Comunicadores del Sur

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CABA. Viernes 18/12, 11hs: Reclamo frente al Ministerio de Educación porteño por vacantes para todos/as

16.12.2015

Difundimos convocatoria:

Desde la implementación del arbitrario y expulsivo sistema de inscripción online se dio a conocer que más de 7000 niños y niñas se quedan sin vacante en la Ciudad de Buenos Aires cada año. Siendo el último día del ciclo lectivo 2015, nuevamente miles de familias llegan a las fiestas angustiadas porque no tienen asegurada la escolarización de sus hijos para el año que viene. "No pudimos asignarte una vacante" o "estás en lista de espera" es la respuesta que obtuvieron de parte del Ministerio tras la inscripción. Seguimos exigiendo el cumplimiento del artículo 24 de la Constitución de la Ciudad que garantiza el acceso a la educación pública, laica y gratuita desde los 45 días de edad. Vamos de nuevo al Ministerio:

* Por más escuelas públicas, laicas y gratuitas de todos los niveles, especialmente en zona sur donde no son suficientes. Que los espacios ociosos de la Ciudad se conviertan en escuelas.

* Por más escuelas infantiles y jardines de infantes públicos, laicos y gratuitos. No a los Centros de Primera Infancia (CPI) porque no son dependencias del Ministerio de Educación sino de Desarrollo Social, razón por la cual no responden a un proyecto pedagógico sino meramente asistencial y precarizan las condiciones laborales de sus docentes.

* Derogación del decreto 1990/97 que permite el cierre de salas, grados y cursos. Exigimos la reapertura de los cerrados en los últimos años.

* Basta de precariedad, no a las aulas containers de chapa y cartón, basta de subejecución de presupuesto para infraestructura escolar, basta de falsas promesas, que las obras se cumplan en los plazos estipulados.

* No a la inscripción online por arbitraria y excluyente, porque la inscripción es un acto pedagógico y porque las familias tienen derecho a elegir la escuela para sus hijos, que la inscripción y las vacantes vuelvan a estar en manos de las escuelas.

El Cine Teatro Urquiza espera volver a ser

11.12.2015

Por La Retaguardia

El Cine Teatro Urquiza continúa cerrado. Su dueño, el empresario Oscar Campana, pretende hacer una torre de departamentos, pero los vecinos quieren que vuelvan las actividades artísticas. El proyecto de ley de expropiación iba a ser tratado en el Congreso el 26 de noviembre pasado, pero fue quitado del orden del día. Dialogamos con Karina Cicovin, vecina del barrio autoconvocada, sobre los motivos de esta marcha atrás y sus posibles razones políticas.

El proyecto de expropiación del Cine Teatro Urquiza fue impulsado por el ex subsecretario de Relaciones con la Sociedad Civil de la Presidencia de la Nación, Gustavo López, y presentado en la Cámara de Diputados por los legisladores Carlos Raimundi, Mara Brawer y Jorge Rivas. Tras obtener dictamen favorable en varias comisiones, la iniciativa debía debatirse en el recinto el 4 de noviembre pero fue sacada del orden del día; el 26 de ese mes ocurrió lo mismo.

“Nos habían avisado desde distintos despachos, porque habíamos tomado el recaudo de llamar previamente, que se trataba el 26. Fuimos varios vecinos, muchos más que la vez anterior, porque estábamos contentos con que se iba a aprobar. Era un paquete de proyectos que se iban a ir aprobando por tandas, el Cine Teatro Urquiza tenía dictamen favorable por unanimidad y sin disidencias y estando ahí fueron leyendo todos los proyectos pero cuando llegan al 2787- D-22015 dicen que se desplaza y ahí quedamos todos muy alarmados porque no entendíamos si esto quería decir que se corría para más tarde, se sacaba más tarde, o no se trataba. Ahí nos dividimos entre todos los que estábamos y empezamos a averiguar, a llamar; de hecho hablé en ese momento con Gustavo López, que él no estaba en Buenos Aires y tampoco salía de su asombro”, relató Karina Cicovin.

Respecto a los motivos de este desplazamiento, afirmó: “lo que podemos leer entre líneas, elaborar, porque hace ya mucho que venimos trabajando con la gente del Frente para la Victoria, y también con otros diputados de otros partidos, es que debe haber internas dentro del bloque por las que una parte grande de la bancada apoya y lo sube a la agenda del día y a otra parte no le interesa o tendrán sus motivos particulares o amistades o negocios, vaya a saber qué, y lo bajan. Los vecinos nos sentimos muy molestos por la situación porque ni siquiera se trató, sino que se desplazó. Ninguna de las personas que estaban ahí levantó la voz como para decir algo, nosotros nos quedamos asombrados por la nueva situación y ya sentimos como que nos toman el pelo porque yo entiendo la buena voluntad de un par de diputados que nos ayudaron, de hecho Gustavo López lo impulsó, Carlos Raimundi le metió toda la energía, pero se ve que con esto no alcanza y hay otra jugada dentro del bloque que fue modificando el hecho de que a pesar del dictamen favorable de 3 comisiones se haya decidido que ni siquiera se tratara”.

“Desde nuestra inexperiencia legislativa –continuó–, ninguno de nosotros es legislador, ni diputado, pero si ves que un bloque que apoya la cultura, que tiene interés en la cultura, está por terminar un período de gobierno donde hay un cambio y ese cambio no favorece a la cultura, me parece que dentro de todos los proyectos que se trataban el Cine Teatro Urquiza era uno más, un proyecto que tiene una voluntad genuina, que es independiente, autogestivo, que lo armamos los vecinos que no pertenecemos a ningún partido político, que son espacios culturales del barrio que se están movilizando, que hay artistas, que somos todos vecinos que ponemos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra pasión por el tema de la cultura y para que en la Comuna 4 haya un espacio más amplio, que todos los espacios puedan colaborar, pero de repente sentimos que nos hacen ir y nos dicen que no sin ninguna explicación, nos vuelven a hacer ir y de nuevo nos dicen que no sin ninguna explicación. Todos nosotros trabajamos, todos perdimos días de trabajo, pedimos vacaciones, permisos para recuperar, perdimos dinero y ellos en eso no se fijan, entonces yo no hablo de quienes apoyan como López, Raimundi, sino que hablo de la gente que no apoya y está boicoteando de cierto modo el avance de este proyecto”.

 

Los amigos del dueño

 

Oscar Campana es el dueño del inmueble ubicado en Avenida Caseros al 2800, donde funcionó el Cine Teatro Urquiza, el mismo por el que un grupo de vecinos del barrio está peleando desde agosto de2013para protegerlo y recuperarlo como espacio cultural. Campana es empresario y tiene una constructora, pero además es amigo de Daniel Scioli.

“No hace falta que uno averigüe demasiado, si vos lo googleás aparece esta información; yo no quiero pensar mal, quiero pensar bien y tratar de creer que las cuestiones que tienen que ver con la defensa de las personas, como han dicho muchos diputados que aprobaron los proyectos, de hecho en la última comisión de Presupuesto y Hacienda, Roberto Felleti dijo que le gusta hacer feliz a la gente, y salió en todos los diarios, y sin embargo muy feliz a la gente no la están haciendo, la gente no está feliz con lo que está pasando en el país, y entonces vemos de repente que hay intereses que nosotros no podemos conocer pero sí podemos tener una intuición de por dónde viene la mano. Nosotros nunca quisimos perjudicar al dueño, sí queremos que se cumplan las leyes que hoy están vigentes en la Ciudad de Buenos Aires”, expresó Cicovin.

Cabe recordar que el edificio de Avenida Caseros al 2800 fue inaugurado el 20 de mayo de 1921, por lo que se encuentra incluido dentro de la ley 3680, que protege a los inmuebles construidos con anterioridad al año 1941. Sin embargo, el Cine Teatro Urquiza se ubica en Parque Patricios, un barrio en el que se está desarrollando el distrito tecnológico, impulsado por el propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En estos más de 2 años de pelea, los vecinos vieron a Campana solo una vez en el marco de una audiencia pública: “fue en la Sala I de la Cámara cuando nos citaron en una segunda instancia y ahí vino Oscar Campana con sus abogados, estaba el Gobierno de la Ciudad con sus abogados, estaba la gente que le bajó el pulgar a la catalogación del Cine Teatro Urquiza que fue Liliana Barela (titular de la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico) y su equipo. Tenemos todo un aparato que está desarticulando el tema patrimonial en la ciudad de Buenos Aires, tenemos un empresario que es dueño del cine que es un mediático, en 2007 fue asesor de Scioli, tiene conocimiento y puede llegar a frenar ciertas cosas, yo no quiero pensar que fue eso, prefiero pensar que fue una fractura dentro del Frente para la Victoria, pero esa relación existe y ya fueron 2 veces que nos bajaron del recinto”.

Cicovin recordó que en la última sesión se aprobaron alrededor de 100 proyectos, muchos de ellos destacados: “la media sanción para expropiar el (Hotel) B.A.U.E.N., felicito y apoyo esa medida porque es una fuente laboral; se aprobó la media sanción para la expropiación del IMPA (en realidad en este último caso, se convirtió en ley),un lugar al que concurrí 1000 veces, pero también estaba el Cine Teatro Urquiza y sno por eso es menos importante porque es un pedido de un barrio que es de por sí un distrito tecnológico, y está siendo arrasado por un montón de cosas que tienen que ver con los negocios inmobiliarios, entonces lo que habría que ver es quién está detrás de este negocio inmobiliario además del PRO, y además del dueño que obviamente quiere hacer una torre. Nosotros una vez quisimos llegar a través de los abogados para sentarnos a hablar con el dueño del edificio y no pudimos, ahora vamos a poder menos porque evidentemente tiene más contactos, más dinero y más intereses en lo que es una propiedad inmobiliaria y un negocio que lo que es fomentar el arte y la cultura de toda una ciudad, entonces están pasando cosas bastante complicadas en la Ciudad de Buenos Aires. El Cine Teatro Urquiza es un lugar, pero hay muchos lugares que están complicados”.

El proyecto de expropiación aún tiene vigencia por un año más, mientras tanto los vecinos continuarán con la parte legal, ya que la medida cautelar se mantiene lo que imposibilita la demolición del edificio de la Avenida Caseros: “esperemos que el dueño pueda alguna vez entender el pedido de un barrio, que es un barrio pasional. Hoy estuve caminando por el barrio, que juega Huracán y está toda la gente en la calle, el que no vive acá tal vez no lo entiende, ojala que por esa sangre que tiene (Campana) corra algo de los genes y entienda que hace falta un espacio para la cultura. Tal vez la idea puede ser que en lugar de expropiarse sea un negocio de él, bienvenido, nosotros siempre quisimos explicarle y charlar y demás, pero cuando se intentó a través de los abogados fue un tema que nos negaron, y recién nos lo cruzamos en una audiencia pública y fue bastante complicado”, finalizó la vecina de Parque Patricios el diálogo con La Retaguardia.

LA JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ORDENÓ ANULAR ELPREMISO DE OBRA PARA CONSTRUIR TRES TORRES EN EL BARRIO DECABALLITO

6.12.2015

La Justicia Contencioso Administrativa y Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires anuló el permiso de obra otorgado a la empresa TGLT S.A, para construir tres (3) torres de 21, 25 y 30 pisos respectivamente[1] en el barrio de Caballito.

La sentencia fue dictada por el Dr. Lisandro Fastman, Juez del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires N° 14  en los autos caratulados “Asociación Civil Basta de Demoler c/ GCBA s/ amparo (Art. 14 CCBA)” Expte. N° 43792/0, y en "Asociación Civil y Vecinal SOS Caballito c/GCBA s/ amparo". Expte. Nº 42.929/0.Las causasjudiciales fueron presentadas por las Asociaciones SOS Caballito, Basta de Demoler y el Observatorio del Derecho a la Ciudad.

 

Estas organizaciones denunciaron que una vez que se otorgó el permiso la obra estuvo PARALIZADA por más de seis (6) meses y que en ese transcurso de tiempo se modificó la zonificación de la zona con la sanción de la ley Nº 2.722. Esta ley dispuso el cambio de zonificación de R2aII a R2bI[2] con el objeto de limitar la capacidad constructiva y la altura.

 

El Código de Edificación establece una obligación concreta de respetar el derecho a una ambiente urbano sano y equilibrado y al hábitat adecuado a través de disponer que aquellos propietarios que paralizan los trabajos constructivos por una plazo mayor de seis (6) meses deben adecuar los planos de la obra a la nueva normativa vigente (arts. 2.1.5.2. y 2.1.5.3.). En este caso, el GCBA debió exigir a TGLT S.A. que adecue su proyecto a la nueva zonificación pero no lo hizo.

 

En la sentencia se expresó que "Nótese que la consecuencia prevista por la legislación para la paralización de las obras es la necesidad de que al reanudarse los trabajos deban adecuarse a la normativa vigente. De tal modo, si (…) se considerara que es meramente una facultad -y no un deber de la Administración -el declarar paralizadas las obras, habría que concluir que es facultativo del Poder Ejecutivo decidir si se cumplen o no las nuevas leyes en materia de edificación, planeamiento urbano o de medio ambiente, entre otras, porque dependería de su voluntad que las nuevas obras se ajustaran a las normas aprobadas por la Legislatura. (…)  (C)ompulsadas las constancias que obran en el expediente, no surge que la demandada GCBA y la empresa TGLT S.A. hayan demostrado que la obra tuvo ejecución en el período ventana al que refiere la cámara, el que abarca los años 2008 a 2011. (…) (L)a omisión del GCBA, al no paralizar la obra, devino un incumplimiento que impidió la aplicación de las normas de rezonificación".

 

Esta inacción del GCBA se refleja de manera reiterada en el Barrio de Caballito en general, donde se han verificado iguales circunstancias fácticas y jurídicas a las aquí mencionada para la obra sita en la calle Rojas. Así, podemos hacer mención a las obras sitas en la calle Pujol 1150/54, en la calle Vallese 1463, en la calle Fragata Sarmiento 1125 y en la calle Espinosa 1149.

 

Este caso constituye un ejemplo paradigmático en donde el GCBA al momento de elegir entre respetar la ley y garantizar derechos ambientales de los habitantes de la Ciudad, y proteger los intereses económicos de los desarrolladores inmobiliarios, elige éste último.

 


[1]La obra se encuentra sita en la calle Rojas 629/31/33/35/37/39/41/77, registro catastral Circ. 7 Secc. 45 Manz 35 Parcela 1L. El permiso de obra se otorgó en fecha 19 de junio de 208 en el Expte. Nº 89411/2007. El proyecto cuenta con 337 unidades funcionales equivalente a 57.191 mts2 de superficie a construir.

 

[2]En la zonificación R2aII no se establece una altura máxima en cambio en la actual zonificación R2bI en general se dispone la altura máxima de construcción de 10,5 metros. Asimismo el FOT básico en la zonificación R2aII es de 2,5, en cambio en la zonificación R2bI el FOT máximo es de 1,6. Esto último implica una reducción significativa de la capacidad constructiva del lote.

Proyecto de Ley para la legalización y regulación de toda la cadena de producción y distribución del cannabis

3.12.2015

La Mesa Nacional por la Igualdad, junto con la Agrupación Agricultores Cannábicos Argentinos (AACA) y la Asociación Cultural Cannábica "El jardín del unicornio", presentaron en ambas cámaras del Congreso de la Nación un Proyecto de Ley para legalizar y regular toda la cadena de producción y distribución del cannabis. La norma, basada en el modelo de regulación de Uruguay —aunque adaptada a la realidad Argentina— busca eliminar los circuitos ilegales de producción y de tráfico de cannabis y que el Estado se apropie de las rentas extraordinarias que se generan, para aplicarlas a campañas de prevención de los consumos problemáticos y a políticas públicas de reducción de daños.

 
En la víspera de la 6° Marcha Nacional de la Marihuana -que tendrá lugar en distintas ciudades como Córdoba (a las 17 en Av. Colón y La Cañada), San Juan (a las 18 en Plaza 25 de Mayo), Mendoza (a las 15 en Parque Cívico), Ushuaia (a las 14 en Establecimiento Biblioteca Popular Sarmiento), Neuquén (a las 15 en Julio A. Roca 8300), Bariloche (a las 18 en Centro Cívico), Mar del Plata (a las 15 en Plaza San Martín), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (a las 18 en Plaza de Mayo)  y Rosario (a las 16 en Plaza San Martín)-, se presentó un Proyecto de Ley que propone, en consonancia con la consigna de la Marcha, la "Legalización y Regulación del Cannabis para todos sus usos".
 
El Proyecto de Ley, inspirado en el modelo de regulación implementado en la hermana República Oriental del Uruguay, propone el autocultivo y la organización en clubes sociales de cultivo como las principales vías de producción de cannabis para fines recreativos, terapéuticos, científicos e industriales, con la posible intervención del Estado para corregir excesos de demanda u otras circunstancias que pudieran favorecer la creación o persistencia de circuitos ilegales de producción y de comercio. Asimismo, prevé la posibilidad de que los propios clubes -a través de una licencia obtenida especialmente- puedan vender cannabis para sus diferentes usos a diferentes personas jurídicas y a las personas físicas mayores de 18 años, en los casos contemplados en la ley.
 
La Legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires María Rachid expresó: "Estamos convencidos/as de que el camino para terminar con el tráfico ilegal, y sobre todo con la grave afectación a la libertad física, al derecho a la salud integral e incluso a la vida de usuarios/as y cultivadores/as es la legalización con una fuerte regulación estatal. Hoy, más que nunca, cuando nos quieren volver a convencer de la panacea del mercado que se regula a sí mismo, apostamos a la política y a las instituciones de la democracia para empezar a desandar el camino de la prohibición y a respetar las decisiones autónomas de todas las personas, sin discriminación"

Contra la picana del PRO y la Metropolitana

3.12.2015

Organismos de derechos humanos se presentaron ante la Corte Suprema en un expediente en el que se discute la decisión del Gobierno de la Ciudad de implementar el uso de las tristemente célebres pistolas Taser por parte de la Policía Metropolitana.

Matías Aufieri

En la mañana de ayer, Myriam Bregman, diputada nacional por el PTS y el Frente de Izquierda y los Trabajadores, , y Alejandrina Barry, ambas luchadoras contra el aparato represivo del Estado e integrantes del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, sumaron su pedido de ser consideradas como “amicus curiae” junto a otros organismos, en la causa que impulsa el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que convalidó la decisión del gobierno porteño de Mauricio Macri que incorpora las pistolas eléctricas Taser X 26 al armamento de la Policía Metropolitana.

Tal decisión del gobierno de la Ciudad, que momentáneamente fue postergada por instancias inferiores de la Justicia no habiéndose concretado hasta la fecha, constituyó un alarmante avance represivo, que seguramente padecerán los sectores populares que luchan en las calles, como así también los pobres urbanos en situación de calle que ya conocen la brutalidad del gobierno del PRO en la Ciudad desde la conformación de la UCEP, aquel embrión parapolicial de la Metropolitana que perseguía a los habitantes sin techo de la Ciudad a fuerza de golpizas y desalojos.

El uso de estas armas, se encuentra prohibido en numerosos países del mundo, y severamente cuestionado en otros tantos, dada la cantidad de casos de asesinatos mediante su aplicación en las calles, como por ejemplo en los Estados Unidos de Norteamérica, donde se cuentan más de 500 muertes provocadas por esta arma verdaderamente letal, la cual, más allá de ser usada oficialmente para “neutralizar” delincuentes, claramente es contemplada en manos de las fuerzas represivas para reprimir manifestaciones e incluso como una verdadera picana para torturar, al amparo de la autorización legal de la que gozarían por ejemplo en Buenos Aires tras el recurrido fallo de su Tribunal Superior.

Basta con recordar que el propio fabricante de estas nefastas armas, que descargan fuerte voltaje hasta a once metros de distancia, plantea distintos límites y precauciones a la hora de su uso, que contempla a vastos sectores de cualquier población, que ante su aplicación podrían –y de hecho se cuentan de a millares los casos corroborados- sufrir la muerte o secuelas irreversibles en el organismo.

En la Corte Suprema de Justicia de la Nación, actualmente se debate sobre la posibilidad o prohibición de su uso, que es resistido por numerosos organismos de derechos humanos a nivel internacional (comenzando por Amnesty Internacional) y local, entre ellos el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, que se suma así a la lucha contra esta máquina de muerte y tortura que pretenden utilizar contra los sectores populares el PRO y sus aliados en la Ciudad, y en un futuro no muy distante a nivel nacional.

Los abogados y referentes de los derechos humanos que formamos parte del CeProDH y del PTS, nos hemos plantado firmemente contra esa posibilidad y daremos esta pelea hasta las últimas consecuencias contra las fuerzas represivas del Estado.

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