Este objetivo se logrará limitando el número de viajes y la presencia de vehículos de tránsito pesado que atraviesan Buenos Aires".
Durante el debate la presidenta de la comisión de Planeamiento Urbano, Diputada Karina Spalla (PRO) dijo que el expediente no contaba con informe técnico. El texto aprobado a las 0.30 horas por 42 votos positivos, será considerado en Audiencia Pública y luego la comisión legislativa elaborará un dictamen que será elevado al Pleno para su aprobación definitiva.

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