Comunicadores del Sur

26.8.2014

La Retaguardia

Pasadas pocas horas del desalojo de la Villa Papa Francisco en el barrio de Lugano, algunas familias permanecen acampando en las cercanías del terreno. El legislador porteño Gustavo Vera denunció que el sector en el que estaba instalados los narcotraficantes quedó intacto y que solo desalojaron a los vecinos. Dejamos algunas reflexiones para intentar entender por qué se pasó de la urbanización al desalojo.

Tras el desalojo de las familias que vivían en la Villa Papa Francisco, varias organizaciones sociales y políticas se autoconvocaron en el obelisco para protestar por las diez detenciones producidas. Las primeras seis se dieron durante el desalojo. Las otras cuatro en incidentes posteriores en los que hasta el legislador Pablo Ferreyra fue alcanzado por balas de goma.

Aún lejos de contar con políticas públicas que intenten solucionar el problema de vivienda que tantos porteños tienen, el gobierno de la ciudad y el nacional, se preocuparon especialmente esta semana por continuar con la estigmatización de los habitantes de las villas. Así como el Papa Francisco logró detener el desalojo planificado hace algunos meses con un mail que hizo público el legislador porteño Gustavo Vera ("Antes no desalojaban los autos y ahora están apurados por desalojar a las personas", decía el papa en aquel momento), el viernes causaron sorpresa las declaraciones del cura del barrio, Franco Punturo, el mismo que bautizó a lo que iba a ser un barrio en lugar de una villa, con el nombre de Papa Francisco. Punturo había asegurado que “la zona es tierra de nadie, del más fuerte, del más violento”, y aseguró que eso ocurría porque la policía y la gendarmería no entraban al lugar y eso generaba la tranquilidad necesaria para que las mafias se instalaran allí.

Curiosamente, ayer las fuerzas de seguridad no solo ingresaron al barrio encontrándose con poca resistencia, sino que se llevaron detenidas a diez personas, la mayor parte militantes sociales y delegados del barrio, que bastante lejos parecen estar de ser mafiosos. Cabe preguntarse: si el barrio estaba tomado por bandas peligrosas, ¿por qué la resistencia fue la que en general se da en cualquier otro desalojo?; las familias intentaron evitar la medida en un comienzo (de hecho allí se produjeron las primeras seis detenciones), pero luego no les quedó otra opción que aceptar retirar sus cosas antes de que las topadoras arrasaran con sus ladrillos, sus sueños, sus buenos mangos puestos no solo en los materiales, sino también en muchos casos en la compra de esos terrenos a algunos punteros del sistema político como Marcelo Chancalay, ex presidente de la junta vecinal de la Villa 20, que fue detenido el 30 de mayo acusado de haber organizado la toma y loteado los terrenos para luego venderlos. Vale volver a preguntarse, ¿quiénes son los mafiosos? ¿los vecinos que ayer se quedaron sin vivienda o los punteros que deambulan entre el PJ, el PRO, el FPV, según les convenga, como Chancalay?

El poder parece saber quién es quién. El legislador porteño Gustavo Vera denunció que el desalojo no alcanzó a los narcos a los que los vecinos (incluyendo a los desalojados) denunciaban. Vera lanzó una catarata de tuits en los que dejó su posición más que clara: "pregunten al cura, a los vecinos, el sector narco del fondo que los vecinos del Barrio Papa Francisco denunciaban no lo tocaron, rajaron a los vecinos", dice en el más elocuente.

Está claro que lo que sucedió ayer fue grave. No solo porque cualquier desalojo que deja familias en las calles lo es, sino por el apoyo social que la medida consiguió. Solo las organizaciones sociales y algunos legisladores porteños y nacionales se preocuparon por la situación. Las declaraciones del Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni dan cuenta de que algo ha cambiado en lo discursivo. Si antes los funcionarios nacionales se preocupaban por no aparecer cómodos con la represión como metodología, ahora tienen en Berni al que asegura que esto debió haber sucedido antes. Hoy, ya nadie habla de Melina López, ni de las mafias, ni de las familias desalojadas, ni del cementerio de autos… mucho menos de la ley que el propio Estado local incumple: ese terreno debió haber sido un barrio desde el 2005. Sin embargo sigue siendo caja para los punteros. Y todo indica que eso no se terminó ayer.

25.8.2014

“RESUELVO:

I.DECRETAR EL PROCESAMIENTO DE NELSON MAXIMILIANO ACOSTA, MIGUEL ANTONIO LEDESMA Y GABRIEL HERIBERTO PEREIRA DE LA ROSA, cuyas demás condiciones personales obran en autos, por considerarlos “prima facie” coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio agravado por resultar los imputados miembros de una fuerza policial y haber abusado de sus funciones en grado de tentativa, reiterado en tres oportunidades que concurren en forma real entre si y todos en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público –arts. 42, 45, 54, 55, 79, 80 inciso 9° y 248 del Código Penal-.

II.CONVERTIR EN PRISIÓN PREVENTIVA LA ACTUAL DETENCIÓN DE NELSON MAXIMILIANO ACOSTA, MIGUEL ANTONIO LEDESMA Y GABRIEL HERIBERTO PEREIRA DE LA ROSA, cuyas demás condiciones personales obran en autos, de conformidad a lo normado por el artículo 312 y 319 del Código Procesal Penal de la Nación”.Causa nº 16.475, Juzgado de Instrucción nº 38, 25 de agosto de 2014.

La jueza Wilma López, titular del juzgado de instrucción nº 38, decretó ayer el procesamiento y prisión preventiva de los tres policías metropolitanos que, la noche de 12 de marzo de 2013, dispararon escopetas Mossberg calibre 12/70 cargadas con munición de guerra (plomo) de uso prohibido por los propios reglamentos policiales contra una multitud de personas que se manifestaban contra el cierre de la Sala Alberdi del Centro Cultural General San Martín, e hirieron a los trabajadores de prensa Germán Darío de los Santos (DTL!) y Esteban Ruffa (AnRed), ambos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) y a Mario Ciro Fumaroni, de la biblioteca popular “Los Libros de la Esquina”.

En 42 carillas, la magistrada resumió los hallazgos de la investigación en el año y medio transcurrido, y consideró probado que “…los nombrados fueron quienes dispararon contra los tres manifestantes en la intersección de Corrientes y Paraná utilizando las armas provistas por la institución, aunque con postas de plomo, provocando las lesiones constatadas en autos”. También valoró, para procesar por el delito de homicidio agravado por ser miembros de una fuerza policial en grado de tentativa, “…la idoneidad del medio empleado a tal fin –una escopeta cargada con municiones de plomo-, la circunstancia de haber apuntado contra el cuerpo de los manifestantes, según sus categóricos dichos, así como también la deliberada sustitución de los cartuchos (…), todo lo cual amerita sostener que no hay duda que se representaron el resultado de muerte de las víctimas, y lo aceptaron y se conformaron como posible, resultando evidente el aspecto subjetivo del tipo analizado”, y destacó que no se trató de un abuso o exceso individual, sino de un “plan común con división funcional de tareas, demostrando el desarrollo secuencial del hecho, aquí relevado y probado, la existencia de esta voluntad común previa y concomitante a la ejecución, manteniendo en todo momento los intervinientes el poder decisorio sobre el comienzo, prosecución y finalización del curso causal (…)”.

Además del procesamiento y la prisión preventiva, basada en la gravedad de los delitos y la posibilidad de fuga y de entorpecimiento de la investigación por su condición de policías, la jueza también ordenó remitir copias a la justicia federal para investigar el delito de acopio y tenencia de munición (art. 189 bis apartado 3º del Código Penal), ya que al allanarse el domicilio del oficial mayor Pereira de la Rosa se encontró un enorme arsenal, con armas cortas y largas, chalecos antibala y proyectiles de todo tipo, que el hoy policía metropolitano trató de justificar diciendo que “le sobraron” de cuando revistaba en el GE1 (Grupo Especial del Cuerpo de Guardia de Infantería) de la policía federal.

Sólo en materia de municiones, se secuestraron en su domicilio particular:

Una caja con 39 cartuchos Speer Goldot 9×19.

Una caja marca Magtech con 32 cartuchos 9×19.

Una caja con 50 cartuchos calibre .45 Remington UMC.

2.608 cartuchos a bala 9×19. 82 cartuchos calibre .45.

5 granadas de agresivo químico.

Un proyectil de agresivo químico.

105 cartuchos calibre 12/70 con postas antitumulto (AT, goma).

165 cartuchos calibre 12/70 con postas propósitos generales (PG, plomo).

523 proyectiles Remington calibre .223.

180 cartuchos a bala calibre .308 Winchester.

La pericia balística sobre este material concluyó que varios de los proyectiles encontrados, como los .223, parte de los 9×19 y los .45) son munición de guerra de uso prohibido, y que los cartuchos 12/70 PG contienen postas que se corresponden con el proyectil extraído de la herida de uno de los baleados.

La resolución será seguramente revisada en breve por la Cámara de Apelaciones, y, en caso de ser confirmada, deberá prontamente ser elevada para el juicio oral y público, en el que la querella de la RNMA, acompañada por CORREPI, requerirá el máximo de pena posible para los tres oficiales de la Metropolitana, que son buen ejemplo de cómo fue conformada esta fuerza con la flor y nata federal y provincial.

Recordemos que, igual que Pereira de la Rosa, Miguel Antonio Ledesma proviene de la PFA, donde revistaba en el Grupo Especial de Rescate, mientras que Nelson Maximiliano Acosta integraba uno de los grupos de elite de la policía bonaerense.

26.8.2014

Matías Máximo

Policías de la Federal que circulaban de civil por los alrededores de la villa Zavaleta, en Barracas, se tirotearon con dos hombres que murieron a causa de las balas. Fuentes policiales informaron que los agentes iban por la avenida Iriarte en una Renault Kangoo para llevar insumos hacia el hospital Churruca. Y cuando frenaron en el semáforo, habrían sido sorprendidos por los hombres que intentaron asaltarlos, siempre según la versión de la policía. Los familiares de los hermanos muertos, junto a vecinos del barrio, prendieron fuego la camioneta porque dicen que estaban desarmados, que no intentaron asaltarlos y que el policía que disparó estaba “ensañado”. Las pericias son realizadas por la Gendarmería y las actuaciones por la Prefectura Naval. Interviene el Juzgado de Instrucción N° 2 a cargo de Manuel Jerónimo Gorostiaga. Los vecinos filmaron el momento de la balacera y la imagen de los dos policías comenzó a circular hoy en las redes sociales. 

Mario Ruiz “Chueca” y Gabriel Vaca “Gabi” eran dos hermanos que vivían a 20 metros del primer pasillo de la villa Zabaleta. Después una corta persecución Ruiz quedó muerto frente a su casa, en el acto. Vaca, después de cinco horas de agonía, murió en el hospital Penna. Ahora se investiga si las víctimas fatales son los que intentaron llevar adelante el supuesto asalto, porque todos los familiares coinciden en otra versión.

Nora es hermana de los hombres que murieron. La mujer relató el momento de los tiros, parada junto al charco de sangre que se pegó a una de las paredes del pasillo de la villa: “Mario llegó pidiendo ayuda todo ensangrentado y atrás venía el policía de civil. Lo tiró al piso y lo pateó. A todos los que intentamos ayudarlo nos apuntó con un arma. Yo jamás había visto a ese policía por el barrio, un tipo morrudo y con pinta de polaco. Cuando terminó con mi hermano levantó los cartuchos y se los llevó. Hay muchos testigos que vieron que no había armas en mis hermanos”.

Los vecinos comenzaron a tirar piedras a la policía y aseguraban que los fallecidos no habían intervenido en el intento de asalto. “Después de las piedras empezaron a sacudir el auto y terminaron por prenderlo fuego. Yo no estaba en mi casa pero cuando vi lo que pasaba pensé ‘deben estar allanando lo del Chueca’ porque se sabía que vendía droga. Los dos tenían causas y entraban y salían de estar presos. Pero me sorprende que los acusen de robar porque ellos no robaban”, contó una vecina.

Ruiz tenía cinco hijos y Vaca dos. Nora dice que “el policía estaba sacado porque entró al pasillo a la hora en que los chicos salen para la escuela repartiendo tiros. Si a mí me muestran la cara de este hombre lo reconocería. Al otro policía no lo llegué a ver en ningún momento. Fue uno solo el que le pegaba a Mario incluso en el piso, que tenía 3 o 4 tiros en la panza. Gabi tenía un tiro en la cabeza y otro en el pie”.

Los familiares esperan que después de los velatorios que se realizarán en las próximas horas se hagan las autopsias. También dicen que es un caso de gatillo fácil comprobable y que lo denunciarán, ya que si bien no reniegan que uno los dos hermanos puede haber sido cómplices de robo dicen que el otro recién se asomaba a la puerta cuando lo balearon.

24.8.2014

Comunicado de Prensa de la TPR

Después de ser la tropa de choque de Berni, el PRO se prepara para desalojar a 80 familias de la Manzana 30 y 50 familias que acampan sobre la Av. Cruz

Natalia Saralegui, dirigente de la TPR declaró “en estos momentos, la Metropolitana de Macri se encuentran amenazando a más de 80 familias que se encuentran con sus casas en los terrenos de la Manzana 30 frente al predio de la Policía Federal. Los vecinos denunciaron que mientras el día de ayer un inspector de la Metropolitana les comunico que ‘iban a quedarse ahí porque esos son terrenos de la manzana 30 de la villa 20’, ahora vinieron nuevos efectivos a amenazarlos diciéndoles que ‘vayan buscando un alquiler’ y que ‘mañana (por el lunes 25/08) los sacan’. Es clarísimo que se trata de un envalentonamiento de la Metropolitana sobre la base del desalojo impulsado y dirigido por Berni y el gobierno nacional. Desde la TPR le preguntamos al PRO: si el operativo terminó ayer, ¿por qué ahora se lanzan sobre otras familias?”

Por otro lado, Saralegui agregó: “No conforme con estos atropellos, hoy mismo la Metropolitana está cercando con vallas a otro grupo de alrededor de 50 familias que quedaron acampando sobre Av. Cruz frente al predio desalojado, sufriendo la lluvia y el granizo. Ahora la Metropolitana no permite que entren otros compañeros a llevarles agua y alimentos. A su vez, advertimos que el piquete policial les impide salir y entrar a los compañeros. Lejos de velar por los derechos de los vecinos y asistirlos en sus necesidades básicas, estamos ante una verdadera práctica extorsiva de supresión de cualquier trato humano. Quieren quebrar a los compañeros por hambre transformando su acampe en una cárcel a cielo abierto. Estas prácticas inhumanas por parte del aparato represivo deben ser condenadas enérgicamente, sea en Gaza o en Lugano. Incluso, la escalada de violencia psicológica está en ascenso y efectivos de la Metropolitana los amenazan con que ‘de esta noche no pasás’. Desde la TPR, denunciamos estas torturas psicológicas y denunciamos que el macrismo ni siquiera quiere darles ninguna solución temporal porque también les dicen a los compañeros que ‘los paradores ya están llenos’. Es decir, pretenden que abandonen el lugar sin destino ni perspectiva de solución y por la sola fuerza de temer ser reprimidos.”

Frente a esta situación, Natalia Saralegui, que además es miembro del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, hizo una convocatoria a la movilización popular: “llamamos a rodear de solidaridad a todas las familias amenazadas, no queremos más desalojos, ni destrozos de las casas de los vecinos. Llamamos, a su vez, a los medios a hacerse presente y visibilizar el reclamo de los compañeros contra el manto de impunidad y silencio que pretende imponer el macrismo. Acá hay más de 150 familias que no tienen a dónde ir si la metropolitana se lanza contra ellos y destruye sus pertenencias. Llamamos a todas las organizaciones y a los legisladores que se pusieron del lado de los vecinos contra el desalojo, a hacernos presentes el lunes desde las 9 am en el lugar para impedir el desalojo”.

23.8.2014

Dos personas fueron asesinadas esta tarde a manos de la policía federal, en medio de un confuso episodio en los pasillos del barrio.

Las versiones oficiales afirman que se trató de un caso de robo. Pero los vecinos y vecinas del lugar aseguran que la policía acribilló a los dos hermanos, que los asesinos vestían de civil y nunca mostraron identificación. A uno lo balearon en el abdomen, y luego le dispararon en la cabeza. Murió en el acto. Al otro, le dispararon en la pierna, y gracias a la intervención de lxs vecinxs, no siguieron, pero murió horas después en el hospital. 

Mientras los policías disparaban, se guardaban los cartuchos de las balas asesinas.

Desde el Frente Popular Darío Santillán repudiamos la impunidad y violencia policial y exigimos justicia por todas las víctimas de gatillo fácil.

¡¡¡Basta de asesinatos en nuestros barrios!!!