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El gobierno de la CABA debe reincoporar a Laura Schargrodsky al SAME

11.7.2014

La justicia laboral en el juzgado Nº 59, a cargo de la Jueza Dora Tantis, resolvió el 30 de junio del 2014 en el expediente N°25391/2014,”Schargrodsky Laura c/Dirección General de Sistema de Atención Medica de Emergencia SAME. Ministerio de salud GCBA s/Juicio Sumarísimo: que Laura Schargrodsky debe ser “restablecida en sus funciones en el programa PADU”, por considerar que el cambio de funciones responde a una acción discriminatoria y antisindical vinculada a su actuación gremial y que atenta contra la libertad sindical. Se trata de una medida cautelar, es decir de cumplimiento inmediato, dentro de los cinco días de notificado el Ministerio de Salud” para evitar que la prolongación de un juicio, mediante apelaciones” pueda llevar a que no resulte susceptible la reparación del daño”.


Este es un primer reconocimiento del carácter de la persecución a la compañera Laura Schargrodsky, a la que el gobierno de la CABA también le inició un Sumario por ser uno de los referentes principales del proceso de lucha contra la Resolución 1657 del Ministerio de Salud: que ocasionó el despido de 1500 profesionales que trabajaban hace años con cargos precarizados de suplencias de guardia en el Sistema de Salud de la CABA. En el Sumario la acusan de “haber realizado una asamblea en el SAME” y haber, supuestamente, “dejado entrar” a la Asamblea personal de Salud de otros lugares.

Tanto el avasallamiento de los fueros gremiales de Laura, Presidenta a cargo de la Filial de Médicos Municipales del Hospital Gutiérrez y consejera del Hospital Gutiérrez al Consejo Central de la AMM, el cambio de función en el programa pediátrico del SAME, como el inicio de un Sumario son acciones de presión y persecución por la lucha desarrollada por la compañera, por el Hospital de Niños en su conjunto durante muchos años, y por formar parte de la dirección de la filial del hospital de Niños, opositora a la conducción oficialista de la AMM.

Estas acciones del GCBA forman parte de un plan sistemático de persecución a los trabajadores de la Salud que luchan como los del Htal. Borda, la auditoria del Ministerio de Modernización sobre los profesionales del Htal. Moyano, pretendiendo ser un mensaje aleccionador para todo aquel que salga a enfrentar las medidas de ajuste en salud, las políticas privatizadoras y vaciadoras de lo público del Gobierno de la Ciudad.

La medida cautelar a favor del restablecimiento de Laura Schargrodsky en su función habitual que realizaba desde hace catorce años en los Programas Pediátricos del SAME, es un primer paso en el reconocimiento del carácter de la persecución. Es por ello que exigimos al Ministerio de Salud y al GCBA el cumplimiento inmediato de dicha medida cautelar y el cierre inmediato del Sumario armado por el GCBA y el Ministerio de Salud de la CABA.

Frente a la persecución sufrida por la compañera hemos recolectado 600 firmas exigiendo el restablecimiento de su función, principalmente de trabajadores de la Salud de Hospitales y Centros de salud, docentes y de numerosos pediatras de los programas del SAME.

Al cumplirse un nuevo aniversario del asesinato de Kiki Lescano

11.7.2014

“Se acerca la fecha donde el recuerdo acentúa su parte más triste, y como cada año, el sábado 12 de julio familiares y amigos de Jonathan y Ezequiel se reúnen una vez más en una Jornada por los Derechos Humanos en Fonrougue y Chilavert, Villa 20, Lugano, evocando el encuentro y la lucha con alegría”, nos recuerda la autora de la nota. En julio de 2009, Kiki salió de su casa y no volvió. En el camino se encontró con su amigo Ezequiel. La policía los detuvo, los golpeó y los asesinó a tiros. Kiki murió de dos balazos en la cabeza. Daniel Veyra es el policía federal asesino de ambos jóvenes y continúa impune. Como se sabe, el gatillo fácil incrementó sus víctima en la “decada ganada”, de tal modo que en el período esta modalidad represiva estatal superó a todos sus antecesores constitucionales.

Por Romina Fernández- Integrante de Alegre Rebeldía

 

Había una vez dos pibes que salieron de su casa y fueron asesinados por la policía.
Este comienzo no forma parte de una historia novedosa ni original. Es una historia de todos los días. Es la historia de miles de adolescentes y jóvenes anónimos. Es la historia de Jonathan Lezcano y Ezequiel Blanco, dos pibes que desde hace ya cinco años faltan.
Jonathan y Ezequiel eran de la Villa 20 de Lugano. Tenían 17 y 25 años. Vivían la realidad que hoy viven muchos pibes de los barrios olvidados de la Capital Federal y el Conurbano Bonaerense. Tratando de salir como se pueda, esquivándole a la tentación de la plata fácil, aprendiendo a decirle que no al paco, viviendo el cotidiano abuso de la policía, refugiándose en las tardes de cumbia con amigos.
Jonathan, Kiki, como le decían, era un pibe así. Le gustaba el fútbol. Venia dejando atrás ese tiempo que había pasado en el Centro de Régimen Cerrado San Martín y todas las cosas que lo llevaron hasta ahí. Con la pulsión de rescatarse logró escaparle al paco y retomó la escuela. Se refugió en su familia, en sus amigos y le dio para adelante. Y andaba por ahí, yendo para adelante con sus 17 años cuando lo asesinaron.
El 8 de julio de 2009, Kiki salió de su casa y no volvió. En el camino se encontró con su amigo Ezequiel. La policía los detuvo, los golpeó y los asesinó a tiros. Kiki murió de dos balazos en la cabeza.
Durante unos dos meses, Ezequiel estuvo en la morgue, y Kiki fue un NN enterrado en el cementerio de la Chacarita.


Hasta recibir la noticia, el 14 de septiembre de 2009, la familia de los chicos los buscó por todos lados. Angélica, la mamá de Kiki, recorrió el barrio, los hospitales, los juzgados y hasta llegó a pedir ayuda en la comisaria 52 donde le decían que se quedara tranquila, que ya iba a volver.


En boca sucia de muchos, Jonathan andaba perdido por ahí drogado y robando. En el corazón limpio de Angélica, sabía que algo le había pasado. Tenía razones de sobra para sospechar de la policía. Meses antes de su desaparición, la Brigada de Investigaciones de la 52 había golpeado brutalmente a su hijo. Y un día antes del asesinato, Kiki había tenido una extraña advertencia con sabor a amenaza de parte de un oficial. Es que, como sucede en muchos barrios, la policía quería a los pibes de mulo. Y los pibes se negaban a trabajar para ellos.
La causa quedó en manos del Juez Facundo Cubas del Juzgado de Instrucción N° 49. El acusado Daniel Santiago Veyga, oficial de la comisaria 52, nunca declaró, presentó un escrito en el que se adjudicaba la muerte de los chicos argumentando haberlo hecho en defensa propia cuando los pibes le quisieron robar el auto. Para el juez todo cerraba perfecto: dos pibes de la Villa 20, en una andanza que les había salido mal. Un policía cumpliendo su función. Con esos datos, el juez sobreseyó a Veyga diciendo que había actuado en “legítima defensa” y cerró la causa.
Meses después llega a manos de Angélica un video filmado por la misma policía verduga, donde se lo ve a Kiki y a Ezequiel arriba de un auto agonizando. Ese video fue fundamental para reabrir la causa. También fue fundamental la insistencia de los familiares y amigos de los pibes, y de una madre que no aceptó la versión policial. A fuerza de lucha y organización, a fines de 2012, la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal revocó el sobreseimiento de Veyga y apartó de la causa al juez Cubas, otorgándole el caso al Juez Juan Ramón Padilla del Juzgado de Instrucción N° 24.


A pesar del testimonio de Angélica, de todas las personas involucradas (policías, médico forense, médicos del SAME) y del crudo video, en una parte del fallo titulada “Sobre el fracaso de la justicia”, el juez Padilla tuvo que reconocer que no tenía elementos suficientes para procesar a Veyga. Como es costumbre, la policía se había encargado de encubrir a su compañero. Se cometieron un montón de irregularidades en la investigación. Se destruyeron pruebas fundamentales, como la ropa que los chicos llevaban puesta ese día. Las armas, que decían que supuestamente llevaban los jóvenes encima, misteriosamente desaparecieron en una inundación. Con este panorama, por segunda vez, el 23 de octubre de 2013, Veyga es nuevamente sobreseído. Esta vez “en beneficio de la duda”. La lucha continua. Si bien la familia de Kiki considera el fallo judicial emblemático porque denuncia todas las irregularidades y fallas de la justicia, se pronuncia seguir adelante para que de una vez por todas, Veyga pueda ser procesado por el asesinato de los chicos. El fallo fue apelado.


Hoy es esa la batalla de Angélica, la batalla de quienes extrañan y recuerdan a Kiki y Ezequiel, la de otras madres que también perdieron a sus hijos en manos de la policía, la del barrio, la de los jóvenes que participan de la Casita Kiki Lezcano en Villa 20.
Sigue de pie Angélica con su tristeza y su entereza a la vez. No le importa las amenazas que viene padeciendo estos cinco años. Va firme, denunciando lo que la policía hizo con su hijo y con Ezequiel y lo que sigue haciendo.
Se acerca la fecha donde el recuerdo acentúa su parte más triste, y como cada año el sábado 12 de julio familiares y amigos de Jonathan y Ezequiel se reúnen una vez más en una Jornada por los Derechos Humanos en Fonrougue y Chilavert, Villa 20, Lugano, evocando el encuentro y la lucha con alegría.
La carita de los pibes en una foto. Sonriente en una bandera, en una pared del barrio. Hubiéramos preferido un destino más silencioso para ellos. Les tocó ser estandarte de lo que ya no queremos.
Kiki y Ezequiel eran dos pibes más de la villa 20.
Hace ya 5 años, son dos pibes menos.

Por la situación del espacio cultural Pompeya

8.7.2014
 
El 7 de julio de 2014 a las 9:30 horas, en el Espacio Cultural Pompeya, ubicado en Carlos María Ramírez 1469, barrio de Pompeya, por orden del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n° 1 a cargo del Dr. Alberto Alemán, Secretaría n° 1 a cargo del Dr. Mariano Conde se realizó el MANDAMIENTO DE CONSTATACIÓN DEL INMUEBLE, a fin de constatar el estado de ocupación y distribución del inmueble referido.
Para dicha tarea se hicieron presentes en el lugar, el oficial de justicia Horacio Emilio Solveyra, la síndico designada Marta Estela Acuña, el tasador Miguel Carrero Baliero y el abogado Martín Gorocito en representación legal del acreedor hipotecario: Banco de la Provincia de Buenos Aires.
A la vez de recorrer y fotografiar todo el lugar, se realizó un acta con los detalles de los diferentes espacios que componen la totalidad del inmueble, sus ambientes, medidas y quiénes los ocupan.
A nivel general, en el acta quedó constancia de que en el inmueble se realizan una cantidad de tareas político–sociales-culturales-educativas como ser las que realiza la Asamblea Barrial Pompeya-Traful, la Comisión por la Memoria de los desaparecidos de Pompeya: "Pompeya no Olvida", la biblioteca popular Rosa Lamorte, el equipo de educación popular “Pañuelos en Rebeldía” (alfabetización, educación popular), el Centro Cultural Pompeya (juegoteca, apoyo escolar, etc.) y el uso social que practican diferentes organizaciones, movimientos sociales. También se dejó constancia que en el predio se aloja una familia con tres menores de 17, 15 y 8 años de edad.
 Entendemos que en estos tiempos se abre una disputa de sentido con relación al “uso” del predio: o bien se continuará utilizando para las tareas político – sociales – culturales – educativas destinadas a la comunidad en forma voluntaria y gratuita; o bien – desalojo mediante – se destinará para la especulación inmobiliaria.
Quedará en la acumulación de fuerzas que podamos realizar para definir el destino de este lugar del barrio de Pompeya, del que hacen uso y mejoramiento del mismo desde hace casi 15 años, no sólo las organizaciones y colectivos citados sino una parte importante de organizaciones y movimientos sociales del campo popular.

Asamblea Barrial Pompeya-Traful.
Comisión por la Memoria de los desaparecidos de Pompeya: "Pompeya no Olvida".
Equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía.
Centro Cultural Pompeya 

Una ley para ampliar la participación electoral de personas migrantes que viven en la Ciudad

8.7.2014

Con el fin de hacer más real y efectiva la participación de personas migrantes de nuestro país en los procesos democráticos, la diputada y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Legislatura, María Rachid, en coautoría con la diputada Paula Penacca, presentaron hoy un proyecto de ley para garantizar el sufragio de los/as migrantes que viven en la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa, además de contemplar el derecho a emitir el voto, elimina la inscripción voluntaria en el Registro Electoral y la torna automática, e incorpora la posibilidad de postularse para ser miembro en la Junta Comunal.

A partir de la Ley 25.871, sancionada en el 2003 durante la gestión del Presidente Néstor Kirchner, se reconoce el derecho a la consulta o participación de los/as migrantes en la vida pública, promoviendo acciones para garantizar distintas formas de participación. En la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 334, que crea el Registro de Electoras y Electores, establece que “los/as extranjeros/as que residan en la Ciudad de Buenos Aires pueden participar de las elecciones locales, previa inscripción voluntaria en dicho Registro”. 
 
Sucede que esta inscripción voluntaria no tiene, en la práctica, el espíritu inclusivo de la Ley 25.871: sólo puede efectuarse en la sede del Tribunal Superior de Justicia en horarios acotados mediante un método burocrático poco efectivo que, sumado a la falta de información pública al respecto, genera un desconocimiento de este derecho, de lo que resulta que sólo el 3% de la población migrante que cumple con todos los requisitos de la ley, está habilitada para participar en elecciones de la Ciudad.  
 
La propuesta ofrece cambios al actual régimen de la Ley 334, removiendo los obstáculos administrativos comprendidos en la inscripción voluntaria y disponiendo la incorporación automática de personas migrantes al Registro de Electores y Electoras Extranjeros/as Residentes en la Ciudad, creado especialmente para ese fin. En esa línea, el proyecto incluye una serie de derechos destinados a alcanzar la igualdad real de trato entre los/as argentinos/as y las personas migrantes durante cada comicio, al establecer la distribución equitativa de los circuitos y mesas electorales; la similitud de mesas y padrones electorales; la equivalencia en la cantidad de electores/as por mesa; y la posibilidad de que puedan votar los/as migrantes que se encuentren privados/as de su libertad. Además, de aprobarse la iniciativa, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá en época de elecciones, difundir masivamente el reconocimiento de los derechos de los/as migrantes y los mecanismos para ejercerlo.
 
Al respecto, María expresó que “durante la presidencia de Néstor Kirchner, la política migratoria argentina experimentó un cambio de paradigma en cuanto al status jurídico de las comunidades migrantes que, reforzada por la incansable lucha de sus organizaciones junto a las de derechos humanos y referentes de la sociedad civil, permitió aprobar  una nueva Ley de Migraciones. Nuestro proyecto propone profundizar este camino recorrido desde 2003, abriendo la posibilidad de que los/as migrantes que cumplan con los requisitos necesarios puedan, además de votar, ser elegidos/as como representantes de las Juntas Comunales. Además, el hecho de  remover los obstáculos que implican en los hechos la inscripción voluntaria, permitirá a las personas migrantes estar verdaderamente incluidas en la vida democrática de la ciudad y del país que han elegido para vivir".

Encuentro de educadores en la CABA

2.7.2014

Las políticas educativas implementadas en los últimos años tanto en el ámbito nacional como en la ciudad de Buenos Aires no logran revertir un cuadro de situación marcado por la exclusión.  Laura García Tuñón, Docente,  Directora General de Coordinación Comunitaria de la Legislatura de la C.A.B.A. y ex legisladora porteña por Unidad Popular; junto a Guillermo Volkind, Psicólogo social, Licenciado en Ciencias de la Educación y Director de la escuela secundaria Aula Taller, participaron de un encuentro de educadores organizado por la regional norte de la CTA Capital. 

La idea fue generar un espacio de discusión de políticas educativas y prácticas docentes, comprometidas con la construcción de una escuela pública y popular. La Jornada tuvo lugar en la Escuela Media nº3 “Antonio Devoto” el 27 de mayo. “La organización de los docentes es fundamental para generar un gran movimiento alrededor de un debate central en educación, frente al vaciamiento y la pauperización de la educación. Este tipo de debates nos fortalece en la discusión de políticas-pedagógicas, que tenga como centro la construcción colectiva de conocimiento, como uno de los principales desafíos de nuestro tiempo, afirmó García Tuñón.
La legisladora (mandato cumplido) recordó algunas cifras locales: En la comuna 11, el 31.5% de los mayores de 25 años no terminaron el secundario, mientras que en la comuna 10, se trata del 24%. “Son números altísimos”, aseguró.  En este sentido, Laura García Tuñón manifestó que “en general hablamos de la cantidad de chicos que son desertores y abandonan la escuela (en la Ciudad, el 49% no terminan el 5º año), responsabilizando a nuestros pibes o al contexto en que se desarrolla la práctica educativa”. La clave, explicaba García Tuñón, reside en la construcción de políticas públicas que sean inclusivas y que posibiliten a las instituciones indagar  “¿qué es lo que hace este sistema educativo para generar esos niveles de deserción y qué debemos hacer ante ello?”.

El licenciado Guillermo Volkind trajo al debate las conclusiones de una investigación: “los chicos que provienen de familias pudientes entienden que para tener un trabajo no hay que ser inteligentes, pero ellos se consideran inteligentes y aquellos de familias empobrecidas dicen que es fundamental ser inteligente para tener un trabajo y ellos no se consideran inteligentes”. Por ello el psicólogo hace un llamamiento humanitario: “¿cómo dar la espalda a una batalla que le puede devolver a estos chicos, que no se creen inteligentes su identidad y demostrarles que lo son?”.
A continuación, Volkind se explayó en el significado de este posicionamiento. “La batalla pedagógica no consiste en buscar una opción más dinámica para evitar el aburrimiento de los estudiantes, ni intentar enseñarles al menos algo ya que están en la escuela”, argumentó el licenciado. “Mientras que un grupo está aprendiendo sujeto y predicado, hay un grupo más pequeño que maneja la gramática castellana, francesa y anglosajona; es decir, el conocimiento se restringe en aquellos lugares que más se necesita y se amplía para aquellos que siguen tomando las decisiones. A esto me refiero con batalla pedagógica”.
“Hay docentes que se replantean y se esfuerzan por mejorar sus clases – relatabaLaura García Tuñón – y lo entienden como un acto de mejora de las prácticas, de hacerlas más atractivas para que los chicos no se aburran adentro del aula, pero no se está rompiendo con las barreras de exclusión existentes”. La Directora General de Coordinación Comunitaria, recordó a Orlando “Nano” Balbo quien “…planteaba que para enseñar en un contexto de tantas carencias y dificultades era necesario dejar entrar la cultura de los estudiantes y  de los docentes al aula y enfrentarla a la cultura hegemónica que plantea la escuela, en una negociación continua que posibilite las condiciones de enseñar y de aprender”. “Los maestros son los que construyen las condiciones de aprendizaje”. Señalando que es necesario garantizar dentro de la escuela, el espacio para el diálogo y la escucha entre la cultura de estudiantes y profesores, capaz de interpelar a esa cultura hegemónica.
Desde allí se enmarca la crítica a la propuesta de la Nueva Escuela Secundaria.“Hoy la NES propone un replanteamiento del diseño curricular porque los chicos se aburren y no están contextualizados, pero si sólo se queda en esto va a fracasar y eso es lo que creo que va a suceder con esta reforma que plantean tanto el gobierno de la Ciudad como el  nacional”. “Necesitamos formas de trabajo y de organización distintas, donde profesores y estudiantes sean los protagonistas de su formación”.

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