Comunicadores del Sur

23.5.2023

Por Laura Guarinoni

De los 4.000 trabajadores subterráneos, hoy 2.700 se encuentran en vigilancia médica por haber estado en contacto con el asbesto.

Imaginemos una fibra mineral indestructible, tan pequeña que es casi imperceptible, que al inhalarla va directo a tu pulmón y puede clavarse en la pleura (tejido que recubre los pulmones y reviste la pared interior de la cavidad torácica) como si fuera una aguja, que puede permanecer ahí alojada, formar una especie de callo (fibrosis pulmonar) y con el tiempo dar paso a un tumor que genere un cáncer. Imaginemos que estás expuesto a estas fibras a diario en jornadas de seis, ocho o más horas durante años, sin ninguna protección, pese a que la empresa para la que trabajás sabe de las graves consecuencias que produce manipular y habitar tanto tiempo un espacio en el que predomina ese elemento cancerígeno. Imaginemos que las enfermedades pueden tardar varios años en aparecer y que tenés que vivir el resto de tu vida con vigilancia médica, muchas veces sin saber si las fibras que se encuentran en tu pulmón, con los años, desarrollarán un cáncer. Imaginemos no saber si esas fibras también pueden afectar la salud de tu familia, porque las llevaste a tu casa en tu ropa de trabajo por años y seguramente las inhalaron.
Esa es hoy la situación de los trabajadores del subte de Buenos Aires, que el lunes volvieron a realizar medidas de fuerza en reclamo de la reducción de la semana laboral para disminuir su exposición al asbesto, también conocido como amianto.
El asbesto es un grupo de minerales fibrosos presentes en la naturaleza, caracterizados por su resistencia al calor y a la corrosión. Este material, que es más fuerte que el acero e imposible de destruir (para evitar su circulación se debe enterrar), es un cancerígeno humano reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y prohibido en más de 80 países. En la Argentina, la prohibición de su producción, importación y comercialización rige desde 2003.
Desde 2018, los trabajadores del subte denuncian que están expuestos a este elemento. El asbesto no sólo se encuentra presente en las formaciones, sino también en los talleres y en las profundidades de los túneles subterráneos: en máquinas, herramientas, instalaciones eléctricas, cables, usinas, contactores eléctricos, alta tensión, fusibles, placas, ductos viejos de ventilación, pastillas de freno, techos de fibrocemento y hasta en las bombas de agua. También dentro de alguno de los trenes, en la pintura.

¿Números?

De los 4.000 trabajadores subterráneos, hoy 2.700 se encuentran en vigilancia médica por haber estado en contacto con el asbesto. Varios presentan patologías vinculadas. Ochenta y siete trabajadores tienen asbestosis o fibrosis pulmonar, un tipo de neumoconiosis producida por la inhalación de las fibras de este mineral. Se trata de una patología pulmonar crónica, progresiva y de evolución lenta. Seis trabajadores tienen cáncer y hay otros tres que fallecieron (dos en actividad y uno jubilado).
Estos números son dinámicos. Existe un periodo de latencia, tiempo que transcurre entre la exposición al asbesto hasta la aparición de los síntomas, que puede ser cerca de los diez años para la fibrosis pulmonar, quince años o más para el cáncer de pulmón, o entre treinta y cuarenta años para la aparición de un mesotelioma maligno, un tumor maligno grave que afecta la pleura o el peritoneo.
Lilian Capone, neumonóloga del consultorio de Patología Ocupacional Respiratoria del Instituto de Tisioneumonología Prof. Dr. Raúl Vaccarezza, dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), explicó a El Cohete a la Luna que “los trabajadores que están expuestos al asbesto pueden tener una lesión en su organismo, pero además tienen un período de latencia, como una espada de Damocles de por vida. Nunca se sabrá qué va a pasar con su salud o la de su familia en un futuro. Por eso deben estar bajo vigilancia preventiva permanente”.

Asbesto importado y nacional

Cruzar los pocos metros de la Avenida Corrientes que dividen el Parque Los Andes a la plazoleta de enfrente, en el barrio porteño de Chacarita, se había convertido en toda una hazaña para Daniel Fernández. Llegaba sin aire, se agitaba y temía constantemente no poder completar el trayecto. En 2019, El Gallego –como le dicen todos los que lo conocen– llevaba trabajando 15 años como mecánico en el Taller Ferroviario Rancagua, ubicado bajo el parque y en donde se alojaban y reparaban los coches de la Línea B del subte. Desde hace unos meses notaba que tenía menos resistencia. Él, que con sus 53 años se consideraba un hombre jovial y con mucha energía, notaba que algo le pasaba. Ya no podía subir corriendo los escalones del taller, ni correr demasiado. “Yo lo expresaba, pero la empresa me decía que estaba mal físicamente porque fumaba mucho”, contó el trabajador a este medio.
Fernández había sido cinco veces delegado del taller y estaba al tanto de la presencia de asbesto en el subte. En febrero de 2018, los trabajadores del subte se enteraron por los medios que un trabajador del Metro de Madrid había desarrollado una patología relacionada con el asbesto. Esos mismos trenes CAF 5000, que fueron sacados de circulación en el país europeo por tener material cancerígeno, habían sido adquiridos entre 2011 y 2013 por el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, pese a la prohibición que existía en nuestro país desde 2003. Estaban circulando en la línea B y sus piezas eran manipuladas en el Taller Rancagua.
Ante la negación de la existencia de asbesto en el subte por parte de SBASE, la concesionaria Metrovías y de la ART Galeno, los trabajadores se presentaron ante la Justicia e hicieron el primer paro en la historia de nuestro país por autodefensa de la salud. Paralelamente enviaron algunas piezas a la Universidad Nacional del Sur para que su análisis. Los estudios confirmaron la presencia de asbesto en su variedad de crisotilo en piezas de distintas flotas, no sólo en aquellas que provenían de España. También se detectó el mineral en el techo del cuarto de conductores del Premetro y en las pastillas de freno de las escaleras mecánicas de madera de la Línea E.
Luego de varios meses de lucha, los trabajadores lograron que a principios de 2019 la ART les hiciera estudios específicos para la detección de asbesto en el organismo. Uno de los primeros en hacérselos –junto a otros 191 empleados de los talleres Rancagua y Urquiza de la Línea B– fue Fernández, a quien le detectaron cáncer de pulmón. “Resultó que trece teníamos alguna afección vinculada al asbesto. La mía y la de otro compañero, Jorge Pacci, eran las más graves”, contó. Pacci también se desempeñaba en el Taller Rancagua y falleció en 2021, tras cursar por nueve meses un cáncer fulminante. Su familia denunció que la ART rechazó el caso porque Metrovías no lo tenía incluido en el Registro de Agentes de Riesgo (RAR). Recién lo hicieron ante el pedido expreso de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y todo ese trámite demoró su atención médica.
En noviembre de 2019, Fernández fue operado. Debieron extirparle medio pulmón para salvarle la vida. Había bajado 23 kilos y pensaba que su suerte ya estaba echada. “Los médicos me dijeron que me salvé de milagro”, contó Fernández, que hoy con 58 años cobra una jubilación por discapacidad.
Roberto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), afirmó que el gremio debió incorporar psicólogos sociales porque el efecto psicológico en los trabajadores es muy grande: “Desde el punto de vista psico-social es demoledor. Trabajás 20 ó 25 años con asbesto y no te dijeron, y llevabas a tu casa fibras de asbesto en la ropa y por ahí contaminaste a tu esposa, a tu hijo. Y además, de golpe sentís que no podés planificar futuro porque no sabes si se te va a desarrollar un cáncer, y no podés seguir trabajando en tu puesto por riesgo a enfermarte más”.

Los mismos pulmones

Desde 2018, cuando se comprobó la existencia de asbesto en el subte, los Metrodelegados exigen que se realice el muestreo de todas las piezas sospechadas de contener asbesto y que se implemente un plan de des-asbestización, que implica el retiro de los focos de contaminación en el material rodante y en las instalaciones fijas de la red.
A diferencia de otros países de la región –como Chile–, donde la des-abestización puede ser llevada a cabo por los propios trabajadores, la legislación argentina dice que la tarea sólo puede ser realizada por una empresa especializada en asbesto, registrada en el Sistema Público de Solicitudes APrA (SIPSA), de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires.
La actual concesionaria del subte, Emova –del Grupo Roggio, dueño de Metrovías–, contrató en los últimos años a dos firmas para iniciar el plan. Lo hicieron una vez que en 2020 la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmó una sentencia de primera instancia que había dispuesto, como medida cautelar, la prohibición de la manipulación o contacto con piezas, materiales, componentes o lugares con asbesto. La resolución corroboró las denuncias que hicieron los trabajadores sobre la presencia de asbesto en el subte.
Pianelli explicó: “Hoy sabemos que no hay ninguna línea de subte que no tenga asbesto. La línea H, que es la más nueva y que se hizo sin asbesto, tuvo circulando los primeros seis años un tren Siemens que funcionaba en la E y la C y que estaba plagado de asbesto. Ya no funciona, pero la fibra se desprendió y se acumuló en el túnel. Nos dimos cuenta de que no sólo había asbesto abajo de las formaciones, sino que adentro también. Es inédito, porque en ningún lugar del mundo ocurre que los conductores y los guardas también estén expuestos”.
El asbesto además puede afectar la salud de los pasajeros frecuentes del subte, aunque en menor medida porque el tiempo de exposición es mucho menor. Emova aseguró que los niveles de asbesto no afectan a los usuarios, y Capone lo cuestionó: “Las mediciones que hizo la empresa están por debajo de la concentración máxima de asbesto permitida en nuestro país. Sin embargo, la OMS dice que ante un cancerígeno no existe concentración de confianza, que tiene que ser cero. ¿Por qué en nuestro país hay un techo de concentración y en Europa tiene que ser cero, si tenemos los mismos pulmones?”.
Proceso de des-asbestización según la flota:
*Múltiples Formaciones en el ámbito de la red. **Esta formación es técnica y económicamente inviable de des-asbestizar por tener pintura bituminosa con asbesto, igualmente continúa con piezas no remplazadas que contienen asbesto. *** Esta formación es técnica y económicamente inviable de des-asbestizar por tener pintura bituminosa con asbesto. En el proceso de oclusión se detectó que la pintura para ocluir termina desprendiendo a la bituminosa.
Desde la AGTSyP aseguran que, pese a que ya se retiraron entre 70 y 90 toneladas de piezas y componentes que contenían diversos porcentajes de este mineral o que habían estado en contacto con las fibras contaminantes, aún quedan cerca de 200 toneladas en toda la red.
Los trenes de la línea B del subte son los únicos que deben ser removidos por completo porque el asbesto se encuentra en la pintura y sacarla implica contaminar el ambiente. “Desde hace cinco años estamos pidiendo que se liciten. Por la trocha no se pueden cambiar por los de otra línea”, manifestó Pianelli.
En tanto el proceso de des-asbestización llegue a su fin, los trabajadores del subte piden acortar las jornadas. “La única manera de disminuir el riesgo de enfermar es disminuyendo la dosis, es decir, el tiempo de exposición a la polución. Por eso, con criterio, los trabajadores del subte piden la reducción de la jornada”, explicó Capone, y el metrodelegado agregó: “No quiere decir que no nos vamos a enfermar, sino que vamos a vivir más tiempo”.
La problemática de los trabajadores del subte debe tomarse como un tema de salud pública. Tenemos que estar atentos porque no son los únicos expuestos a esta sustancia cancerígena. Existen muchas otras profesiones acechadas por el peligro del asbesto. Este se usa en las industrias de la construcción, naval, automotriz, aeronáutica, ferroviaria, del petróleo y la petroquímica. Para Pianelli, quien sin buscarlo se convirtió en un experto en el tema, si en la Argentina se registrara la cantidad de personas que tienen cáncer producido por asbesto, “veríamos que es un problema gigantesco que tenemos, porque en nuestro país hoy el asbesto mata más que el glifosato”.

22.5.2023

Este lunes 22 de mayo a las 19 convocan a espacios culturales, organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, vecinos y vecinas a reunirse para organizar la defensa de La Casona Plurinacional de la Cultura, un centro cultural donde se realizan talleres, ferias del libros, peñas, milongas, varietés culturales y festivales con entrada libre y gratuita, ubicado desde el 2021 en Carlos Calvo 242, en el casco histórico del barrio porteño de San Telmo, y sobre la cual pesa una orden de clausura del GCBA. «A pesar de la existencia de nuevas normas regulatorias a partir de la reglamentación de la Ley de Espacios Culturales Independientes (ECI), el organismo de control continúa siendo la Agencia Gubernamental de Control (AGC), que no contempla los fines específicos de los espacios culturales. ¡Horacio Rodríguez Larreta no te tenemos miedo! Aunque la clausura siga vigente, aunque pretendan callar las voces, La Casona no cierra sus puertas, mantiene sus actividades, y pretende seguir visibilizando el asedio que viven los espacios que pretenden generar una real transformación en el territorio con una cultura al alcance de todos y todas», sentencian.

En un comunicado emitido recientemente, quienes integran La Casona Plurinacional de la Cultura (un centro cultural ubicado desde el 2021 en Carlos Calvo 242, en el casco histórico del barrio porteño de San Telmo) expresan: «todos los que integramos este proyecto siempre lo pensamos con el objetivo de promover la cultura popular en el barrio, al alcance de los vecinos, vecinas jóvenes, niños/as y cualquiera que quiera participar y ser parte tanto del equipo de La Casona como de las actividades culturales que tenemos. Talleres, ferias del libro, peñas, milongas, varietés culturales, festivales y muchas más movidas pensadas con entrada libre y gratuita para que cualquiera pueda disfrutar de una noche cultural, de un espectáculo o simplemente de un libro, en la ciudad más rica y más desigual del país», definen su objetivo como centro cultural.
«Como ya sabemos, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no se cansa de perseguir a la cultura y a los centros culturales populares –continúa el comunicado. Sabemos muy bien que el ataque es directamente hacia la cultura popular. Así como también demuelen y violan las leyes de patrimonio histórico con total impunidad para crear negocios inmobiliarios y comerciales que les sea para un público reducido y sin ningún fin colectivo y comunitario. A pesar de la existencia de nuevas normas regulatorias a partir de la reglamentación de la Ley de Espacios Culturales Independientes (ECI), el organismo de control continúa siendo la Agencia Gubernamental de Control (AGC), que no contempla los fines específicos de los espacios culturales, mucho menos en año electoral, donde en este momento somos muchos los que caímos en la ‘ola de las clausuras’ (como se ve en la foto) por las recaudación arbitraria de la AGC«, remarcan, en referencia a la reciente orden de clausura que pesa sobre el espacio.
En la misma línea, agregan: «vienen sin identificación en el vehículo, con personal de custodio, chequean que las normas estén en regla y aun así encuentran un motivo para colocar una faja de clausura y ponerte multas millonarias e impagables, sin tener en cuenta que el espacio no recibe ninguna ayuda, que pagamos los impuestos y nos sostenemos con nuestro bolsillo. Muchos de los militantes culturales somos la generación Post-Cromañon, tenemos memoria y sabemos la importancia de que un espacio cuente con todas las reglas de seguridad e higiene para garantizar la integridad de todos y todas los que estén en él, y muy lejos estamos de querer o llevarnos algún tipo de ganancia con nuestro espacio. El único fin es poder enriquecer de cultura popular al barrio«, explican desde La Casona Plurinacional de la Cultura.
Ante esta angustiante situación de clausura, sentencian: «Con la participación de artistas y vecinos y cansados del procedimiento del GCBA somos una gran comunidad de espacios culturales que vamos a resistir frente a la persecución, el ataque y el saqueo constante a los Centros Culturales. ¡Horacio Rodríguez Larreta, en San Telmo no te tenemos miedo! Aunque la clausura siga vigente, aunque pretendan callar las voces, La Casona Cultural no cierra sus puertas, mantiene sus actividades, y pretende seguir visibilizando el asedio que viven los espacios que pretenden generar una real transformación en el territorio con una cultura al alcance de todos y todas».
En este marco, convocan a «todos los espacios culturales, organizaciones sociales y políticas, estudiantiles, vecinos y vecinas del San Telmo» para este lunes 22 de mayo a las 19 a una reunión para «organizar la defensa de la Cultura Popular.

22.5.2023

Los gobiernos del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, son responsables de la grave situación en la que se encuentra la salud pública. Sin ir más lejos, el último presupuesto presentado por el oficialismo y votado por la oposición de derecha, muestra que hubo un ajuste del 35% en salud en lo que va del 2021 a 2023.

Este ajuste es parte del acuerdo que se hizo con el Fondo Monetario Internacional, atentando contra la salud pública donde se atiende la enorme mayoría de la población. No se puede seguir privilegiando el pago de una deuda ilegal, fraudulenta e ilegítima al FMI a costa de vaciar la salud pública y poner en grave peligro la salud de millones de niñes que son hijes de las familias trabajadoras.
Como reclaman al gobierno las y los trabajadores que sostienen los hospitales públicos todos los días, es necesario un presupuesto de emergencia para poder brindar una salud pública de calidad, y una urgente recomposición salarial para todo el personal, frente al enorme deterioro de los salarios por la creciente inflación.

20.5.2023

Con la presencia de dos de las personalidades irremplazables de la lucha por los derechos humanos y las rebeldías de los pueblos, como son Norita Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel, se conmemoró en Argentina el 50 aniversario de la fundación -el 10 de mayo de 1973- del Frente Polisario, organización revolucionaria que viene dirigiendo la lucha del pueblo saharaui por su independencia. El acto, estuvo presidido por el representante del Frente y de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Mohamed Alí Alí Salem, y contó con gran cantidad de público que llenó la sala principal de la Federación de Asociaciones Gallegas de Argentina.

La actividad tuvo momentos muy emotivos, como cuando Norita Cortiñas planteó que hay que respaldar la justa lucha del pueblo del Sáhara Occidental, que sufre la represión criminal de la monarquía de Marruecos, el mayor aliado de Israel en la región. O escuchar los conceptos siempre lúcidos del Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel insistiendo en la necesidad de que el Gobierno argentino reconozca a la RASD. De hecho, ya hay más de 200 firmas de personalidades y organizaciones sociales, sindicales, políticas y de DD. HH, acompañando un manifiesto en ese mismo sentido.
Pero la lucha política y militar que libra el Frente Polisario, esta vez estuvo acompañada de poemas de la autoría del representante en Argentina, Ali Ali Salem, leídos por actores y actrices, y acompañados por la música de violín y violoncello. La parte musical también contó con la presencia de un grupo de gaitas galegas y las típicas cantareiras, coro popular de mujeres acompañadas de pandereta.
Al discurso del representante saharaui, evocando la lucha armada del Polisario, “porque no nos dejaron otra instancia y terminaron con la paciencia de nuestro pueblo”, se pudo escuchar a través de un video al Secretario General del Frente, Brahim Galli, agradeciendo al pueblo argentino su solidaridad. En el acto pudieron escucharse también saludos -en video- de gente de la cultura local y de Galicia, así como una canción enviada por León Gieco para la ocasión.
Todo terminó con la entrega de distinciones a quienes habitualmente acompañan con su solidaridad la lucha saharaui. Los primeros en recibirlo fueron, obviamente, Norita y Pérez Esquivel, y también se reconoció a Resumen Latinoamericano “por su invaluable labor diaria en la difusión de la causa saharaui y la denuncia incondicional de los atropellos a nuestros Derechos Humanos en el territorio ocupado”.

20.5.2023

Por Estefanía Santoro

Cuarenta y seis familias con 28 chicxs pueden quedar en la calle si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires concreta el desalojo que tiene previsto en el Hotel Montreal de Constitución. Lxs inquilinxs exigen una vivienda digna. Fuimos a conocer sus historias de vida y resistencia.

Un mediodía de sol templado no es suficiente para calentar los pasillos de los tres pisos y la planta baja del Hotel Montreal, ubicado en la calle Luis Sáenz Peña 1723 en el barrio de Constitución. ¿Será porque las paredes están llenas de humedad? ¿Será por el frío que entra por la ventana de vidrios rotos de las cocinas?
La Ciudad de Buenos Aires está llena de hoteles familiares. Construcciones muy antiguas y edificios precarios que nadie mantiene. El Hotel Montreal se resiste a ese abandono, allí el mantenimiento lo hacen las familias, como pueden y con lo que tienen. Muchas familias comparten baño y cocina, son pocas las habitaciones que tienen baño privado. Los mecheros que ofician de hornallas no tienen perillas. La grifería de las duchas no existe, alguien las robó y los dueños nunca las repusieron, las personas se bañan con el chorro de agua que sale directamente del caño y los inodoros suelen perder agua. Para ir a la cocina en invierno lxs inquilinxs se abrigan como si fueran a salir a la calle porque al lado de las hornallas hay una ventana que tiene uno de los vidrios rotos por donde ingresa el frío.
Los dueños, Miguel y Alejandro Sproviero, hace años que dejaron de hacerse cargo de los arreglos, y sin embargo siguen cobrando sumas irrisorias por una pieza en la que apenas entra una cama de dos plazas y una mesita para dos, pero es habitada por una familia entera de cuatro o cinco miembrxs. Actualmente tiene una orden de desalojo por una deuda de ABL de más de 30 años. Y, si se concreta, quedarán en la calle 46 familias con 28 chicxs menores de edad.
En el Montreal conviven personas cuya economía se sostiene con trabajos precarizados, changas diarias y alguna ayuda social, ningún inquilinx cuenta con un trabajo formal. Son personas que llegaron de otras provincias del país en busca de una oportunidad laboral y migrantes de Paraguay, Perú y Senegal.
Como Mariela Morel, que llegó de Paraguay 20 años atrás. Hace dos años, cuando se separó y tuvo que buscar un nuevo lugar donde vivir, llegó al hotel. Mariela alquila una pieza con un baño compartido entre tres familias y paga por ella 25 mil pesos por mes. Su único ingreso fijo es el Potenciar Trabajo, pero no le alcanza para vivir, debe complementar con changas todos los días para llegar a fin de mes.
El hijo de Mariela, Emanuel, también vive en el hotel junto a su pareja, su niña de 13 años y una bebé de pocos meses. “Desde que vivo acá, hace cuatro años, la peleo todos los días, hago changas y tengo el Potenciar, pero hay meses que no me alcanza. Estuve arreglando las paredes de la pieza porque había mucha humedad y le hacía mal a mi bebé. Los dueños nunca me pagaron lo que arreglé”, cuenta Emanuel.

La resistencia vecinal

Silvia tiene 42 años, vive en el hotel con sus dos hijos de ocho y 13 en la habitación 28 del segundo piso, llegaron al hotel hace tres años. Abandonó su Chaco natal después de la pandemia en busca de una mejoría económica. “Tenemos dos hornallas donde cocinamos todas las familias de este piso, hacemos fila para cocinar, a veces tengo que esperar hasta las 12 de la noche. Entre vecinos nos organizamos para desinfectar y limpiar todo el lugar, el baño lo comparto con cuatro familias”, cuenta.
Actualmente Silvia está desempleada y busca trabajo, pero el asma y la enfermedad de tiroides que padece convierte esa tarea en algo difícil de llevar adelante. “Durante mucho tiempo trabajé como cocinera en un comedor, recibía una paga muy baja y ahora soy una más que hace fila por un plato de comida para mis hijos. A veces pasan 15 días que no tengo efectivo, gracias a Dios hay gente en la Iglesia que me ayuda y me hace donaciones. Mi médica también me ayuda mucho con la medicación”. Silvia paga 36.000 pesos por la pieza que alquila.
“En la habitación 35 hay un señor que desvaría, se olvida de las cosas. Nosotros le avisamos que en mayo no pague porque si hay una orden de desalojo no corresponde que le cobren. Al día siguiente, la encargada fue a tocarle la puerta y le dijo que si no pagaba lo iba a desalojar, no solo le cobró el alquiler, sino también, la luz y el cable. Lo mismo le hizo a una señora de planta baja, que tiene una hija con discapacidad. La mujer no sabía nada del desalojo, cuando se enteró fue a reclamarle la plata, pero la encargada no se la quiso devolver. Los dueños no pagan la luz, nosotros la pagamos porque no podemos vivir sin luz”, cuenta Silvia
Jaqueline tiene 28 años, vive en una de las habitaciones con su pareja y sus dos hijas de siete y tres, es una de las inquilinas más nuevas. Llegó en febrero cuando la encargada hacía varios meses que había sido notificada del desalojo, sin embargo, le alquiló la pieza de forma totalmente irregular. Trabaja haciendo changas con su compañero en la feria de Parque Patricios. “Estamos muy preocupados porque es muy difícil encontrar alquiler cuando tenés hijos”.
Ema López tiene 40 años y dos hijxs, unx de ellxs es una nena de ocho años con discapacidad mental, cobra un subsidio habitacional y vive allí desde el 2019. Generalmente recurre a los comedores populares porque no le alcanza a darle de comer a sus hijos. “Estamos muy enojados con el Gobierno de la Ciudad porque nunca nos dio una respuesta. Acá hay casi 30 chicos, adultos mayores y cuatro chicos con discapacidad. Cuando fui a la Defensoría salí llorando, es muy injusto lo que nos pasa. Nosotros nunca vivimos gratis acá, tengo todos los recibos, siempre pagamos y ahora nos quieren desalojar”.
Raúl vive hace siete años en el hotel, tiene 64 años. “Tengo miedo de quedarme en la calle. Yo sufro de una enfermedad de la vista y también tengo problemas hepáticos, por lo que estoy en tratamiento. Me mantengo con mi pensión. ¿A dónde voy a ir?”, se pregunta.

La gran estafa

Ninguna de las puertas de las habitaciones tiene refuerzo de seguridad. Teniendo en cuenta que en el hotel viven muchas familias y no hay un control de quien ingresa o sale, lxs inquilinos debieron comprar candados y cadenas para reforzar la seguridad de sus habitaciones. La encargada de cobrar los alquileres es Miriam Estela Escurra, quien durante todo este tiempo ocultó todas las notificaciones de desalojo que envió por correo el Ministerio Público Fiscal para que las familias no se enteren y sigan pagando los 25.000 pesos o más por una pieza chica, llena de humedad, con cocina y baño compartido.
El secreto se terminó cuando una inquilina encontró -de casualidad- una de esas notificaciones antes que la encargada y se enteraron de que el hotel tiene una orden de desalojo inminente y sin prórroga planificada para el 24 de mayo. También se anoticiaron que el inmueble tiene una deuda muy alta que los dueños no pagan hace años, aunque nunca dejaron de cobrar el alquiler a cada una de las personas que lo habitan. Cuando las familias se enteraron del desalojo acordaron no pagar el alquiler en mayo y la encargada fue contra los más débiles.
Mariela fue una de las primeras en enterarse del desalojo y alentó al resto de las familias en el reclamo. Esperan del Gobierno de la Ciudad una respuesta que nunca llega; mientras, la encargada del hotel sigue cobrando ilegalmente el alquiler: “A los más ancianos los amenaza con que van a quedar en la calle porque ella dice que la orden de desalojo es un invento nuestro. El dueño nunca dio la cara y en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires me aconsejaron denunciarla”, explica Mariela.
¿Y la solución que propone el Gobierno de la Ciudad? “Solo nos ofrece un subsidio habitacional, pero eso no resuelve el problema de fondo. Lo que queremos es una vivienda digna. No queremos que el Estado nos regale plata, queremos un techo para nuestros hijos, algo que podamos pagar según nuestros ingresos. Estamos dispuestos a pagar una cuota mensual por mes por una vivienda digna porque siempre nos la rebuscamos de cualquier forma para pagar”, asegura Mariela.
La Justicia estableció como fecha de desalojo el 23 de mayo a las 9 de la mañana. Las familias van a resistir junto al acompañamiento de diversas organizaciones sociales y de viviendas. Tienen miedo y la incertidumbre lxs atraviesa todos los días, pero están organizadxs, realizan asambleas para planificar la resistencia porque no quieren quedar en situación de calle, tampoco quieren que les regalen nada. Necesitan una vivienda digna que puedan costear con el mango que se ganan todos los días.