Comunicadores del Sur

29.6.2015

El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) repudió el reciente fallo dictado que sobresee al Jefe de Gobierno Mauricio Macri y al ex ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo. Es por los hechos de violencia contra menores y adultos, abusos sexuales contra mujeres embarazadas, sustracción de documentos, medicamentos a enfermos de HIV y tuberculosis, incendio de colchones, frazadas y otros elementos personales de personas en situación de calle.

La Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) fue creada por Mauricio Macri mediante el Decreto N° 1232/08 publicado en el Boletín Oficial (29/10/08). Entre sus objetivos se encontraba “el mantenimiento del espacio público libre de usurpadores”, atribuyéndose facultades judiciales ajenas a la órbita de la Administración (cfr. art. 12º del Decreto Nº 1510/97). “Es decir, dejaba al arbitrio de simples funcionarios de bajo rango administrativo la calificación del tipo penal ‘usurpación’. Esta facultad que está reservada a un juez, podía definirla cualquiera de los agentes de la patota UCEP según su criterio. De ese modo, el objetivo de mantener el espacio público libre de usurpadores llevó a que la UCEP cometiera graves violaciones a los derechos humanos de las personas más humildes”, expresaron de la ODH a través de un comunicado.
En total fueron 444 operativos, según respondió la propia UCEP a un pedido de informes de la Defensoría del Pueblo.
Según detalló la ODH, para desplegar su tarea el Gobierno de la Ciudad proveyó a los agentes de la UCEP vehículos oficiales, un camión compactador de residuos y chalecos antipunzantes: “para facilitar la labor y ocultar la aberración se estableció que los operativos se realizaran en horarios nocturnos, luego de que otras dependencias de la Ciudad –como el programa Buenos Aires Presente (BAP)– relevaran durante el día los lugares donde se encontraban personas en situación de calle. De la prueba surgen evidencias de que varios de los operativos fueron a requerimiento de los principales referentes del PRO, Mauricio Macri, Gabriela Michetti y Horacio Rodríguez Larreta, entre otros, según se infiere de la aparición de sus iniciales en la respuesta brindada por la UCEP a la Defensoría. El Juez Cubas, por el contrario interpreta como solo un error el haber utilizado “el término ‘usurpadores’”. Yerra el juez cuando argumenta el sobreseimiento diciendo que “a pesar del término usurpadores, la norma prescribía que las vías para mantener el espacio público libre eran la persuasión y la difusión de la normativa vigente y las sanciones correspondientes”. Para el Juez Cubas ‘se estipulaba claramente cuáles eran las herramientas para lograr el propósito’. Sin embargo, la configuración del delito de usurpación era declarada por un simple empleado administrativo. Tampoco es cierto que no existieran evidencias de la participación de Macri en la realización de los operativos. En el listado presentado por la propia UCEP hay un operativo de la calle Esteban De Luca done aparece el Jefe de Gobierno como la persona lo requirió”.
La ODH en tanto consideró positivo el procesamiento de los funcionarios operativos de la UCEP: Fabián Jorge Rodríguez Simón, Jorge Cristian Polini y Luis Manuel Savoiardo fueron procesados -junto a otros 2 funcionarios más- sin prisión preventiva- por lesiones, amenazas, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y los embargó por 100 mil pesos. “Resulta satisfactoria la valoración del Juez respecto a estos funcionarios ya que ‘por sus cargos y funciones fueron quienes indefectiblemente dispusieron tal actuación de los agentes y no podían desconocerla’. Sobre todo Rodríguez Simón y Polini, que ‘fueron los jefes máximos del organismo y tenían el poder de decisión, dirección y control sobre la UCEP’, dijo el juez. Fabián Rodríguez Simón es candidato por el PRO para el Parlasur. Repudiamos que esta fuerza, que se enuncia republicana, mantenga la postulación a una representación internacional de un procesado por delitos graves, como es el caso de Rodríguez Simón. Instamos a que el PRO desista de presentar al sujeto procesado a esa candidatura”, agregaron desde el Observatorio.

29.6.2015 

La Justicia Contencioso Administrativa y Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a readecuar un edificio de departamentos ya construido de 8 pisos de alto ubicado en la calle Cramer 3151/55 porque los permisos otorgados permitieron construir a una altura superior a la admitida por el Código de Planeamiento de la Ciudad en esa zona.

La sentencia fue dictada por el Dr. Aurelio Ammirato, Juez del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires N° 10  en los autos caratulados “Hernandez Olga Pilar y otros c/ GCBA s/ amparo” Expte. N° 44718/0. Los vecinos fueron patrocinados por Jonatan Emanuel Baldiviezo integrante del "Observatorio del Derecho a la Ciudad".

La causa se inició cuando los vecinos linderos de Belgrano linderos al inmueble de la calle Cramer 3151/55 detectaron que allí se estaba construyendo un edificio multifamiliar con una altura casi tres veces a la permitida por el Código de Planeamiento Urbano para dicha zona (Distrito R2B1)  perjudicando la ventilización e iluminación de sus viviendas.

La constructora, en un primer momento había presentado planos que respetaban la altura establecida (3 pisos con una con una superficie de 971,55 m²). El problema surgió cuando el GCBA autorizó el pedido de enrase o completamiento de tejido, aprobando así la edificación hasta una altura superior a la permitida (8 pisos, incrementando la superficie construible casi al doble -1806,76 m2-). El enrase constituye una excepción que autoriza a construir por arriba de las alturas permitidas en un distrito pero exige como condición que las alturas de las edificaciones linderas superen los 15 metros. El fundamento es que al existir un inmueble entre dos edificios de altura mayor a 15 metros, resulta irrazonable que no se permita construir a esa altura porque la zonificación del lugar sólo permite una altura inferior a los edificios linderos. Este instituto suele ser interpretado para alcanzar a situaciones no permitidas, es un mecanismo frecuente utilizado por la Dirección General de Interpretación Urbanística para burlar los límites que establece el Código de Planeamiento.

En este caso, en la sentencia se reconoció que este recaudo (que ambas edificaciones linderas superen los 15 metros) se cumple con respecto a un edificio lindero (de aproximadamente 28 mts. de altura) pero no con respecto a la otra vivienda lindera (de 7 mts. de altura). Es decir, el enrase resulta procedente únicamente cuando las alturas de las edificaciones linderas superan los 15 metros supuesto que no se verifica en el caso.

Detectada la ilegalidad de los permisos por contradecir el Código de Planeamiento Urbano, el Sr. Juez resolvió: 1) Hacer lugar a la acción de amparo declarando la nulidad de la Disposición n° 977/DGIUR/2011 que fue la norma que autorizó el inicio de las obras. 2) Ordena al GCBA a determinar la modalidad en que deberá llevarse a cabo la readecuación del proyecto a efectos de dar debido cumplimiento a la totalidad de las disposiciones legales vigentes. LaREADECUACIÓN de acuerdo al Código de Edificación de la Ciudad podría implicar la demolición de la parte de la obra construida en contravención al Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad. En nuestra opinión, estasentencia es histórica porque ordena que aquello que fue construido ilegalmente y afecta derechos y la calidad de vida de las familias linderas debe ser demolido.

En la Ciudad de Buenos Aires, es costumbre que la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) realice interpretaciones arbitrarias del Código de Planeamiento ajenas al texto de la ley, autorizando más m² de superficie construida que lo permitido, con el fin de favorecer a los desarrolladores inmobiliarios y empresas constructoras. La interpretación ilegal realizada por la DGIUR que autorizó casi el doble de superficie a construir no es un hecho aislado sino el ejemplo de una conducta continua en la Ciudad denunciada permanentemente por los vecinos.

Esperamos que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no apele la sentencia actuando en defensa de la empresa constructora sino que acepte lo resuelto por el juez e investigue a los funcionarios responsables de otorgar autorizaciones ilegales que afectan el ambiente urbano y la calidad de vida de miles de familias y que ponen en juego también el patrimonio de la Ciudad por la posibilidad de futuros juicios por indemnización.

28.6.2015

El Pro ha vuelto a impulsar el Proyecto de Ley de Inclusión Educativa Integral presentado en 2013, quedando pendiente su discusión y siendo su vocera la Legisladora Victoria Morales Gorleri, quien aseveró: “El camino de la inclusión es (…) el más acertado para la concreción de una sociedad justa y equitativa, que asegure el derecho de igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia y egreso del sistema escolar de la Ciudad de Buenos Aires”(cita extraída del fundamento del Proyecto de Ley de Inclusión Educativa Integral).

Entendemos que este juego de palabras "políticamente correctas" y sensibles para las mayorías contradicen lo que en realidad han hecho con nuestras escuelas las políticas implementadas por esta gestión -continuando con el camino iniciado por las anteriores- que avanzan hacia el deterioro progresivo de la escuela pública. Ha sido el gobierno del Pro quien ha dejado a cientos de niños/as sin escolaridad por falta de vacantes. La misma gestión que no construye escuelas ni jardines, que cada año profundiza su política de vaciamiento y privatización de la educación, que disminuye el presupuesto de la educación pública y aumenta el de la privada, que reduce progresiva y sistemáticamente los recursos públicos destinados al apoyo a los procesos de integración/inclusión incorporando los privados, privatiza la educación temprana, crea programas con trabajadores precarizados dependientes de "gerencias operativas" a cargo de funcionarios con incomprobable calificación profesional acorde a lo que la tarea y la educación de nuestros/as niños/as amerita.

Básicamente dicho proyecto de Ley prestablece que la educación obligatoria de todos los niños desde los 5 años hasta los 18 años con las denominadas Necesidades Educativas Especiales (NEE) y sin ellas debe ser en escuelas de modalidad común y en todos los niveles. Además, adecuándose a los momentos específicos de cada persona se podrá sugerir el cambio de modalidad. El compromiso en cuanto al abordaje y proceso de integración de los estudiantes con NEE estaría a cargo de los equipos intervinientes, los docentes, directivos y las familias; tomando como eje la riqueza de la diversidad en un aula heterogénea, y trayectos abiertos y flexibles para todas las personas. Ahora bien, ¿De qué equipos se habla? Esta falta de claridad deja la posibilidad de que los centros privados que ya han ingresado al sistema público a partir de la resolución que permite el ingreso de Acompañantes Personales No Docentes (APND)  solventadas por las obras sociales y prepagas para aquellos niños y niñas que poseen cobertura en salud tengan aún más injerencia. De esta manera se potencia progresivamente la privatización en educación. Mientras tanto los Equipos de Orientación Escolar del sistema público se siguen vaciando. Año a año se sub-ejecuta el presupuesto asignado a las Plantas Orgánicas Funcionales de los EOE. No se llama a concurso, no se cubren los puestos vacantes por jubilaciones ni las licencias por enfermedad. A modo de ejemplo en el distrito 21 el EOE contaba con 13 profesionales, y actualmente posee (con) 7 para cubrir todas las escuelas primarias y jardines de Villa Lugano.

Los gabinetes centrales zonales, que son aquellos que realizan los diagnósticos para orientar la modalidad escolar más adecuada, cuentan con insuficiente cantidad de profesionales manifestando dificultad para el otorgamiento de turnos.

El mencionado proyecto de Ley establece la reconfiguración de los diseños curriculares de los profesorados  hacia una formación para el abordaje a personas con NEE. ¿Cuáles serán los enfoques y lineamientos de esta reforma?

El proyecto de Ley también habla de la contemplación de las adecuaciones y adaptaciones curriculares. Del intercambio entre conducción, equipos y docentes. Suena contradictorio, ya que desde que asumió el macrismo los espacios de intercambio dentro de las escuelas fueron disminuyendo. Cada vez existen menos jornadas institucionales (para el 2015 no está planteado en agenda educativa una próxima Jornada), y cabe aclarar, los/as docentes tampoco disponemos de horas para poder planificar, realizar las adecuaciones y los intercambios necesarios con los/as profesionales.

La integración hoy

Las Escuelas públicas de Educación Especial desde los años ´90 comenzaron a realizar Apoyo a la Integración a personas con Discapacidad en escuelas estatales convencionales siendo éste un apoyo obligatorio pero no reglamentado y, mucho menos, correctamente diagramado. En principio, los Equipos de Orientación Escolar encargados de brindar el asesoramiento, seguimiento y orientación  a las instituciones escolares que requieren algún tipo de apoyo por diferentes motivos  (NEE, situaciones de vulnerabilidad, violencia, conflictos institucionales, vínculo con la comunidad,  etc.) cuentan con pocos/as profesionales por cada distrito, los Gabinetes Centrales quienes evalúan y derivan a los/as alumnos/as que requieren diferentes apoyos según sus necesidades sólo son cuatro centros para cubrir las demandas de toda la Capital Federal y con pocos/as profesionales en sus plantas. En cuanto a los/as docentes que realizan  integraciones, el Ministerio de Educación nunca creó el cargo específicamente. Los/as maestros de las escuelas de Educación Especial que realizan esta tarea no perciben viáticos y la demanda ha crecido al punto tal que los apoyos a las integraciones en la mayoría de los casos se realizan una vez por semana. Por el contrario, se creó la figura del APND a partir de la resolución 3034/13. Dicha resolución sostiene  que “el desempeño de los APND no significa erogación alguna para el GCBA, ni implica ningún tipo de relación contractual ni laboral entre el acompañante personal no docente y el GCBA”. Esta figura terceriza, en diversas situaciones, el cargo de Integración por medio de Obras Sociales, discriminando a aquellos niños/as que cuyas familias no cuenten con prepaga u obra social.  Además quienes se desempeñan como APND no cuentan con los mismos derechos que los demás trabajadores de la Educación.  Por su parte, las escuelas primarias  esperan años para que se adecúen los edificios para las personas con discapacidad.

Nuestro posicionamiento

No vemos la integración / inclusión como un monstruo que viene a acechar la educación pública. No pensamos que no haya nada que cambiar, por el contrario somos los/as que siempre reclamamos y luchamos por una educación pública de calidad para todos y todas. Los y las que defendemos la inclusión de todos/as los niños/as sistemáticamente y con cada una de nuestras acciones cotidianas y en cada uno de nuestros reclamos: por construcción de escuelas, vacantes para todos y todas, espacios de intercambio institucional, contra el vaciamiento de los equipos de apoyo, por mejor infraestructura, mayores recursos para la educación pública. Consideramos al gobierno del Pro responsable de que muchos niños y niñas no encuentren su lugar de inclusión en nuestras escuelas, tengan o no necesidades educativas especiales.  Cualquier propuesta resulta inviable dentro de las aulas superpobladas, con  falta de vacantes, ausencia de creación de cargos, edificios deplorables, falta de mantenimiento.

Sostenemos que este proyecto busca reglamentar la injerencia de las instituciones privadas dentro del sistema público, dándole mayor potestad a los centros privados de apoyo que son contratados por las obras sociales y empresas de medicina prepaga. El gobierno busca reducir cada vez más el presupuesto en educación, en este caso en

Educación Especial

Las Formaciones Laborales de la modalidad de Educación Especial aún esperan por su apertura. A modo de ejemplo: la Escuela Especial Nº11 D.E. 15° aún aguarda por la culminación de su anexo destinado a tal fin. Los/as estudiantes de las escuelas especiales aún esperan los medios de transporte adecuados a sus necesidades y no los negociados entre empresas y gobiernos. Cuando los niños/as no pueden ser sostenidos en la escuela común o necesitan una modalidad específica y altamente especializada, se evidencia la falta de vacantes en los CENTES y en Escuelas Especiales.

Para que cualquier proyecto tendiente a mejorar las oportunidades para la Inclusión Educativa, resulte posible el Estado tiene que proveer los recursos necesarios de apoyo a las escuelas  y a los/as estudiantes. Maestras/os integradoras/es, parejas pedagógicas, ACDMS, profesionales para EOE y gabinetes centrales, construcción y concreción de edificios accesibles y transporte, entre otros.

Según los marcos vigentes sobre inclusión (Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, Ley 26.378, 2008), una Escuela Inclusiva contempla en su edificio las adecuaciones necesarias para cada persona que allí asista, desde los sistemas de comunicación hasta las condiciones edilicias en perfecto estado. Una Escuela Inclusiva requiere el personal necesario. Una Escuela Inclusiva no tiene problemas de calefacción, no tiene techos que se caen sobre los alumnos, no tiene docentes sobrecargados, no tiene transportes inadecuados. Una escuela Inclusiva brinda asesoramiento a todos los niños que allí asistan. Una escuela inclusiva no funciona en grados superpoblados. Una escuela inclusiva no acepta el cierre de grados ni mucho menos que cientos de niños/as se queden sin vacantes y permanezcan sin escolaridad.

Convocamos a toda la comunidad educativa a abrir el debate respecto de este proyecto de ley en el marco de  qué escuela queremos para nuestros/as niños/as. Exigimos que el  Estado asuma su responsabilidad  en la concreción del derecho a la educación.

Ademys – 23/6/2015

27.6.2015

El pasado martes 23 se cayó parte de un techo de un aula de un 2do año en el Comercial N° 33 sito en Jonte 5075 de la Ciudad de Buenos Aires. Como puede verse en la foto, el desmoronamiento podía haber lastimado a estudiantes o docentes. Sucedió a las 7:15am, 30 minutos antes de que entren los alumnos.
En el colegio además no hay estufas en todas las aulas y algunas no funcionan. Los vidrios no son de policarbonato. Y hay paredes que tienen rajaduras y desmoronamientos, además de cables pelados y sillas rotas.
Luego de la caída del techo, se acercó Infraestructura Escolar a "picar" las zonas del techo para "evitar más desmoronamientos" y dieron por terminada la "reparación" habilitando el aula. Los alumnos se encontraban ubicados en la biblioteca de la escuela por su seguridad.
Exigimos al Ministerio de Educación y la dirección de Infraestructura Escolar la atención inmediata de los múltiples problemas edilicios que sufren las escuelas así como los problemas de calefacción y electricidad. Hacemos responsables a las autoridades del Ministerio de Educación por la integridad física de los alumnos y trabajadores de las escuelas de la ciudad.

25.6.2015

El dato surge de una encuesta online que se está realizando a los 3000 médicos en formación de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa responde al legislador porteño del Frente para la Victoria, Fernando Muñoz, para avanzar en propuestas legislativas.

Por Christian Madia

Otros resultados de la encuesta muestran que el 90% de los médicos residentes padeció stress y crisis de angustia, el 90% asistió enfermo al trabajo, el 80% vivió situaciones de violencia y el 98% cree que no se cumple la ley de residentes.

Si bien los datos son preliminares y la encuesta permanece abierta, las respuestas brindadas por los 200 encuestados permiten advertir que los profesionales de la salud trabajan en condiciones alarmantes. Al respecto Fernando Muñoz consideró “la situación de los médicos residentes está en sintonía con el abandono de la salud pública que lleva adelante la Ministra Graciela Reybaud y el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri. La mayoría de estos trabajadores tienen jornadas laborales excesivas, poco descanso posguardia, pésimos sueldos y sufren falta de alimentación, stress e inseguridad”.

 “La precarización de los médicos residentes es preocupante, sobre todo los profesionales de primer y segundo año. Generalmente tienen una guardia durante la semana y otra el fin de semana, esos días trabajan 36 horas ininterrumpidas. Las personas privadas del sueño tienen una alta probabilidad de cometer errores, sufrir accidentes o quedarse dormido. Necesitamos avanzar en condiciones laborales más justas para los médicos residentes, para mejorar su calidad de vida y para valorizar la salud pública”.

Esto demuestra a las claras la desidia, una vez más, por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la protección de los trabajadores en general y de los trabajadores de la salud, médicos residentes, en este caso en particular.