Comunicadores del Sur

11.02.2014

Reproducimos Comunicado de Prensa

Los hechos de violencia se produjeron el pasado miércoles 29 de enero, cuando de manera violenta policías de la Metropolitana agredieron a vecinos del barrio

Los fiscales Caamaño y Di Lello repudiaron el accionar violento de la Metropolitana contra vecinos del barrio Mitre

El Movimiento Madres en Lucha y vecinos del barrio Mitre de Saavedra realizaron esta tarde en el centro comunitario “Cambiando la Historia”, un debate sobre los hechos de violencia acontecidos semanas atrás, donde integrantes de la Policía Metropolitana del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reprimieron violentamente a jóvenes y vecinos del barrio. Participaron del encuentro los fiscales Cristina Caamaño (reemplazante del suspendido José María Campagnoli) y Jorge Di Lello (el fiscal que recientemente pidió la indagatoria del vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone), y el defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Andrés Elisseche.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de Marta Gómez, presidenta del Movimiento Madres en Lucha, quién agradeció “a todos los presente y especialmente a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, por su acompañamiento y apoyo tanto en este tipo de situaciones como en otras relacionadas a la inclusión social y prevención de las adicciones”.

Por su parte, Elisseche, afirmó que “fue una tarde muy importante para todos, donde hablamos entre otras cosas, de las formas licitas que deben tener las fuerzas de seguridad para requerir datos a los vecinos, los protocolos que deben existir y qué hacer en caso de que no se cumplan y nuestros derechos se vean vulnerados”.

A su turno, la fiscal Caamaño, se comprometió a seguir el tema de cerca y a tomar las medidas que sean necesarias para que este tipo de situaciones “terminen de una buena vez”. Di Lello, coincidió en lo expresado por su colega y agregó que “resulta imprescindible y necesario que los vecinos levanten la voz y hagan valer sus derechos, para que puedan ser oídos y evitar que estos atropellos se repitan”.

El conflicto se inició en la tarde del miércoles 29 de enero cuando efectivos de la Metropolitana intentaron injustificadamente con insultos y agresión física identificar a dos hombres y detuvieron a uno en las inmediaciones del shopping DOT. Luego, un grupo de vecinos quiso evitar la violencia que imprimían los oficiales sobre éstas dos personas y comenzó un enfrentamiento que terminó con heridos.

Movimiento Madres en Lucha

10.2.2014

El Movimiento Comunero manifiesta su preocupación y se solidariza con las miles de familias porteñas con chicos en edad escolar quienes, a poco del comienzo del ciclo lectivo 2014 y en un clima de incertidumbre y angustia, son  rehenes de inexplicables errores administrativos y de gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El problema de la falta vacantes en la Ciudad de Buenos Aires no es nuevo, ni responde a acontecimientos circunstanciales. Las causas están ligadas a  la imprevisión, la desidia, la falta de planificación y una concepción deshumanizante y mercantilista de la educación. Más allá de la bochornosa calificación de “exitoso” con la que definió a un sistema que mostró serias fallas, el ministro Esteban Bullrich, no pudo menos que reconocer “evidentes errores y desprolijidades en la inscripción del sistema online”. Sistema que fuera lanzado con la espectacularidad que caracteriza al gobierno macrista, sin tener en cuenta la realidad, los deseos y las necesidades de miles de familias. Lo concreto es que en  el Nivel Inicial  hay  entre 7000 y 9000 chicos (entre 0 y 3 años) que  quedarán este año fuera del sistema educativo mientras que está aún por resolverse la situación de 5000 alumnos entre 4 y 17 años que aún no tienen asignada su vacante. Pero allí no termina todo.

Para contrarrestar la polémica generada por los miles de niños que se quedaron sin un lugar en los colegios porteños, ahora el Gobierno de la Ciudad pretende cubrir esas vacantes con aulas improvisadas. Cabe recordar que este tipo de aulas modulares ya habían sido implementadas por la Ciudad en el 2005. Fue la Defensoría de la Ciudad quien aconsejó al gobierno porteño que dispusiera el inmediato reemplazo de las “aulas modulares”, en escuelas de la villa 21-24. Y en 2008 fue un fallo de la Justicia el que obligó al Gobierno a retirar primero dos “aulas container” ubicadas en una escuela de Retiro y luego otras en dos escuelas, una en Barracas y otra en Pompeya.

En 2007 – 2008, según datos aportados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, más de 9000 niños/as menores de cinco años, habitantes de la ciudad de Buenos Aires, se vieron privados de asistir a un jardín de infantes estatal por falta de vacantes ^[1] y se presumía, por desconocerse los datos oficiales, que una cantidad aún mayor de alumnos del nivel primario habían sido “derivados compulsivamentepor falta de lugar a escuelas de otros distritos escolares bastante alejadas de sus domicilios y se les niega a los padres el derecho a elegir el lugar donde quieren educar a sus hijos, y a los chicos, el derecho a concurrir a una escuela cercana a su residencia”.  (2008 – Informe Defensoría del Pueblo)

Teniendo en cuenta que las falencias en la recolección de datos hacen imposible conocer la magnitud del problema y encarar su solución, el Movimiento Comunero:

–         Reclama a las Juntas Comunales que planteen al Poder Ejecutivo de la Ciudad una solución inmediata y definitiva al problema de vacantes y aulas que aflige a miles de familias porteñas.

–         Propone a los Consejos Consultivos Comunales impulsar en cada Comuna – con la participación de padres docentes y directivos de las Escuelas – un  relevamiento de las necesidades de vacantes y aulas y una planificación participativa de la inversión en la educación de la Ciudad para abastecer la demanda educativa real.   

Buenos Aires, febrero 10 de 2014.

10.2.2014

Luego de marchas y contramarchas, la Policía Federal finalmente dejará de prestar servicio adicional en el subte a partir de junio próximo, por lo que la Policía Metropolitana deberá hacerse cargo.

Fuentes policiales revelaron que a partir de esa fecha se retirarán los efectivos federales y dejarán el lugar a la fuerza porteña, que ya inició un proceso para poder afrontar esa misión en la fecha "acordada".

En varias ocasiones, el Gobierno nacional dispuso la salida de la Policía Federal del subte y más aún cuando ese servicio pasó a la órbita de la Ciudad, en enero del año pasado.

Los cruces surgieron porque en ese entonces la Policía Metropolitana necesitaba tiempo para incorporar a la fuerza a los egresados y finalmente la fecha decisiva sin nuevo acuerdo será el 1 de junio próximo.

En ese sentido, los policías federales que realizaban servicio adicional en el subte serán reasignados en otros objetivos, como los ferroviarios, mientras que el gobierno porteño quedará a cargo en forma íntegra de ese servicio.

La Metropolitana ya empezó a realizar tareas de investigación con su propio personal para poder detectar arrebatadores y distintos tipos de delincuentes y darle así lucha a este flagelo.

La fuerza macrista llegaría con 650 efectivos más el refuerzo de personal de seguridad privada, por lo que habría unos mil empleados de seguridad en total para las 83 estaciones (18 de la Línea A, 17 de la B, 9 de la C, 16 de la D, 15 de la E y 8 de la H).

En ese sentido se cubrirán tres turnos de ocho horas cada uno, reforzando con mayor cantidad de personal aquellas estaciones que tengan transbordo, ya que fuentes de esa fuerza remarcaron que es "donde mayor actúan los arrebatadores".

9.2.2014

A tres semanas de haberse realizado los habituales cambios anuales de comisarios de seccionales porteñas de la Policía Federal, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, y el titular de la fuerza, comisario general Román Di Santo, desplazaron al jefe de la dependencia 16ª del barrio porteño de Constitución.

Fuentes policiales revelaron que el cambio del comisario César Darío Gambarte se decidió el martes pasado y fue oficializado en la Orden del Día Interna (ODI) de la fuerza y en su lugar lo reemplazó Miguel Ángel Olivera.

Su salida se produjo porque "no cumplió con las expectativas que la Secretaría de Seguridad de la Nación había depositado en él". Esta modificación generó algunos enroques, ya que Olivera era hasta esta semana el jefe de la seccional 34ª, situada en el barrio porteño de Nueva Pompeya, y al disponerse su pase lo sustituyó el comisario Jorge Humberto Lemos, quien al momento de los cambios anuales ocurridos el pasado 18 de enero había pasado de la dependencia 26ª (Barracas) a la Circunscripción VII.

En tanto, Gambarte pasó a desempeñarse en la Circunscripción III, luego de que Berni y Di Santo tomaran la decisión de sacarlo del área de comisarías. El pasado 18 de enero Gambarte había sido ratificado en esa comisaría, pero formaba parte de una nómina de ciertos jefes que podían ser desplazados a otras áreas si no revertían los problemas que acarreaba su jurisdicción.

8.2.2014

Con una convocatoria que no cubrió la expectativa generada, el gobierno de la ciudad y Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) cumplieron con la formalidad de realizar una audiencia pública antes de aumentar la tarifa de subte desde los primeros días de marzo. La lista previa contaba con unos 135 oradores, pero sólo fueron 35 los que expusieron ayer, entre las 11 y las 17, en el Teatro San Martín.

Con la presencia de especialistas en transporte, legisladores, sindicalistas y usuarios, la audiencia se desarrolló entre la postura de los opositores al aumento del boleto y los fundamentos de quienes están a favor del incremento. Pero al ser de carácter no vinculante los testimonios no incidirán en la decisión ya tomada por el gobierno porteño.

"Con este boleto se busca favorecer a aquellos pasajeros frecuentes mediante una modalidad novedosa para el transporte de la ciudad que subsidia a los usuarios que más lo necesitan y no a la empresa", comenzó diciendo Juan Pablo Piccardo, titular de Sbase. Defendió así el sistema de tarifas escalonadas que tendrá un rango de entre $ 2,70 y $ 4,50 -y $ 5 si el pasaje se abona en ventanilla- con descuentos del 20%, 30% o 40% según la frecuencia de uso mensual de cada pasajero.

De esta manera el valor del pasaje será de $ 4,50 por los primeros veinte viajes; $ 3,60 para los siguientes diez; $ 3,15 los diez siguientes, y $ 2,70 a partir del viaje 41.

"Pro ya tiene decidido todo y seguirá adelante, con lo cual ya el aumento se convierte en otra medida injustificable de esta administración", disparó el legislador del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Alejandro Bodart, el primero en hacer uso de los cinco minutos de los que disponía cada orador. "Aumentan el pasaje, pero también aumentaron los subsidios. Eso es lo inexplicable", planteó.

Este punto es uno de los más resistidos entre quienes se oponen al aumento. Durante 2013 Metrovías, la empresa concesionaria del servicio, recibió unos $ 700.000.000 en subsidios. Para 2014 ese monto alcanzará los 1000 millones de pesos, según el presupuesto porteño. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, Enzo Pagani, prefirió no entrar en la polémica. "A pesar de todas las contras, la quita de subsidios del gobierno nacional y el avance inflacionario del día a día, nuestra gestión no olvidó en esta propuesta tarifaria los beneficios para la franja social más necesitada", opinó el legislador de Pro mediante un comunicado que hizo llegar a la audiencia.

Su postura se encuentra en la misma línea que la expuesta por Sbase. La readecuación de la tarifa, según explicaron los técnicos, se fijó a raíz del aumento en los costos de explotación del servicio, "producto del creciente proceso inflacionario". En 2013 los costos de operatividad, informaron, crecieron 250 millones de pesos.

Sin embargo, no fue suficiente para conformar a los legisladores presentes. "El gobierno de la ciudad ya aumentó más de un 300% el boleto del subte, a razón de un 150% anual. Sin embargo, el índice de inflación que difunde el mismo gobierno de la ciudad no supera el 24%, y el índice de aumento de los costos que expresa Sbase no supera el 16%", comparó la diputada del Frente para la Victoria María Rachid. "El gobierno no escucha las demandas y de igual manera concretará un aumento innecesario. Así consolida la idea de Pro de ir hacia un subte elitista que excluye a los trabajadores", agregó.

En la misma sintonía se manifestó la legisladora de Confianza Pública Graciela Ocaña. Si bien no estuvo presente en la audiencia, hizo llegar un escrito con el que se sumó al rechazo del aumento. "Los informes operativos del subte ya están inflados y no se toma en cuenta la depreciación del material rodante e infraestructura que sufren los bienes de la ciudad y del cual la empresa concesionaria no se hace cargo", opinó. La ex ministra de Salud de la Nación apuntó a la gestión de Sbase desde que la Ciudad se hizo cargo del subte: "No paran de aumentar el boleto y, sin embargo, el servicio es pésimo, con continuas cancelaciones, falta de seguridad en coches y estaciones, suciedad, escaleras mecánicas que no funcionan por meses, ascensores clausurados y filtraciones".

Por otra parte, los metrodelegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP) también se hicieron presentes en el San Martín. "Antes hubo otros aumentos y con éste sumamos casi un 400% desde que Pro se hizo cargo. Recordemos que con el aumento a $ 2,50, unas 200.000 personas dejaron de usar el subte", recordó Roberto Pianelli, titular de la agrupación. Los sindicalistas, que comenzarán a negociar paritarias desde marzo, anticiparon que las conversaciones podrán ser duras, ya que, con el antecedente de un elevado incremento de la tarifa, podrían pedir un aumento más alto que en años anteriores.