Comunicadores del Sur

2.9.2014

Hoy, Martes 2 septiembre, la Comisión en Defensa de Paseo Colón continuó con el corte de la Avenida Paseo Colón en su intersección con Humberto Primo, medida adoptada luego de fracasar en todas los intentos de ser escuchados por el Gobierno de la Ciudad.  Casi 200 vecinos se turnaron para sostener una protesta que ya lleva siete meses, en rechazo a la demolición de varias cuadras de la avenida Paseo Colón para erigir un nuevo Metrobus.

Reafirmamos nuestro rechazo a un  proyecto que no es más que otro  faraónico negociado de Macri y sus amigos, una obra innecesaria que dejará en la calle a muchas familias, en la ruina a pequeños comerciantes, sin clases a centenares de alumnos y que destruirá buena parte de la avenida, entre Carlos Calvo y Paseo Colón y de la identidad de nuestro barrio.

Hemos presentado pedidos de informes en la Legislatura, solicitado reuniones al Jefe de Gabinete Rodríguez Larreta, al Secretario de Transporte Dietrich y al Ministro de Educación, Bullrich. Todo ha sido inútil. Seguimos sin ser escuchados por las autoridades, las que, por el contrario, han lanzado una campaña de hostigamiento contra los vecinos.

Es por este motivo que continuaremos con el plan de lucha acordado por la asamblea de vecinos y que,  lamentablemente, implicará el CORTE TOTAL DE LA AVENIDA PASEO COLÓN EN SU INTERSECCIÓN ENTRE SAN JUAN Y HUMBERTO I DURANTE TODA ESTA SEMANA DESDE LAS 13 HASTA LAS 16 hs.

Agradecemos la solidaridad de los compañeros de la Asamblea de Parque Lezama,  la CTA Capital, ATE INDEC,  Vicente Zito Lema, Oscar Kuperman, Asamblea Popular de San Telmo, Asambleas del Pueblo, Centro Rosa Luxemburgo, Frente Popular Darío Santillán, Los Pibes, y tantos otros compañeros y organizaciones que nos han hecho llegar su apoyo.

31.8.2014

Por Félix Cariboni y Jonatan Emanuel Baldiviezo

A una semana del desalojo del Barrio Papa Francisco, la Metropolitana irrumpió violentamente en el predio el sábado pasado. Se llevaron detenidos a jóvenes sólo por defender a sus familias de la balacera. El accionar impune contra la pobreza.

Un nuevo capítulo del manual del cinismo político

Luego del desalojo del 23 de agosto, apareció una triangulación conflictiva entre la Policía Metropolitana, el Secretario de Seguridad de Nación, Sergio Berni y la Jueza Penal y Contravencional de la Ciudad, López Iñiguez. En un principio, Berni descargó toda la responsabilidad del desalojo sobre la ministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez, en un relato inverosímil. Una especie de protección del candidato Berni frente a las denuncias de represión.

Por otra parte, luego de afirmar que el predio había sido desalojado en su totalidad, la jueza López Iñiguez tuvo que salir a acusar a la Metropolitana por no desalojar una franja del predio ubicada detrás del terreno ocupado por la Policía Federal. La sorpresa de la jueza se debió a que justamente, la parte del predio donde los fiscales y la policía habían informado que se encontraban las bandas narco paraguayas (mafias organizadas que existen con el visto bueno de las mismas fuerzas de seguridad), no había sido tocado durante el desalojo. En este sector del predio se encontraban viviendo alrededor de 100 familias que eran atormentadas por estas bandas. Desde el desalojo, las bandas habían expulsado del predio a cuatro familias que fueron a vivir al acampe, que se formó posteriormente al desalojo del 23 de agosto, sobre las plazoletas de la Av. Fernández de la Cruz.

Durante la madrugada del sábado sucedieron los enfrentamientos más fuertes entre las bandas narco y la Metropolitana en el territorio aledaño a lo que quedaba de la toma del barrio Papa Francisco. Dichos enfrentamientos fueron la excusa ideal para que la Metropolitana entrara violentamente no sólo al barrio Papa Francisco sino también a la manzana 30 de la villa 20. Disparando perdigones de goma sobre la toma, irrumpiendo en los domicilios, amenazando a familias enteras, golpearon brutalmente y se llevaron detenidos a jóvenes que no habían participado de los enfrentamientos. Durante el procedimiento, insultaron y amenazaron a hombres, mujeres y niños indistintamente. Los detenidos se encuentran hoy en la seccional de la Comuna 4 de la Metropolitana, bajo la caratula de "intento de asesinato y desacato a la autoridad". Recién hoy serán citados a declarar. Mientras la Metropolitana se llevaba detenidos a jóvenes ajenos a los acontecimientos, a primera hora del sábado, los vecinos que aún tenían sus pertenencias en el predio vieron como las topadoras arrasaban con lo poco que quedaba de la toma. Esta vez, no se hicieron presentes organismos del Estado que pudieran dar respuesta habitacional y resguardo para las familias desplazadas.

Una crónica necesaria. Cómo opera la violencia

I. En el primer operativo se desalojó violentamente a las familias con necesidades extremas y no a las bandas narco. Incluso luego, las familias que continuaron viviendo en el predio mantuvieron la denuncia respecto de la presencia de bandas y pidiendo protección. No fueron escuchadas. El día jueves, se dictó una nueva orden de desalojo a fin de terminar la tarea en la totalidad del predio. Berni salió a denunciar que la Policía Metropolitana no estaba cumpliendo la decisión judicial.

Mientras se sucedían estas acusaciones cruzadas, habitantes de la Villa 20 y familias desalojadas se presentaron en la Justicia en lo Contencioso Administrativa y Tributario de la Ciudad para exigir que se urbanice la totalidad de la Villa 20 en cumplimiento de las leyes de urbanización del Barrio y se garantice una solución habitacional hasta la ejecución de la urbanización a las familias desalojadas del Barrio Papa Francisco. La Jueza Elena Liberatori, el día viernes por la tarde, dictó sentencia cautelar ordenando la inmediata urbanización de la Villa 20 y la asignación del presupuesto necesario para que las obras se ejecuten dando plazo hasta el 10 de diciembre de 2015.

II. El mismo día a la noche, las familias desalojadas convocaron a una asamblea para informar sobre el fallo y coordinar acciones. Durante la asamblea, integrantes de las bandas narco se acercaron para impulsar una nueva ocupación del predio. La asamblea rechazó la propuesta en forma absoluta e inmediata. Pensaron que era algún artilugio para terminar perjudicándolos aún más y así fue.

Alrededor de las 11 pm del viernes, las bandas ingresaron al predio y se tirotearon con la Metropolitana durante dos horas llegando a prender fuego algunos tractores. Algunos miembros del personal policial resultaron heridos y se detuvieron a varias personas. Esta situación fue el contexto exculpatorio perfecto que encontró la Metropolitana para desalojar la franja que había permanecido del desalojo anterior. La jornada de la madrugada fue de corridas y disparos sin resguardo para el resto de los habitantes. Se utilizaron balas de goma y gases a que afectaron a todas las familias sin cuidado e indiscrecionalmente. Esta vez a las mujeres y niños no sólo los golpearon sino que además resultaron heridos con balas de goma.

III. Mientras que el primer desalojo fue a la luz del día como exigen las leyes y, por lo menos, con un magro operativo de contención social. El segundo, fue pasada la medianoche, con las manzanas cercanas de la villa sin luz, las familias fueron abandonadas en los pasillos y calles y sin la presencia de ninguna autoridad que verifique el accionar de la Policía. El ingreso brutal a las casas de la Villa 20 fue por la fuerza y deteniendo a personas sin razón. Tras la noche eterna, al otro día un centenar de familias víctimas de este nuevo desalojo realizaron un nuevo acampe en las veredas que están entre la manzana 30 de la Villa 20 y el sector del predio desalojado.

Las casualidades en estos contextos avalan las suposiciones de ser hechos armados. Justo el día que la justicia ordena la urbanización de la Villa 20 una banda narco intenta ocupar un predio desalojado sin ninguna oportunidad de éxito. Los medios reflejan que las familias desalojadas quisieron volver a ocupar. La realidad es que el accionar de las fuerzas de seguridad y de las bandas narco pincelan lo que es un escenario de convivencia de responsabilidad. Las mafias nunca fueron desmanteladas ni desalojadas, aun siendo denunciadas. No se habla del aumento de familias acampando en situación de calle, del pedido de las familias desalojadas por vivienda ni de la brutal razzia cometida por la Metropolitana.

De acuerdo a lo sucedido en las últimas semanas, es necesario hacerse algunas preguntas.

¿Qué soluciones habitacionales está discutiendo el ámbito político? El lunes 18 luego del primer desalojo se trató por primera vez, después de meses de presentado, el proyecto de ley para urbanizar el Barrio Papa Francisco y la Villa 20 en la Comisión de Vivienda de la Legislatura. Los asesores del Pro se levantaron, no quisieron tratar el proyecto ni escuchar a los arquitectos que lo habían diseñado con participación de las familias. El Bloque kirchnerista acusó a UNEN por no querer firmar el pedido de una sesión especial para tratar proyectos relacionados al desalojo y al Barrio Papa Francisco. No era necesario contar con las firmas de UNEN para convocar una sesión especial, el kirchnerismo no hizo ni el intento de buscar las veinte firmas necesarias.

Por su parte, UNEN el viernes pasado convocó a una conferencia de prensa para manifestar su posición, mostrándose preocupados por la situación de las familias. El cinismo en los hechos: el presidente de la Comisión de Vivienda, Javier Gentilini de Proyecto Sur-UNEN, convocó a reunión de diputados para hoy lunes a las 15 hs. Solamente pondrá en tratamiento proyectos de resoluciones y declaraciones, ninguno de ellos cambiará sustancialmente las necesidades de las familias desalojadas. En cambio, Gentilini rechazará poner en tratamiento el único proyecto de ley presentado que versa sobre la urbanización del Barrio Papa Francisco, como sobre el otorgamiento de solución habitacional transitoria para las familias desalojadas.

¿Qué sucederá con la urbanización y la remediación de los suelos? La Agencia de Protección Ambiental (APrA), la máxima autoridad ambiental del GCBA, contrató a la Fundación Green Cross para la realización de un estudio de suelos en el predio en el año 2013. Por la realización de este estudio pagó $1.370.000. El informe final fue presentado en Septiembre del 2013. La Fundación Green Cross realizó una serie de recomendaciones en el informe que los técnicos del Departamento de Sitios Contaminados de APrA, en una comunicación interna de fecha 11 de octubre de ese año, encontraron importante realizar.

Las recomendaciones estaban relacionadas con la necesidad de hacer estudios que analicen otros elementos químicos como los BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos), hidrocarburos aromáticos polinucleares discriminados y metales pesados como el mercurio. También con la ejecución de un monitoreo adicional de agua subterráneas. En definitiva, el APrA la forma en que se solicitó el estudio resulta inútil e insuficiente para iniciar la remediación de los suelos. No sólo se mal gastó más de un millón de pesos sino que también se perdieron meses que implican tiempo para miles de familias que aguardan una vivienda.

Tanto el APrA como el GCBA sabían que este estudio realizado por Green Cross era insuficiente, así lo manifestaron en marzo a la justicia pero no lo comunicaron públicamente ni realizaron en forma inmediata el nuevo estudio mientras el predio estuvo libre el año pasado. 

Por otra parte, el presidente del APrA, Juan Carlos Villalonga, afirmó que este nuevo diagnóstico va a estar completo en 90 días pero, de acuerdo al tiempo de ejecución del Plan de Remediación presentado en la justicia, el diagnóstico completo va a estar en 6 meses y todo el trabajo de remediación en 18 meses. Villalonga no salió a explicar por qué el APrA contrató la realización de un estudio cuyo resultado es inútil ni hizo referencia a estar investigando los responsables de esta defraudación a la administración pública.

El relato de la Ciudad esta plaga de defraudaciones, accionar corrupto, desidia y accionar violento. Desde lo técnico con estudios de suelo que se hacen de modo incompleto, legisladores de diversos bloques que en sus actuaciones no desean tratar las posibles soluciones para las familias que están en la calle, las fuerzas de seguridad que avanzan sobre los territorios libreándolos para el accionar de bandas narco, balean a niños y mujeres, aumentando las tazas de familias sin vivienda y de criminalización de la pobreza. Enseñanzas del cinismo político.

29.8.2014

“Entraron a los golpes y a la patadas, no nos dieron tiempo de sacar nada, nos sacaron como perros”. Así fue el desalojo el sábado pasado en el Barrio Papa Francisco de Villa Lugano llevado de manera conjunta por fuerzas de Gendarmería y la Policía Metropolitana. Los medios no pudieron ingresar para mostrar el accionar policial, pero a metros de allí el secretario de Seguridad, Sergio Berni se floreaba: “este asentamiento se cobró la vida de tres personas". Estigmatización y criminalización fue la manera de mostrar los hechos en los medios masivos. La voz de la gente estuvo en los medios alternativos. Red Eco Alternativo.
 

(Juan Manuel Boccacci – Red Eco) Ciudad de Buenos Aires – Tradicionalmente los medios masivos ubican la temática de la seguridad relacionada a hechos delictivos. Asesinatos, robos, homicidios, secuestros llenan horas de pantallas y páginas de diarios dando cuenta de una situación  llevada hasta lo insostenible. Sin dudas todo esto es parte de la realidad, pero no es la única realidad. Analizando esas coberturas podemos observar que crean la imagen de un ciudadano tipo (el consumidor de sus noticias), más bien perteneciente a la clase media que a las populares. Será que caminar las calles de una villa no garpa, o que esa gente (los sectores populares) no le sienta bien a las pautas publicitarias con las que los medios masivos hacen negocios.
“Otra vez nos volvieron a dar la espalda y volvemos a la  calle. No tenemos a dónde ir”; “Nos destruyeron el hogar que nosotros construimos, nos sacaron como perros”; “Entraron a los golpes y a las patadas, no nos dieron tiempo de sacar nada”. Estos son algunos de los relatos que pudieron escucharse por FM La Caterva en la mañana del sábado 23 de agosto, horas después del desalojo realizado en el Barrio Papa Francisco de Villa Lugano. Las fuerzas conjuntas de la Policía Metropolitana y Gendarmería fueron las encargadas de llevar a cabo la destrucción del predio tomado en su mayoría por vecinos de la lindante Villa 21. “Nadie vino a avisar. Directamente entraron a golpes a las casas. Directamente nos sacaron y después de un rato nos dejaron entrar de a dos a sacar, pero hay muchas personas que no llegaron a sacar sus cosas”, comentó una vecina. Mientras tanto por los canales de televisión Sergio Berni, secretario de Seguridad de la Nación, se floreaba por “el desarrollo del desalojo en forma pacífica y normal”.
La muerte de Melina López, el martes anterior, en las inmediaciones del barrio abrió la puerta para que llegara la orden de desalojo desde la Justicia. "Este asentamiento se cobró la vida de tres personas", dijo Berni, “sabíamos que había personas muy peligrosas ahí adentro, por eso la responsabilidad de entrar al lugar más conflictivo fue de Gendarmería para neutralizar todo intento de violencia para que la Metropolitana pueda ingresar con normalidad", pudo leerse en Clarín. La estigmatización y criminalización de los habitantes del predio tomado hace seis meses fue la única respuesta que recibieron por parte del Gobierno Nacional y de la Ciudad. De resolver el problema habitacional de la gente, nada.
Según el Centro de Estudio e investigaciones en Ciencias Sociales (CEICS), la crisis habitacional es producto de una compleja suma de causas. Entre ellas el incremento demográfico en las villas. “Sólo en la última década, la población villera creció más del 50% (de 107.422 personas censadas en 2001 a 163.587, en 2010)”, puede leerse en el informe. En el caso particular de la Villa 20, lindera del Barrio Papa Francisco, el incremento es significativo: “en 2001 eran 16.108, mientras que en 2010 sumaron 29.782 personas censadas. Lógicamente, este crecimiento trae como consecuencia el hacinamiento, el déficit habitacional y un empeoramiento en las condiciones de vida”.
Sin embargo, el presupuesto destinado al  Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC), que es el encargado de llevar adelante planes para la construcción, no sufrió aumentos acordes a la realidad en las villas. En un artículo de Nicolás Villanova, investigador del CEICS, para el diario “Miradas al Sur”, puede leerse que el gasto real de este organismo pasó de 460 millones de pesos en 2006 a 161 millones en el año 2010. A partir de allí sufriría aumentos que nunca llegarían siquiera a los niveles de 2008. Ya para el año 2013 el dinero destinado fue un 5,4% más bajo que el del año 2013.
Dentro de su “política asistencial”, el Gobierno de la Ciudad cuenta con siete paradores que sólo abren a la noche, y seis centros de inclusión primaria propios. Otorga subsidios habitacionales pero, según el CEICS, “los montos son insuficientes y el beneficio tiene una duración máxima de 10 meses”. A esto hay que sumarle el bajo poder adquisitivo de los habitantes del asentamiento, que deben pagar altos alquileres por las habitaciones en los barrios humildes.

Estigmatización y criminalización: todo a pedir de Berni y Montenegro
Tanto en los funcionarios del Gobierno Nacional y de la Ciudad, como en algunos medios masivos, se observó un recorte en la cronología de los hechos. Análisis acotados que no reconstruyen los datos de la marginalidad y la exclusión, para limitarse una vez más, a la estigmatización y criminalización de los sectores populares. El Barrio Papa Francisco se encuentra en terrenos que a partir la ley 1770 del año 2005 debían ser destinados a la urbanización de la Villa 20. Sin embargo esto no se produjo. Hasta el año 2014 allí existió un depósito de autos secuestrados por la Policía Federal. Una vez realizado el parcial desalojo de los automóviles, luego de 9 años de inacción por parte del gobierno, los vecinos avanzaron en la toma del predio.
En su cobertura del hecho, Clarín mencionó que las “tomas fueron promovidas por punteros políticos”, abonando a la deslegitimación de las demandas de los sectores populares. Informó que “el Ministerio Público Fiscal porteño probó que la toma había sido impulsada por punteros políticos y desde hace meses denuncia que el lugar quedó en manos de bandas de delincuentes que intimidaban a los vecinos”; en otro artículo se refirió a la zona como “un terreno usurpado y de condiciones precarias, en medio de una zona conflictiva por la toma de tierras y los índices de criminalidad”. También aparecieron notas dónde se da la voz a los familiares de la Melina López, la chica asesinada durante un robo días antes del desalojo, dónde pese a lo lamentable del hecho las culpas se dirigían hacia los habitantes de las Villas.
“Desalojan el predio tomado de Lugano, tras el asesinato de Melina López”, tituló Clarín un artículo en la versión web de diario. Así se fue creando la estigmatización que pareció servida en bandeja para el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Guillermo Montenegro y el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, que no dudó en reforzar la idea durante el desalojo, como lo venía haciendo en días anteriores.
Por su parte, Página 12 dentro de una cobertura crítica (y exclusiva) al gobierno de Mauricio Macri, dio la voz a varios miembros del Gobierno Nacional que parecieron olvidar la intervención de la Secretaría de Seguridad y las fuerzas de Gendarmería. “Desde el arco político siguieron las fuertes críticas al desalojo represivo de la Metropolitana” puede leerse en un artículo. “El secretario de Seguridad, Sergio Berni, acusó al gobierno de Macri de arrojar a la calle a gente que ‘nada tiene que ver con los delincuentes’”, se lee en otro.
Mientras tanto en las calles las familias sin techo armaron precarias carpas en las inmediaciones del predio para continuar con el reclamo por una vivienda digna. Algunos tuvieron que salir en busca de alguna habitación en las inmediaciones, o recurrir a familiares para “caerles” por el tiempo que sea necesario. La precariedad y el hacinamiento seguirá siendo cosa de todos los días, mientras las verdaderas soluciones continúen tardando en llegar.

29.8.2014

La semana que pasó se aprobó en la Legislatura porteña el proyecto que crea un ente descentralizado para evaluación docente. Por 38 votos a favor del PRO, UNEN y Confianza Pública, y 21 en contra, la propuesta del ejecutivo se convirtió en ley, luego de alrededor de un año de su ingreso al cuerpo legislativo. La Unidad depende del Ministerio de Educación. Para conocer una opinión de docentes de la Ciudad, el Programa La Revancha entrevistó a Jorge Adaro, secretario general de Ademys. 

(La Revancha) Ciudad de Buenos Aires- Frente a la nueva ley, Adaro sostiene que el planteo del ministerio busca imponer un concepto de competencia que desconoce las realidades particulares. “Parecería ser que el proceso educativo es algo aislado que no está atravesado por las relaciones sociales, que no está atravesado por conflictos y que está todo dispuesto como para poder hacer una comparación con los mejores” señaló Adaro, sobre la concepción de educación del macrismo.
Además, agregó que trae “la competencia entre escuelas a través de evaluaciones y esa lógica de competencia se traduce en premios y castigos”. De forma rotunda afirmó que “no vemos absolutamente nada positivo en la creación de este instituto. Un instituto descentralizado que, en principio se aleja de la responsabilidad central que debe tener el Estado y el Ministerio de Educación en regular las políticas, inclusive la de evaluación. Un ente descentralizado que en un primer momento tenía un planteo claro de poder absorber dineros externos fuera del presupuesto educativo. Esto generó muchos ruidos pero finalmente se deja la puerta abierta a poder recibir donaciones”.
Originalmente el proyecto que ingresó el PRO autorizaba a la nueva unidad a recibir financiamiento externo. Luego de idas y vueltas con el UNEN, a cambio de sus votos, se eliminó esa posibilidad pero se dejó la puerta abierta para que sea receptor de donaciones. “Los aportes que pueda haber seguramente serán de empresas, por ejemplo, que tienen algún interés en su intervención  y que finalmente con las donaciones van a poner un poco las pautas de cómo evaluar, qué y para qué evaluar. Es decir que el Estado pierde la centralidad y el control de gran parte de los resultados y del sistema educativo en general. Es algo muy grave, es una acción que va en consonancia con una política colonialista en el plano educativo. Esto no es un invento, no es producto de la creatividad del gobierno. Sino que son imposiciones que vienen de los organismos internacionales”.
Esta modalidad se aplica en EE. UU pero va en camino a dejar de emplearse. Le consultamos el por qué y Adaro manifestó: “EE.UU es un caso muy interesante porque esto empezó a ser aplicado en la época de Bush y diez años después la Ministra de Educación de ese momento hace un pedido de disculpas públicamente a la población norteamericana por los efectos que había tenido esta política”. Adaro indica que uno de los efectos advertidos  “es la fragmentación absoluta del sistema educativo y por supuesto con graves consecuencias para los sectores más postergados de la sociedad”. En el caso de Argentina recuerda que “nosotros ya tenemos un sistema educativo absolutamente fragmentado y esto va a profundizarlo”.
Sobre cómo se hará la evaluación de la calidad educativa, Adaro explica por qué este sistema no es conveniente y cómo distorsiona la diversidad de escenarios. La metodología implica “una evaluación externa, censal, tipo múltiple choice que se aplica para que la hagan niños de cualquier escuela de la ciudad sin tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla la actividad educativa, como si no hubiera elementos que influyen en ese contexto”
Jorge Adaro cuenta que trabaja en una escuela de Bajo Flores. La jornada general es de 8 a 12.15 hs. Sin embargo, una hora se va entre desayuno y almuerzo de los alumnos. Por otro lado, por ejemplo, rescata que en la última semana  “no hubo clases por una serie de conflictos en el barrio por diputas con ciertos negocios y  nuestra escuela estuvo vacía”. En este sentido, reitera que “estos elementos no son tenidos en cuenta a la hora de plantear este tipo de evaluaciones. Lo único que se hace es poner una hoja en blanco para poner crucecitas a un niño de una escuela de Bajo Flores como a un niño de una escuela privada de Belgrano.
La otra punta del palo es la formación docente. “Hay una contradicción entre lo que dicen y lo que hacen con los recursos para lograr una mejor educación”, según Adaro. Sobre este punto, explica en diálogo con La Revancha que “el CePA es la escuela de capacitación que hemos tenido los docentes de la Ciudad de Buenos Aires donde podíamos hacer perfeccionamiento y capacitación fuera del horarios”. Además, una conquista que resalta sobre la Escuela es que “se encargaba de hacer el perfeccionamiento en horario de funciones con relevo de tareas”. Sin embargo, la otra moneda del discurso sobre la calidad educativa queda al descubierto. Adaro advierte que el espacio “sistemáticamente desde el 2008 a esta parte viene siendo totalmente vaciado”. De esta forma se quedan sin “la única herramienta de la que podíamos disponer para hacer capacitación, perfeccionamiento y formación. Es la única posibilidad que tenemos de manera gratuita”. En este camino que profundiza el Gobierno de la Ciudad, Jorge Adaro destaca que “la tendencia es hacia la privatización incluso de la capacitación docente. Esto es un paso muy importante en la privatización del sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires”.

29.8.2014

Comunicado del ENECA Capital ante la situación de clausuras

Hace casi 10 años nuestra cultura viene siendo avasallada y perseguida a través de clausuras, desalojos y judicializaciones; desde entonces venimos denunciando, luchando y generando espacios de resistencia. Hoy ante la profundización de políticas necias y autoritarias del gobierno de Macri, su Agencia Gubernamental de Control y su Ministro de Cultura Lombardi, se hace urgente encontrarnos desde los diversos sectores culturales para dar una respuesta colectiva y contundente a esta situación, que ya ha llegado a su límite con las masivas clausuras de los últimos meses.

En este contexto algunos centros culturales se han arrojado al armado de una ley que no ha sido consultada ni representa al conjunto de los espacios culturales afectados. La misma, presentada inicialmente como Iniciativa Popular, no ha tenido aún lugar en el recinto legislativo, y desde distintos bloques partidarios están presentando una nueva ley de la que muy pocos espacios tienen conocimiento.
Las leyes en discusión versan sobre la situación de habilitaciones de los centros culturales, sociales y artísticos, sin garantizar cómo alcanzar dicha habilitación, ya que dejan de lado la promoción y el fomento a la cultura. Esto repercutirá en que muchos espacios (tanto los artísticos como los que orientan sus actividades a la construcción protagónica, social y comunitaria), quedarán más expuestos que antes, acuerden o no con la necesidad de una ley.

Lo que pretende ser una solución para una diversidad muy grande de emprendimientos culturales y organizaciones sociales, puede ser un arma de doble filo, es decir, que beneficie sólo a unos pocos bares, clubes o centros culturales que se favorecen de los artistas que pasan por sus locales y/o que reciben subsidios que les permiten garantizar –de mínima- su habilitación.

Y ésta no es la situación general de los centros sociales y comunitarios o los proyectos de arte independiente.

Desde el ENECA entendemos la necesidad de ciertos espacios de tener una ley habilitatoria que los ampare, siempre y cuando esa ley no vaya en detrimento del conjunto de los espacios existentes y por venir.

Es por ello que proponemos seguir movilizándonos e interpelar tanto al Gobierno de Macri como a la Legislatura Porteña para que suspendan las clausuras a nuestros espacios, al tiempo de construir colectivamente herramientas (sean leyes, programas, plan de lucha, etc.) que le den a cada sector cultural lo que realmente necesite para seguir funcionando, sin correr el riesgo de desaparecer por falta de dinero, persecuciones con fines políticos o entrar en laberintos burocráticos.
Herramientas que promuevan la apertura de más espacios culturales en los barrios y no que los limiten; que permitan seguir garantizando, como lo hemos hecho hasta ahora, la calidad y seguridad de las personas que los transitan, porque nuestros proyectos apuntan a la construcción de una sociedad más justa, nobles objetivos, que se encuentran en la vereda opuesta a los de funcionarios y empresarios inescrupulosos capaces de especular con la vida misma por poder y dinero, como sucedió en Cromagnon, y como sucede en obras de construcción o en talleres clandestinos donde se esclavizan personas que nadie inspecciona.

Vamos caminando hacia el 5º ENECA (Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos) representado por colectivos culturales, organizaciones sociales y políticas de nuestros país, que en nuestra militancia cultural incluimos la expresión artística o el trabajo cooperativo, y que al mismo tiempo lo excedemos. Desde los colectivos construimos e impulsamos experiencias de Educación Popular, debates y formación política; bibliotecas comunitarias, editoriales e imprentas independientes; comunicación popular y comunitaria a partir de revistas, radios y producciones audiovisuales; experiencias de arte comunitario y autogestivo como festivales y muestras, grupos de teatro comunitario, de los/as oprimidos/as, de danzas, ensambles de música, murgas, comparsas de candombe, talleres y escuelas de formación y producción artística o de oficios, salas de cine y teatro; grupos de mujeres que luchan contra la violencia y la opresión de género; experiencias de salud comunitaria; ferias autogestivas de productores/as y artesanos/as de comercio justo; experiencias de lucha por la vivienda digna; trabajos con niños, niñas adolescentes, madres y familias que abordan diversas problemáticas.

Nuestras prácticas culturales no tienen como fin último el lucro económico, sino el trabajo comunitario y barrial.

Por eso necesitamos una herramienta que nos proteja, que nos reconozca por lo que somos y lo que hacemos verdaderamente, que nos apoye para seguir construyendo cultura popular; y desde nuestra perspectiva esa herramienta no puede ser una ley de habilitación comercial.

¡LA CULTURA ES DE LOS PUEBLOS, NO DE LOS GOBIERNOS!
¡NUESTRA CULTURA NO ES DELITO!
¡LA CULTURA POPULAR NO SE CLAUSURA!