Comunicadores del Sur

27.4.2023

Por Lucho Aguilar

El derrumbe en Rivadavia y Lacarra es parte de una crisis habitacional que no tiene techo. En la Ciudad más rica, hay barrios que tienen un 20% de su población hacinada. El resultado de la apropiación de la tierra y la vivienda para los negociados, la suba de los alquileres y una vida cada vez más precaria.

Sonia no durmió en toda la noche, todavía está aturdida, pero les habla a las cámaras. “Yo estaba más adelante, la parte de atrás fue la que se cayó. Por eso los vecinos de adelante salimos todos, pero las personas que estaban atrás se fueron para abajo. No hubo construcciones, no hubo nada de nada. Simplemente, sonó como si algo hubiese reventado. Y ahora esperamos a saber quiénes faltan”.
Al mediodía de este miércoles se sabe que dos personas perdieron la vida y buscan otras detrás de los escombros. Los bomberos recorren las ruinas de la vivienda como si estuvieran en el foco de un terremoto.
Pero en esa manzana de Floresta no tembló la tierra. Lo que causó el derrumbe fueron las terribles condiciones estructurales en que viven miles de familias pobres de la Ciudad más rica. “150 personas vivían en el PH” repiten los medios. “Una familia o dos por habitación” agregan.
Abuelas como Felicitas que estaba desaparecida. Jóvenes como Jefferson que murió. Niñas y niños que también fueron víctimas como Gabriela.
La tragedia de Floresta es la expresión más cruda de la precariedad en que viven las jubiladas, en que trabaja la juventud y crecen las infancias. De cómo el empobrecimiento de las familias trabajadoras, a fuerza de trabajos precarios, desocupación, changas y alquileres impagables, las empuja a apretarse en villas o en casas que no tienen condiciones.
Las estadísticas del Gobierno de Rodríguez Larreta dicen que el 8% de la población vive “hacinada”. Pero si acercamos el foco vemos que ese número se duplica en comunas como la 4 (La Boca, Barracas) o la 8 (Soldati, Lugano) y triplica ese número en la comuna 1 (Monserrat, Constitución), donde el 25% de las familias viven hacinadas.
A esto hay que sumarle el aumento de la población de las villas y asentamientos (250 mil personas), así como la va quedando en “situación de calle”.
La beba que murió hace pocos días en la vereda de Casa Rosada, los hombres que mueren en el invierno en las calles, los incendios que convierten en trampas mortales hoteles y conventillos (como pasó la semana pasada en La Boca) son parte de la misma realidad. Un gobierno empeñado en garantizar los negocios inmobiliarios que arroja a miles de personas a condiciones de vida que llegan a ser mortales, como hoy. Por eso los llamamos crímenes sociales.
El peronismo, como principal fuerza de oposición en la Ciudad, ha sido cómplice de esas políticas “sociales” del larretismo. Cuando gobernaron la Ciudad, con Carlos Grosso, “Topadora” Domínguez y Aníbal Ibarra, la política fue la misma. El ajuste que hoy vive el país también es responsable de la crisis habitacional.
Sonia, como todos sus vecinos, es una trabajadora informal. Vende en la calle. “¿Qué voy a salir a vender y encima ahora con todo esto del dólar? Me quedé sin plata y sin mercadería”, dice. “Pero mi vida era lo primero”.
Para los partidos tradicionales esas vidas valen poco. El GCBA viene subejecutando las partidas destinadas a Habitat y Vivienda y su única política “inmobiliaria” es conseguir terrenos para nuevos negociados. Por eso tras hechos como este, lejos de buscar soluciones habitacionales, el larretismo empieza una razzia de desalojos con la excusa de “evitar nuevas tragedias”.
Se necesita un plan de viviendas, en base a impuestos a las grandes empresas, administrado por las organizaciones obreras y sociales. Ningún desalojo, ningún derrumbe más. Ni casa sin gente ni gente sin casa.

27.4.2023

Por Diego Castro Romero

«Larreta y Acuña nos tienen que escuchar», reclamaron el martes a la tarde sindicatos, docentes, agrupaciones estudiantiles y organizaciones de padres que marcharon para denunciar el «enorme vaciamiento» en los establecimientos de la Ciudad.

Larreta y Acuña nos tienen que escuchar», fue el reclamo que sindicatos docentes, agrupaciones estudiantiles y organizaciones de padres llevaron hasta la Legislatura porteña ayer martes, para denunciar el «enorme vaciamiento» del sistema educativo que impacta en baja de salarios, reformas de planes de estudio y precarización de condiciones edilicias e higiénicas de los establecimientos. A las problemáticas que arrastra la gestión educativa del PRO en la Ciudad y que el año pasado derivaron en la toma de más veinte escuelas, se suman ahora los videos viralizados por estudiantes que conviven con ratas y alacranes. Desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera) exigieron un «aumento del presupuesto educativo y recomposición del salario que se perdió en los últimos veinte días». Mientras, Ademys realizó un paro de 24 horas y una concentración frente al Palacio Pizzurno junto a agrupaciones de izquierda horas antes de sumarse a la movilización. Allí sostuvieron que su reclamo es también a nivel nacional y que «el Gobierno aumenta una miseria en el distrito más rico del país».
Desde las 17:30, las columnas de manifestantes cortaron la intersección de Córdoba y Ayacucho, a metros del ingreso a la Escuela Normal N°1. La comunidad educativa, que marchó desde allí hasta la Legislatura porteña, convocó a docentes, estudiantes y padres que advierten un descenso de la inversión en el área conducida por la precandidata a jefa de Gobierno Soledad Acuña. Para Eduardo López, secretario adjunto de UTE, las ambiciones electorales del alcalde saliente condicionan el presupuesto. «En un día y medio, el Gobierno de la Ciudad gasta lo mismo en publicidad que en un año en Ciencia y Tecnología». En los últimos veinte días perdimos cinco puntos del salario y queremos que se recuperen la semana próxima», exigió López. Y afirmó: «Queremos que la escuela deje de ser sinónimo de ratas, alacranes, problemas de calefacción, de ventilación; y vuelvan a serlo de esperanza, alegría, estudio, de computadoras y libros. Y para eso tiene que haber más inversión». La movilización aunó diversos reclamos con un factor común: la desinversión en la Ciudad. En este sentido, desde el profesorado Joaquín V. González aseguraron que la baja en el presupuesto se manifiesta de diversas maneras. Ayelén Baglione, consejera estudiantil afirmó que «están cerrando tres postítulos porque dicen que no se llega a la cantidad de inscriptos. Les mostramos que había compañeros anotados, pero en el ministerio no ceden y nos dan una lista de profesorados pagos. Están negociando con la formación docente». Por su parte, Silvia Gómez, representante del Departamento de Matemática afirmó que «también están cerrando el profesorado superior en Matemática». Patricia, miembro de la cooperadora, dijo: «Pedimos mayor seguridad porque hay robos constantes. Ya robaron quince microscopios este año». Además, reclaman titularizaciones para los docentes.
En tanto, los estudiantes de colegios secundarios, que protagonizaron las protestas contra el Gobierno porteño el año pasado en reclamo por mejoras edilicias y de calidad y cantidad de viandas, afirman que la situación no mejora y ahora denuncian la existencia de plagas en las escuelas. Así lo confirmó León Arriola, presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Industrial Luis Huergo: «Venimos con este reclamo desde el año pasado. Los directivos nos dijeron que después de las vacaciones ya estaba solucionado, pero este año volvimos a encontrar ratas en la preceptoría, al lado de donde guardan las viandas». Arriola afirmó que más tarde se viralizaron videos de compañeros que vieron roedores también en el sector de taller y en conductos de ventilación de las aulas. «En ese momento estaba la ministra Acuña en el auditorio entregando las tarjetas por el pase cultural. Padres de cooperadora le reclamaron, pero hizo oídos sordos», agregó.
Para las y los estudiantes, «el colmo» llegó cuando uno de ellos aseguró haber sido mordido por una rata este lunes, tras lo cual cortaron la calle. Una vez más, afirman, el ministerio incumplió la promesa de desratizar y simplemente realizó una «limpieza profunda» de las instalaciones.
Por otra parte, desde Ademys convocaron a una concentración previa a la marcha frente al Palacio Sarmiento, sede del Ministerio de Educación Nacional. La secretaria general del gremio Mariana Scayola dijo a este medio: «Venimos de un aumento del 14 por ciento en febrero que es completamente insuficiente. La crisis se siente muy fuerte en el salario pero también reclamamos por condiciones de trabajo, porque nos están convocando a las jornadas fuera de nuestro horario, y por mejoras en infraestructura». El acto de Ademys comenzó a las 15, en el marco de un paro de 24 horas. Desde allí se movilizaron hasta el Normal 1 para sumarse a las demás agrupaciones convocantes. «Venimos desarrollando acciones en unidad. En las escuelas también reclaman esa unidad para reclamarle al Gobierno de la Ciudad», dijo Scayola. En este sentido, destacó que «el Gobierno baja unilateralmente los acuerdos y se niegan a la discusión. Para ellos, la realidad es distinta a la que vemos todos los días desde adentro: ratas, alacranes, cucarachas, escuelas que estallan y docentes muy por debajo de la línea de pobreza en el distrito más rico del país. Ellos tienen una venta publicitaria, con fotos de campaña y montajes».

25.4.2023

Diez años pasaron desde aquella mañana del 26 de abril de 2013, cuando la Policía Metropolitana ingresó al predio del Hospital Borda con topadoras y reprimió a médicos, enfermeros y pacientes. El negocio inmobiliario quedó trunco, al precio de un abandono que dejó al hospital vaciado.

El predio del hospital había sido ocupado por 400 efectivos de la Policía Metropolitana. Iban armados como para una guerra. Sin el visto bueno de la Justicia, amparados por la lóbrega madrugada, la policía de Macri volteó el paredón y un portón de la calle Perdriel. Por ese buraco entraron los uniformados junto a cuadrillas de operarios y unas cuantas topadoras. La orden era demoler el Taller 19, un espacio terapéutico dedicado a la carpintería y la pintura, donde los pacientes del hospital neuropsiquiátrico aprendían a trabajar la madera y los colores para ganarse el pan en su futura reinserción social. El objetivo era construir en ese lugar el nuevo Centro Cívico de la Ciudad. Un rentable proyecto inmobiliario non sancto, ideado por el entonces jefe de Gobierno que dos años después sería presidente. Médicos, camilleros, administrativos, políticos, organizaciones gremiales y hasta los propios pacientes intentaron evitarlo. Pero no pudieron frenar la demolición. Mucho menos entablar un diálogo con las autoridades. Los bastones largos, el gas pimienta, las balas de goma a mansalva fueron la respuesta del Estado porteño.
La brava Metropolitana desató una feroz represión contra quienes se opusieron a la invasión. Personal de los hospitales Borda, Moyano, Tobar García y de Talleres Protegidos fueron baleados y apresados. Incluso legisladores y hasta varios periodistas fueron atacados por el solo hecho de estar cubriendo los hechos. Pero el accionar inhumano de la policía macrista llegó al punto de disparar sobre los cuerpos indefensos de pacientes y familiares.
El saldo fue de más de 50 heridos, siete detenidos y luego una causa judicial contra los trabajadores y las trabajadoras por supuestas agresiones a la policía. También, la pérdida del Taller Protegido 19, un dispositivo único por su función de intrahospitalario y por sus características edilicias y ubicación.
“El 26 de abril es una fecha en que se conmemoran muchas cosas: el inicio de lo que fue la resistencia para defender los hospitales públicos de salud mental; la unidad de trabajadores poniendo el cuerpo para defender nuestros espacios”, sentencia Gabriela Sánchez, secretaria general de la Junta Interna de ATE en el Hospital Borda. Agrega: “También es un hecho político. El 26 de abril no solo nos vinieron a decir que no les interesaba la salud mental en la Ciudad, sino que vinieron a apropiarse de nuestros terrenos para un negocio inmobiliario”.
Para Gustavo Fernández Ferro, secretario general de la Junta Interna de ATE en Talleres Protegidos, el 26 de abril «es una fecha que representa mucho más que la represión y demolición del Taller 19. Representa el modelo de salud que quiere el gobierno de la Ciudad para los y las trabajadoras, pero también para los y las ciudadanas de la Ciudad y la Argentina. Ellos quieren reducir todo, quieren destruir la salud. Lo vienen haciendo a cuentagotas, pero en ese momento fue la visión más clara de lo que ellos pretenden”.
Para mantener viva la memoria de la lucha de diez años, las Juntas Internas de los Hospitales Borda, Tobar García, Moyano y de Talleres Protegidos realizarán este miércoles 26 de abril una conmemoración. La cita es a las 10 de la mañana en el Borda. Habrá música, olla popular e intervenciones artísticas. Dicen les trabajadores: «A 10 años de la locura más grande de la historia, exigimos justicia. Queremos juicio y castigo a los responsables políticos e intelectuales: Macri, Vidal, Larreta, Montenegro, Reybaud y los jefes de la entonces Policía Metropolitana. Es una fecha que nos interpela, nos lleva a pensar cómo construimos día a día el lugar que ocupamos dentro de los hospitales y dentro de Talleres Protegidos; queremos garantizar con nuestro trabajo diario la salud pública, gratuita y de calidad para todos y todas”.

25.4.2023

El 26 de abril de 2013 la por entonces Policía Metropolitana destruyó, por orden del gobierno porteño a cargo de Mauricio Macri, el Taller Protegido destinado a la salud mental del Hospital. Hubo decenas de heridos y 9 detenidos. Al cumplirse 10 años, este miércoles 26 de abril, desde las 9.30, habrá diferentes actos dentro y fuera del nosocomio, ubicado en Ramón Carrillo al 300 de la Ciudad de Buenos Aires. Para recordar lo ocurrido y exigir justicia.

Compartimos nota de Silvia Raggio, publicada en Nota al Pie:
A 10 años de la represión en el Hospital Borda, una jornada para no olvidar
Este miércoles, trabajadores de hospitales públicos nucleados en ATE realizarán actividades en memoria del fatídico hecho ejecutado por la Policía Metropolitana, por orden del Gobierno porteño liderado por Mauricio Macri.
Trabajadores estatales de los hospitales públicos y talleres protegidos porteños, nucleades en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), realizarán una jornada de conmemoración y pedido de justicia por la represión que sufrieron hace 10 años en el Hospital Borda.
La misma es organizada por las juntas internas de los Hospitales Borda, Tobar García, Moyano y Talleres Protegidos. La actividad se desarrollará este miércoles a partir de las 9:30, en la institución de salud que se encuentra en Ramón Carrillo al 300, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El 26 de abril de 2013, la policía Metropolitana irrumpió a la fuerza en dicho nosocomio con el fin de garantizar el comienzo de las obras del futuro Centro Cívico. Allí se pretendía relocalizar algunos ministerios del Gobierno de la Ciudad, encabezado por Mauricio Macri. La represión dejó más de 50 herides, además de la consecuente demolición del Taller Protegido Intrahospitalario 19.
En este sentido, tanto las organizaciones sindicales como representantes de la salud mental llevarán a cabo un nuevo pedido de justicia para les responsables políticos. Asimismo, van a solicitar la construcción de un nuevo taller protegido.
Cabe resaltar que los talleres protegidos son espacios de inclusión socio-laboral donde se trabaja en la producción de bienes o servicios. En el caso del Hospital Borda, se dedican a la resocialización de les pacientes.

La salud mental en juego

“El 26 de abril es una fecha en que se conmemoran muchas cosas: el inicio de lo que fue la resistencia para defender los hospitales públicos de salud mental y la unidad de trabajadores poniendo el cuerpo para defender nuestros espacios”, expresó la secretaria general de la Junta Interna de ATE en el Hospital Borda, Gabriela Sánchez, a Télam. También sostuvo que esa fecha representa un hecho político que no debe ser olvidado.
“El 26 de abril no solo nos vinieron a decir que no les interesaba la salud mental en la Ciudad, sino que vinieron a apropiarse de nuestros terrenos para un negocio inmobiliario”, indicó.
Además, remarcó que “es una fecha que nos interpela, nos lleva a pensar cómo construimos día a día el lugar que ocupamos dentro de los hospitales y dentro de Talleres Protegidos. Queremos garantizar con nuestro trabajo diario la salud pública, gratuita y de calidad para todos y todas”.
Para el secretario general de la Junta Interna de ATE en Talleres Protegidos, Gustavo Fernández Ferro, el 26 de abril es una fecha que representa mucho más que la represión y demolición del Taller. En ese sentido, expresó a Télam que “representa el modelo de salud que quiere el Gobierno de la Ciudad para los y las trabajadoras, pero también para los y las ciudadanas de la Ciudad y Argentina”.
“Ellos quieren reducir todo, quieren destruir la salud. Lo vienen haciendo a cuentagotas, pero en ese momento fue la visión más clara de lo que ellos pretenden”, manifestó. Por esta razón, enfatizó en que “la lucha sigue, la salud se defiende con el cuerpo, con el alma y con el corazón”.

El pedido de justicia

A través de un comunicado, desde ATE expresaron: “Aquel día de 2013 quedó al descubierto la verdadera cara del proyecto deshumanizador y represor macrista. Pero también demostró el grado de unidad y consciencia de los trabajadores y las trabajadoras para defender la salud pública”.
Sin embargo, en la actualidad aún no hay culpables y todo sigue impune. “A 10 años de la locura más grande de la historia, exigimos justicia. Queremos juicio y castigo a los responsables políticos e intelectuales: Macri, Vidal, Larreta, Montenegro y los jefes de la entonces Policía Metropolitana”. En ese sentido, agregaron: “Queremos la reconstrucción del Taller Protegido 19 en el lugar en que estaba”.
Durante la madrugada del 26 de abril de 2013, y en contra de una orden judicial, la policía Metropolitana ingresó al predio y demolió el Taller Protegido 19. Les efectives reprimieron a quienes se oponían. No sólo se agredió al personal de los hospitales Borda, Moyano, Tobar García y de Talleres Protegidos, sino que también fueron baleades y apresades legisladores y trabajadores de prensa. Como resultado, hubo más de 50 herides, 7 detenides y una causa judicial contra les trabajadores por agredir a la policía.
El objetivo del gobierno porteño era relocalizar algunos ministerios que, hasta ese entonces, funcionaban en el Palacio del Plata y en Bolívar 1.
El lunes 29 de abril de 2013, la Justicia debía informar si autorizaba la construcción del Centro Cívico en dicho predio. Pero 3 días antes, sin respetar la medida cautelar, el Gobierno de la Ciudad decidió demoler el Taller Protegido 19.
Desde las juntas internas, tanto del Hospital Borda como de Talleres Protegidos en ATE, presentaron pruebas de que la obra no contaba con el análisis de impacto ambiental.
De igual modo, demostraron que tras el cierre del taller se perjudicó el tratamiento de les pacientes. En esa línea, denunciaron que el lugar al cual serían trasladades, tanto el personal como les pacientes, no contaba con las condiciones mínimas de salubridad y seguridad. Por último, sostenían que reparar el edificio donde funcionaba el Taller Protegido 19 tenía un costo mucho menor que la construcción de un nuevo edificio.

24.4.2023

Por José Cornejo

Diálogo con Sebastián Díaz, delegado del SiPreBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires) en Clarín, y con Carla Gaudensi, secretaria adjunta del mismo gremio y secretaria general de Fatpren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) sobre la situación que se vive en el multimedio a raíz del despido de 48 trabajadores.

Repasemos la situación a raíz de los 48 despidos y la posterior conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Sebastián Díaz: El domingo a las cinco de la mañana llegaron los mails. Una modalidad muy similar a la que utilizaron en 2019, cuando hubo 65 despidos. De hecho, casi la misma fecha porque fueron un 17 de abril y estos un 16. Casi sádica la coincidencia.
A algunas personas les llegaba un mail con la carta de Héctor Aranda, que es el CEO de Agea (Arte Gráfico Editorial Argentino), dirigida al personal que iba a continuar en la empresa para el camino de “digitalización y nuevas formas de comunicación”. Otro mail a quienes fueron despedidos, que era imposible que les llegara porque en simultáneo les cerrar sus cuentas de correo electrónico, con lo cual se fueron enterando a medida que intentaban ingresar a sus casillas.
Cuando empezaron a llegar los telegramas ya el Ministerio de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria, por lo que no tenían ningún valor. En un principio no acataron la conciliación. Los primeros días que tuvimos que enviar escribanos e inspectores del Ministerio que tuvieron que certificar y elaborar actas de que Clarín no dejaba entrar a los trabajadores.

¿Qué ocurre cuando le dan aviso al gremio?
SD: Nos juntamos en la puerta de la sede de Clarín, nuevamente vallada. Nos comunicamos rápidamente con los y las compañeros del sindicato, que incluso en algunos casos se comunicaron primero porque no cualquiera está atento un domingo a la mañana revisando su mail del trabajo.
Convocamos una asamblea para las 15hs y decidimos, como respuesta y como comienzo del plan de lucha para revertir los despidos, llamar a un paro general. Casi en paralelo, el Ministerio dictó la conciliación obligatoria.
Carla Gaudensi: Convocamos a un paro general de todo el gremio periodístico porque nos parecía que la situación era demasiado grave. Ya lo habíamos vivido una vez. Elegir la fecha nos parece sumamente perverso por parte de la empresa y nosotros ya veníamos con acciones por el tema salarial.

¿Están muy atrasados los salarios de los periodistas?
SD: Un redactor con entre diez y quince años en Clarín, que está siete horas, son 150 mil pesos, a más de cuarenta mil de la canasta básica. Ese es el promedio, no porque sea un caso particular por ser activista y que Clarín me discrimina. Es el promedio de los laburantes de Olé, Clarín y todo lo que es Agea.

¿Cuál fue el accionar de la empresa ante la conciliación obligatoria?
SD: Primero no acataba y no había dado ninguna respuesta, sólo silencio. Seguía todo vallado sin dejar ingresar a las y los compañeros. Después de que llegan los inspectores del Ministerio empieza a buscar una especie de forma de trabajo para aquellos que habían sido despedidos, pero no dentro del edificio sino como teletrabajo. El punto es que no se estaban sentando a negociar. No habían ido a la primera audiencia del Ministerio de Trabajo que fue el lunes.
CG: Un dato a agregar es la suma importancia de la conciliación obligatoria. En 2019 de parte de lo que era la degradada Secretaría de Trabajo no tuvimos en ningún momento ningún tipo de comunicación, ni siquiera audiencia, por los 65 despidos. Hubo una maniobra por parte del Grupo Clarín de que nos sentáramos a discutir en la Secretaría de la Ciudad de Buenos Aires, que también había dictado conciliación obligatoria lo que es realmente inédito dados sus antecedentes en conflictos con los trabajadores. No nos notificaron, no sé cómo pretendían que nos enteráramos, porque no existen notificaciones formales de parte de dicho organismo.
En ese sentido, nosotros dijimos que teníamos que ir a Nación porque había despidos en las corresponsalías de distintos puntos del país. El ámbito en el que nos tocaba discutir no era la Ciudad sino que la excedía. Además es una empresa que tiene territorialidad nacional, lo que implica que tengamos ese ámbito para discutir.

¿El capítulo de los despidos de 2019 cómo termina?
SD: Hubo cuatro reincorporaciones, algunas mejoras para quienes seguimos trabajando y una serie de promesas que luego incumplieron. Si uno piensa que de 65 despidos hubo sólo cuatro es muy chiquito, pero hacer retroceder a Clarín es, en términos metafóricos, como mover un elefante.

Otra coincidencia es que ese año también fue electoral, como si fuera a modo de revancha y preparación de los sectores patronales para el ajuste y los despidos.
SD: Era un año electoral en el que el gobierno posiblemente iba a cambiar, pero por uno no tan afín a Clarín, por lo que la lógica era ajustar de manera previa. En este momento, yo pensé que el ajuste lo iban a hacer después. Me parece que es una manera de marcarle la cancha al gobierno y también al sindicato.
CG: Hacemos esa lectura porque acá no hay ningún problema económico. El Grupo no está en crisis. Sabemos su posición en el mapa de medios, no podemos pensar que la empresa más grande está en crisis cuando además tiene la telefonía y el cable. No se miden por una única unidad de negocios como ellos nos quieren decir cuando discuten salarios con nosotros. Esta vez ni siquiera fue así pero es lo que suelen argumentar, por eso tenemos los salarios que tenemos.
Nosotros leemos que esto era sumamente político, que si el Ministerio de Trabajo y los sectores de los trabajadores no teníamos reacción nos seguían ajustando el salario, porque nos están condenando a que si no se siente el SiPreBA vamos a tener una rebaja salarial de más del 29% en lo que va de este año, lo cual es una experiencia de los últimos seis al menos. La diferencia es que ahora la maniobra que hacen los empresarios abiertamente con la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), que dejó de representarnos y por la cual nos armamos nuestra propia herramienta, es llegar al 60% en 2023 con una inflación del 104,4% acumulada.

Clarín se sienta con UTPBA porque les firma lo que quieren básicamente.
CG: Lo que hicieron fue una maniobra de ir a la Justicia para ver si hay algún magistrado o magistrada que quiera fallar a su favor, y de un sello y una cascara como es la UTPBA. Nosotros estamos diciendo que claramente son la punta de lanza de ese disciplinamiento para el resto de las empresas porque en la Ciudad de Buenos Aires estamos discutiendo con los principales medios de comunicación, ya sea Infobae, Perfil o Página 12, donde no hay ninguna grieta. Hoy no quieren discutir con el SiPreBA porque somos el sindicato que está en las redacciones.

¿Cuál es la situación actual del conflicto en Clarín?
SD: Estamos en una mesa de negociación con la empresa y con SiPreBA. A la primera audiencia faltaron y tuvimos una segunda en el Ministerio de Trabajo el martes. En estos días hubo también reuniones privadas entre la empresa, el sindicato y la comisión interna. Por su parte va la gerenta y un abogado.

¿Cómo es la postura de los representantes de esa parte?
CG: Hay un poco de decisión que trasciende ciertas líneas con las que uno discute. Mandan un mail y no es casual que lo firme el CEO de la empresa. Es un mensaje. Está claro que la decisión la toma el Grupo y nosotros nos tenemos que sentar a discutir con los que la empresa manda, sabiendo que no quieren dar el brazo a torcer y que la pelea que encaremos va a ser lo que pueda torcer.
Para nosotros todo avance de reincorporar a quienes volver y no perder la organización que ellos construyeron muy fuertemente y también nuestro secretario Francisco “Paco” Rabini que es referente y fue quien rearmó toda esa comisión interna después de que habían echado a todos en el año 2000. En 2002 la recuperan y ahora mantienen esa organización que es lo que hoy permite que el SiPreBA también tenga el lugar que tiene.
Somos fuertes en los medios públicos, que sufrimos durante el macrismo un ajuste brutal y un intento de cierre y sabemos que nos quieren cerrar si viniera Larreta, Bullrich no Milei. Ahora, sabemos que sin los medios privados el sindicato deja de existir. Esa fortaleza de organización que tienen los compañeros y compañeras es fundamental.
SD: Fíjate la contradicción. La paritaria se la sientan a discutir con otro sindicato pero en este conflicto mandan mails actualizando la situación del conflicto y dicen SiPreBA. Nos legitiman y nos reconocen. Ahora, para discutir salarios se hacen los tontos y firman con su socio.

En su momento había una discusión en el kirchnerismo porque un sector planteaba que los trabajadores de Clarín no eran nuestros enemigos, que no eran lo mismo que Héctor Magnetto.
SD: Al calor de la guerra entre el kirchnerismo y Clarín también se pudo construir la comisión interna y recuperar la actividad gremial. Después del 2000, cuando hubo 117 despidos y echaron a toda la junta electoral y a todo el activismo, se tardaron doce años en recuperar y tener una comisión interna, por lo que es en 2012, hablamos de pleno conflicto.
Esa coyuntura en la que Clarín estaba en el ojo de la tormenta, donde se discutía sobre cómo se movía y actuaba, y también había una decisión política del gobierno de aquel entonces de no dejarle pasar una y en todo lo que pudiera contarle las costillas, se dio un terreno fértil para que recuperáramos la actividad gremial.

Es casi en paralelo a la conformación del SiPreBA.
CG: La conformación en realidad es 2015 y el año anterior es el plebiscito. Antes nos presentábamos como plenario de delegados y delegadas de las distintas ramas. Después fue el germen del SiPreBA, incluso habiendo dado la discusión de querer ganar el sindicato. Quisimos participar democráticamente y no nos dejaron otro camino.
Lo que vemos ahora es que alguien que en su momento se dijo representante de los trabajadores no puede sentarse con las patronales a pedirles que no se sienten con nosotros a negociar el salario después de la personería. Siempre dijimos que el SiPreBA tenía que estar en la paritaria, pero nunca que no esté UTPBA porque sabíamos que era atentar contra nuestro propio salario y nuestras propias condiciones dentro de un medio de comunicación.

En la actividad privada es distinto al Estado.
CG: La ley sindical no permite que en la actividad privada haya dos sindicatos sentándose en la mesa. En el Estado, con lo que sacó Néstor Kirchner en 2003, permitió que haya más. Mientras UTPBA tenga la personería que se siente, pero también nosotros como legítimos representantes de los trabajadores, que seamos parte de esa discusión. Nunca fuimos al Ministerio a pedir que ellos no se sienten ni les presentamos a las cámaras empresariales una nota. Ellos, apenas nos salió la personería, fueron a decirle a los empresarios que no se sienten con nosotros y eso lo único que trajo es rebajas salariales y peores condiciones para nuestros compañeros. Hoy ni siquiera estamos pidiendo aumento salarial sino mantener el salario.
Me parece que, a cuarenta años de la recuperación de la democracia, hay que debatir la comunicación y por qué tenemos trabajadores de prensa en medios importantes. Sabemos que los medios, por un lado, funcionan por un rol social, que es el que entendemos nosotros, pero también en el poder de lobby. ¿Cómo vas a tener periodistas pobres que son los que hacen esa tarea? No va a dejar de existir el periodismo. Puede haber reconversión tecnológica y la inteligencia artificial no reemplaza.
SD: Hay un intento claro de convertir este noble oficio en un hobby, en el que ya no puedas vivir de ser un profesional de periodismo. Como si fuera algo a lo que le dedicas en tu tiempo libre porque no te alcanza la plata para vivir. Si cobras 150 mil pesos necesitas otro trabajo en el que tengas el mismo salario para poder llegar a fin de mes.

En concreto, ¿cómo fue el rol del Ministerio de Trabajo de la Nación?
SD: De momento, bien. Tomó intervención muy rápido. Lo mismo la convocatoria a la audiencia y la insistencia para que Clarín acatara la conciliación obligatoria. En ese sentido, las diferencias con lo que ocurrió en 2019 son absolutas. Mandaron inspectores y también hubo una escribana que nosotros contratamos para certificar si se estaba cumpliendo o no.
CG: Las inspecciones fueron fundamentales porque después tienen consecuencias económicas. Si estás incumpliendo una conciliación obligatoria y no dejas ingresar a los trabajadores, hay consecuencias. Ellos fueron el lunes y el martes, dos días. Eso es fundamental.

¿Por qué les parece que se hace este ajuste hoy? ¿Por qué no esperar a un gobierno más afín?
SD: Creo que es una respuesta en forma de contraataque a que el Ministerio de Trabajo de la Nación le haya otorgado la personería gremial al SiPreBA. Creo que es un vuelto también porque hace algunas semanas la Justicia obligó a Clarín a reincorporar a un trabajador echado de forma ilegal por ser de la junta electoral de su planta impresora y además pagarle todos los sueldos que estaban sin abonar
CG: Era jornalero, lo llamaban por día y después de la elección y que fue junta electoral lo dejaron de llamar. Por esa laboral tiene fueros y eso lo reconoció la Justicia. Además, tuvieron que pasarlo a planta permanente y no más como jornalero.

No estaban bastante contentos entonces.
SD: Además hay que pensar que no son sólo ellos, sino que Clarín es quien encabeza la cámara empresarial. Lo vemos como un mensaje no sólo a los trabajadores de la empresa sino contra el colectivo de prensa de toda la Ciudad de Buenos Aires.
CG: En este contexto, esta es la parte que nos afecta directamente porque somos trabajadores de prensa y estamos en el sindicato. Ellos te quieren correr el eje y lo que están mostrando este año, en el que la oposición se siente totalmente ganadora, lo cual se pone en discusión por los frentes internos que tienen que resolver, es que arrancan con los despidos y, si no hay reacción del gobierno, pasan para seguir ajustando con el salario. Por lo tanto, de alguna manera, ya tendrían cómo discutir esa reforma laboral que tanto anhelan.

Otra cuestión es la posición pública de la oposición con su deseo de cerrar los medios públicos.
CG: Varias de las voces que escuchamos ya estuvieron en el gobierno y nunca entendieron lo que eran los medios públicos. No entienden la dimensión federal, la democratización de la información y el crecimiento que tuvieron. Hoy Télam no es sólo hacer cables, sino que tiene un rol hacia afuera con su portal, sus redes sociales, su área audiovisual, una radio, posiblemente el archivo fotográfico más grande de Argentina. Todo eso sólo piensan cómo destruirlo.
Es una obsesión con la destrucción, lo mismo con el canal público y la radio nacional que llegan a distintos puntos del país donde ellos no. Es eficiente, además. Eso se vio reflejado en que pudimos enfrentar los despidos y revertirlos. También porque tuvimos el apoyo de la sociedad, pudimos contar la importancia de los medios públicos. Ellos siguen con una línea de ensañamiento porque no comprenden. Nombran la BBC siempre y se sostienen con la misma cantidad de trabajadores que tenemos acá. A Javier Milei lo invitamos a recorrer y conocer lo que se hacen porque no debe tener ni idea de lo que es un medio público y por eso dice que es lo que primero va a cerrar.
SD: A modo de ejemplo, en el conflicto con Clarín necesitamos los medios públicos para que aparezca en algún lado. No viene Página 12, ni Infobae ni La Nación a cubrir la noticia.