1.9.2013
Movimientos populares, organizaciones sociales, colectivos culturales, de investigación y educación popular, radios comunitarias, activistas feministas, de derechos humanos, estamos promoviendo la realización de un “Juicio Ético y Popular a las Corporaciones en la ciudad de Buenos Aires”, inspirados en los Juicios Éticos y Populares a las Transnacionales realizados en el año 2011, como parte del proyecto de Resistencias Populares a la Recolonización del Continente.
Quienes venimos luchando contra la imposición de un modelo de ciudad expulsivo, exclusivo, inadecuado para vivir, observamos una relación muy especial y funcional entre lo que sucede en el ámbito urbano con la especulación inmobiliaria y la emergencia habitacional, y con la sobreexplotación, mercantilización y exportación de nuestros bienes comunes en los ámbitos no urbanos.
En los últimos años se han multiplicado en la Ciudad de Buenos Aires las resistencias a este modelo, y también su articulación -que tuvo por un lado su expresión en el enfrentamiento a las leyes del pacto Pro-K, y por otro lado en la denuncia de las distintas modalidades de represión, criminalización de la pobreza y judicialización de la protesta-. Hemos denunciado que el modelo, tanto en la Ciudad como en el país, representa la concentración de la propiedad de la tierra, el desprecio por la naturaleza y los bienes comunes, el extractivismo, que reproduce una política de saqueo neocolonial, la sojización del campo, el control represivo de la población, y el arrasamiento de la soberanía de los pueblos. Todo esto ligado íntimamente a mecanismos de corrupción, de clientelismo, de mercantilización de las relaciones, como modalidad para ganar voluntades para los proyectos del gran capital.
Argentina es hoy un país subordinado a las corporaciones transnacionales. Esto se ejemplifica en la Cordillera de los Andes, con la megaminería y la entrega a la Barrick Gold, en el campo con el monocultivo, el uso masivo de agrotóxicos (que afecta a la salud de la población también en las ciudades), y la expansión del agronegocio –que benefician a las grandes corporaciones como Monsanto, Cargill, etc.), en la explotación petrolera con los acuerdos realizados con transnacionales como Chevron, que fueron enjuiciadas y en algunos casos expulsadas de otros países por sus políticas de destrucción de las poblaciones y de la naturaleza.
En la Ciudad de Buenos Aires, estas políticas se expresan en la entrega de cientos de hectáreas para que empresas como IRSA construyan de manera indiscriminada, apropiándose de la plusvalía generada por toda la ciudad; en la construcción de redes de comunicación y transporte, de infraestructura funcional a las rutas del saqueo; en la creación de los gigantescos mercados y shoppings en los que se extiende el agronegocio; y en general, en la organización colonial, capitalista y patriarcal del territorio urbano, de acuerdo con un modelo mal llamado de “desarrollo”, que es el que hoy domina en Nuestra América.
Si nos preguntamos ¿quién produce la ciudad? ¿Quién y cómo se gobierna? ¿Quiénes son sus dueños? ¿Quiénes son los expulsados y expulsadas? ¿Quiénes resultan excluidos y excluidas? ¿Quiénes son tratadas? ¿Quiénes son sometidos y sometidas a trabajo esclavo? ¿Quiénes son los reprimidos? ¿Quiénes “no caben” en el transporte, en la vivienda, en los hospitales, en los lugares de recreación? ¿Quiénes acceden al espacio público? ¿Quiénes acceden a los servicios públicos? ¿En qué condiciones están los mismos? ¿Quiénes quedan vulnerables en las inundaciones? ¿Quiénes son maltratados y maltratadas en manicomios y lugares de encierro? ¿Quiénes sobreviven en la marginación de la ciudad? ¿Quiénes mueren por causas evitables? Si nos preguntamos éstas y otras preguntas sobre la vida cotidiana, las respuestas nos conducen de un lado a identificar quiénes se benefician de la Ciudad, de sus negocios, de su mercantilización: las grandes corporaciones ligadas al poder político. Y quiénes son los sacrificados y sacrificadas: el pueblo pobre.
Entre los “ganadores”, que en estos años se han llenado de súper ganancias, nos encontramos con una empresa como IRSA, la gran terrateniente de la Ciudad, que es propietaria de 16.250.000 m2 de la tierra de Buenos Aires, entre edificios, shoppings y terrenos: la misma superficie que los barrios de Belgrano, la Boca y Recoleta juntos. Si se agregan las propiedades en el resto del país, IRSA es propietaria de 21 millones de m2.
Para permitir e incluso promover ese “desarrollo”, y esa apropiación desenfrenada, son ninguneados los mecanismos previstos en la Constitución local, así como las diferentes leyes que garantizan la participación ciudadana en las decisiones de planificación urbana, incumpliéndose así derechos humanos fundamentales.
El gobierno de la Ciudad promueve la especulación inmobiliaria y la valorización del suelo, sin concebir al suelo urbano como un bien social, común y estratégico, que tiene que garantizar los derechos sociales, económicos y culturales, para el conjunto de la ciudadanía.
Frente a esta lógica mercantil, que piensa el desarrollo urbano bajo el imperio de la valorización empresaria, impulsando los negocios privados de grandes constructoras, inmobiliarias, empresas contratistas de obras y servicios, que necesita del consumo ilimitado como paradigma de la felicidad, sostenemos una lógica diferente: la del Buen Vivir en la Ciudad, donde el desarrollo urbano, la calidad de vida de la población, y en general la satisfacción popular en torno al hábitat, la vivienda y el ambiente, estén basadas en las necesidades sociales y en la utilidad social de la tierra, por sobre y más allá del capital.
El gobierno de la Ciudad y el gobierno Nacional se han enfrentado en distintos temas que afectan la vida de quienes vivimos y transitamos la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, con el traspaso del subte, de las tierras fiscales donde se asientan barrios populares, el traspaso de la jurisdicción del puerto, el manejo del juego, las competencias de la policía, por nombrar solo algunos de los temas. Pero han acordado la entrega de las tierras públicas a las grandes corporaciones, y el desarrollo inmobiliario indiscriminado. Las leyes votadas en la Legislatura a fines del 2012, como parte del Pacto PRO-K (avalado por el PRO, Radicales, el Frente Para la Victoria y sus aliados), son un claro ejemplo.
Por ello, entendiendo que los gobiernos actuales de Ciudad y Nación promueven las súper ganancias de las corporaciones transnacionales y locales, y la entrega del territorio como espacios de acumulación del capital, es que decidimos llevar adelante este Juicio Ético Popular a las Corporaciones de la Ciudad de Buenos Aires.
En el sistema jurídico actual, las leyes y códigos están puestos al servicio de la defensa de la propiedad privada, la ganancia capitalista, el orden neocolonial y patriarcal, antes que del cuidado de las personas, las poblaciones, las generaciones presentes y futuras, y los territorios que sufren las consecuencias de dicho “orden”. Esta justicia criminaliza sistemáticamente a las y los pobres, a quienes protestan frente a las injusticias, a quienes se organizan y se rebelan. Cuestionarla desde la ética, es señalar los límites de su accionar, y los intereses a los que sirve.
Es desde esta perspectiva, basada no en los marcos actuales de la legalidad, sino en el concepto profundo de legitimidad, de reivindicación histórica de los derechos de los pueblos y de la naturaleza, que se ha constituido este Juicio Ético Popular, que tiene un sentido profundamente humano: la salvaguarda de la vida, y su reproducción actual y futura, en todas sus dimensiones e implicancias.
Sostenemos que el Derecho a la Ciudad, no es simplemente, el derecho de acceso a una vivienda, ni el acceso igualitario a los servicios públicos o a la tierra, sino también el derecho a transformar la Ciudad en algo radicalmente distinto: en un espacio a habitar, en el que puedan crecer nuestros sueños y proyectos como pueblo, sobre la base de la participación popular y la creación; y no de la destrucción de nuestros vínculos entre seres humanos, en la naturaleza.
AUDIENCIAS
25 de septiembre a las 18 hs. Audiencia contra IRSA
Lugar: Legislatura de la Ciudad.
28 de septiembre a las 18 hs. Audiencia contra Riva SA
Lugar: Parque Lezama
5 de octubre a las 18 hs. Audiencia contra Ashira y Urbasur.
Lugar: Indoamericano. (FPDS – La Dignidad)
22 de octubre: a las 18 hs. Audiencia contra ROGGIO.
Lugar: ONCE
9 de noviembre. Reunión del Tribunal y Sentencia
Lugar: Pañuelos en Rebeldía. Pompeya
Asociación de Abogados Ambientalistas
Colectivo por la Igualdad
Frente Popular Darío Santillán
Movimiento Popular La Dignidad
Frente de Artistas del Borda
Pan del Borda
Movimiento Popular Latinoamérica en Camino de los Libres
Laboratorio de Políticas Públicas (LPP)
Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos (ENECA) – Regional Capital Federal
Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía
Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos
Sí. Allí yo asesoré a los compañeros del Taller 19. Además, soy parte integrante de la Junta Interna de ATE en la Subsecretaría y desde allí hemos denunciado diferentes irregularidades que existen fuera y dentro de la subsecretaría. Por ejemplo, el estado del edificio, que queda en Bartolomé Mitre 575. Decimos que es inviable, por no tener las condiciones para que ahí haya una administración de la envergadura de la Subsecretaría. Se hizo una denuncia a la Defensoría del Pueblo, que vinieron tres veces a constatar esas irregularidades, pero no los dejaron ingresar. La Defensoría del Pueblo, que depende de la Ciudad de Buenos Aires, hizo una demanda por esto, porque es un ente autónomo. Pero hace tiempo que hay una persecución sistemática hacia la Junta Interna de ATE, que está compuesta mayormente por profesionales. Tenemos un equipo técnico con el que analizamos las irregularidades que hay dentro de la Subsecretaría. También las inspecciones que se realizan y que no culminan con éxito, o que se pierden en el camino, quedan cajoneadas o que se pierden sus expedientes “llamativamente”. Todas esas cosas que suceden en la Subsecretaría tienen el correlato nuestro de llevarlo estadísticamente. Tenemos estadísticas de todas las irregularidades que existen y que al Gobierno de la Ciudad le molesta mucho. Hemos hecho muchas denuncias sobre los talleres clandestinos y las obras en construcción que se derrumban y que no han sido bien inspeccionadas. Van 40 obras en construcción que se han venido abajo, que no se ha previsto qué se pueda hacer. La inspección de obra es compleja, porque involucra dos partes: la técnica y la normativa laboral. En muchos casos hemos encontrado trabajadores en negro. Debo dejar en claro que la UOCRA ha hecho muchas denuncias contra el trabajo en negro y ha sido bastante efectivo en el tema. Pero en el tema técnico, van nuestros ingenieros y arquitectos y si detectan irregularidades las ponen en las actas. Eso sería la inspección de obra.
