Comunicadores del Sur

22.6.2023

El castigo aplicado a los gremios docentes porteños que informó el jefe de gabinete porteño se publicó cuando una masiva columna convocada por la CTA, CGT y organizaciones sociales repudiaba frente a la Casa de Jujuy por la cruda represión que tuvo en San Salvador de Jujuy.

“Gremios docentes de CABA que hacen paro por lo que sucede en Jujuy se les descuenta el proporcional del salario por día no trabajado.” El mensaje lo publicó en sus redes sociales el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel. El castigo aplicado a los gremios docentes porteños se publicó cuando una masiva columna convocada por la CTA, CGT, partidos de izquierda y organizaciones sociales repudiaba frente a la Casa de Jujuy por la cruda represión ocurrida ayer en San Salvador de Jujuy, con 60 detenidos y decenas de heridos, y lo que ocurrió el sábado en Purmamarca.
El mensaje de Miguel confirma la decisión tomada por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de montar su campaña electoral rumbo a las PASO en la represión desata por su aliado, el gobernador Gerardo Morales. Larreta y su contrincante en la interna, Patricia Bullrich, salieron a la conquista del voto de mano dura sin medir las acusaciones sin pruebas contra el gobierno nacional, ni escuchar el reclamo de los docentes jujeños, que cobran salarios por debajo de la línea de pobreza, ni de las comunidades originarias que exigen ser respetadas frente al avance del extractivismo.
Los gremios de docentes porteños Ademys y UTE iniciaron este miércoles un paro por 48 horas en repudio a la represión a las protestas por parte del gobierno de Morales en Jujuy, que incluyó una concentración en el Obelisco y marcha hasta la delegación que esa provincia tiene en la Ciudad de Buenos Aires. La protesta de los gremios incluye también el reclamo por una recomposición salarial de los docentes porteños y el jueves continuará con la adhesión al paro convocado por la Ctera.
Ademys, que se concentró a las 13 en el Obelisco junto a otros gremios, centrales sindicales y organizaciones sociales, denunció ayer “la salvaje represión desatada contra decenas de miles de manifestantes en Jujuy que continúa con una feroz cacería de la policía que realiza allanamientos y detenciones a mansalva”.
Además, señaló que “hay un compañero en coma luego de ser herido por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno. La Intergremial de gremios docentes y estatales jujeños ha anunciado un paro provincial con movilizaciones en toda la provincia de Jujuy”.
En tanto, desde UTE anunciaron su adhesión al paro y se concentraron en el Obelisco para exigir “el cese de la represión a la docencia y al pueblo jujeño, basta de persecución y libertad a todxs lxs presxs”, según un comunicado publicado en las redes sociales.
De esta forma, Ademys y UTE se adelantan por un día al paro convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) para mañana, ante “la grave situación que vive la docencia y el pueblo jujeño”, tras la represión policial contra manifestantes que reclamaban por la reforma de la Constitución de esa provincia.
Ctera explicó que la convocatoria se debe a “la grave situación que vive la docencia y el pueblo jujeño” y que reclamará por el cese de la “represión al pueblo jujeño”, un “aumento salarial a los docentes” y el rechazo a la “reforma constitucional” de esa provincia aprobada el viernes.
La confederación que nuclea a educadores de todo el país responsabilizó por la “creciente conflictividad en Jujuy” al “accionar” del gobernador y precandidato presidencial de la UCR, Gerardo Morales, a quien denunciaron por “otorgar aumentos por decretos, sin diálogo”.
La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, junto a sectores de la CGT como la Corriente Federal de los Trabajadores y el Frente Sindical para el Modelo Nacional, realizaron una movilización en repudio a los hechos ocurridos en Jujuy “ante el recrudecimiento de la represión” en esa provincia, informaron fuentes gremiales.
La convocatoria se inició a las 13:00 en el Obelisco, y desde allí se movilizaron hacia la Casa de la provincia de Jujuy, ubicada en Santa Fe y la avenida 9 de julio, en CABA, donde se realizó el acto, en reclamo del “cese de la represión” y “el restablecimiento de la libertad de petición y del accionar de los sindicatos”.
Junto a las dos CTA y a las corrientes internas de la CGT, otras organizaciones llamaron a marchar en condena a la represión en Jujuy, entre ellas la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

19.6.2023

Por Santiago Brunetto

“Casa Pringles es una casa que recuperamos, donde construimos otras formas de vivir y ahora nos quieren despojar de eso. Pero no va a a pasar, estamos dispuestas a seguir luchando como veníamos haciéndolo”, dijo Gabriela, una de las mujeres que este sábado sufrió el violento desalojo por parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en Pringles al 340. Ellas y sus hijos e hijas están ahora en hoteles a la espera de comenzar la mesa de trabajo prometida por el Gobierno porteño para este miércoles. Esperan soluciones concretas y reparadoras. El GCBA, que intentó rematar ese inmueble en siete ocasiones, asegura ahora que lo destinará, en cambio, a un “Centro para madres en situación de violencia de género”.

Hace poco más de dos meses, días después de recibir la primera intimación de desalojo, Gabriela contaba a este diario que en Casa Pringles se vivía con “miedo constante a que nos pateen la puerta y la policía nos saque de los pelos”. El temor se concretó este sábado por la madrugada. Así lo recuerda la mujer de 33 años que vivía allí con Isabella, su hija de 7: “Estábamos durmiendo con nuestros hijos y a las 5 de la mañana nos despertamos con las patadas en las puertas y los policías gritando ‘allanamiento, allanamiento'”, cuenta. En Pringles al 340, barrio de Almagro, hubo alrededor de cien policías y vallas que blindaron el acceso a la casa para quienes se acercaron a ayudar. El operativo terminó con seis personas detenidas que ya fueron liberadas.
A Gabriela la derivaron al Hotel México junto a su hija y a otra compañera. Las demás mujeres, que arrastran diversas situaciones de violencia y vulnerabilidad, fueron divididas en otros hoteles. Según denunció el Colectivo Yo no fui, se trata de “lugares diminutos y distantes en los que convivir es hacinarse y donde faltan elementos básicos como el agua caliente”. Gabriela atiende a este diario desde la casa de una amiga a la que fue “a buscar cosas porque en el hotel no tenemos nada”. Sus pertenencias están en un depósito del GCBA: “Nos dijeron que tenemos un plazo de 30 días para sacarlas”, asegura.
El Colectivo hizo hincapié en un punto importante del conflicto: antes del desalojo habían comenzado a dialogar con la Dirección de Bienes, a cargo del inmueble, para buscar soluciones. “Nos desalojaron en medio de un proceso de diálogo y negociación abierta con Matías Vitale, director de Bienes, con quien acordamos la búsqueda de presupuestos para resolver la vivienda de cada una”, advirtieron. “En la última reunión nos habían dado la alternativa de ser reubicadas en una o dos casas del GCBA declaradas ociosas. Se estaba armando una articulación para ver bien qué nos ofrecían y dejar el inmueble. Nos dijeron que el allanamiento no iba a pasar y nos mintieron”, agrega, por su parte, Gabriela. Tras el desalojo, el Gobierno porteño se comprometió a abrir una nueva mesa de trabajo el miércoles a las 12.30.
La vivienda en cuestión fue declarada “innecesaria para la gestión” en el año 2021, cuando el oficialismo aprobó en la Legislatura una ley que habilitó al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a enajenar diversos inmuebles. Desde entonces el Banco Ciudad abrió siete subastas que quedaron desiertas y las mujeres recuperaron el lugar deshabitado para construir allí un sitio donde vivir de forma colectiva. Pero Casa Pringles no era sólo eso. “Había actividades culturales, un merendero, apoyo escolar y estábamos articulando con el Cesac para conseguir turnos para los chicos del merendero. Hicimos algo hermoso sin que nos pongan un peso, en una casa que recuperamos, donde construimos otras formas de vivir y ahora nos quieren despojar de eso. Pero no va a a pasar, estamos dispuestas a seguir luchando como veníamos haciéndolo”, sostiene Gabriela.
Pero las habitantes de Casa Pringles no eran las únicas que se oponían a la subasta. Allí también funcionó un jardín y los vecinos y vecinas de Almagro pedían que la totalidad del lugar fuera destinada a una Escuela Infantil para dar solución a la falta de vacantes de la Comuna N°5. La dirección de Bienes, en cambio, denunció la ocupación y se abrió una causa en la Fiscalía Penal N°19 a cargo de Lorena San Marco, quien este sábado pidió el desalojo autorizado por el juez Alejandro Villanueva.
Ahora, consultados por este diario, fuentes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a cargo de María Migliore, aseguraron que se tomó la decisión de no vender el lugar y destinarlo, en cambio, a un “Centro para madres en situación de violencia de género”. “La decisión del GCBA es invertir en un espacio donde las mujeres vuelvan a encontrar un lugar de contención donde sean atendidas por profesionales para trabajar en recuperar la fortaleza personal, confianza y poder volver a rearmar su proyecto de vida”, afirmaron.
“Dicen que el objetivo es destinar la casa a la ampliación de un hogar de mujeres. Pero eso es lo que ya estábamos haciendo nosotras, concretando un espacio albergue, sin financiamiento público. Lo sabían. Lo habíamos informado en el proceso de diálogo y nos desalojaron por la fuerza”, respondieron desde Yo no fui. “Si ellos quisieran nos podrían dar un lugar como corresponde de los miles que el Gobierno tiene ociosos. Nos devuelven una casa en donde podamos construir colectivamente nuestras vidas y seguir haciendo lo que hacíamos en Casa Pringles. Mi deseo es que sigamos construyendo esa vida colectiva”, asegura Gabriela. Desde Yo no fui, en tanto, señalaron que el desalojo, “lejos de callarnos y amedrentarnos como pretenden, nos fortalece y nos impulsa a seguir construyendo las vidas que queremos vivir”.

17.6.2023

Personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires avanzó esta tarde contra legisladores del distrito y manifestantes que respaldaban a un grupo de mujeres en medio del desalojo de una vivienda que habitan con sus hijos e hijas en el barrio de Almagro luego de haber “quedado en la calle” al escapar de situaciones de violencia de género, según constató en el lugar.

El comisario César Marizza, al frente del operativo, ordenó sacar a los manifestantes que se apostaban del otro lado de una valla para permitir el movimiento de tres camiones con los muebles y objetos de las mujeres desalojadas, lo que derivó en forcejeos y empujones, y al menos cuatro personas quedaron demoradas.
Las legisladoras de CABA Ofelia Fernández, María Bielli y Berenice Iañez, del Frente de Todos, están entre los manifestantes junto al Auditor de la Ciudad de Buenos Aires, Lisandro Teszkiewicz.
También en la primera línea frente a un cordón policial que intenta desplazar a los manifestantes está la diputada nacional Natalia Zaracho (FdT).
El operativo para desalojar la Casa Pringles ATR (Autónoma, Territorial y Reparadora), ubicada en Pringles 343, comenzó a las 7 con un gran despliegue policial, en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 19 a cargo de Lorena San Marco.
Se trata de una causa abierta por una denuncia de la Dirección General de Administración de Bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Esa fiscalía había realizado una intimación al desalojo en marzo pasado, pero luego se abrió una instancia de negociación que suspendió la medida.
“Patearon la puerta y entraron por la fuerza; vinieron antes de las 7 con una orden de allanamiento para desalojar, estamos chequeando la legitimidad del desalojo”, dijo esta mañana desde el lugar Eva, una de las mujeres que viven en Casa Pringles.
Eva contó que hace unas tres semanas mantuvieron una reunión con Matías Vitale, director general de la Administración de Bienes de la Ciudad de Buenos Aires, quien les informó que quería destinar el inmueble para “hacer una ampliación del hogar Eva Duarte”.
“Pasaron de querer rematarlo siete veces a decir que quieren usar la vivienda para un fin social”, afirmó Eva.
La mujer aseguró que unos días atrás pasó por Casa Pringles personal de Buenos Aires Presente (BAP) para realizar un relevamiento de las familias que viven allí, pero insistió en que “había negociaciones con el Gobierno de la Ciudad” hasta el arribo esta mañana del operativo policial.
“Está todo vallado, hay unos 70 efectivos de la policía, pero hay mujeres y niñes adentro”, añadió Eva, quien dijo que esperaban la presencia de organizaciones sociales y del área de Defensoría en el lugar.
Más temprano la diputada nacional Mónica Macha afirmó que el desalojo “es ilegal” y aseguró que “no se respetaron las condiciones mínimas” para llevarlo adelante.
La abogada Paula Villani, que representa a las mujeres desalojadas, también denunció que se trata de “un procedimiento irregular debido a que no está hecha la notificación en el expediente”.

15.6.2023

Alejandrina Barry del PTS en el FIT pidió una moción en la sesión de este jueves para solidarizarse con el pueblo jujeño que pelea por salarios y enfrenta la reforma reaccionaria y el ataque de Gerardo Morales a la izquierda. No solo se la negaron, sino que salió al cruce el legislador de Juntos x el Cambio y de la UCR Martín Ocampo.

En la sesión de este jueves en la Legislatura porteña se dio un fuerte cruce entre la legisladora del PTS en el Frente de Izquierda, Alejandrina Barry, hija de desaparecidos y querellante contra los genocidas y el legislador de Juntos por el Cambio y de la UCR Martín Ocampo, ex ministro de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires conocido por ser el que tuvo que renunciar por no poder garantizar la seguridad en un superclásico del futbol argentino en la cancha de River hace unos años.
El fuerte cruce se dio cuando Alejandrina Barry pidió una moción de privilegio para solidarizarse con los docentes y el pueblo jujeño que viene movilizándose por aumento salarial y contra la reforma constitucional reaccionaria de Gerardo Morales en Jujuy, quien a su vez puso en el blanco del ataque a sus compañeros del PTS en el Frente de Izquierda como instigadores de la movilización. “Lo que se ha levantado en Jujuy es el pueblo para rechazar esta reforma antidemocrática y por supuesto orgullosamente somos parte de ese pueblo que dice basta” comenzó aclarando Alejandrina en referencia a su compañero Alejandro Vilca diputado nacional y constituyente en Jujuy.
Prosiguió Alejandrina “Lo planteo acá -en la Legislatura porteña- porque quiero saber que opinan los legisladores de Larreta, de Lousteau, que tanto hablan de republicanismo y dejan pasar que en Jujuy se esté poniendo un verdadero estado de sitio” en referencia al intento de Morales de darle grado constitucional a la prohibición al derecho de protesta e imponer constitucionalmente de forma ficticia una mayoría automática en la cámara de diputados para la fuerza del Gobernador.
“El derecho a la protesta es el principal derecho que permite defender y conquistar el resto de los derechos, contra el Estado y las injusticias. Y no es casualidad que en Jujuy quienes están al frente de la movilización sean mujeres, porque si no hubiese sido por la movilización por el Ni Una Menos, la familia de Liliana Rueda no hubiese podido conquistar justicia ahí en Jujuy” explicaba Alejandrina Barry que se encuentra en comunicación con su compañera Myriam Bregman, diputada nacional y precandidata a presidenta que es la única referente nacional que se encuentra apoyando al pueblo jujeño.
Otra de las medidas que Morales intentó imponer y tuvo que retroceder por la movilización fue eliminar las elecciones de medio termino y que en Jujuy solo se vote cada cuatro años, una forma de impedir el recambio legislativo, a lo cual Alejandrina lo relacionó “Es parecido a la movida de la Franja Morada agrupación de Yacobitti y Lousteu, que entre gallos y media noche sin participación estudiantil decretaron que no se pueda votar todos los años para Centro de Estudiantes como se hace desde el 83, para pasar a votar cada dos años”.
Uno de los sectores principales que se encuentran movilizados en Jujuy son las y los docentes que cantan en las marchas Arriba los sueldos, abajo la reforma” como síntesis de sus reclamos por aumento salarial, donde Jujuy tiene los sueldos más bajos del país y contra la reforma que les impediría movilizarse por ejemplo para conseguir tener sueldos dignos. Por esto Alejandrina se refirió también a la lucha docente que se extiende a otras provincias trayendo a colación “Los docentes salteños salieron a luchar por salario y recibieron una brutal represión por parte del gobierno peronista de Sáenz, donde allí también se dictó una ley contra el derecho a la protesta. Jujuy y Salta adelantan lo que se viene en el país. Gobiernos que quieren impedir el derecho a protesta, porque saben que gane quien gane las elecciones tendrán que ajustar al pueblo”.
Desconociendo la moción de privilegio presentada por Alejandrina Barry, completamente acorde al reglamento, ya que ella como legisladora y miembro del PTS en el Frente de Izquierda se encontraba denunciada por un gobernador, el legislador Martín Ocampo salió a cruzarla en defensa de Morales, dejando una premisa clara “Lo que hacemos en Jujuy queremos hacerlo en todo el país” en referencia a limitar el derecho a la protesta, con la absurda justificación de la defensa de otros derechos como el de circulación. Un mamarracho inconstitucional que la derecha quiere imponer, a pesar de que el pueblo jujeño, docentes, movimientos sociales, estatales, pueblos originarios ganaran las calles masivamente para ponerle un freno. “Arriba los salarios, abajo la reforma” sigue resonando en la provincia a la espera del fin de la constituyente jujeña que será este próximo viernes.

13.6.2023

El abogado de la familia de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado a balazos en el barrio porteño de Barracas en noviembre de 2021 pidió este martes que se condene a la pena de prisión perpetua a los tres policías de la Ciudad imputados por el homicidio del jugador de Barracas Central y penas de entre 3 años y medio y 30 años de prisión a otros 11 policías por el encubrimiento del hecho y por torturas.

Gregorio Dalbon, letrado querellante, solicitó la máxima pena para los policías Gabriel Alejandro Issasi (42), Fabián Andrés López (48) y Juan José Nieva (38), por el «homicidio cuádruplemente agravado por haberse cometido con alevosía, placer y odio racial con el concurso premeditado de dos o más personas, abusando de su función o cargo por ser miembro de una fuerza policial» de Lucas, y la «tentativa de homicidio agravado» de Julián Salas (19), Joaquín Zúñiga (18) y Niven Huanca (19).
En la continuidad de su alegato, que había sido suspendido debido a que uno de los 14codefensores de los tres acusados por homicidio se retiró de la sala la pasada audiencia, Dalbon reiteró que los policías acusados forman parte de la “mafia policial”.
“Ustedes (los jueces) van a desbaratar a la mafia de la policía de la Ciudad. Estamos ante un juicio de racismo, de violencia institucional. Quisieron matar a un joven por racismo”, indicó el letrado previo a señalar que las indagatorias realizadas a los 14 imputados formarán parte de su pedido de condenas.
El punto más importante de su alegato se centró en la descripción de los hechos que el abogado dijo tener acreditado y describió a los policías imputados por el crimen como “tres mafiosos asesinos”.
El letrado dijo que los efectivos de la Brigada 6 de la Comuna 4 “vieron bajar a Lucas con una gorrita blanca” y que, en ese momento, “lo eligen por el color de piel”, para luego seguirlos hasta interceptarlos y dispararles “de frente, oblicuo y de atrás, a zonas vitales”.
“El agravante por el odio racial debe ser incluido al momento de dar sentencia. Los imputados fueron a la caza y posterior extermino de uno de ellos”, afirmó el abogado, para quien “está probado que las tres pistolas (de Issasi, Nieva y López) fueron utilizadas”, ya que “mataron a Lucas y querían matar a todos”.
Sobre el final de su argumentación sobre las penas de prisión perpetua, Dalbon afirmó que “no quedó convención de Derechos Humanos y de los Niños, Niñas y Adolescentes sin que hayan vulnerado los procesados en esta causa”, afirmó que con los testimonios y la prueba esgrimida en el debate oral “se destruyó con certeza el principio de inocencia de todos los acusados” y pidió que “nunca más haya un Lucas González”, casi al borde de quebrarse emocionalmente.
El alegato de Dalbon fue seguido en la sala por los padres de Lucas, Héctor “Peca” González y Cintia López; además de los sobrevivientes con sus respectivas familias.

Testigo y víctima

Joaquín, uno de los adolescentes, fue al que más se lo notó conmovido por la situación y no pudo contener las lágrimas al escuchar el pedido de perpetua de parte del abogado. Minutos antes, Dalbon había solicitado penas de hasta 30 años de prisión para los otros 11 policías imputados.
Para Sebastián Jorge Baidón (28), oficial de la Comisaría Vecinal 4D, el abogado querellante solicitó 30 años de cárcel por el «encubrimiento» del crimen y por las «torturas» a las que sometió a Zúñiga.
“Sin orden judicial actuó, le dijo a Joaquín que dejara el celular, lo puso contra la reja y lo cacheó. Es el que le dijo a Joaquín ´de dónde sos, de Florencio Varela, sos un negro de mierda, te vamos a pegar un tiro en la cabeza´. Joaquín lo señaló con su dedo en la sala de juicio. Le dejó una secuela física y psicología que espero que la sentencia sea sanadora y pueda reconstruir su vida. Basta de estigmatizar a los chicos que tienen una visera”, sostuvo.
En tanto, Dalbon solicitó 20 años de prisión para el comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4 Daniel Alberto Santana (50); el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán (54); el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos (51); el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar (48), el comisario Juan Horacio Romero (51) y el subcomisario Roberto Inca (47) (a este último le endilgó el delito de «falsedad ideológica»), ambos de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4.
También requirió la misma pena para los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D, Jonathan Alexis Martínez (34), Ángel Darío Arévalos (34) y Daniel Rubén Espinosa (33).
A todos ellos los acusó «por haber ayudado a Issasi, López y Nieva a eludir el accionar de la Justicia y por haber alterado rastros, pruebas e instrumentos del delito agravado doblemente por la calidad de funcionario público de los autores, por ser el delito precedente especialmente grave, privación ilegal de la libertad doblemente agravada por tratarse de funcionario público que con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley privaron de la libertad a Lucas González, Julián Salas, Joaquín Zuñiga y Nieven Huanca y porque en el desempeño de un acto de servicio omitió evitar la comisión del delito de tortura en su calidad de coautor todos en concurso real».
Por último, a Héctor Claudio Cuevas (50), cuyo testimonio derivó el pasado el 3 de junio en la detención de otro efectivo de la Policía de la Ciudad en el marco de la causa, el oficial Facundo Matías Torres, a quien acusó de haber sido quien en su moto fue a buscar a la comisaría y trajo junto al policía Issasi el arma de juguete plantada en el auto de las víctimas con el fin de simular un enfrentamiento con supuestos delincuentes, pidió 3 años y 6 meses de prisión al quitarle el delito de «omisión de evitar tortura».
“Manifestó que vio todo, que los policías actuaron mal y que la pistola se la pusieron. El fiscal (Guillermo) Pérez de la Fuente hizo una investigación sobre la geolocalización que me da la certeza de que en realidad Issasi se fue con Torres a buscar el arma de juguete, entonces le creo a Cuevas. Le creo por la escucha, le creo porque lo vi ahí sentado, le creo porque dijo que escuchaba la respiración de Lucas y no podía sacársela de la cabeza y lo vi compungido. Creemos que su arrepentimiento es verdadero, igual que su miedo”, manifestó el letrado.
Antes de finalizar el alegato, Dalbon se dirigió a los jueces Hugo Navarro, Ana Dieta de Herrero y Marcelo Bartumeu, a quienes les aseguró que “este es el primer juicio que se juntan la violencia institucional, el racismo, está en sus manos para que quede en la jurisprudencia del mundo para hacer cesar que se estigmatice a las personas”, y afirmó que “es el juicio más importante” de su vida como abogado.
La audiencia finalizó con la entrega a los padres de Lucas de la vestimenta utilizada por el adolescente el día que fue asesinado: un par de zapatillas blanca, un short deportivo, un calzoncillo azul, unos zoquetes azules, un par de aritos con brillitos y una camiseta de Barracas Central.
Al recibir las prendas en una caja cubierta de una funda azul, los padres de Lucas rompieron en llanto al igual que los sobrevivientes y sus familiares.
Cómo sigue el juicio
El juicio oral continuará el próximo jueves 22 a las 9:00 con el alegato por parte del fiscal de juicio Pérez de la Fuente.

El caso

Lucas y sus amigos fueron atacados a balazos el 17 de noviembre de 2021 cuando salieron de entrenar del club Barracas Central y regresaban a sus casas a bordo de un Volkswagen Suran.
En Iriarte y Vélez Sarsfield, los jóvenes fueron interceptados por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad que les hicieron señas para detenerse.
Como no tenían identificación policial, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos les dispararon y un balazo impactó en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el hospital El Cruce de Florencio Varela.