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Mafia inmobiliaria

 

 

Mafia inmobiliaria

6.12.2012

 

Una mafia integrada por inmobiliarias, propietarios, abogados y hasta funcionarios judiciales "extorsiona y estafa a miles de inquilinos" con las llamadas garantías propietarias, según denunciaron expertos del sector.

De acuerdo con lo indicado por Ricardo Tondo, titular del Centro Argentino para la Transparencia Inmobiliaria (CATI), la maniobra se concreta con "pagarés en blanco que, a falta de avales propietarios y con engaños y subterfugios, les hacen firmar a los inquilinos".

"Hay una infinidad de conflictos que se presentan durante o después de la relación locativa o tras la entrega de la propiedad locada por el uso criminal de herramientas de pago solicitadas como sustituto de avales propietarios", explicó Tondo, en declaraciones publicadas por Diario Popular.

El especialista precisó que "el fraude consiste en que te enterás que tenés que firmar en blanco estos documentos recién en el momento en que cerrás el contrato de alquiler y cuando ya no tenés opción".

"A mitad del contrato comienza una fuerte presión sobre el inquilino con todo tipo de hostigamientos para lograr que se vaya", señaló Tondo, quien agregó que "muchas veces ejecutan los ilegales convenios de desocupación que suelen incluir los contratos".

Finalmente, "harto de los maltratos el inquilino decide irse y es allí cuando comienza lo peor de su pesadilla, ya que le comunican que el depósito caducó y no lo puede recuperar", de acuerdo con lo señalado.

El paso posterior se concreta cuando aparece la ejecución de los pagarés en poder del propietario.

"Ahí aparece la extorsión, porque los pagarés son títulos de fácil ejecución con lo que al inquilino le quedan pocas defensas para rechazar la pretensión de estos inescrupulosos y termina pagando lo que le pidan con tal de recuperar esos papeles", dijo el titular del CATI.

Compromiso de la CABA para reducir basura

 

 

Compromiso de la CABA para reducir basura

4.12.2012

 

El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, le ofreció a Daniel Scioli un compromiso de reducir en casi un 80 por ciento para 2014 la cantidad de basura que la Ciudad envía a la provincia de Buenos Aires, lo que fue considerado como "positivo" por el gobernador bonaerense.

"Vemos que se está asumiendo este problema en cuanto a la dimensión y la gravedad que tiene", afirmó Scioli, luego de recibir la propuesta por parte de Macri en el marco de un encuentro que mantuvieron ambos.

El gobernador confirmó que Macri le hizo "una propuesta concreta" sobre la reducción del volumen de basura que la Ciudad envía a lo Provincia. Al término del encuentro que ambos mandatarios protagonizaron junto con sus jefes de Gabinete, Alberto Pérez y Horacio Rodríguez Larreta, en un hotel porteño, Scioli destacó que el mandatario porteño se comprometió a "llevar a un 44 por ciento de reducción (de residuos) en 10 meses y un 78 por ciento en un año y medio".

Scioli dijo que la reunión se dio "en términos cordiales" y en un clima "respetuoso". "Soy una persona que reconoce los problemas, no me gusta negarlos", subrayó el gobernador, quien señaló que hasta el momento los planteos de las Ciudad "eran insuficientes en función de las necesidades que tenemos" con el problema de la basura. Agregó que "esto se va a lograr conjuntamente con el esfuerzo que haga la Ciudad y que sigamos trabajando con los municipios en la provincia".

Tras plantear un "espíritu de colaboración", confirmó que mañana encabezará un encuentro con intendentes de la Tercera Sección Electoral en Merlo para evaluar medidas sobre la cuestión de los residuos en territorio bonaerense. A su vez, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, precisó que desde el 1 de enero próximo se reducirá la cantidad de basura que ingrese a la provincia desde la capital en un "10 por ciento", cifra que se elevará a un "40 por ciento" para fines de 2013.

"A mitad de 2014 va a estar superando el 70 por ciento", dijo Rodríguez Larreta, quien subrayó que se trata de un "esfuerzo muy grande" por parte de la Ciudad. El funcionario porteño consideró que Macri y Scioli mantuvieron "una buena reunión de trabajo" y se pronunció a favor de "seguir trabajando juntos con esto". "Fue una reunión de trabajo donde vimos en detalle cada uno de los proyectos que tiene la Ciudad y el jefe de Gobierno ratificó el programa que tenemos de reducción (de volumen de residuos) que es contundente y muy ambicioso", puntualizó.

 

Crisis habitacional en la CABA

 

Crisis habitacional en la CABA

1.12.2012

Por Enrique de la Calle I

 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires atraviesa una grave crisis habitacional que afecta a medio millón de habitantes, sobre una población menor a tres millones.

Según diferentes estudios el déficit es de 170 mil viviendas. Para solucionarlo no es necesario construir esa cantidad de casas, si no de redistribuir de otro modo las existentes. Según el último censo nacional, en Capital hay 340 mil viviendas deshabitadas (el 24% de todas las que hay en el distrito). Con la mitad de ellas, se podría reparar un derecho vulnerado hoy centenares de miles de familias.

 

Derecho vulnerado

 

Según el último informe del CELS sobre la situación de los Derechos Humanos en la Argentina, existen en Capital 26 asentamientos precarios, 16 villas, 19 conjuntos habitacionales, 172 inmuebles tomados, 3200 familias alojadas en hoteles, casi 2000 personas viviendo en las calles.

La población en villas y asentamiento se duplicó desde 2001: el 40% alquila cuartos de manera informal. Esto ocurrió mientras la población total de Capital aumentó en ese período un 4%, muy por abajo de la media nacional.  

Con respecto al hacinamiento (2 o más personas por cuarto), afecta al 8,7% de los hogares, es decir, 140 mil. El hacinamiento crítico (más de tres habitantes por ambiente) al 1,5%: ¡21 mil hogares! (Fuente: Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad de Buenos Aires, 2010; ver cuadro).

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El hacinamiento se distribuye de modo desigual entre las comunas: las más afectadas son las incluyen los barrios más pobres, que se ubican al Sur de la Ciudad. Se trata de la 8 (Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano), la 4 (La Boca Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya), la 3 (San Cristóbal y Balvaneda) y la 1 (Retiro, San Nicolás, Constitución, San Telmo, Montserrat y Puerto Madero). En esas cuatros jurisdicciones el hacinamiento duplica la media porteña.

Como no podía ser de otro modo, esas comunas tienen los mayores índices de ocupaciones de viviendas. En las 1 y 3, el número duplica la media; en las 4 y 8, triplica el promedio. Y presentan los porcentajes más bajos de propietarios de hogares. La 8 tiene otro récord del que no podrá jactarse: tiene el mayor porcentaje de hogares en "situación de tenencia irregular": 29,5%.

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Casas hay y de sobra

 

El diagnóstico presentado empeora cuando se lo contrasta con otras estadísticas. Porque ese déficit de alrededor de 200 mil viviendas podría resolverse con parte de las casas que actualmente están deshabitadas en Capital Federal. 

Según el último censo, en Capital hay 1,4 millones de viviendas. De las cuales 340.975 están deshabitadas. En la comuna 1 está en esa situación casi el 40% de las casas, mientras el hacinamiento afecta al 16,7% y el hacinamiento crítico al 2,7%. El barrio Constitución fue noticia esta semana por un desalojo que dejó en la calle a decenas de familias. No existe legislación local ni nacional que castigue tal desatino, como la construcción de departamentos sin tener en cuenta el acceso social a la vivenda. Según el especialista Raúl Fernández Wagner si se "aplicara un fuerte impuesto a esas viviendas vacías, como ocurre en otros países, eso obligaría a los propietarios a vender o por lo menos a tener que alquilarlas, lo que bajaría notablemente el precio del alquiler".   

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Desde hace unos años, la Capital experimenta un boom de la construcción que convive con un creciente deterioro de las condiciones de hábitat de centenares de miles de personas. En ese marco, el actual déficit no tiene que ver con la escasez ya que viviendas se levantan todo el tiempo y de a cientos. La voluntad política deberá definir con qué logica se permiten esas edificaciones: una que defienda el interés privado o el colectivo.  


Tratan el traspaso de subterráneos en la Legislatura porteña

 

 

Tratan el traspaso de subterráneos en la Legislatura porteña

1.12.2012

 

El proyecto de ley que prevé el traspaso de los subterráneos al ámbito de la Ciudad comenzó a ser tratado en la Legislatura porteña en medio de un fuerte debate, principalmente por el derecho a huelga. La sesión se llevó a cabo con un grupo de "metrodelegados" presente mientras cumplían su segunda jornada de paros rotativos, que amenazaron con extender.

El Salón Montevideo fue el escenario que enmarcó la reunión conjunta de las comisiones de Obras y Servicios Públicos, y Presupuesto, adonde concurrió el titular de Subterráneos Buenos Aires (Sbase), Juan Pablo Piccardo, quien según el proyecto debería ser la Autoridad de Aplicación durante la declaración de emergencia del servicio.

Luego de casi dos horas, el presidente de la Comisión de Obras Públicas Enzo Pagani levantó la sesión y anunció que volverán a encontrarse el próximo lunes a las 12:00, otra vez con la presencia de Piccardo, para intentar avanzar en un dictamen de mayoría que permita que el próximo jueves 13 sea tratado en el recinto. Piccardo se cruzó con el líder de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP), Roberto Pianelli, y dentro de la discusión en la que hablaron sobre una posible resolución del conflicto, el funcionario porteño afirmó que es "política de este Gobierno no pagar los días de huelga".

Justamente ese era uno de los puntos por los cuales los "metrodelegados" no arreglaron con la empresa Metrovías y luego quedaron excluidos del acuerdo paritario, lo que dio inicio a las medidas de fuerza. Según explicó Pianelli, durante la última protesta que mantuvo paralizado el servicio diez días a principio de agosto, Metrovías dio un monto extra a los afiliados del otro gremio, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), y no así a los "metrodelegados".

EL PARO ROTATIVO

Nucleados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), los sindicalistas transitan la segunda jornada de paros escalonados de tres horas en las distintas líneas, que se extenderá durante todo este viernes. La medida de fuerza se inició a las 5:00 en la línea C y se extendió hasta las 8:00, y luego comenzó a implementarse en la línea E, donde se prolongó hasta las 11:00. La delegada de la línea C Agustina Ionno destacó que desde el gremio esperan "una llamada y la buena voluntad de las partes para modificar el acta que se firmó y que -según sostuvo- afecta los derechos de los trabajadores".

Ionno señaló que los trabajadores están en "asambleas permanentes” y no descartó que las medidas de fuerza se repitan el próximo lunes si el Gobierno porteño no convoca a los metrodelegados para reanudar las negociaciones. Al ser consultada sobre la posibilidad de alterar el esquema de la huelga por la jornada de lluvias, Ionno indicó que no está previsto y que cumplirán con la medida de fuerza tal como había sido anunciada anoche.

Además de los paros, los delegados resolvieron levantar molinetes en cabeceras y en las principales estaciones de las seis líneas y del Premetro. El paro en la línea C se extendió desde las 5:00 hasta las 8:00, mientras que en la línea E no hubo servicio entre las 8:00 y las 11:00; en la B de 11:00 a 14:00; en la H de 14:00 a 17:00; en la A de 17:00 a 20:00 y en la D 20:00 a 23:00.

PROPONEN UNA TARIFA SOCIAL

El vicepresidente de la Comisión de Tránsito de la Legislatura porteña, Daniel Amoroso (Confianza Pública), planteó la necesidad de que la ley de traspaso del subte a la Ciudad "incluya una tarifa social, por la cual no paguen boleto las personas discapacitadas, los jubilados y los estudiantes", y la creación de una comisión de control que "garantice la transparencia de los fondos" que ingresen para sostener la red.

Amoroso sostuvo: "Está claro que la Ciudad debe tener el control del subte, pero es imprescindible que estos dos puntos estén incluidos en la Ley. Hay que garantizar la transparencia en cuanto a la recaudación y la posterior ejecución de los fondos que necesita el subte, y hay que tener una tarifa social que beneficie a distintos sectores, entre ellos los de más bajos recursos".

En cuanto a ese último punto, el vicepresidente de la Comisión de Tránsito de la Legislatura dijo que lo que busca es "subsidiar la totalidad de la tarifa a aquellas personas que tengan limitaciones físicas, jubilados y pensionados y estudiantes
primarios y secundarios". Además, planteó a través de un comunicado que "se podrá subsidiar en forma total o parcial la tarifa a aquellas personas que acrediten carencia de recursos o imposibilidad económica".

Protestas, Participación, Comunidad y Comunas

 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2012.-

Protestas, Participación, Comunidad y Comunas

 

El pasado mes de noviembre hemos asistido a una segunda protesta masiva y callejera y a un paro y piquetes en varias ciudades de nuestro país, incluida Buenos Aires. Las caracterizaciones parciales de las protestas para aprovecharse u oponerse a ellas, escamotean un hecho, a nuestro juicio, central: expresan a un conjunto de argentinos que manifestaron su descontento, ejerciendo su derecho a ser escuchados y tenidos en cuenta, hayan votado por quien hayan votado. Hecho que pone de manifiesto el estado asambleario que cruza horizontalmente la sociedad argentina desde el 2001; un dato de la realidad que gran parte de la dirigencia política se niega a ver y aceptar.

Similares interpretaciones parciales se hicieron de los acontecimientos del 19 y 20 de Diciembre de ese año, escondiendo el hecho fundamental que lo originó y dio lugar a las asambleas ciudadanas: la reivindicación del derecho a participar en las decisiones que, como pueblo, nos afectaban. Reivindicación válida en sí misma, aunque se haya producido en una situación del país con índices de desocupación y pobreza al nivel de los que vemos hoy en algunos países europeos

La ceguera de esa dirigencia para captar en toda su dimensión la profundidad del mensaje y adecuar el sistema político institucional a esa nueva realidad, mas el concurso de un sector dirigencial que apostó a instalar cambios de fondo en las políticas de estado, hicieron que se hayan cambiado muchas cosas centrales y no menores en el país desde el 2003 a la fecha, pero que no se haya tocado la regla de oro de la democracia representativa que reza "el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes". Esta norma, que data de los inicios de la organización nacional, respondía a aquel orden social. Pero el mundo se ha transformado sustancialmente y la Democracia no está exenta de estos cambios. Sin embargo este precepto, al ser sostenido hoy a rajatabla por muchos "representantes", los convierte en los monopolizadores de la política, que excluyen de ella al resto de la ciudadanía, salvo para que los voten y obedezcan sus mandatos. Se configura así un sistema democrático limitado para el siglo XXI, por ser sólo representativo y rechazar la participación del pueblo libremente organizado – con sus diversas y múltiples sectores, realidades, necesidades y aspiraciones – en las decisiones y el control de las políticas públicas.

Este sistema, además, facilita profundizar las divisiones en el seno mismo del pueblo en beneficio de intereses políticos y/o económicos concentrados, en lugar de acotar los antagonismos y priorizar las coincidencias que el pueblo reclama, como toda buena democracia debería promover. Tal división fue muy visible durante los festejos del Bicentenario. Mientras el pueblo masivamente y sin ningún tipo de antagonismos, festejaba sus doscientos años de vida, en paz y unidad, una parte de la dirigencia política se recluía en el Colón manifestando su repudio agresivo al Gobierno que había organizado los festejos, mientras la otra parte, intentaba aprovecharlos a su favor. Ninguna de las parcialidades fue capaz de captar al claro mensaje de identidad, unidad, paz y deseo de construcción común que el pueblo transmitía en las calles y que hubiera querido ver reflejada en la dirigencia el país.

Por eso el Movimiento Comunero, a la vez que acepta la validez de las protestas de Noviembre y comparte algunos de los reclamos allí expresados, repudia la violencia ejercida contra algunos trabajadores de prensa  y rechaza toda lógica binaria de amigo-enemigo que se pretenda potenciar con ellas, así como todo propósito destituyente que quiera dárseles. Porque considera que como país – el único que tenemos nos guste o no – necesitamos profundizar las coincidencias. Estableciendo una lógica constructiva de unidad de las diversidades en lo común, en el marco de las instituciones establecidas. Que esto y no otra cosa es reconstruir la común-unidad.Doscientos años de historia recorrida conjuntamente, son una buena base para superar la tendencia a divisiones fundamentalistas y autodestructivas que cruzaron permanentemente nuestra experiencia colectiva, llenándonos de frustraciones.

Muchos de los lemas y expresiones vistas y oídas en la manifestación exigen un cambio de actitud fundamental por parte de aquellos que nos llevaron a esta situación, para adecuarse al nuevo fenómeno participativoque recorre el país desde el 2001. Pero también necesita de un cambio importante por parte de aquellos que las reclaman. Porque es necesario ejercer plenamente el derecho a la participación ciudadana, que permite cambiar la vida de la comunidad yendo más allá de la del que participa. No solamente desde la protesta sino desde las propuestas. E institucionalmente, a través de mecanismos formalizados en leyes.

En este sentido la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con una Constitución que garantiza y obliga a las autoridades a organizar sus instituciones de gobierno como democracia participativa. Las Comunas de la Ciudad establecen un organismo constitucional en donde los ciudadanos tienen el derecho a participar para reclamar, pero sobre todo para planificar lo que debe hacerse en sus barrios y para controlar su ejecución: una democracia participativa de cercanía. Los Consejos Consultivos Comunalesson los organismos institucionales que desde diciembre del 2011 están formalizados, después de diez años de luchas vecinales reivindicando el ejercicio de ese derecho. Estos organismos públicos posibilitan el desarrollo de una experiencia participativa novedosa con el objeto de modificar la manera de hacer política por y desde la ciudadanía.

El Movimiento Comunero fomenta la participación en los Consejos Consultivos Comunales, entendida como el involucramiento activo de los ciudadanos en las cuestiones de solidaridad pública y bien común, a través de la búsqueda constructiva de consensos vecinales. Pero quienes instalamos desde hace años en forma autoconvocada estos organismos políticos vecinales promotores de la democracia participativa, nos hemos visto forzados a enfrentar en su seno, a partir del momento en que se formalizaron, la conducta de algunos partidos políticos, en particular los mayoritarios. Lo hemos tenido que hacer y lo seguiremos haciendo con el fin de superar la lógica amigo/enemigo – teñida de sectarismos, prepotencias e imposición de votaciones que se concretan en "victorias" obstructivas de la búsqueda de consensos – y lograr Consejos Consultivos Comunales que funcionen democráticamente. Con una metodología basada en acuerdos constructivos entre vecinos, cualquiera sea su tendencia ideológica, para enfrentar y resolver los distintos problemas comunes.

Para sumarse a esta lucha orientada a implantar una lógica ciudadana participativa y constructiva en la forma de hacer política, convocamos a todos los vecinos de Buenos Aires a participar activamente en los Consejos Consultivos Comunales para sentar las bases de una nueva democracia: la Democracia Participativa.

Una democracia en la que todos seamos protagonistas.

 

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