Comunicadores del Sur

26.6.2013

(Marcha) A dos meses de la represión de la metropolitana en el Borda, organizaciones sociales, sindicales y de la salud presentaron junto a todo el arco opositor de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto para frenar la construcción del centro cívico en los terrenos del hospital.

El proyecto de ley presentado el lunes pasado, que será debatido primeramente por las comisiones de Planeamiento Urbano y Salud y luego por la Legislatura, protege las tierras de todos los hospitales públicos porteños y estipula que los predios donde se encuentran los hospitales de salud mental Borda y Moyano, el infanto-juvenil Carolina Tobar García, el ex hospital Guillermo Rawson y los Talleres Protegidos de Rehabilitación en Salud Mental,  “sean destinados exclusivamente a proyectos de salud pública y salud mental del subsector estatal”.

La iniciativa fue presentada por Debora Baldomá, la referente del dispositivo de rehabilitación “Pan del Borda”, una panificadora donde trabajan mas de veinte pacientes desde hace once años, y cuenta con el acompañamiento de la Asociación Civil Cooperanza, la Comisión Impulsora del Nodo de Promoción de Salud, la Agrupación La Cueva en Defensa de la Publico, la Asociación Civil La Colifata, el Encuentro de Prácticas Comunitarias en Salud, el Frente de Artistas del Borda y la Asociación Civil Taller del Tomate.

También acompañaron la presentación del proyecto diputados de los bloques Frente Para la Victoria, MST, Buenos Aires para Todos, Proyecto Sur, Nuevo Encuentro, Frente Progresista y Popular, Coalición Cívica y Unión Cívica Radical.

Radio Sur conversó con la legisladora de la ciudad de Buenos Aires, Laura García Tuñón, quien estuvo en el Borda durante el operativo de la Policía Metropolitana en el que fueron reprimidos trabajadores, pacientes, legisladores y periodistas que resistían las obras de demolición.

La legisladora remarcó el acompañamiento de todos los bloques opositores al proyecto como fruto de que haya sido redactado por las organizaciones y resaltó la importancia de que el tema se instale a nivel social.

“Lo que tuvieron de muy bueno las organizaciones fue no solo quedarse en la presentación del proyecto y nada mas, sino lo que se hizo en la legislatura, donde hubo muchos medios de prensa. Están haciendo jornadas en la Facultad de Psicología, en centros culturales, están juntado firmas entre vecinos, entonces puede que desde lo legislativo todavía no salga, pero con mayor instalación publica por lo menos se está consiguiendo que se frene la construcción del centro cívico, que se revea la situación, que empiece a entrar en la sociedad el bichito de que algo pasa ahí adentro”, afirmó García Tuñón.

La iniciativa establece la prohibición de la realización de “obras del denominado Centro Cívico, Descentralidad Administrativa, Distrito Gubernamental” que se viene promoviendo desde la gestión del gobierno de Macri hace algunos años y que en las últimas semanas se reforzó con el avance de las maquinas topadoras para demoler uno de los talleres protegidos.

La autora del proyecto, Debora Baldomá, afirmó que se busca frenar el negocio inmobiliario y que la discusión tiene que ver con la quita de recursos a la salud pública.

“Buscamos ponerle un freno al negocio inmobiliario privado en terrenos que son de un hospital público: la represión puso en discusión el problema de la salud pública y del Borda, que viene siendo vaciado y desfinanciado sistemáticamente desde que subió Mauricio Macri al gobierno”, aseguró Baldomá.

24.6.2013

Mañana, martes 25 de Junio, a partir de las 11 hs se llevará a cabo en el Salón San Martín de la Legislatura Porteña el Seminario: "Aportes para la Implementación de un Observatorio de Casos de Violencia Institucional en la Ciudad" que contará con la presencia de referentes de organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos.

En las distintas mesas que se llevarán a cabo entre las 11hs y las 16hs participarán: Claudia Cesaroni (CEPOC), Pablo Ferreyra (Referente Social y querellante en la causa Mariano Ferreyra), María Elia Capella (ODH),Eduardo López (UTE), Cecilia Merchán (Coordinadora de Articulación Estratégica de Jefatura de Gabinete), Diana Aravena (Putos Peronistas), María Angélica Urquiza (Madre de Jonathan "Kiki" Lezcano), María Fernanda Benitez (Sec Gral SADOP CABA), Manuel Tufró (CELS), Patricia Gómez (Frente Nacional por la Igualdad Evita) entre otros y otras.

Estarán presentes los diputados y diputadas: Leonardo Groso (FPV), Franciso "Tito" Nenna (FPV), Gabriela Alegre (FPV) y Claudia Neira (Bs As 20/21)

El objetivo del Seminario es contribuir a la discusión sobre la necesidad de un Observatorio de Casos de Violencia Institucional en la Ciudad autónoma de Buenos Aires. Un proyecto de ley en este sentido ha sido presentado por la CEPOC, el ODH y Pablo Ferreyra, y ha sido impulsado en la Legislatura Porteña por la Diputada Claudia Neira del bloque Bs As 20/21.

El seminario es convocado por la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, la Presidencia de la Comisión Especial de Políticas Públicas para la Ciudadanía Plena de la Legislatura, el CEPOC y el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad (ODH).

19.6.2013

Luego de una ocupación pacífica en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, el Ministro Diego Santilli escuchó la problemática y emergencia sanitaria que existe en las villas de la Ciudad y se comprometió a contemplar en el nuevo pliego de recolección de residuos las demandas de Villas al Frente.

Durante el mediodía de hoy (18 de Junio), los vecinos y vecinas que forman el Movimiento “Villas al Frente” sostuvieron una toma pacífica del Ministerio de Espacio Público. La medida fue en reclamo a la falta de respuesta ante la problemática de la basura en ls villas y a las propuestas de modificación del pliego planteadas.

El 12 de junio, desde el Movimiento “Villas al Frente” presentaron un petitorio ante el Ministerio de Ambiente y Espacio Público con propuestas para ser incorporadas en el pliego de licitación de recolección de residuos que actualmente está en proceso de adjudicación. Este pliego establece estándares de prestación discriminatorios con respecto al resto de la Ciudad y no adecuados para garantizar la higiene de todos los barrios.

                                                                                                                                             Frente a la ocupación y protesta, el ministro Santilli accedió a tener una reunión con representantes de las distintas villas. En ella plantearon la necesidad que el pliego sea modificado y reiteraron sus propuestas.

Gracias a la lucha y a la representatividad de los distintos barrios y villas, el Ministerio se comprometió a emitir una circular modificatoria de los pliegos de la licitación adecuándolos a algunas de sus demandas.

Las modificaciones que el Ministerio aceptó son las siguientes:

        Contenedores de metal en todas las villas.

        La no localización de los contenedores en frente o en las cercanías de Establecimientos de Salud o Educativos.

        Cestos antivandálicos y metálicos en todas las villas.

        La igualdad en la prestación del servicio en la zona testigo que comprende a la Comuna 8 y que se encuentra por fuera del objeto de la licitación.

        Mesas de trabajo participativas para la comuna 8 y por villa para armar planes de trabajo a fin de mejorar la prestación del servicio de recolección de residuos.

Además, el martes próximo habrá una nueva reunión con funcionarios para trabajar las siguientes propuestas:

        Una cantidad mínima de dos contenedores por cuadra.

        Recorridos de recolección de basura en horarios nocturnos.

        Participación en los planes de trabajo referidos al barrido y limpieza en las partes internas de las villas.

18.6.2013

Víctimas de la tragedia ferroviara de Castelar en la que murieron tres personas y hubo más de 300 heridos pidieron hoy la declaración indagatoria de Aldo Benito Roggio y Gabriel Romero, titulares de la concesionaria que opera el tren Sarmiento.

El pedido lo hicieron más de 40 víctimas por medio del abogado Gregorio Dalbón, quien pidió además que se les imponga a los titulares de los grupos económicos que conforman UGOFE (Unión de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia) la prohibición de salida del país.

En el escrito presentado ante el juez federal de Morón Jorge Rodríguez, la querella recordó que esos empresarios "tienen a su cargo la explotación de la línea férrea donde tuvo lugar el luctuoso hecho investigado, resultan ser penalmente responsables de su comisión en atención a que el mismo pudo haberse derivado de una injustificable falla del sistema de frenos de la formación embistiente".

El accidente del jueves pasado tuvo lugar entre las estaciones Morón y Castelar y cuando una formación embistió a otra por detrás y que estaba frenada sobre la vía.

Dalbón pidió ser tenido como parte querellante, lo que le permitiría impulsar la investigación y sugerir medidas de prueba, y en ese sentido pidió al juez que allane las oficinas de UGOFE para recabar "toda la documentación relativa a los controles efectuados sobre el sistema de frenos, los legajos correspondientes a los conductores, las revisiones técnicas de dichas formaciones así como también cualquier otro dato de interés para la dilucidación de la causa".

El abogado sugirió como medida de prueba que el juez cite a declarar como testigos a Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte; a Alejandro Ramos, responsable del área del Ministerio de Transporte de la Nación; y a Marcos Antonio Córdoba, el chofer que protagonizó la tragedia ferroviaria de Once.

También pidió que se realice una pericia contable sobre UGOFE, y "sobre las cuentas corrientes, cajas de ahorro, fideicomisos dentro y fuera del país cuya titularidad sea atribuible a Gabriel Romero, Aldo Benito Roggio y a la totalidad de las sociedades vinculadas con los mismos", y con el objetivo de indagar el destino de los subsidios estatales.

Por último, el letrado reclamó que se prohíba al Estado "revelar secretos" de la investigación penal para "la preservación de la prueba y para impedir que su artera manipulación sea utilizada para mejorar la situación procesal de los imputados".
.
El gremio defiende al maquinista
.
El secretario de prensa del gremio La Fraternidad, Horacio Caminos, acuso al ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, de someter a un "juicio mediático" a Daniel López, el motorman del tren que embistió a otro en el trágico accidente de Castelar, al difundir fotos del tablero de la formación.

"Hay una clara actitud de condenar a nuestro compañero en un juicio mediático, que a veces tiene mucho valor también", se quejó hoy el sindicalista.

Caminos dijo que desde el sindicato "repudian esa actitud porque no obedece a cuestiones objetivas" y aseguró, en cuanto a las fotos difundidas, que se trata de "datos parciales y menores".

Caminos acusó a Randazzo de "mentirle a la opinión pública", mientras que negó que los frenos de la formación Chapa 1, que chocó a la Chapa 19 en el accidente ocurrido el jueves con un saldo de tres muertos y 315 heridos, haya sido reparado a nuevo, tal cual había informado el funcionario.

"Es falso que se reparó totalmente el equipo. Lo que se hizo fue una reparación sobre el núcleo grande, sobre el freno no hubo ninguna reparación, y tampoco sobre las computadoras que dan la orden de frenado a los frenos", expresó en ese sentido.

El sábado último, el Gobierno difundió tres fotos que demostrarían que el maquinista del tren que embistió a otro en Castelar, con un saldo de tres muertos y 315 heridos, no accionó los frenos.

Esa hipótesis fue ratificada por el titular de la Comisión Nacional de Transporte (CNRT), Ariel Franetovich, quien aseguró que "no hay ninguna evidencia de que el conductor haya intentado frenar la formación".

"La palanca de velocidad quedó en el máximo y el panel del freno no fue activado", expresó el funcionario tras aportar documentación en el Juzgado Federal de Morón, donde era indagado el maquinista Daniel López.

Las fotos difundidas por el Ministerio del Interior y Transporte de la Nación muestran un tablero reluciente, donde el tacómetro muestra una velocidad de 60 kilómetros por hora, la palanca de velocidad en su posición de máxima y el freno de emergencia sin activar.

Este domingo, los dos maquinistas involucrados en el trágico choque de trenes fueron liberados tras permanecer detenidos desde el sábado, aunque el motorman López seguirá imputado por "estrago doloso seguido de muerte".

La decisión la adoptó el juez federal número 2 de Morón Jorge Rodríguez, quien decidió excarcelar y dictar la falta de mérito para el conductor del tren 3725 chapa 19, Raúl Ahumada, quien a última hora del sábado regresó a su casa, mientras que López también recuperó la libertad pero permanecerá imputado en la causa.

17.6.2013

Los dos maquinistas involucrados en el trágico choque de trenes ocurrido en Castelar y que dejó como saldo 3 muertos y 315 heridos, fueron liberados, tras una decisión adoptada por el juez federal Jorge Rodríguez

Raúl Ahumada, que es quien manejaba el tren chocado el jueves por la mañana, a cinco cuadras de la estación de Castelar, quedó en libertad ayer por la tarde a mientras que Daniel López, el otro motorman que fue parte del siniestro y que conducía la formación que impactó con la que estaba detenida, salió este mediodía.

La información fue confirmada por el sindicalista Horacio Caminos quien remarcó que López se trata de "un excelente compañero con una foja impecable" y cuestionó al ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, por sumar datos "tendenciosos para generar responsabilidad" en el trabajador.

La excarcelación de López fue dictada por la Justicia fue también confirmada por Valeria Corbacho, abogada del maquinista, quien más temprano había revelado a Infobae que la empresa le había "llamado la atención" a su defendido por llegar más tarde de lo estipulado con la formación que conducía.