Comunicadores del Sur

23.4.2023

Se trata del plan del GCBA donde las unidades productivas pueden hacer visibles sus productos y así aumentar sus ventas. Si bien no todos crecieron, reconocen la importancia de difundir sus servicios.

El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) informó que el programa Compras Públicas con Valor Popular, lanzado en abril del 2022, ya generó ingresos por $337.967.601 para cuarenta y seis cooperativas y unidades productivas porteñas de la Economía Social. Según explicaron en un comunicado al que accedió este medio, esto promovió «ochocientos diecisiete puestos de trabajo activos«.
Vale recordar que la Ley de promoción de la Economía Social (Ley N° 6.376), en su inciso 13, impulsa una nueva modalidad de contratación para todos los proveedores que tengan el sello oficial de Valor Popular. Pero a su vez, las cooperativas lograron entrar en la modalidad más compleja de compras de GCBA, lo que se tradujo en que 16 asociaciones de trabajadores puedan participar en ocho convenios marcos con la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Legislatura Porteña y los Ministerios de Cultura, Desarrollo Humano y Hábitat, Educación, Salud y Turismo.
En términos de ingresos, el rubro textil fue el más beneficiado recaudando 178 millones de pesos, seguido por el rubro juguetes con 60 millones, gastonomía con 45 millones y gráficas o librerías con 3 millones de ingresos. Ante la novedad, ANSOL salió a consultarle a distintos referentes cooperativos de la Ciudad que ingresaron al programa y conocen de primera mano el funcionamiento del programa.
«El habernos incorporado a este programa nos permitió ampliar nuestra actividad y demostrarnos que teníamos la capacidad para afrontar el compromiso que implica. Pudimos incrementar nuestras posibilidades de ser tomados en cuenta dentro del sector público y privado, mejorando considerablemente la sustentabilidad y competitividad de la Cooperativa», expresó Oscar Monsullo, miembro de Librería El Profesional.
Por su parte, Elizabeth Cuenca, de la cooperativa Vivera Orgánica de Rodrigo Bueno, opinó que «a los emprendimientos nos dan la oportunidad de tener mejoras en nuestros productos y visibilidad». Y remarcó que, en el caso de ellas, el programa Valor Popular les permitió participar ferias, tener vinculación con otros emprendimientos y vender sus productos. «Tenemos compras directas con empresas», aseguró.
Otra de las unidades que ingresó al programa es la Cooperativa de Trabajo Esquina Libertad, un emprendimiento de imprenta, editorial y comunicación integrado por personas privadas de la libertad, liberadas, familiares y desocupados. «Es una iniciativa interesante que el Estado apunte a generar mayores ventas tanto con sector privado o público. Nosotros no hemos tenidos grandes ventas, pero sí muchas consultas. Esto lleva a que en la práctica no haya sido lo que esperábamos, pero sí rescatamos que haya espacios de visibilidad y a partir de ahí que aumenten nuestras compras», dijo Martín, uno de los integrantes de la asociación.

22.4.2023

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito Regional Ciudad Autónoma de Buenos Aires denunció el acuerdo firmado entre el Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires, que preside Cynthia Hotton, y el Ministerio de Salud de la Ciudad con organizaciones religiosas y confesionales, explícitamente militantes opositoras al derecho al aborto que ya es ley desde el 2020 (Ley Nº 27.610 de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo). El convenio incluye la difusión de cartelería color celeste de un “0800 VIDA” en todos los hospitales públicos porteños.

Afirman que se trata de una estrategia, que desde el discurso se centra en la existencia de la Ley 27.611 de “Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia” conocida como “Ley 1000 días”, que privatiza de hecho las políticas públicas dejándolas en manos de organizaciones que muestran claramente su afiliación a creencias religiosas, que militan en contra del derecho al aborto, e incluye en todos los hospitales públicos porteños la difusión de cartelería color celeste de un “0800 VIDA”.
Ante esto, desde la Campaña reafirman su exigencia respecto a una efectiva separación de las iglesias y el Estado. Reclaman además que se deje sin efecto este acuerdo y se efectivice el cumplimiento de las leyes vigentes.
Agregan que el 0800 Salud cumple con la función de informar acerca de toda consulta en relación a los derechos sexuales y reproductivos, por lo que si fuera necesario reforzar ese servicio debería ser ampliado el presupuesto e incrementada su gestión, en vez de derivarlo hacia organizaciones privadas y, menos aún, a entidades religiosas y confesionales.
“La implementación de las leyes y de las respectivas acciones de políticas públicas es una responsabilidad del Estado, así como el control y el monitoreo de las mismas deben ser una tarea central de la sociedad civil y llevarse adelante de manera autónoma del Estado. Asimismo, referimos la importancia ineludible de la transparencia de los acuerdos, contratos y datos del Estado: como ciudadanía organizada exigimos que estos sean siempre públicos y la información sea de fácil acceso. Logramos la sanción de la Ley de IVE, obtenida por la organización, lucha y persistencia de los movimientos feministas, y no permitiremos que nuestros derechos sean controlados ni manipulados por el poder de las Iglesias”, finalizan desde la Campaña.
Para sumar adhesiones a este rechazo ingresar AQUÍ

22.4.2023

Por Correpi

Hace casi 20 años, el 18 de septiembre de 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó sentencia en el Caso Bulacio. La detención, tortura y muerte de Walter, de 17 años, ocurrida el 19 de abril de 1991 en la ciudad de Buenos Aires, nos permitió someter a análisis de ese tribunal, superior a la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, todo el sistema de detenciones arbitrarias en Argentina.

El fallo fue lapidario: La Corte IDH consideró probado que en nuestro país las fuerzas de seguridad gozan de facultades para detener personas arbitrariamente, a través de prácticas normadas, como la averiguación de antecedentes o detenciones para identificar, y los arrestos preventivos en materia contravencional, y de prácticas no normadas, pero toleradas, como las razzias. Y ordenó la adecuación de la legislación interna del país para eliminar todas esas prácticas, normadas o no normadas, ya que son violatorias de los principios básicos que el Estado Argentino se comprometió a respetar cuando suscribió como parte la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).
En estos casi 20 años, se sucedieron gobiernos de los más diversos colores y matices, tanto nacionales como en otras jurisdicciones, sin que, a la fecha, ninguno de ellos cumpliera ese fallo del organismo regional. Mientras tanto, a diario vemos corroborado que más de la mitad de las personas que mueren bajo custodia en una dependencia policial, eran víctimas de alguna de esas facultades discrecionales para detener personas arbitrariamente. Daiana Abregú, Jonathan Romo, Gabriel Pintos, Fátima Barrios, Erik Valdez y Florencia Magalí Morales, fueron detenidxs por contravenciones. Fabián Gallardo y Alejandro Martínez, por averiguación de antecedentes. Apenas si algunos nombres de los muchos que tenemos registrados en nuestro Archivo de Casos en los últimos tiempos. Ninguna de esas personas hubiera muerto si las policías no gozaran de esas facultades para detener a cualquiera, en cualquier lugar o momento, sin orden judicial ni delito flagrante.
Cuando un juez o un fiscal quieren ordenar la detención de alguien, deben tomarse el trabajo de fundamentar por escrito, al menos con cierta apariencia, las razones y pruebas en que se basan. Un policía, en cambio, no necesita otro argumento que su propia decisión. El sistema de detenciones arbitrarias produce decenas de miles de privaciones de libertad sin causa por año y por distrito. Más de la mitad de las personas que pasan por un calabozo policial, no está allí por una acusación penal. Y son quienes preferentemente “aparecen sin vida”.
Estas detenciones se vinculan de manera directa con las prácticas de recaudación, como pueden atestiguarlo vendedores ambulantes, manteros, trapitos, personas en situación de prostitución, artistas callejeros y todos los que, de una forma u otra, se la rebuscan para sobrevivir en la vía pública. Todos saben que tienen dos opciones: pagar puntualmente la “cuota” a la comisaría, o sufrir el hostigamiento sistemático con las detenciones, en las que, además de perder un día de trabajo (y la mercadería, en su caso), nunca falta alguna trompada que les recuerde que mejor que denunciar es arreglar.
También hay esquemas más elaborados, como cuando la brigada “levanta” alguien bien vulnerable, por ejemplo, con algún pasado de “conflicto con la ley”, y, siempre después de un par de golpes que funcionan como “incentivo”, le ordena que vuelva con una suma de dinero variable, bajo amenaza de armarle una causa. Le pasó a Desiderio Meza, que tuvo el buen tino de avisar a CORREPI, lo que permitió la detención de los policías de la comisaría 30ª con las manos en la masa, pero también a Jorge “Chaco” González, que murió 14 días después por la hemorragia interna causada por las patadas en la comisaría 5ª de Fiorito. O aprovechan estas facultades de llevarse alguien a la comisaría para “ablandarlo” y que se haga cargo de algún delito que los policías no tienen ganas de investigar. Así murió Sergio Durán, a los 17 años, en la comisaría 1ª de Morón, y desapareció Andrés Núñez en La Plata, en 1990.
Porque el sistema de detenciones arbitrarias, además de ser la puerta de entrada a la tortura, nos cuesta vidas. Más de la mitad de los muertos en comisarías, desde 1983 a hoy, era, según el eufemismo policial/judicial, “personas demoradas” o “contraventoras”, no detenidas, arrestadas o aprehendidas por orden judicial o delito flagrante.
No podemos permitir que siga pasando el tiempo con la sentencia del Caso Bulacio sin cumplir. Convocamos a todas las organizaciones, compañeros y compañeras que no quieren vivir en libertad vigilada, a impulsar una campaña nacional contra todas las formas de detenciones arbitrarias, que nos permita sumar fuerzas para romper con la naturalización de las prácticas represivas y para organizar la bronca y la resistencia.
BASTA DE DETENCIONES ARBITRARIAS
NI CONTRAVENCIONES NI AVERIGUACIÓN DE ANTECEDENTES
¡CUMPLAN EL FALLO BULACIO YA!

21.4.2023

El cese de tareas se lleva adelante en múltiples medios de comunicación. El acto tiene lugar en las puertas del diario, en la calle Tacuarí. El reclamo es también para que Sipreba pueda negociar paritarias con la patronal. Apoyan organizaciones sociales, sindicales y políticas.

Trabajadores y trabajadoras de prensa reclaman este viernes frente a la sede del diario Clarín, en la Ciudad de Buenos Aires. El reclamo es contra los más de 40 despidos que decidió la patronal el fin de semana pasado.
Evidenciando un desprecio absoluto hacia trabajadores y trabajadoras, la patronal conducida por Héctor Magnetto comunicó los despidos por mail, en el transcurso de la madrugada del domingo. Hubo trabajadores que se acostaron el sábado teniendo empleo y se levantaron al día siguiente desempleados. El maltrato no puede ser más brutal.
El reclamo incluye, además, el reconocimiento del Sipreba para la discusión paritaria. Esta organización, que tiene la representación real de los trabajadores y las trabajadoras de Clarín, tiene desde hace meses la personería gremial. Sin embargo, no puede sentarse discutir con la patronal.
La razón es que la burocracia de la UTPBA (Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires) interpuso un recurso judicial que permite dilatar la resolución. Recordemos que esa conducción amarilla y propatronal es fuertemente rechazada por los trabajadores de prensa. No es casualidad: en los últimos siete años firmó todas las paritarias a la baja.

21.4.2023

Además, los efectivos no tenían identificación. Ocurrió luego de que el miércoles pasado una patota de la Franja Morada golpeara estudiantes. La Policía de Larreta entró a la facultad a amedrentar a los estudiantes. Pero la respuesta no tardó en llegar: 100 estudiantes hicieron cordón y fueron echados.

Esta semana la facultad de Derecho de la UBA salió en diversos medios por la asamblea trucha que hizo la Franja Morada, donde utilizó una patota para evitar que estudiantes ingresaran a la asamblea y pudiera votar en contra de la eliminación de las elecciones de centros de estudiantes anuales
Este viernes 21, en el turno tarde-noche, ingresó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires de forma patoteril, llevando armas de fuego y rompiendo la autonomía universitaria. Pero la respuesta no se hizo esperar. Un centenar de estudiantes, junto a la agrupación La Izquierda en Derecho -referenciada en Myriam Bregman- armaron un cordón, uniendo docentes y alumnos, para no permitir el paso.
Lo más llamativo es que la Policía pareciera estar contratada por el decano de la Facultad de Derecho. Se pueden observar los métodos patoteriles que utiliza la Franja Morada y que esto está acompañado en amedrentar a los estudiantes que se organizan contra estos atropellos antidemocráticos. Ya que lo que se está exigiendo es votar y que haya una asamblea no trucha, donde todos puedan participar. Parece que el decano de la facultad, ni el centro de estudiantes dirigido por la Franja Morada y la Nuevo Derecho les gusta la idea de mayor democracia, ya que pertenecen al espacio de Juntos por el Cambio.
La Izquierda en Derecho (Juventud del PTS + independientes) está impulsando una comisión de estudiantes contra la patota de la franja morada y por elecciones de centros de estudiantes, porque queremos que se nos escuche y poder votar, y de esta manera responder en coordinación y en unidad ante estos atropellos que organiza el radicalismo en la universidad de buenos aires.