22.12.2014
Históricamente, las Juntas de Clasificación docente han sido producto de una de las más importantes conquistas de los trabajadores de la educación que fue plasmada en nuestro Estatuto: que los trabajadores tengamos una representación que garantice la transparencia tanto en la clasificación docente como en la elaboración de listados, concursos y actos públicos, certificando la no discriminación política o ideológica, evitando las designaciones a dedo, las prebendas y arbitrariedades.
Las funciones de las Juntas de Clasificación incluían, básicamente, la clasificación del personal docente, la formulación del orden de mérito y la disposición del destino de las vacantes.
Con la ley 4109/2011 (Ley “Abrevaya”), estas funciones pasan a ser de la COREAP (Comisión de Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales) que estará compuesta por 3 miembros designados por el Ministerio de Educación. Incluso en los jurados a cargo de los concursos de oposición, históricamente las Juntas de Clasificación tenían a cargo la designación de uno de sus miembros. Ahora, las juntas sólo “propondrán” y la designación quedará a cargo del Ministerio de Educación. Lo mismo sucede con la propuesta de nuevos destinos laborales a los docentes en disponibilidad y otras funciones.
El falaz argumento del gobierno es que los retrasos en los listados de orden de mérito en varias Juntas (sobre todo, las de nivel medio), las irregularidades y las consecuentes interrupciones de los concursos de ingreso (titularización), van a ser superados por la “eficiencia” de la COREAP, la informatización y el legajo único docente.
En primer lugar, ni la informatización ni el legajo único docente eran imposibles de implementar manteniendo las funciones históricas de las Juntas de Clasificación.
En este sentido, alertamos que no puede deslindarse la informatización de los objetivos políticos de quien la realiza. Los resultados de la inscripción on line para las vacantes de los niños y jóvenes en las escuelas (realizada por empresas privadas a las que se le pagaron 15 millones de pesos), nos da una pauta de la intencional ineficacia a la que nos somete el Ministerio de Educación cuyo objetivo es vaciar la escuela pública, generando la desescolarización de miles de chicos en la zona sur de la ciudad.
En el caso de la eliminación de las Juntas de Clasificación la intención fue clara desde el comienzo y así lo denunciamos desde el 2011: la destrucción del sistema público de clasificación y el manejo arbitrario de listados y concursos. Esta cuestión fue tomada por la docencia que protagonizó entonces las medidas de fuerza y movilizaciones más masivas de los últimos años en defensa de la transparencia de los concursos públicos.
En segundo lugar, según la nueva ley, se establece una “fusión” de las gigantescas juntas de media y adultos en una sola junta; primaria y primaria adultos; especial y servicios profesionales; artística y normales. Y al mismo tiempo, se reduce la cantidad de miembros de cada una de las juntas: de 9 miembros pasan a ser 5 (con la excepción de las juntas de primaria y media que pasan a ser 8).
En tercer lugar, en las Juntas de Clasificación no sólo trabajan los vocales electos sino también los colaboradores que cada organización sindical solicita al Ministerio y éste debe nombrar. Paradójicamente, los miembros de Juntas que el Ministerio cuestiona por no realizar en tiempo y forma la clasificación y formulación del orden de mérito cuentan con numerosos colaboradores, al tiempo que Ademys -sindicato atacado por el macrismo, pero al mismo tiempo “respetado” por el propio Ministerio por su trabajo en las Juntas y votado ampliamente por la docencia en las últimas elecciones de Junta- no cuenta con ningún colaborador. Si bien los colaboradores no pueden clasificar, como sí lo hace el vocal, la falta de los mismos constituye una sobrecarga de tareas para los vocales que deben garantizar la tarea de la clasificación con 5 miembros en lugar de 9 -siendo esta la principal causa del retraso en los listados- o realizar otras tareas como entregar memos con incumbencia de títulos por horas no cubiertas en actos públicos.
Mientras intenta desmontar las actuales Juntas, que en varios casos siguen sosteniendo los concursos pese a estar diezmadas, el gobierno no logra cumplir ni siquiera los plazos que ellos mismos habían impuesto para el “Nuevo sistema de clasificación”. Por ello, la Legislatura ha votado recientemente la prórroga de sus miembros hasta el 2016.
Según lo estableció la Ley Abrevaya, las funciones de las Juntas de Clasificación en adelante se reducen, básicamente, a “participar” para la conformidad del puntaje definitivo; “fiscalizar” los listados de aspirantes confeccionados por la COREAP y proponerlos a consideración del Ministro; “informar” al Ministro de Educación anualmente de los procesos desarrollados y cada vez que se presente alguna irregularidad. Es decir, se reduce la participación de los vocales a meros empleados administrativos que validan la documentación presentada por los docentes. Una desnaturalización de una de las grandes conquistas del gremio docente: evitar la discrecionalidad de los gobiernos en la designación de los trabajadores de la educación.
Pero además, según se nos comunicó en reuniones informativas a las que se nos ha convocado, en el esquema que propone el gobierno, 40.000 docentes serán “atendidos y clasificados” por 41 miembros de la COREAP, y que los vocales se reducirán a ser meros “validadores” de documentación, tarea compartida por los colaboradores. Además, el nuevo sistema estandarizará al extremo la valoración de los antecedentes culturales y pedagógicos.
A esto se suma que la informatización la llevarán a cabo empresas privadas.
Desde Ademys, continuamos sosteniendo la demanda de restitución de las Juntas de Clasificación para poder garantizar listados y concursos transparentes y para fortalecer la escuela pública.
Exigimos la inmediata convocatoria a elecciones de vocales de Junta, con todas las funciones y atribuciones que tenían hasta la sanción de la Ley Abrevaya y rechazamos la prórroga establecida por la Legislatura.
Convocamos a la docencia a organizarnos y pelear por la Restitución de las Juntas, en defensa de nuestros derechos como trabajadores, y en defensa de la Escuela Pública.
