Comunicadores del Sur

17.5.2015

Ante un nuevo intento de modificar la Ley Orgánica de Comunas 1777 el Movimiento Comunero hace público su rechazo a cualquier tentativa de alterar dicha ley antes de que la misma sea cumplida y puesta en práctica plenamente, como no ocurrió hasta ahora.

Tanto los vecinos que venimos bregando por el cumplimiento completo de la ley 1777 como las autoridades, funcionarios y legisladores del Gobierno de la Ciudad, sabemos perfectamente la permanente resistencia y oposición a cumplir con el mandato constitucional que estableció el nuevo poder institucional de la ciudad: las Comunas.

Señalamos al respecto sólo tres puntos:

1- Según la Constitución de la CABA, las Comunas debieron estar funcionando a más tardar en Octubre del año 2001. Pero se pusieron en funcionamiento en Diciembre del 2011, diez años después. Y no por propia de los gobernantes, sino por una lucha vecinal que llevó cinco años para conseguir la sanción de la ley 1777 y cinco años más para que se empiece a ejecutar, amparo ante el Tribunal Superior de Justicia mediante.

2- El Gobierno de la Ciudad nunca cumplió con lo establecido en la Ley 3233, del año 2009, que lo obligaba a realizar una intensa campaña de difusión sobre las Comunas, a elaborar y llevar adelante un programa de transferencia de competencias y servicios a las Comunas y a no inmiscuirse en las mismas. Hizo todo lo contrario: vetó la ley que lo obligaba a incluir en las boletas de ABL y Patentes información sobre esta nueva institución, nunca le transfirió las competencias que por la Constitución y la Ley les corresponden ni permitió que las Comunas tuvieran un presupuesto propio y mantuvo en manos de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana todas los recursos y decisiones que debían estar en manos de las Comunas.

3- El Artículo 20 de la Ley 1777, en el que se establecía que las elecciones comunales debían hacerse en forma separada de otras elecciones para que los ciudadanos supieran claramente que estaban votando el gobierno de un nuevo poder institucional barrial, diferente del gobierno de la ciudad, se modificó en dos oportunidades. En las primeras elecciones comunales argumentando que era “por única vez” y el 4 de marzo de este año, cuando se eliminó completamente esta norma, quedando los candidatos a Juntas Comunales ocultos en una lista sábana encabezada por los candidatos que Jefes de Gobierno.

Los vecinos estamos dispuestos a cambiar todos los aspectos de la Ley de Comunas que puedan mejorarse pero:

DESPUÉS DE QUE LA LEY 1777 SE PONGA PLENAMENTE EN PRÁCTICA.

PARA PROFUNDIZAR EL CARÁCTER DESCENTRALIZADO Y DEMOCRÁTICO PARTICIPATIVO DE ESTE NUEVO PODER INSTITUCIONAL, NO PARA DISTORSIONARLO.

AMPLIANDO EL PROCESO PARTICIPATIVO QUE LE DIO ORIGEN MEDIANTE ASAMBLEAS VECINALES EN TODOS LOS BARRIOS PORTEÑOS,

ELABORANDO CON LOS VECINOS – DEPOSITARIOS DE LA SOBERANÍA

POPULAR – CUALQUIER CAMBIO A LA LEY.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mayo de 2015

14.5.2015

La Legisladora María Rachid y el Legislador Edgardo Form junto con las/os trabajadoras/es de La Robla Cooperativa, Roxana López y Claudio Oviedo; la asesora legal Ornella Nociti; el referente de la Rama de Recuperadas de la CTEP, Sebastián Aragón; el secretario de DD.HH. del Movimiento Evita Nacional, Eduardo Tavani, y el secretario Político del Movimiento Evita Capital, Sebastián Demiryi, realizaron esta mañana una conferencia de prensa en el histórico bar en repudio a la inminente orden de desalojo, encomendada por el juez Miguel Gustavo Javier Costa -Juzgado Nacional en lo Civil N° 93-, en un nuevo ataque a la organización de las/os trabajadoras/es.
Se anunció la presentación de dos Proyectos de ley -que firmaron las/os legisladoras/es María Rachid, Jorge Taiana, Edgardo Form, Fernando Muñoz, Gabriela Alegre, Paula Penacca, Lorena Pokoik, Gabriel Fuks, Claudia Neira, Jorge Aragón, Aníbal Ibarra, María Muiños, José Campagnoli, Gabriela Cerruti y Pablo Ferreyra- que declara al bar La Robla como "Sitio Histórico del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y de "Utilidad pública y sujeto a expropiación" al inmueble donde actualmente se encuentra la Cooperativa.
"Todxs lxs legisladorxs del inter-bloque estamos planteando la expropiación del lugar. Este es un lugar histórico. Queremos conservar las fuentes de trabajo y también el patrimonio histórico de la Ciudad", sostuvo la diputada Rachid. En idéntico sentido se expresó el diputado Form: “No se pide ningún privilegio, sino la defensa del trabajo. Eso es lo que estamos pidiendo a la Justicia y a la dueña del inmueble”.
Claudio Oviedo sostuvo: “Hemos vivido un fraude. Somos 21 familias que venimos luchando, simplemente no tenemos otra opción que resistir. Es por eso que los vecinos tienen que saber lo que estamos viviendo, no queremos ver las puertas del bar cerradas y nosotros en la calle. Merecemos una oportunidad de ser escuchados”.
Roxana López expresó: "Estamos haciendo guardias día y noche para proteger nuestra fuente de trabajo. Queremos seguir con el restaurant. Esto es más que un trabajo para nosotros, cada uno se siente parte de una gran familia”.
Ornella Nociti dijo: “Lo único que quieren es pactar un plazo de alquiler porque ellos pueden pagarlo al menos unos meses para poder organizase para alquilar otro lugar. Resulta llamativo que los anteriores dueños hace un año que no pagan alquiler y la dueña nunca pidió el desalojo. Pero cuando se hacen cargo los trabajadores el desalojo es inminente”.
Sebastián Aragón aclaró: “Acá no hay ningún capricho de los laburantes, acá hay irresponsabilidad de los empresarios y hay que denunciarlos”.
Las/os trabajadoras/es, que acompañaron la conferencia junto con otras/os referentes de la política, los Derechos Humanos y de la CTEP, decidieron en agosto de 2014 -ante la quiebra de la empresa- continuar con su trabajo y comenzar a autogestionarse como cooperativa. El cierre del bar dejaría en la calle a más de 21 familias que dependen exclusivamente de esta fuente legítima de trabajo y estamos actuando para que eso no suceda.

13.5.2015

Este jueves 14 de mayo a las 8 horas, en Viamonte 1615 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizará una conferencia de prensa en repudio a la inminente orden de desalojo del histórico bar La Robla, encomendada por el juez Miguel Gustavo Javier Costa -Juzgado Nacional en lo Civil N° 93-.

Estarán presentes las/os trabajadoras/es de la Cooperativa que gestiona el emprendimiento junto con legisladoras/es porteñas/os, referentes políticas/os y dirigentes sindicales para denunciar un nuevo ataque a la organización de las/os trabajadoras/es.

Durante la conferencia se presentarán dos Proyectos de ley con la firma de las/os autoras/es legisladoras/es María Rachid, Jorge Taiana, Edgardo Form, Gabriel Fuks, Claudia Neira, Jorge Aragón, Fernando Muñoz, Aníbal Ibarra, María Muiños, José Campagnoli, Gabriela Cerruti y Pablo Ferreyra. Uno de los proyectos declara al bar La Robla como "Sitio Histórico del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y un segundo proyecto declara de "Utilidad pública y sujeto a expropiación" al inmueble donde actualmente se encuentra la Cooperativa.

Fundada en 1985, La Robla fue adquirida por el empresario Alex Gordon en el 2010 y, desde ese entonces, comenzó una numerosa serie de maniobras fraudulentas. Las/os trabajadoras/es, ante la quiebra de la empresa, han decidido continuar con su trabajo y comenzar a autogestionarse como cooperativa a partir de agosto de 2014.

Hoy, el bar que fuera visitado asiduamente por Enrique Cadícamo, Eduardo Falú, Charly García, Miguel Mateos, Norberto “Pappo” Napolitano, Litto Nebbia y Jorge Luis Borges, entre otros, corre peligro de ser cerrado y dejar en la calle a más de 23 familias que dependen exclusivamente de esta fuente legítima de trabajo.

12.5.2015

                 Sumas Fijas + 30 % Aumento Salarial

Proyecto de Ley  Regularización del Empleo

Público

Pase a planta permanente para todos/as

(Concentramos a las 12 hs. en Diagonal Norte y Esmeralda)

En nombre y representación de la Asociación Trabajadores del Estado, Consejo Directivo Capital Federal, le comunicamos a los medios de prensa  y a la   opinión pública en general lo siguiente:          

En el plenario realizado el día 28 de abril, se resolvió movilizar para el día 13 de mayo a la Subsecretaría de Gestión Pública, con previa concentración a las 12 hs. en Diagonal Norte y  Esmeralda, para reclamar sumas fijas más 30%  de aumento salarial y pase a planta permanente para todos y todas.

Desde ATE proponemos la incorporación de sumas fijas de $ 2500 a las categorías E y F, $ 2000 en la D y C y $ 1500 para la A y B para garantizar equidad en la distribución del aumento salarial.

Solicitar el pase a planta permanente de los trabajadores modificando la actual legislación o aplicando el sistema de curso- concurso a todos los trabajadores de la Administración Pública Nacional.

Continuando con las acciones que generó la campaña de firmas en el SINEP donde mas de 20.000 trabajadores acompañaron, los estatales nucleados en ATE movilizamos para que el pase a planta permanente y aumento salarial equitativo sea una realidad con la propuesta de impulsar en el Congreso Nacional una Ley de Regularización del Empleo Público.

Además en el último plenario se aprobó impulsar la solución de temas pendientes e implementación de propuestas para mejorar la carrera.

Vamos por salarios con equidad.

11.5.2015

La Legisladora María Rachid, en coautoría con el Legislador Jorge Taiana, presentaron un proyecto para trabajar contra el Acoso Escolar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, elaborado junto con la Federación Argentina LGBT, la Mesa Nacional por la Igualdad, la Sociedad de Socorros Mutuos Unión Caboverdeana, la Asociación de Travestis, Transexuales, Transgénero de Argentina (ATTTA) y la Unión Trabajadores de la Educación (UTE).

El proyecto de ley tiene como objetivo prevenir, detectar y eliminar todas las formas de violencia escolar, así como concientizar y sensibilizar a la comunidad educativa, a las familias y a la población en general sobre esta problemática y sobre la necesidad de una convivencia escolar pacífica en base al respeto por las diferencias y una visión positiva de la diversidad.

Debe tenerse en cuenta que los casos particulares de discriminación y de acoso escolar son manifestación de problemáticas sociales más generales que trascienden incluso el marco de la comunidad educativa, y que por tanto la cuestión requiere un abordaje integral, multidisciplinario, que atienda tanto las consecuencias particulares e inmediatas como las raíces de la violencia y de la discriminación en toda la sociedad.

“Resulta indispensable visibilizar este tema y comprender que las consecuencias del acoso escolar la sufren tanto las víctimas como quienes, siendo niños/as, son victimarios/as. Por eso, esta norma pretende evitar la estigmatización y criminalización de los y las estudiantes en tanto que estamos convencidos y convencidas de que en una sociedad democrática la violencia no se erradica con más violencia. El fin de la norma no es sancionar, sino prevenir toda violencia en el ámbito educativo a través de la construcción de una cultura de la no violencia y del buen trato”, refirió la Legisladora impulsora de la ley, María Rachid.

“Tenemos la responsabilidad de asegurar que existan las herramientas necesarias para evitar el sufrimiento de niñas, niños y jóvenes producto del acoso escolar y de enfrentar de la mejor manera el problema ahí mismo, donde ocurre”, expresó la diputada.

Dentro de las propuestas de políticas públicas, el proyecto establece que la autoridad de aplicación debe: incorporar al diseño curricular en todos los niveles educativos la problemática de la discriminación y el acoso escolar tanto en contenido específico como en forma transversal; implementar instancias de formación y de asesoramiento en materia de discriminación y de acoso escolar para personal docente y no docente de establecimientos educativos -de nivel inicial, primario, secundario y terciario-, tanto de gestión estatal como privada; instrumentar una línea de atención telefónica gratuita y un servicio de atención vía internet con el objetivo de recibir y responder consultas y denuncias, así como proveer asistencia a escolares víctimas de discriminación y/o acoso; conformar un equipo interdisciplinario de profesionales especializados/as en la problemática de la discriminación y el acoso escolar, y mantener un servicio de guardia en horario escolar que actúe en casos de urgencia; promover la incorporación transversal de la problemática de la discriminación y el acoso escolar en los programas educativos de todas las carreras pertinentes de instituciones terciarias en el ámbito de la Ciudad, con el fin de garantizar el compromiso y el conocimiento de las y los profesionales respecto de la problemática de la discriminación y el acoso escolar; elaborar y distribuir materiales informativos y de sensibilización para docentes -en soportes gráficos, audiovisuales y electrónicos- sobre la problemática de la discriminación y el acoso escolar en general, así como sobre las formas de acoso específicas sufridas por determinados grupos vulnerados, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil; desarrollar jornadas, talleres y otras acciones destinadas a personal docente, no docente y alumnos -en forma conjunta o por separado- orientados a la prevención y el análisis de la problemática de la discriminación y del acoso escolar; implementar rondas de convivencia en las cuales se aborden los temas relacionados al acoso escolar y a la discriminación; promover el empoderamiento de niñas, niños y jóvenes pertenecientes a grupos vulnerados para que puedan ser parte en la promoción de sus derechos y en la respuesta ante el acoso y los actos y dichos discriminatorios, provengan estos de sus pares o del personal docente o no docente; difundir en medios masivos de comunicación información relacionada con la problemática de la discriminación y del acoso escolar; coordinar acciones tendientes al cumplimiento de los objetivos de esta ley con otros ministerios u organismos gubernamentales; acordar convenios con universidades nacionales con el objetivo de promover la investigación respecto de la temática de la discriminación y el acoso escolar, entre otras medidas. Además, propone la creación de un observatorio contra la discriminación y el acoso escolar, un consejo consultivo compuesto por organizaciones, funcionarios y organizaciones de estudiantes y docentes.