Comunicadores del Sur

26.1.2016

Ya votaron los legisladores de la ciudad de Buenos Aires, y el traspaso de alrededor de 18.000 policías federales a la órbita porteña, para sumarse a los 6.500 metropolitanos, es ley, con 39 votos a favor, 11 abstenciones y 3 votos en contra.

Votaron en contra los legisladores del Frente de Izquierda, Patricio del Corro y Marcelo Ramal, y Fernando Vilardo, de AyL. Los dos primeros, en sus intervenciones, denunciaron los crímenes de ambas policías, especialmente en sus operativos conjuntos, como las represiones del Indoamericano, el Hospital Borda, la Sala Alberdi y el barrio Papa Francisco y se apoyaron en los datos que surgen del Archivo de Casos de CORREPI. El diputado del PTS, Patricio del Corro, destacó la presencia, en la manifestación que se realizó en la puerta del edificio, y en el recinto, de familiares de víctimas de las policías federal y metropolitana, como nuestras compañeras Marta Almirón y Soledad Barrientos.

La bancada del Frente para la Victoria, después de un arduo debate interno, pues varios –especialmente los más vinculados a la burocracia sindical- querían votar a favor, decidió abstenerse, con el argumento de que debía discutirse en el Congreso Nacional. Los 39 votos positivos sumaron al PRO, Confianza Cívica y al Interbloque ECO, que contiene a Suma+, el Partido Socialista, la Coalición Cívica y el Partido Socialista Auténtico.

En definitiva, pasaron a la Ciudad toda la Superintendencia de Seguridad Metropolitana (con las comisarías), y una parte de Bomberos, Policía Científica, Investigaciones, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y Aviación, aunque todavía no está claro cómo se resolverá el tema del escalafón (la PFA tiene escalafón de oficiales y suboficiales, la Metropolitana escalafón único) y cuestiones nada menores como el enorme negocio de los servicios adicionales y la remuneración.

La ley, denominada Convenio de Transferencia Progresiva, establece que los ministerios de Seguridad de la Ciudad y la Nación podrán hacer acuerdos complementarios y formarán equipos de trabajo conjuntos “para llevar adelante las etapas de transición y consolidación”. Como venimos denunciando, un comando conjunto para la represión, reforzado por el segundo proyecto que se votó, que autoriza al Poder Ejecutivo a “realizar las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias que resulten necesarias”. O sea, a sacar dineros de donde mejor le parezca al GCBA para destinarlo a la nueva megapolicía.

Todo en línea con lo que, a nivel nacional, estableció la “emergencia en seguridad”, que, además de aunar acciones entre las fuerzas policiales con la Gendarmería, la Prefectura y las Fuerzas Armadas, con posibilidad hasta del derribo de aviones, también quita todo control legal, judicial o administrativo para compras de armamento y movimientos de personal.

Veremos pronto, en las calles y los barrios, en las manifestaciones y movilizaciones, y en todos los ámbitos imaginables, cómo nuestra vida cotidiana empeora todavía más con estas medidas.iento estricto de la condición humana”, y aseguró que “medidas como esa, de tanta mezquindad, van a terminar por salirle muy caro al Gobierno”.

“A pesar de ya no estar acá, Laura es memoria, lucha, solidaridad y rebeldía. Nos enseñó a militar con alegría y compromiso. Laura está y estará, aunque quienes buscan olvido y perdón para los genocidas pretendan borrarla de la historia”, dijeron desde Hijos Capital.

25.1.2016

Batucada y papelazo, Martes 26 de enero, 13 hs Hall 2 piso

NI DESPIDOS NI RECORTES DE HORAS EXTRAS
EN DEFENSA DE NUESTROS PUESTOS DE TRABAJO Y DEL SALARIO

Compañeros y compañeras: Ante el escenario planteado de incertidumbre y desconcierto, debido a los innumerables decretos de necesidad y urgencia, pretendidas reformas modernizantes y la campaña mediática acusándonos indiscriminadamente de “ñoquis”, “grasa militante”, etc., es necesario estar ALERTAS Y ORGANIZADOS, porque son ATAQUES DIRECTOS A LOS PUESTOS DE TRABAJO Y EL SALARIO.

Este escenario se complejiza si tiene en cuenta la gran PRECARIZACIÓN LABORAL dentro del ESTADO, que en nuestro Ministerio alcanza a más del 75% de los compañeros y compañeras, el decreto 254/2015 dictado por el nuevo gobierno y la incesante campaña en los medios de comunicación de estigmatización y desprestigio al empleo público. Estos elementos propician las condiciones para despidos masivos (que ya son más de 20.000 dentro de la órbita estatal) y rebajas salariales ya que el desempleo y el miedo a la pérdida del puesto de trabajo operan como medio de disciplinamiento de los trabajadores y trabajadoras.

Al día de la fecha, en el Ministerio están intentando despedir 3 compañeras precarizadas con contratos de Asistencia Técnica (monotributistas), arbitrariamente y sin argumentos formales por parte de los funcionarios responsables de las áreas involucradas.

La nueva gestión de este Ministerio no da respuestas, dilata las renovaciones de contratos de Asistencia Técnica (precarizados por excelencia) y el llamado a “toma de servicio” efectiva, para los compañeros y compañeras que han ganado los concursos de acceso a la planta permanente. Entendemos este panorama como crítico, ya que los mismos son potenciales despidos en caso de no obtener una pronta resolución.

Lo mismo ocurre con el recorte o eliminación total en la mayoría de los casos de las HORAS EXTRAS, esta medida afecta a casi 1000 trabajadores y trabajadoras y les quita tareas y funciones que realizan desde hace años. Esta decisión se efectivizó sin una comunicación oficial formal, esta Junta Interna ha tomado conocimiento del problema a través de los propios compañeros afectados, que no se renovará al personal la autorización para realizar Horas Extras. Si bien rechazamos que la “sobre-explotación” sea la forma de compensar los paupérrimos salarios, la realidad se impone, y los mayores perjudicados son los empleados en las categorías más bajas de nuestro escalafón SINEP (letras “F”, “E” y “D”), hoy con salarios en sus categorías testigo “0”, de entre 6000 y 8000 pesos de bolsillo. Un RECORTE sobre estos SALARIOS, producirá un daño mayúsculo a muchas familias que dependían de las “horas extras” para conformar un salario que aun todavía queda lejos de la canasta básica familiar ($14.000 a Noviembre 2015)

El 13 de Enero ATE-MECON convocó con éxito a ASAMBLEA GENERAL, y cerca de 250 compañeros y compañeras votamos en UNANIMIDAD: la defensa de todos los puestos de trabajo, el pase a Planta Permanente y la recomposición salarial, en una demostración de que los trabajadores DIGNIFICAMOS y DEFENDEMOS nuestro trabajo. Llamamos a la solidaridad y unidad de todos los/as trabajadores/as de este Ministerio, para extender la organización y ponernos en pie de lucha contra estos ataques.

¡SI NOS TOCAN A UNO NOS TOCAN A TODOS!
¡NI UN DESPEDIDO! ¡NO A LA REBAJA SALARIAL!
¡NO AL RECORTE DE LAS HORAS EXTRAS!onte la recordó como “una mujer de mucho compromiso, asentado en una capacidad enorme y un conocimiento estricto de la condición humana”, y aseguró que “medidas como esa, de tanta mezquindad, van a terminar por salirle muy caro al Gobierno”.

“A pesar de ya no estar acá, Laura es memoria, lucha, solidaridad y rebeldía. Nos enseñó a militar con alegría y compromiso. Laura está y estará, aunque quienes buscan olvido y perdón para los genocidas pretendan borrarla de la historia”, dijeron desde Hijos Capital.

23.1.2016

Desde la agrupación Barrios x Memoria y Justicia Balvanera afirman que pese a los reclamos, esta semana abrió sus puertas una sucursal más del Banco Santander Rio en la ex sede de Inteligencia del Ejército Argentino, ubicado en la esquina de Callao y Viamonte de la Ciudad de Buenos Aires, sumándose a la universidad que ya funcionaba allí. “Se preservó su fachada, pero el edificio fue parcialmente demolido en su interior, siendo ocupado en los pisos superiores por la Universidad del Salvador y en planta baja y sótanos por el Banco Santander Rio. Nos presentamos ante la Secretaría de DDHH y el Banco Central de la R.A. reclamando por este despojo a la Memoria histórica. Nos informaron que se habían iniciado conversaciones con la Universidad del Salvador y el Banco Santander Rio.

Ahora con la asunción de las nuevas autoridades en los dos organismos del Estado y sin ninguna comunicación sobre los expedientes iniciados, se autorizó la apertura de la sucursal bancaria. Se ha intervenido sin contemplaciones de ningún tipo sobre el patrimonio histórico de ese edificio de diez pisos donde funcionó el ‘cerebro operativo’ del terrorismo de Estado con miles de agentes militares y civiles destinados a espiar, perseguir, torturar y desaparecer ciudadanos bajo sospecha. También albergó la dirección local del Plan Cóndor durante la última Dictadura cívico – militar. Seis décadas atrás tuvo un rol protagónico en las desapariciones que sufrió el cuerpo de Evita.
Enorme es el daño que se ha hecho al pueblo desde ese siniestro lugar y debe haber reparación social y urbana que lo devuelva a la historia y a la vida cotidiana.
Esta acción, como otras que han sido tomadas por el gobierno en estos días, referidas a la Memoria y los D.D.H.H., están alejadas de los valores y derechos conquistados en estos últimos treinta y dos años de democracia.
Insistiremos una y otra vez hasta se abra un Espacio de Memoria para que las nuevas generaciones puedan visitar el ex Batallón 601 y comprender lo que Nunca Más puede volver a ocurrir en nuestro país”, afirmaron desde Barrios x Memoria y Justicia Balvanera a través de un comunicado.

20.1.2016

Por Raúl Dellatorre

El beneficio para la Ciudad Autónoma por la modificación de la cuota de coparticipación ascendería a 16.800 millones de pesos, pero el costo de traspaso de la Policía Federal no pasaría de 9000 millones. Un decreto y muchas dudas.

En el doble laberinto que representa el régimen de coparticipación federal de impuestos –legal por un lado, por las múltiples modificaciones parciales que se le practicaron, y político por otro, por el tironeo entre las provincias, y entre éstas y la Nación, nunca resuelto–, ayer el gobierno de Mauricio Macri tiró una bomba de humo como para hacer menos visible la salida. Incrementó la cuota de la recaudación coparticipable que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires de 1,4 a 3,75 por ciento. En valores, significa que de los poco más de 10 mil millones de pesos que estaban presupuestados que recibiría por ese concepto la CABA este año, pasará a embolsar más de 26.800 millones: un incremento de 168 por ciento, por un simple golpe de decreto. No son pocos los que sospechan de que la transferencia de recursos excede las necesidades propias del traspaso de la Policía Federal al ámbito del Gobierno de la Ciudad, como los que imaginan que el salto en la cuota de esta última busca favorecer su posición relativa para cuando llegue el momento de discutir un nuevo reparto de la coparticipación.

El gobierno de Rodríguez Larreta se escudó en que los fondos no se detraen de lo que le corresponde a otras provincias, y por lo tanto habría que interpretar que “no modifica la coparticipación”. Es cierto que quien cede los recursos, en lo inmediato, es el gobierno nacional, al que le corresponde algo más del 40 por ciento de los impuestos coparticipables. Sin embargo, la protesta de otros distritos no se hizo esperar, y no les falta razón: elevar el coeficiente de participación de la CABA a 3,75 por ciento significa colocar a la jurisdicción porteña en un punto de partida ventajoso para el momento de una futura discusión del “reordenamiento” de partidas entre las provincias –que alguna vez llegará–, fijando y respetando algún criterio de distribución hoy prácticamente inexistente. Con la cuota alcanzada gracias al decreto, la CABA pasa a recibir el triple de Tierra del Fuego, y el doble de lo que corresponde a Chubut, La Pampa, Neuquén o Santa Cruz.

Hasta hace 48 horas, la Ciudad Autónoma ocupaba el décimo noveno lugar en el ranking de coparticipación. Ahora pasó al cuarto. Que la jurisdicción más rica del país ostente tal lugar de privilegio no se condice con el sentido “redistributivo igualitario” que, se supone, debe conducir el criterio de la coparticipación. Y en cambio, tiende a responder más a un criterio “devolutivo”, según el cual quien más recauda más recibe. Esto es lo que pone en alerta a las provincias “chicas”: que el gobierno macrista esté delineando un criterio de distribución que beneficiaría, justamente, a la CABA y a Buenos Aires, los dos gobernados por el PRO.

El argumento que motivó la reasignación de partidas fue la necesidad de compensarle a la Ciudad el costo por el traslado de la Policía Federal. Sin embargo, especialistas en temas presupuestarios –incluso con responsabilidad en la administración nacional– aseguran que los recursos que demandará la fuerza de seguridad transferida no pasa de los 9000 millones de pesos al año. “Si le están transfiriendo 16.800 millones extra con el aumento de la cuota de coparticipación, le están regalando casi 8000 millones de pesos”, estimó la mencionada fuente ante este diario.

“En aras de asegurar el desenvolvimiento fiscal y patrimonial que permita continuar consolidando la organización y funcionamiento institucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –reza el decreto 194/2016 en sus considerandos– y proseguir asumiendo las competencias, servicios y funciones inherentes a su régimen autónomo, el Estado Nacional entiende que resulta necesario adecuar su coeficiente de financiamiento”. Se entiende que allí se alude al traspaso de las fuerzas de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad, pero al no mencionarlas se evita que se haga la imputación directa y la comparación entre costos reales de dicha incorporación y la partida extra asignada.

Hace una semana, Macri derogaba el decreto de Cristina Fernández de Kirchner que disponía devolverle a todas las provincias el 15 por ciento de la coparticipación, que se les descontaba para engrosar la recaudación de Anses. Y ese decreto derogatorio de Macri, publicado en el Boletín Oficial el 13 de enero, se fundamentaba en que, con el anterior de Fernández de Kirchner, se vulneraba “la expresa limitación constitucional del artículo 99 inciso 3, en cuanto prohíbe dictar decretos de necesidad y urgencia en materia tributaria, por tratarse su objeto de la distribución intrafederal de recursos de naturaleza impositiva”. Es decir, los recursos de la coparticipación.

¿No vulnera el decreto que ayer se publicó en el Boletín Oficial, que modifica la cuota de coparticipación de la CABA, esa misma limitación constitucional del artículo 99 en su inciso 3? Voceros cercanos al macrismo aseguran que no, porque el de ayer no fue un decreto de necesidad y urgencia como el de Cristina. Los especialistas en el tema tienen una opinión diferente.

Si se revisa el mencionado inciso, resulta que en su primera parte, refiere que “el Poder Ejecutivo no podrá, en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. Y lo que dice a continuación es que, en circunstancias excepcionales, el Ejecutivo podrá dictar decretos de necesidad y urgencia, siempre que “no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos”. Es decir, que el Ejecutivo no puede emitir disposiciones en materia tributaria, ni por decreto regular ni de necesidad y urgencia. La interpretación oficial de ayer omitió la primera parte del inciso, y saltó directamente a la segunda, que inhabilita incluso el uso de los DNU. Es otro costado débil del decreto de ayer que favorece la posición de la Ciudad Autónoma: legisla en materia tributaria, y por lo tanto sería susceptible de ser declarado de “nulidad absoluta e insanable”.

16.1.2016

El legislador porteño Pablo Ferreyra expuso un sumario de objeciones a la intentona del gobierno porteño por fusionar a la Policía Federal con la Metropolitana. Este asunto se tratará este lunes 18 en la Legislatura porteña.

AGENCIA PACO URONDO: ¿Qué opina del traspaso de la Policía Federal a la Metropolitana?

Pablo Ferreyra: El traspaso de la Policía Federal a la Ciudad salda una deuda histórica con los porteños y el sistema federal republicano. Sin embargo, esta expectativa no puede pasar por alto algunas irregularidades que surgen de la simple lectura del convenio, y menos aún, que se ignore la falta de discusiones serias para mejorar la seguridad en la Ciudad. El Gobierno de la Ciudad propone que la votación del convenio sea cerrada, es decir, que no se permita hacer modificaciones. Asimismo, el convenio sólo pasará por la Legislatura porteña, haciendo interpretación forzada de la Ley Cafiero. Esto evitaría el paso por el Congreso Nacional.

APU: ¿Cuáles son las objeciones puntuales al convenio de traspaso?

PF: Fundamentalmente que los gastos siguen siendo cubiertos por el gobierno nacional. Según el jefe de gobierno porteño, se produciría un traspaso de recursos, pero considerando que hay una partida presupuestaria nacional asignada a la Policía Federal, la administración de los fondos permanecería en el ámbito nacional. Además es un cheque en blanco para que los ejecutivos de Nación y Ciudad establezcan nuevos protocolos de actuación policiales sin acuerdos parlamentarios.

Por otro lado, la trasferencia de agentes no parece responder a un planeamiento estratégico ponderado a la luz de las necesidades de seguridad de la ciudad, sino que parece el producto de negociaciones aisladas entre miembros de la Policía Federal y el Gobierno. De hecho, no especifica si la intención es conformar una sola fuerza. Hay cuestiones extrañas como la “predisposición” que deben tener los agentes de la División Destacamento para estar al servicio del gobierno nacional en operativos de control de ingreso y egreso de la Ciudad.

Otro factor es la falta de claridad respecto a los sumarios y sanciones a agentes transferidos, iniciados en la órbita de Nación y que aplicará la Ciudad, y a las investigaciones iniciadas por una de las fuerzas y que deben trasladarse a la otra para continuarla. Esto último puede volverse perjudicial para las víctimas especialmente de violencia policial. El proyecto también presenta inconsistencias en el punto referido a la División Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, que deja en suspenso las proporciones en las que se transferirá.

Por último, el convenio establece que los agentes públicos transferidos conservarán el nivel escalafonario, la remuneración, antigüedad, derechos provisionales y de cobertura social que tuvieran al momento de la celebración de la transferencia o sus equivalentes. Esto, aunque legítimo, dificulta la convivencia entre las dos policías y, sobre todo, la unificación.

APU: ¿Es necesario este traspaso policial?

PF: La Policía Metropolitana tiene una estructura institucional que permitiría, si existiera la voluntad política, la construcción de una política de seguridad responsable y funcional, en diálogo permanente con la ciudadanía. Sin embargo, el PRO se ocupó de contaminar esas estructuras, fomentando prácticas represivas y encabezando sus cúpulas con ex jefes de la PFA, todos ellos cuestionados por violaciones a los derechos humanos.  El gobierno de la Ciudad nunca creó los Foros de Seguridad Ciudadana que por ley le correspondía crear.

Por todo esto, lo que verdaderamente queremos es que el traspaso se haga, pero de un modo en el que se abran canales institucionales de discusión en los que podamos participar y aportar, para poder pensar en serio en una policía de la ciudad que respete los derechos humanos y garantice seguridad a todos los porteños.