Comunicadores del Sur

7.10.2015

PROPUESTAS Y APORTES PARA EL DEBATE

Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad celebramos el proyecto de “Ley Federal de Regularización Dominial de la Vivienda Familiar” (Proyecto de Ley N° 12-PE-2015)recientemente presentado por el Poder Ejecutivo Nacional en la Cámara de Diputados de la Nación que tiene el propósito de regularizar "la situación de más de medio millón de familias de la Argentina".

Consideramos que la iniciativa brinda herramientas fundamentales para avanzar en los procesos de integración de los barrios que no se encuentran registrados formalmente e impulsar procesos de urbanización que mejoren las condiciones de vida de cientos de miles de familias a lo largo del país.

En este sentido, BRINDAMOS PLENO APOYO AL PROYECTO y por eso generamos un documentocon el objetivo principal de generar propuestas y aportes para enriquecer este debate tan trascendente (se encuentra adjunto al mail).

El mismo fue entregado a asesores de los diputados que participaron del tratamiento del proyecto de ley en comisiones conjuntas el 6 de octubre de 2015 (Vivienda y Ordenamiento Urbano, Legislación General y Presupuesto y Hacienda), al titular de la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat y será presentado formalmente en la Cámara de Diputados en los siguientes días.

Invitamos a militantes sociales, integrantes de organizaciones de la Sociedad Civil, movimientos, redes y agrupaciones que luchan y participan en espacios en los que se reclama por el derecho al hábitat y la vivienda, a que acompañen esta iniciativa y puedan acercarnos devoluciones y comentarios relacionados con el documento.

El proyecto ya está siendo tratado en el Congreso y su inminente sanción nos lleva a trabajar con urgencia a fin de que se logren estrategias integrales para abordar la multicausalidad de la problemáticas con el mayor debate y reflexión posibles.

LA JUSTICIA ORDENA QUE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES GARANTICE EL USO DE LA TRIBUNA POPULAR POR PARTE DE LA CIUDADANÍA

La Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acaba de ordenar a la Legislatura de la Ciudad a que adopte todas las medidas necesarias para arantizar el ejercicio inmediato de la Tribuna Popular en la Legislatura.

Desde la ReD INTERPARQUES con el patrocinio del OBSERVATORIO DEL DERECHOA LA CIUDAD acudimos a la Justicia de la Ciudad porque la Legislatura de la Ciudad hace más de 15 años que impide a los ciudadanos hacer ejercicio de la Tribuna Popular.

Durante el 2014 la Red Interparques y Plazas realizó una fuerte campaña llamada 'Parques Sin Bares' en el marco del debate por el proyecto de ley impulsado por el PRO y apoyado por legisladores de FAUNEN para la instalación de bares en parques. Como parte de esta campaña y haciendo uso de nuestro derecho como ciudadanos solicitamos el uso de tribuna popular el día en que se votaba dicha ley. Nuestro derecho fue violado, no nos permitieron hablar y, por esta razón, presentamos la acción de amparo.

La Tribuna Popular es un derecho que permite a cualquier persona efectuar planteos en forma previa a las sesiones de la Legislatura sobre temas de especial interés para la Ciudad. Es decir, las personas que soliciten hacer uso de la Tribuna Popular podrían expresar sus posiciones, ideas, problemas o propuestas a la totalidad del Cuerpo Legislativo, a todos los legisladores de la Ciudad reunidos para iniciar una sesión legislativa.

Este derecho se encuentra reconocido en los arts. 76 y 77[1] del Reglamento interno de la Legislatura de la Ciudad y son operativos del art. 1 de la Constitución de la Ciudad que establece la Ciudad "organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa". La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires negó el ejercicio de este derecho con el argumento de que no se encontraba reglamentado y durante quince (15) años se presentaron distintos proyectos de reglamentación que no fueron tratados ni aprobados en el recinto.

La Sala III de la Cámara en los Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, con el excelente voto mayoritario de los Dres. Hugo Zuleta y Gabriela Seijas,  en los autos caratulados “GARCIA MAURICIO HERNAN CONTRA LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BS AS SOBRE AMPARO”, Expte. N° A3638-2014/0, dictó sentencia haciendo lugar al amparo iniciado por Mauricio H. García (integrante de la Asamblea Interparques) y ordenó a la Legislatura de la Ciudad que adopte las medidas necesarias para garantizar el ejercicio inmediato de la Tribuna Popular regulada en los artículos 76 y 77 del Reglamento Interno de la Legislatura.

Entre los considerandos de la sentencia expresó:

"El Máximo Tribunal ha reconocido a todo ciudadano una legitimación amplia para impugnar actos y normas en aquellas situaciones excepcionales en que se pone en juego la esencia de la forma republicana de gobierno. En el caso el debate involucra el alcance de instituciones constitucionales básicas, lo que no se ve disminuido porque el derecho lesionado tenga como fuente un reglamento de la Legislatura

Todo ciudadano está habilitado para promover acción de amparo tendiente a que la legislatura implemente de manera efectiva los derechos que prevé su reglamento interno, atento a que la omisión en esa materia priva de operatividad a normas que regulan el derecho a la participación pública en un Estado organizado como “democracia participativa”.

"¿Se encuentra obligada la Legislatura a cumplir su  reglamento? 
El juez de grado, el representante de la Legislatura y el Fiscal ante la Cámara entienden que no. (…) Sabido es que el Estado de Derecho se caracteriza no sólo por el reconocimiento y la tutela de los derechos fundamentales, sino también por la forma en que ese objetivo se alcanza, esto es, sometimiento del Estado a la ley. El núcleo del principio del Estado de Derecho es que todas las personas y autoridades dentro del Estado, públicas o privadas, están obligadas a cumplir y tienen derecho a los beneficios de las leyes sancionadas. Nadie está por encima de la ley y todos están sujetos a la misma ley, administrada por los mismos tribunales. (…)El cuerpo legislativo puede darse su propio reglamento y debe cumplirlo. Si la norma prevé que los habitantes de la Ciudad tienen derecho a participar en las sesiones de la legislatura mediante el instituto de la Tribuna Popular, ese derecho importa correlativas obligaciones para las autoridades de la Legislatura, quienes deben garantizar su ejercicio."

 
"En síntesis, el reglamento interno de la legislatura es norme vigente, y prevé el derecho a participar del debate en sesión plenaria mediante el instituto de la Tribunal Popular. La negativa a implementar esta posibilidad fundada en la omisión de la reglamentación viola los límites razonables para demorar la puesta en vigencia efectiva de las normas. El incumplimiento de la obligación de la legislatura  de implementar lo necesario para poner en ejecución su propio reglamento interno en un lapso excesivamente prolongado configura una conducta ilegal y carente de justificación".

Desde la Asamblea Interparques sostenemos que el mal manejo de las plazas y parques de la Ciudad, el constante sacrificio de los espacios verdes, y la restricción al uso del espacio público tiene entre sus principales causas el impedimento de que la ciudadanía pueda participar en la toma de decisiones respecto a los espacios públicos y verdes. Por eso iniciamos esta acción judicial para profundizar la democracia participativa y que podamos llevar nuestras peticiones y reclamos sobre el estado de los espacios públicos a la Legislatura de la Ciudad.

[1] En el art. 76 del Reglamento Interno de la Legislatura, titulado "Tribuna Popular" se dispone que "(l)a Tribuna Popular permite efectuar planteos en sesión plenaria, sobre temas de especial interés para la Ciudad, por parte de organizaciones no gubernamentales y personas que resulten autorizadas de acuerdo con la Resolución que reglamente su ejercicio. (modificado por Resolución Nº 1-Junta de Interpretación y Reglamento-98).

El art. 77 establece que "(l)as manifestaciones son de 10 a 15 minutos, con intervención, posteriormente, de cada uno de los Bloques, de 5 (cinco) minutos. (modificado por Resolución Nº 1-Junta de Interpretación y Reglamento-98)

6.10.2015

La Fiscalía Criminal de Instrucción N° 14 solicitó al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 38, a cargo de Susana Wilma López, la elevación a juicio de la investigación contra los policías Emmanuel Alejandro Díaz, Mario Nicolás Medina y Diego Marcelo Calderón – efectivos de la comisaría 48 de la ciudad de Buenos Aires-, por el asesinato del joven Marcelo Montenegro. Por Asociación Miguel Bru

Esta solicitud se suma al pedido impulsado por la querella, desde la Asociación Miguel Bru (AMB) a través del abogado Nahuel Berguier La causa se encuentra de este modo en las puertas del juicio oral y público en el que se podrá echar luz sobre el accionar criminal por parte de los policías involucrados en los hechos. Tras más de tres años de lucha por parte de Rosa, la mamá de Marcelo, y de la AMB se pondrá sobre debate lo ocurrido la noche del 7 de julio de 2012. El caso de Marcelo Montenegro da cuenta de cómo es el accionar del sistema judicial, que muchas veces convalida acriticamente las faltas policiales.

Después de muchos reveses judiciales, de que los policías fueran sobreseídos y de que la causa cambiara de juzgado, por fin los efectivos fueron procesados.

La noche del 7 de julio de 2012 Marcelo Montenegro viajaba en un Renault Twingo junto a un amigo. Comenzaron a ser perseguidos por efectivos de la comisaría 48 – supuestamente por ser sospechosos de un robo-, y en la intersección de la Avenida Piedra Buena y Saraza el auto en el que viajaban los jóvenes chocó contra un paredón. Una bala disparada por los policías atravesó el baúl, el asiento trasero del auto y fue a parar directo al tórax de Montenegro. La autopsia también determinó que Marcelo tenía una herida de paso de proyectil sobre los labios, una herida que no concuerda con la dirección de los tiros durante una persecución. No se encontró el supuesto arma que portaba Montenegro, y el registro del sistema de radio de los patrulleros dio cuenta de que el tiroteo fue avisado por los policías después de las comunicaciones relativas a la persecución y el choque del Twingo.

Díaz, Medina y Calderón son los tres oficiales de la comisaría 48 de la ciudad de Buenos Aires, que se encuentran procesados por el delito de homicidio agravado “por ser miembros de una fuerza policial y haber abusado de sus funciones”.

”Después de muchos años de trabajo esperamos que por fin la familia de Montenegro encuentre justicia y las respuestas a la lucha que sostienen para saber toda la verdad de cómo murió Marcelo”expresó Rosa Bru, presidenta de la AMB.

5.10.2015

Gervasio Muñoz, de la organización Inquilinos Agrupados, reflexionó sobre la problemática de los alquileres (formales e informales) en Ciudad de Buenos Aires. "Solo 10 familias se pudieron sumar al programa Alquilar se puede", reflexionó. 

Por Enrique de la Calle y José Cornejo

APU: ¿Cuáles son las características del déficit habitacional?

Gervasio Muñoz: La problemática habitacional en la Capital Federal tiene diferentes características. Tenemos el problema de los inquilinos en las villas; muchas familias viviendo en condición de calle. Gente que vive en edificios irregulares. Y después está la problemática de los inquilinos formales, que alquilan vía inmobiliaria. Sufren los atropellos de esa corporación.

APU: ¿Por qué cuesta tanto que el tema entre en agenda?

GM: El tema que está en agenda es el de los inquilinos formales, que tiene que ver con sectores de ingresos medios. Después, el resto de las problemáticas que afectan a los sectores de menores ingresos no está. Al gobierno porteño no le importa lo que pase, por ejemplo, con la urbanización de villas. O las pensiones y hoteles que están fuera de la ley. O los conventillos que se prenden fuego.

APU: ¿Por qué fracasó el programa del gobierno porteño “Alquilar se puede”?

GM: Porque es una campaña publicitaria. Es un crédito bancario a una tasa del 19% anual. La garantía que proponen no es aceptada por ninguna inmobiliaria. Solo 10 familias usaron el programa. Gastaron 80 millones de pesos en publicidad, porque hicieron publicidad en Capital y en el interior del país.

APU: Si se regula el sector formal de la vivienda. ¿Repercute sobre el informal?

GM: Sí, claro. Te doy un ejemplo: tenemos dos familias. Una alquila por inmobiliaria, y la otra en una villa. Tienen los mismos ingresos, pero la primera tiene garantía e ingresos en blanco. Esa familia puede alquilar en una inmobiliaria, la otra está condenada a la informalidad. Si las inmobiliarias no pidieran tantos requisitos las dos familias podrían alquilar. Una pensión, con baño compartido, sale lo mismo que un monoambiente.

APU: ¿Cuál es el actor que más se opone a los cambios que se necesitan para poder avanzar en un tema tan sensible?

GM: Están las constructoras y el mercado inmobiliario, la cámara que reúne a las inmobiliarias. Para ponerte un ejemplo concreto: hace tiempo se debatió si el candidato del PRO era Gabriela Michetti u Horacio Rodríguez Larreta. Era obvio que el candidato era Larreta. Porque su hermano (Augusto) es CEO de IRSA, la principal constructora de CABA. Es la dueña de todos los shoppings de la Ciudad, entre otras cosas. Algo más: en su declaración jurada, Macri dice que le prestó 20 millones a Nicolás Caputo, uno de los principales responsables de la obra pública en la Ciudad.

APU: ¿Cómo sigue la agenda de Inquilinos Agrupados?

GM: Ya marchamos a la Legislatura porteña y ahora vamos a ir a las inmobiliarias y a la Cámara. Queremos seguir poniendo en agenda esta discusión.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.237Z&nmid=md83b8a81-6b73-11e5-b12e-00215ad7e1f4&nmts=2015-10-05T15:15:10.950Z&rt=true&link=http%3a%2f%2fwww.buenosaires.gob.ar%2finscripcionescolar">www.buenosaires.gob.ar/inscripcionescolar, seleccionando el nivel deseado, personalmente en las escuelas o en los portales de inclusivos del Gobierno de la Ciudad o llamando al 0800-444-2400 (esta línea está habilitada de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 9 a 14).
Pero en el día de hoy, de inauguración de la inscripción, EL SISTEMA YA ESTÁ COLAPSADO Y NADIE PUEDE REALIZAR LA INSCRIPCIÓN.

2.10.2015

Entrevista a Ariel Verón, del frente El Hormiguero, sobre la maratón que se realizó el 20 de septiembre y recorrió las villas porteñas en reclamo por la urbanización.

Por Boris Katunaric

Agencia Paco Urondo: Se hizo una maratón por la urbanización de las villas. ¿De qué trató esa iniciativa?

Ariel Verón: Por cuarto año consecutivo realizamos la maratón por la urbanización de las villas y es una manera más de hacer visible nuestro reclamo. Lo venimos haciendo hace bastantes años y no nos están escuchando, así que para integrar más a la sociedad y poder llegar a más gente que se pueda interesar en el problema habitacional de la ciudad. Además de la gente que vive en condiciones indignas tenemos victimas del negocio inmobiliario donde los inquilinos tienen que pagar comisiones abusivas a las inmobiliarias que no están reguladas por ningún lado. Vemos la urbanización como una regla macro.

APU: Hay una ley, la 98/2013, que da la orden a la Ciudad para la urbanización, cosa que todavía no se ha hecho. ¿Qué piensa al respecto?

AV: Deriva de la ley 341 que no es sólo para las villas sino que es para todos los habitantes de la ciudad. El Gobierno macrista no ha cumplido nada de eso. Es una ley que nos costó bastante que salga porque nos han puesto muchas trabas, sin embargo cada villa tiene su propia ley. La Villa 31 tiene su ley, la 20 también. Igualmente, nunca se avanza demasiado. 

APU: ¿Cómo nace el Frente El Hormiguero?

AV: Nace hace cuatro años en distintos barrios de CABA: hoy estamos en cinco barrios, en Villa Fátima, Piletones, Villa 31, barrio Rodrigo Bueno, en Chacarita. Somos un grupo de vecinos, de compañeros que estamos trabajando y peleando por la urbanización. Tenemos varios ejes: por ejemplo, educación popular. En el Barrio Rodrigo Bueno tenemos un bachillerato popular a pulmón, en Retiro tenemos un profesorado de enseñanza primaria también a pulmón. Entendemos que la educación popular tiene que ser para todos y tiene que ser buena. Tenemos 25 vecinos que este año están egresando y que van a tener su título secundario. Es otra pelea que estamos haciendo contra el gobierno porteño, la de ser reconocidos porque nuestros maestros van a poder cobrar un sueldo. Hoy no lo son y al no ser reconocidos nuestros maestros no cobran, además de su trabajo vienen todas las noches y dan su energía y su tiempo con unas ganas y energía terribles.

1.10.2015

Los pidió el fiscal Federico Delgado en el marco de la denuncia por "presuntas irregularidades en la contratación de los proveedores publicitarios, la distribución de la pauta y la publicación de la información oficial al respecto en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".

El fiscal le solicitó al juez Marcelo Martínez de Giorgi que "se intime al área correspondiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que realice un informe pormenorizado sobre el destino dado a los fondos consignados como pauta publicitaria a todas las emisoras mencionadas, las irregularidades detectadas en la contratación de los proveedores publicitarios, y la publicación de la información oficial al respecto en el sitio web del GCBA".

"Corresponde que se emprenda una profunda investigación para determinar qué ocurrió con los fondos públicos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que fueron falsamente consignados como pauta publicitaria, cuando en realidad fueron llamativa y burdamente desviados. Lo esencial será develar el destino de esos fondos millonarios", reclamó el fiscal.

Mediante un dictamen de seis carillas, Delgado recordó que "la causa se inició el 9 de septiembre del corriente año en virtud de la denuncia formulada ante la Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad por Julia Merediz, en representación de la 'Cooperativa de Trabajo La Usina de Ideas Ltda'".

El fiscal señaló que el denunciante "acusó a Pablo Facundo Gaytán, titular de la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a Miguel Ángel Godoy, a cargo de la Secretaría de Medios del gobierno porteño, por presuntas irregularidades en la contratación de los proveedores publicitarios, la distribución de la pauta y la publicación de la información oficial al respecto en el sitio web del GCBA".

"En concreto, lo que se denuncia es que detrás de la publicación de datos falsos relativos a la distribución de la pauta publicitaria en el sitio web del GCBA se esconden maniobras destinadas a desviar fondos millonarios del gobierno porteño. La denunciante entiende que los comportamientos que se explicarán a continuación podrían encuadrar en los delitos de peculado, falsificación de documentos privados y/o lavado de dinero", reseña el fiscal".

Tras citar diversos medios de comunicación que quiere investigar, Delgado apunta que "en las maniobras denunciadas se encontrarían involucradas empresas y sociedades que actuarían como intermediarias entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los medios de comunicación".

"Son los llamados 'bolseros' a nombre de quienes se factura la pauta publicitaria de los medios de comunicación. Un nombre que se repite en la mayoría de los casos es el de María Luz Altobelli, una esteticista que -según surge de la documentación acompañada- tendría un spa y una clínica de liposucción en San Isidro llamada "Gerove", y sería una de las encargadas de ofrecer la pauta del GCBA", describe.

En esa línea concluye que "corresponde que se emprenda una profunda investigación para determinar qué ocurrió con los fondos públicos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que fueron falsamente consignados como pauta publicitaria, cuando en realidad fueron llamativa y burdamente desviados. Lo esencial será develar el destino de esos fondos millonarios.