Comunicadores del Sur

25.6.2023

Por Santiago Brunetto

El rechazo al nuevo Código Urbanístico (CUR) de la Ciudad de Buenos Aires se sigue expandiendo por los barrios porteños. Los vecinos de Villa del Parque también presentaron un proyecto de ley para limitar las alturas y capacidades constructivas que habilitó el CUR para los nuevos edificios: se sumaron así a una lista que ya incluye a los barrios de Palermo, Chacarita, Núñez, Belgrano y Villa Ortúzar. Según advierten, tras la aprobación del nuevo Código, en el barrio hay actualmente más de 100 obras en marcha y más de 350 inmuebles en venta.

“El presente proyecto surge a causa de los múltiples reclamos de vecinos y vecinas de la Comuna 11, que organizados y representados por la agrupación Conciencia Urbana, solicitamos readecuar, en sectores representativos de nuestros barrios, diversos aspectos de la normativa urbanística vigente que constituyen un riesgo tanto para sus características identitarias como para la calidad de vida de todos los habitantes”. Así comienzan los vecinos de Villa del Parque sus fundamentos del proyecto de ley presentado en la Legislatura Porteña.

La demanda ciudadana

La iniciativa vecinal apunta a “restringir y ajustar determinados criterios normativos del CUR” en cuatro polígonos dentro del barrio, y en una pequeña parte de Villa Devoto, que según advierten, “concentran hoy un alto nivel de preocupación y demanda ciudadana”. La primera de esas zonas está entre las avenidas Beiró, San Martín, Nazca, Nogoyá y la calle Joaquín. V. González; la segunda, entre las calles Sanabria, Baigorria, Joaquín. V. González, Nogoyá y las avenidas Nazca y Jonte; la tercera, entre Nazca, Nogoyá y San Martín; y el cuarto polígono queda entre Nazca, Nogoya, San Martín y Jonte.
En esas zonas, plantean los vecinos, se observa una contradicción entre las edificaciones habilitadas por el viejo Código de Planeamiento Urbano (CPU) y el nuevo CUR aprobado en 2018. La principal crítica al nuevo CUR radica en la ampliación de capacidades constructivas y alturas permitidas, lo que incrementa los valores de los terrenos y el interés inmobiliario sobre la zona. El CPU permitía edificaciones de, cuanto mucho, unos 18 metros de altura, mientras que el CUR elevó las alturas a lo que establece como Unidad de Sustentabilidad de Altura Alta y Unidad de Sustentabilidad de Altura Media, según la zona.

Los fundamentos vecinales

Los vecinos escribieron en los fundamentos del proyecto que el cambio de normativa incentivó “la transformación de sectores residenciales de escala baja y corredores barriales de insuficiente capacidad ambiental, con nuevos parámetros normativos que incrementan exponencialmente la capacidad constructiva, duplican la altura edilicia, disminuyen el suelo absorbente y alteran los usos y actividades existentes”.
El proyecto vecinal plantea “restringir la altura de los corredores Cuenca, Nogoyá, Jonte, Sanabria, y el frente de la Plaza Aristóbulo del Valle” a una altura máxima de entre 11,6 a 14,6 metros, y “consolidar grandes áreas residenciales de baja escala entre corredores comerciales” con una altura máxima de 9 metros. Sólo para los “corredores principales” de las avenidas Beiró, San Martín y Nazca se dejaría una altura máxima de entre 22,8 y 29.8 metros.
Conciencia Urbana también realizó un relevamiento para determinar en números el avance inmobiliario producido por la nueva normativa. Ya en octubre del año pasado desde la organización alertaban a este diario sobre la situación que, en un primer relevamiento realizado sólo en las calles céntricas del barrio, arrojaba más de veinte demoliciones de casas que serían reemplazadas por nuevos edificios. Ahora los vecinos ampliaron el alcance del relevamiento a todo el barrio y detectaron que hay 118 obras en construcción. Desde la organización aseguraron que también hay 381 propiedades en venta.
Villa del Parque se suma así a la lista de barrios que ya presentaron proyectos en la Legislatura para modificar la normativa del nuevo CUR. Hasta el momento hubo sólo dos casos exitosos, ya que el año pasado la Legislatura aprobó leyes que retrotrajeron los parámetros constructivos a lo establecido en el viejo CPU en las zonas de Lomas de Núñez y parte del Bajo Belgrano. Barrios como Villa Ortúzar, Palermo y Chacarita también presentaron proyectos similares, pero aún no tuvieron el aval del oficialismo para avanzar en el recinto. En los últimos meses, en Boedo, Almagro y Balvanera también empezaron a organizarse para rechazar el impacto del CUR.

Los problemas de Villa del Parque

El barrio de Villa del Parque sufre también las consecuencias de la falta de protección patrimonial de varias viviendas ante el incumplimiento de la Ley 3056. Por esa ley, aprobada en 2009, se creó el procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial y se estableció la protección para los inmuebles catalogados “cuyos planos hayan sido registrados antes del 31 de diciembre de 1941”. A través de un relevamiento realizado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA, el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales seleccionó 18.500 inmuebles de un universo de 141.000 anteriores a 1942.
Sin embargo, la protección de esos inmuebles debe ser aprobada por la Legislatura, algo que hasta el momento no se cumple, razón por la que hace dos meses la Justicia ordenó al GCBA que complete el catálogo definitivo de inmuebles a proteger. En el proyecto de Conciencia Urbana, en tanto, propone “aumentar la catalogación de inmuebles” patrimoniales dentro de Villa del Parque, “preservando la identidad barrial en base a la memoria colectiva de sus habitantes”.

21.6.2023

POR JUAN BORGES

Mario González, padre del joven víctima de gatillo fácil, manifestó una visión sobre el juicio.

¿Cómo están analizando el juicio realizado por el crimen de Lucas?
Mario González: Al momento, ha sido un Juicio muy positivo para nosotros. Se viene desarrollando bastante rápido. Gracias al fiscal de instrucción, Leonel Gómez Barbella, también a nuestro abogado que es Gregorio Dalbon. Por último, también estamos agradecidos con el fiscal del juicio Guillermo Pérez De La Fuente. Cada audiencia fue muy emotiva. Al principio fue muy duro tener que ver a quienes mataron a mi hijo desde cerca. Sin embargo, nos contuvimos el dolor porque queremos Justicia.
Paulatinamente fuimos pasando cada audiencia. En modo presencial fueron las dos primeras audiencias, después por modo remoto, por zoom porque cambiaron la sala. Lo hicieron en el tribunal número 25 que queda ubicado en la calle paraguay. Era un espacio muy pequeño que no cabían los 14 imputados. Entonces decidieron hacer las audiencias por zoom. Lo vivimos desde nuestros domicilios, pero siempre juntos. Nuestro abogado Gregorio Dalbon ya dio su alegato, ahora falta el alegato del fiscal que será el próximo 22 de junio. Después quedara en manos de los jueces dictar sentencia el 13 de julio. Confió mucho que van a fallar a favor nuestro. Estoy muy agradecido al Tribunal Oral n° 25 por el buen trato hacia mi familia.

¿La confesión de uno de los policías participantes en el operativo, Héctor Cuevas, fue crucial para que la causa tome un giro positivo?
M.G.: Héctor Cuevas se quebró y confesó su participación. Llevo un tiempo por miedo a represalias contra sus familiares. Tenía miedo porque es una mafia que opera de las peores maneras. Nos contó que soñaba con Lucas, que lo sentía respirar. No aguantó más y confesó la verdad. Estamos muy agradecidos por su testimonio. Anhelábamos que podía llegar ese momento de que alguien se quebrara y sucedió. Obviamente que se llevara una condena, pero nosotros pedimos que sea mínima por haber colaborado con la búsqueda de la verdad y la justicia para Lucas. Las cartas ya están echadas, sólo falta el veredicto final que dictara el tribunal.

¿Cómo considera que será la sentencia que se dictará el 13 de Julio?
M.G.: Tengo mucha fe que vamos a salir victoriosos. Confió mucho en el tribunal. Confió mucho en Dios y en Lucas. Considero que les darán a los culpables la sentencia que corresponde. La pena que pedimos es cadena perpetua para esas tres personas que arruinaron y se llevaron la vida de mi hijo. Esos monstruos deben pagar por lo que hicieron con la peor condena. Por otro lado, los cómplices deberán pagar también y cumplir la condena correspondiente. Ya que se cumple con la justicia vamos a estar tranquilos y Lucas finalmente va a descansar en paz. El 13 de Julio finalmente vamos a gritar Justicia. Y ese día seguramente nuestro hijo recién va a poder descansar en paz. Nosotros seguiremos con este dolor toda nuestra vida. Sin embargo, seguiremos adelante por nuestros otros hijos.

22.6.2023

El castigo aplicado a los gremios docentes porteños que informó el jefe de gabinete porteño se publicó cuando una masiva columna convocada por la CTA, CGT y organizaciones sociales repudiaba frente a la Casa de Jujuy por la cruda represión que tuvo en San Salvador de Jujuy.

“Gremios docentes de CABA que hacen paro por lo que sucede en Jujuy se les descuenta el proporcional del salario por día no trabajado.” El mensaje lo publicó en sus redes sociales el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel. El castigo aplicado a los gremios docentes porteños se publicó cuando una masiva columna convocada por la CTA, CGT, partidos de izquierda y organizaciones sociales repudiaba frente a la Casa de Jujuy por la cruda represión ocurrida ayer en San Salvador de Jujuy, con 60 detenidos y decenas de heridos, y lo que ocurrió el sábado en Purmamarca.
El mensaje de Miguel confirma la decisión tomada por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de montar su campaña electoral rumbo a las PASO en la represión desata por su aliado, el gobernador Gerardo Morales. Larreta y su contrincante en la interna, Patricia Bullrich, salieron a la conquista del voto de mano dura sin medir las acusaciones sin pruebas contra el gobierno nacional, ni escuchar el reclamo de los docentes jujeños, que cobran salarios por debajo de la línea de pobreza, ni de las comunidades originarias que exigen ser respetadas frente al avance del extractivismo.
Los gremios de docentes porteños Ademys y UTE iniciaron este miércoles un paro por 48 horas en repudio a la represión a las protestas por parte del gobierno de Morales en Jujuy, que incluyó una concentración en el Obelisco y marcha hasta la delegación que esa provincia tiene en la Ciudad de Buenos Aires. La protesta de los gremios incluye también el reclamo por una recomposición salarial de los docentes porteños y el jueves continuará con la adhesión al paro convocado por la Ctera.
Ademys, que se concentró a las 13 en el Obelisco junto a otros gremios, centrales sindicales y organizaciones sociales, denunció ayer “la salvaje represión desatada contra decenas de miles de manifestantes en Jujuy que continúa con una feroz cacería de la policía que realiza allanamientos y detenciones a mansalva”.
Además, señaló que “hay un compañero en coma luego de ser herido por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno. La Intergremial de gremios docentes y estatales jujeños ha anunciado un paro provincial con movilizaciones en toda la provincia de Jujuy”.
En tanto, desde UTE anunciaron su adhesión al paro y se concentraron en el Obelisco para exigir “el cese de la represión a la docencia y al pueblo jujeño, basta de persecución y libertad a todxs lxs presxs”, según un comunicado publicado en las redes sociales.
De esta forma, Ademys y UTE se adelantan por un día al paro convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) para mañana, ante “la grave situación que vive la docencia y el pueblo jujeño”, tras la represión policial contra manifestantes que reclamaban por la reforma de la Constitución de esa provincia.
Ctera explicó que la convocatoria se debe a “la grave situación que vive la docencia y el pueblo jujeño” y que reclamará por el cese de la “represión al pueblo jujeño”, un “aumento salarial a los docentes” y el rechazo a la “reforma constitucional” de esa provincia aprobada el viernes.
La confederación que nuclea a educadores de todo el país responsabilizó por la “creciente conflictividad en Jujuy” al “accionar” del gobernador y precandidato presidencial de la UCR, Gerardo Morales, a quien denunciaron por “otorgar aumentos por decretos, sin diálogo”.
La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, junto a sectores de la CGT como la Corriente Federal de los Trabajadores y el Frente Sindical para el Modelo Nacional, realizaron una movilización en repudio a los hechos ocurridos en Jujuy “ante el recrudecimiento de la represión” en esa provincia, informaron fuentes gremiales.
La convocatoria se inició a las 13:00 en el Obelisco, y desde allí se movilizaron hacia la Casa de la provincia de Jujuy, ubicada en Santa Fe y la avenida 9 de julio, en CABA, donde se realizó el acto, en reclamo del “cese de la represión” y “el restablecimiento de la libertad de petición y del accionar de los sindicatos”.
Junto a las dos CTA y a las corrientes internas de la CGT, otras organizaciones llamaron a marchar en condena a la represión en Jujuy, entre ellas la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

19.6.2023

Por Santiago Brunetto

“Casa Pringles es una casa que recuperamos, donde construimos otras formas de vivir y ahora nos quieren despojar de eso. Pero no va a a pasar, estamos dispuestas a seguir luchando como veníamos haciéndolo”, dijo Gabriela, una de las mujeres que este sábado sufrió el violento desalojo por parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en Pringles al 340. Ellas y sus hijos e hijas están ahora en hoteles a la espera de comenzar la mesa de trabajo prometida por el Gobierno porteño para este miércoles. Esperan soluciones concretas y reparadoras. El GCBA, que intentó rematar ese inmueble en siete ocasiones, asegura ahora que lo destinará, en cambio, a un “Centro para madres en situación de violencia de género”.

Hace poco más de dos meses, días después de recibir la primera intimación de desalojo, Gabriela contaba a este diario que en Casa Pringles se vivía con “miedo constante a que nos pateen la puerta y la policía nos saque de los pelos”. El temor se concretó este sábado por la madrugada. Así lo recuerda la mujer de 33 años que vivía allí con Isabella, su hija de 7: “Estábamos durmiendo con nuestros hijos y a las 5 de la mañana nos despertamos con las patadas en las puertas y los policías gritando ‘allanamiento, allanamiento'”, cuenta. En Pringles al 340, barrio de Almagro, hubo alrededor de cien policías y vallas que blindaron el acceso a la casa para quienes se acercaron a ayudar. El operativo terminó con seis personas detenidas que ya fueron liberadas.
A Gabriela la derivaron al Hotel México junto a su hija y a otra compañera. Las demás mujeres, que arrastran diversas situaciones de violencia y vulnerabilidad, fueron divididas en otros hoteles. Según denunció el Colectivo Yo no fui, se trata de “lugares diminutos y distantes en los que convivir es hacinarse y donde faltan elementos básicos como el agua caliente”. Gabriela atiende a este diario desde la casa de una amiga a la que fue “a buscar cosas porque en el hotel no tenemos nada”. Sus pertenencias están en un depósito del GCBA: “Nos dijeron que tenemos un plazo de 30 días para sacarlas”, asegura.
El Colectivo hizo hincapié en un punto importante del conflicto: antes del desalojo habían comenzado a dialogar con la Dirección de Bienes, a cargo del inmueble, para buscar soluciones. “Nos desalojaron en medio de un proceso de diálogo y negociación abierta con Matías Vitale, director de Bienes, con quien acordamos la búsqueda de presupuestos para resolver la vivienda de cada una”, advirtieron. “En la última reunión nos habían dado la alternativa de ser reubicadas en una o dos casas del GCBA declaradas ociosas. Se estaba armando una articulación para ver bien qué nos ofrecían y dejar el inmueble. Nos dijeron que el allanamiento no iba a pasar y nos mintieron”, agrega, por su parte, Gabriela. Tras el desalojo, el Gobierno porteño se comprometió a abrir una nueva mesa de trabajo el miércoles a las 12.30.
La vivienda en cuestión fue declarada “innecesaria para la gestión” en el año 2021, cuando el oficialismo aprobó en la Legislatura una ley que habilitó al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a enajenar diversos inmuebles. Desde entonces el Banco Ciudad abrió siete subastas que quedaron desiertas y las mujeres recuperaron el lugar deshabitado para construir allí un sitio donde vivir de forma colectiva. Pero Casa Pringles no era sólo eso. “Había actividades culturales, un merendero, apoyo escolar y estábamos articulando con el Cesac para conseguir turnos para los chicos del merendero. Hicimos algo hermoso sin que nos pongan un peso, en una casa que recuperamos, donde construimos otras formas de vivir y ahora nos quieren despojar de eso. Pero no va a a pasar, estamos dispuestas a seguir luchando como veníamos haciéndolo”, sostiene Gabriela.
Pero las habitantes de Casa Pringles no eran las únicas que se oponían a la subasta. Allí también funcionó un jardín y los vecinos y vecinas de Almagro pedían que la totalidad del lugar fuera destinada a una Escuela Infantil para dar solución a la falta de vacantes de la Comuna N°5. La dirección de Bienes, en cambio, denunció la ocupación y se abrió una causa en la Fiscalía Penal N°19 a cargo de Lorena San Marco, quien este sábado pidió el desalojo autorizado por el juez Alejandro Villanueva.
Ahora, consultados por este diario, fuentes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a cargo de María Migliore, aseguraron que se tomó la decisión de no vender el lugar y destinarlo, en cambio, a un “Centro para madres en situación de violencia de género”. “La decisión del GCBA es invertir en un espacio donde las mujeres vuelvan a encontrar un lugar de contención donde sean atendidas por profesionales para trabajar en recuperar la fortaleza personal, confianza y poder volver a rearmar su proyecto de vida”, afirmaron.
“Dicen que el objetivo es destinar la casa a la ampliación de un hogar de mujeres. Pero eso es lo que ya estábamos haciendo nosotras, concretando un espacio albergue, sin financiamiento público. Lo sabían. Lo habíamos informado en el proceso de diálogo y nos desalojaron por la fuerza”, respondieron desde Yo no fui. “Si ellos quisieran nos podrían dar un lugar como corresponde de los miles que el Gobierno tiene ociosos. Nos devuelven una casa en donde podamos construir colectivamente nuestras vidas y seguir haciendo lo que hacíamos en Casa Pringles. Mi deseo es que sigamos construyendo esa vida colectiva”, asegura Gabriela. Desde Yo no fui, en tanto, señalaron que el desalojo, “lejos de callarnos y amedrentarnos como pretenden, nos fortalece y nos impulsa a seguir construyendo las vidas que queremos vivir”.

17.6.2023

Personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires avanzó esta tarde contra legisladores del distrito y manifestantes que respaldaban a un grupo de mujeres en medio del desalojo de una vivienda que habitan con sus hijos e hijas en el barrio de Almagro luego de haber “quedado en la calle” al escapar de situaciones de violencia de género, según constató en el lugar.

El comisario César Marizza, al frente del operativo, ordenó sacar a los manifestantes que se apostaban del otro lado de una valla para permitir el movimiento de tres camiones con los muebles y objetos de las mujeres desalojadas, lo que derivó en forcejeos y empujones, y al menos cuatro personas quedaron demoradas.
Las legisladoras de CABA Ofelia Fernández, María Bielli y Berenice Iañez, del Frente de Todos, están entre los manifestantes junto al Auditor de la Ciudad de Buenos Aires, Lisandro Teszkiewicz.
También en la primera línea frente a un cordón policial que intenta desplazar a los manifestantes está la diputada nacional Natalia Zaracho (FdT).
El operativo para desalojar la Casa Pringles ATR (Autónoma, Territorial y Reparadora), ubicada en Pringles 343, comenzó a las 7 con un gran despliegue policial, en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 19 a cargo de Lorena San Marco.
Se trata de una causa abierta por una denuncia de la Dirección General de Administración de Bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Esa fiscalía había realizado una intimación al desalojo en marzo pasado, pero luego se abrió una instancia de negociación que suspendió la medida.
“Patearon la puerta y entraron por la fuerza; vinieron antes de las 7 con una orden de allanamiento para desalojar, estamos chequeando la legitimidad del desalojo”, dijo esta mañana desde el lugar Eva, una de las mujeres que viven en Casa Pringles.
Eva contó que hace unas tres semanas mantuvieron una reunión con Matías Vitale, director general de la Administración de Bienes de la Ciudad de Buenos Aires, quien les informó que quería destinar el inmueble para “hacer una ampliación del hogar Eva Duarte”.
“Pasaron de querer rematarlo siete veces a decir que quieren usar la vivienda para un fin social”, afirmó Eva.
La mujer aseguró que unos días atrás pasó por Casa Pringles personal de Buenos Aires Presente (BAP) para realizar un relevamiento de las familias que viven allí, pero insistió en que “había negociaciones con el Gobierno de la Ciudad” hasta el arribo esta mañana del operativo policial.
“Está todo vallado, hay unos 70 efectivos de la policía, pero hay mujeres y niñes adentro”, añadió Eva, quien dijo que esperaban la presencia de organizaciones sociales y del área de Defensoría en el lugar.
Más temprano la diputada nacional Mónica Macha afirmó que el desalojo “es ilegal” y aseguró que “no se respetaron las condiciones mínimas” para llevarlo adelante.
La abogada Paula Villani, que representa a las mujeres desalojadas, también denunció que se trata de “un procedimiento irregular debido a que no está hecha la notificación en el expediente”.