Comunicadores del Sur

18.7.2017

Por medio de la resolución 2307/17 el Ministerio de Educación porteño intenta traspasar a Idiomas de las escuelas primarias a una gerencia operativa. En esta nota, los motivos.

Antonella Romiti

Samanta González

En este momento, las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, ofertan distintos Idiomas como parte de su currículum y desde el 2011, todas las escuelas cuentan con Inglés desde primer grado. Los docentes de Lenguas Extranjeras (LE) contamos con un/a supervisor/a, justamente un docente que participa en un concurso de ascenso y luego pasa a supervisar dos o más distritos escolares. Así funciona para los docentes curriculares (Música, Plástica, Tecnología, Educación Física e Idiomas), y en el caso de los maestros de grado, ellos pueden concursar para ascender a Secretario, Vicedirector o Director, y luego a Supervisor.

Sin embargo, hace dos semanas, con la escueta resolución ministerial 2307/17 (consta de apenas una carilla y media, lo cual deja la puerta abierta a futuras y negativas modificaciones), se podría llegar a eliminar al equipo de supervisión de Idiomas, ya que se recortaría, entre otras cosas, la carrera de ascenso.

Básicamente, el área de Lenguas extranjeras se traspasaría del Área Primaria al Área de Planeamiento e Innovación Educativa, específicamente a la Gestión Operativa de Lenguas en Educación (GOLE) con la excusa de darle “mayor brillantez” al área de Idiomas

¿Qué implica esto?

La designación de los cargos de base y conducción de LE en el área curricular primaria se vería afectada, así como también se violarían los artículos 8, 9, 77, 91 y 92 del Estatuto Docente. En consecuencia, los docentes de Idiomas, quedarían por fuera de las garantías y derechos laborales establecidos en el estatuto. Esto también dejaría a las direcciones de los Centros Educativos Complementarios de Idiomas Extranjeros (CECIE), y a los docentes de LE en clara desventaja y sin posibilidades de ascenso respecto a otros curriculares, o los maestros de grado.

En los últimos años, el macrismo no ha titubeado en restringir programas de Lenguas Extranjeras en CABA. Recordemos que incluso la GOLE, desde sus principios a cargo de los programas Modalidad Plurilingüe, “Lenguas en los barrios” y la gestión de los exámenes CLE, ha recortado varios elementos claves en el transcurso de los años:

  Cambios repentinos en el formato de los exámenes CLE: No se proveyó un modelo de examen para los estudiantes ilustrando los cambios realizados, y se eliminó la condición de Aprobado Condicional (2009)
  Eliminación de las salidas al teatro o cine en inglés para las escuelas de modalidad Plurilingüe (2010)
  Eliminación de Contratos para asistentes de Idioma (2015)
  Corte de horas de capacitación del Proyecto Plurilingüe (2017)
  Quita de micros para traslado de alumnos de bajos recursos de escuelas Plurilingües a sedes examinadoras CLE (2017)
  Traspaso del programa “Lenguas en los Barrios” al área primaria de Adultos (2017)

¿Intentos de precarización o tercerización?

En su blog, EFL Context.ar, la docente de Inglés Carla Raguseo, señala que en el 2013, “nos enteramos del proyecto Ceibal en Inglés de Uruguay que tiene como objetivo llevar la enseñanza de inglés en las escuelas públicas de ese país. Plan Ceibal y la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública) le otorgaron la gestión del proyecto al Concejo Británico, una organización cultural del Gobierno Británico, la cual diseña los cursos y materiales y contrata a profesores de inglés remotos directamente o a través de institutos privados para dictar clases en escuelas primarias estatales. Estos profesores son contratados tanto en Uruguay como desde otros países, entre los que se encuentran Argentina, Colombia y Filipinas.”

Raguseo cuenta que por medio de la excusa de que “en Uruguay no hay suficientes docentes de inglés (sin plantear la ampliación de la oferta de formación docente oficial) se tercerizó sin más parte de la educación pública”, y este proyecto es una prueba piloto regional, monitoreada por el Banco Mundial y por otros gobiernos de la región.

“Durante el 2016 nos enteramos, también, de que en la provincia de Salta le entregaron parte de la gestión y capacitación de la Jornada extendida a Cambridge English Language Assessment, la división de la Universidad de Cambridge que administra los conocidos exámenes a millones de candidatos en todo el mundo cada año. Mientras tanto, despidieron a los referentes de Lenguas Extranjeras del Ministerio de Educación de la Nación y sabemos que han suspendido también la función de los referentes provinciales de LE en Santa Fe.” finalmente advierte Raguseo.

Claramente, estas medidas tercerizantes resuenan a la conocida precarización laboral que también padecen los docentes de Idiomas de las escuelas privadas bilingües de CABA y de todo el país: frecuentemente se promociona la calidad educativa en lenguas extranjeras para a las familias y estudiantes, mientras que en paralelo, se mantiene en condición de “Extracurricular” a los docentes de LE, dejándolos por fuera de la planta permanente y por ende, sin los derechos de los convenios colectivos laborales.

¿Y entonces? Organizando nuestras lenguas y acciones

El martes pasado más de 200 profesores de Idiomas de CABA nos reunimos con los supervisores para pensar medidas de acción ante la resolución 2307/17. El jueves 13 se realizó un cese de actividades convocado por el sindicato Ademys para que los docentes de Idiomas pudiésemos asistir a la mesa salarial en el Ministerio y presentar el reclamo por la derogación de la resolución. Al finalizar dicha reunión, los gremios comunicaron que el gobierno se negaba a anular la resolución, ya que este cambio era “una decisión política”, y se comprometían a dar explicaciones a los supervisores de Idiomas.

Hasta ahora, las explicaciones resultan más que insuficientes ante un cambio sospechoso y a primera instancia, innecesario, y por eso, independientemente del receso escolar de invierno, los docentes de LE continuamos en plan de lucha. Este miércoles 19/07 nos convocamos en el Ministerio de Educación (Paseo Colón 255) a las 12:00 donde la mesa de condiciones laborales va a discutir la resolución. Asimismo el viernes 21/07 nos juntamos a las 15hs (lugar a confirmar) para seguir organizándonos. Se pueden seguir las acciones y debates por el de grupo Facebook: Derogación inmediata de la resolución 2307/17. Ahora es el turno de los docentes de Idiomas, y de toda la docencia en su conjunto, de seguir luchando por defender los derechos estatutarios y ¡parar la fragmentación del sistema educativo!

16.7.2017

Como resultado de la constante organización y movilización de su familia, su escuela y su barrio, Nadia Rojas apareció luego de un mes de búsqueda. Después de la alegría, la reflexión. No es la única. La opinión de sus docentes en primera persona.

Ana Sánchez

Agrupación Pan y Rosas / Docente

Nadia había desaparecido el 9 de junio pasado. En la escuela “René Favaloro” de Lugano, la EEM N°1 DE 21, sus compañeros y yo la esperábamos para ensayar una obra de teatro que mi tío, de oficio escritor, había preparado especialmente para su curso. La obra se titula “La libertad”, es que con la excusa del acto del 9 de julio, íbamos a abordar ese tema y Nadia tenía asignado el papel de Juana Azurduy.
Nunca llegó al primer ensayo, por eso la escuela salió enseguida a buscarla.

Desde el primer momento supimos que Nadia no se había ido por su cuenta y que no la estaban dejando volver. Nunca nos cansamos de repetir que “nuestras pibas no se pierden, las desaparecen”.

Los profes ya sabíamos que las primeras horas en estos casos son fundamentales. Entonces, lo primero que hicimos fue cortar la avenida cercana a la escuela, durante tres días seguidos. El caso se instaló en el barrio, pero no logramos que trascendiera. Por eso decidimos hacer una acción más grande, para que todo el mundo se enterara que nuestra alumna estaba desaparecida. Cortamos Callao y Corrientes, junto a la mamá, después de decidirlo con toda la comunidad educativa y acompañados por el sindicato docente Ademys, organizaciones sociales, políticas y de mujeres. Y se convirtió en un caso mediático. Así logramos que la justicia, que hasta el momento no había avanzado en casi nada de la investigación, pasara la causa al fuero federal, con el argumento de que podía tratarse de un caso de trata. Pero tampoco alcanzó para que apareciera. Por eso, unos días después nos movilizamos a Comodoro Py, justamente para que el juez Canicoba Corral se hiciera cargo de la investigación y se tomara como un caso de trata de personas. Nadia ya apareció y la encontró la mamá, no la justicia, que sin ser casualidad, para estos casos siempre llega tarde.

En este camino logramos mucha difusión, personalidades que se solidarizaron con la lucha, hubo otras escuelas que se sumaron a las acciones, coordinamos con las organizaciones del barrio, se formó una red de organizaciones del barrio para exigir la aparición de Nadia.

De esto NO se habla

Este caso puso en evidencia cómo operan las redes de trata en los barrios más pobres de la Ciudad. Es más complejo que el relato que todos conocemos de la “traffic” blanca que secuestra chicas de la calle como representación de lo que puede llegar a ser una red de trata.

Operan sobre las jóvenes más vulnerables. En los casos que pudimos conocer, casi siempre primero hay un ofrecimiento “laboral” prometiendo mejores condiciones de vida, o un joven que se presenta como novio y engañan a las chicas para que se queden con él. En ambos casos, una vez que las jóvenes entraron en esa dinámica, ya no pueden volver por su propia voluntad con sus familias; eso se llama secuestro.
Una vez dentro de estas “redes” son utilizadas para prostitución o para venta de drogas, bajo amenazas contra ellas mismas y sus familias. La vergüenza y la condena social también operan entre nuestras chicas y muchas veces tienen miedo de hablar.

“Yo en clase estuve hablando bocha sobre cómo al principio puede ser tentador ganar mucha plata de golpe pero que después te querés bajar y ahí empiezan las amenazas y perdés la libertad”, dijo una docente. Mientras que otra denunció que “las mafias tanto del narcotráfico como de la trata de personas, van a seguir existiendo. Estaban antes de los gobiernos macristas y kichneristas, al acrecentarse la pobreza van a ser más fuertes”.

Los docentes las buscamos, el gobierno calla

Podemos afirmar que la diferencia en este caso, la hizo la escuela. Sin la lucha colectiva de todos los docentes, no hubiéramos encontrado a Nadia. Hay cientos de chicas desaparecidas en la Ciudad de Buenos Aires, muchas no vuelven a aparecer, pero casi todas las que fueron buscadas por sus docentes, volvieron.

“El rol de la escuela fue apoyar y acompañar a la mamá de Nadia en el primer momento en que se encontraba sola frente a la indiferencia de la justicia; la escuela funciona como comunidad que contiene y apoya”, afirmó una de las docentes.

De esta manera, los docentes aprendimos a organizarnos, no solo para exigir aumento de salario y mejores condiciones para nuestra educación, sino también para buscar a nuestras pibas. El sindicato mayoritario de los docentes de la Ciudad, UTE, debería ponerse al frente de esta lucha, porque es una preocupación que viene desde abajo.

Sabemos que las redes de trata son negocios millonarios, a la altura del narcotráfico y la fabricación y venta de armas, que exceden las fronteras de la ciudad. Esta uno de los eslabones más cruentos de la violencia contra la mujer, que se aprovecha además de niñas y jóvenes en situaciones vulnerables: Nadia es inmigrante, es pobre, vive en la Villa 20, sólo tiene a su mamá.

De acuerdo a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), en 2016 existían en el país 6040 casos de personas desaparecidas: 3231 son mujeres. Estas redes no podrían funcionar sin la complicidad de funcionarios políticos y judiciales y las fuerzas de seguridad, lamentablemente es un secreto a voces en los barrios que los mismos que deberían investigar, encubren. “No sé si podríamos decir que desde el principio lxs estudiantes decían que había policías metidos, pero diría que toda esta red no podría moverse sin el respaldo del estado y las fuerzas de seguridad como garantes de la impunidad”, explicó una de las docentes consultadas.

Por eso decimos que el estado es responsable, pero ya aprendimos que el estado no “somos todos”, como a veces quieren enseñarles a nuestros pibes; el estado tiene un gobierno, que es de un partido, que tiene una política. Para las redes de trata siempre hubo impunidad. “El rol cómplice del estado está a full, (están) todos metidos en la movida”, afirmó otra profesora.

Porque buscando a nuestras pibas estamos defendiendo la educación pública, porque el gobierno es responsable tanto de la precariedad de la vida de nuestros pibes, como del encubrimiento de las redes de trata, porque los profes nos organizamos y ponemos en movimiento una comunidad, un distrito, un barrio; esta debería ser una lucha del conjunto de los docentes de nuestra Ciudad.

Y como Nadia no es la única, la lucha sigue. Así lo expresó una docente que dijo que “lo que espero es que no se dejen de dar charlas y clases de educación sexual y derechos humanos, ya que si volvemos como si no hubiera pasado nada en pocos meses tendremos otra Nadia”.

Otra insistió con que tenemos que “organizarnos en asambleas y visualizar el caso con la articulación con otros docentes que estaban en la misma, seguir articulando con las diferentes organizaciones que están en el tema y concientizar sobre la temática en el barrio, en el colegio y a nuestros alumnos”.

Por último una afirmó que hay que “seguir adentro y fuera de la escuela en la prevención y contención de lxs jóvenes y adolescentes, haciendo que puedan acceder a otras alternativas laborales y de vida que les copen más que lo que las redes de trata, prostitución y narcotráfico les ofrecen”.

Nos falta Erika

Ahora nuestra Nadia se llama Erika Acauchi Estrada de 14 de años, estudiante de la EMEM N°3 DE N°19 de Bajo Flores. La joven falta de su casa desde el 5 de julio, sus docentes se organizaron desde el primer día cortando Acoyte y Rivadavia en más de un oportunidad para exigir su aparición. También denuncian la lentitud en la investigación judicial, que aún no se ha movido para buscar seriamente a la joven.

14.7.2017

Seis activistas feministas fueron detenidas arbitrariamente la madrugada del 7 de marzo, Día de la Visibilidad Lésbica, por realizar acciones de difusión de cara al Primer Paro Internacional de Mujeres. 

Por Paula Carrizo

Seis activistas feministas fueron detenidas arbitrariamente la madrugada del 7 de marzo, Día de la Visibilidad Lésbica, por realizar acciones de difusión de cara al Primer Paro Internacional de Mujeres, pautado para el día siguiente. Las jóvenes fueron acusadas y se les imputó el delito de daño simple, agravado por escribir consignas en aerosol en las paredes de una iglesia y dos bancos, en el barrio porteño de Almagro.

El jueves 13 de julio, el juez en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires N° 25, Ladislao Endre, negó el pedido de nulidad de la causa presentado por la defensa. 

En tanto la argumentación volcada en los alegatos por parte de la abogada defensora, Gabriela Carpineti, aportó pruebas donde queda testificada la forma en que las activistas fueron ilegalmente perseguidas y detenidas. Esta hace hincapié en la arbitrariedad de la detención y la incursión en falso testimonio por parte de los denunciantes. Sin embargo, el fiscal Juan Rosas dictaminó no advertir violación de garantías constitucionales, considerando a los querellantes (Gabriel Omar Fittante, Juan Manuel Báez Rivoira, Carlos Esteban Mayer y David Nicolás Djudjic) claros y contundentes. 

En este sentido, las activistas señalaron que “entendemos que el fiscal carece de todo tipo de argumentación para sostener lo que constituye un delito de flagrancia, es decir que a nosotras no se nos ha encontrado cometiendo ningún tipo de delito, y las detenciones fueron totalmente arbitrarias”.

Una vez finalizada la audiencia pública, y con la presencia de Nora Cortiñas, las jóvenes leyeron un documento repudiando el accionar judicial: “Entendemos que lamentablemente el Juez no se pronunció a favor de la nulidad, aunque aclaró en la audiencia que no se pronunciaba ni a favor ni en contra. Esto fue muy extraño porque dijo que tampoco podía pronunciarse en contra de la nulidad, y sin embargo nos negó formalmente la nulidad. El juez no tuvo la voluntad de pronunciarse contrariamente a lo que la fiscalía viene sosteniendo porque la justicia es machista, porque la justicia es patriarcal y porque estamos siendo juzgadas por los mismos varones que sostuvieron legítimamente la detención arbitraria de esa noche”.

14.7.2017

Por Observatorio del Derecho a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

1. MÁS DE 25 AÑOS DE PROMESAS ESTATALES INCUMPLIDAS

El 8 de junio de 2000, los legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nuevamente se comprometían a atender la situación de emergencia habitacional y ambiental de la Villa 1-11-14, aprobando la Ley N° 403, que entró en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial, el 14 de julio de 2000.
Esta ley creó el Programa de Planeamiento y Gestión Participativo de la Villa 1-11-14, destinado a elaborar, ejecutar y verificar el Plan Integral de Urbanización de la misma en forma consensuada con una Mesa de Planeamiento Participativo creada a tal fin. El Plan Integral nunca se elaboró y la Mesa no está conformada[1].

2. ANTECEDENTES DE OTRAS LEYES DE URBANIZACIÓN DEL BARRIO
No era la primera vez que el Poder Legislativo prometía la urbanización de la Villa. En el año 1991, a través de la Ordenanza N° 44.873, el Concejo Deliberante creó los Distritos U31 que otorgaron una zonificación específica a cada una de las villas existentes y ordenó al Poder Ejecutivo que en un plazo de sesenta (60) días se elaboren los proyectos de urbanización específicos para cada una, entre ellas la Villa 20.
Pasaron los sesenta (60) días y se llegó a los siete (7) años sin que se elaboraran estos proyectos. El Concejo Deliberante, ni aún devenido en Legislatura con la aprobación de la Constitución de la Ciudad, consideró importante hacer respetar su orden y exigir la remisión de los proyectos de urbanización.
Como el Poder Ejecutivo no actuó a efectos de cumplir con la ley, la Legislatura advirtió la necesidad de reeditar la promesa de urbanización. Esta vez no quiso dejar sólo en manos del Poder Ejecutivo la elaboración de los planes de urbanización. Por esto, sancionó la Ley N° 148 que ordena la urbanización de todas las villas, entre ellas también la de la Villa 1-11-14, pero agrega que debe contemplarse la participación necesaria y real de los representantes de la Villa otorgándoles poder de decisión.
Este camino tampoco funcionó. Pasaron otros dos (2) años y esta promesa no pudo hacerse realidad ni en forma incipiente.

3. LA LEY N° 403
Así llegamos a la ya citada Ley N° 403, donde la promesa de urbanización sólo se concentró en la Villa 1-11-14.
El Plan Integral de Urbanización, que nunca se hizo debía contemplar una propuesta de:
Trazado, apertura y dimensionamiento de calles, sendas y veredas.
Provisión y rehabilitación de la infraestructura y equipamiento comunitario
Regularización parcelaria y dominial.
Creación de planes de vivienda social y recuperación de las áreas urbanas adyacentes.
Adjudicación de las viviendas ya construidas por la Comisión Municipal de la Vivienda en el marco del consenso con los representantes de la Villa 1-11-14.
Afectación al Plan Integral de Urbanización de las actuales tierras ocupadas por la villa y aquellas que se propongan a tal fin.
Mejoramiento de la calidad ambiental
Organigrama del proyecto de obra y gestión con especificación de plazos, etapas de ejecución.
Presupuesto participativo de los recursos necesarios para la ejecución del plan.
Hoy se cumplen diecisiete (17) años de la entrada en vigencia de la Ley N° 403. Sin embargo, el proceso de urbanización no se ha iniciado en ninguna dimensión. Sólo por medio de acciones judiciales se ha logrado que la Villa tenga un órgano de representación democráticamente electo: un Cuerpo de Delegados reconocido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). Sin embargo, éste no ha sido escuchado en ninguno de sus reclamos de urbanización.
Esta sucesión de promesas institucionales en nuestro sistema constitucional constituyen derechos reconocidos a los habitantes de la Villa 1-11-14, y su constante incumplimiento constituye una grave violación de derechos humanos.
La Villa 1-11-14 es unas de las villas más grandes de la Ciudad en superficie y población, es la que más problemas de servicios públicos padece, donde reside la mayor cantidad de familias inquilinas absolutamente a merced de un mercado salvaje sin ningún tipo de protección legal ni estatal, es uno de los barrios con menor intervención estatal y ejecución de obras, y donde lamentablemente únicamente es noticia por temas de narcotráfico.
En este contexto, resulta inconcebible que el GCBA al decidir avanzar con procesos de integración sociales y urbanos (re-urbanización) no haya elegido a la Villa 1-11-14, aún cuando esta tiene una ley específica de urbanización.
No existen obstáculos legales para cumplir con la ley N° 403, los cinco (5) representantes del barrio designados para conformar la Mesa de Planeamiento Participativo se encuentran con mandato vigente y electos democráticamente. El Estado no debiera únicamente concentrarse en la represión de los delitos relacionados con el narcotráfico. La solución definitiva a dicha problemática y a otras es la integración social y urbana del barrio pensada y ejecutada participativamente (re-urbanización).

4. VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Pero, ¿qué hay detrás de estas promesas incumplidas y de los derechos vulnerados? La presencia de fuerte segregación socio espacial y discriminación Miles de personas acceden al agua corriente a través de cañerías precarias, muchas de ellas pinchadas y otras tantas ni siquiera acceden a este servicio irregular; igual situación se encuentra el servicio de cloacas; los cortes de luz son constantes como los incendios; la alta densificación poblacional conlleva el incremento de familias hacinadas y la densificación constructiva aumenta la inseguridad de las viviendas y la cantidad de familias que sufren enfermedades relacionadas a estas condiciones precarias de habitabilidad.
En definitiva, decenas de miles de personas viven cotidianamente sin el saneamiento básico, sin luz regular, en riesgo sanitario continuo, en condiciones de vida sociales y de infraestructura absolutamente alejadas del mínimo exigido por cualquier índice o parámetro urbanístico internacional, nacional o local.
El paradigma del Derecho a la Ciudad impele que la prioridad es evitar segregaciones socio-espaciales y enclaves de pobreza. Las leyes que ordenan la urbanización de la Villa 1-11-14 implican no sólo el reconocimiento del derecho colectivo de las familias de la villa sino también el derecho de cada habitante a la Ciudad de vivir en una ciudad integrada y plenamente democrática.
No debiera transcurrir más tiempo para que el GCBA inicie un verdadero proceso de urbanización democrático que reconozca y fortalezca la identidad de la Villa 1-11-11 y mejore la calidad de vida de miles de familias.

[1] Artículo 2º.- La formulación e implementación del programa citado en el artículo 1º de la presente deberá realizarse a través de una Mesa de Planeamiento Participativo que estará conformada por:Un (1) Diputado en representación de cada uno de los bloques partidarios que integren las Comisiones de Vivienda o Planeamiento Urbano de la Legislatura de la Ciudad.

a. Un (1) representante de la Comisión Municipal de la Vivienda.

b. Un (1) representante de cada una de las Secretarias de Planeamiento Urbano, Obras y Servicios Públicos y Promoción Social.

c. Un (1) representante del Consejo del Plan Urbano Ambiental

d. Cinco (5) representantes de la actual Comisión de Delegados Vecinales de la Villa 1-11-14.

Invítase a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires a participar de las reuniones llevadas a cabo en el ámbito de la Mesa de Planeamiento Participativo.
Los miembros de la Comisión Coordinadora Participativa, creada por la Ley 148, podrán participar de las reuniones de la Mesa de Planeamiento Participativo en los términos de las atribuciones conferidas por dicha norma.

14.7.2017

Cristian Toledo, vivía en la Villa 21-24 de Barracas, como tantos pibes, el viernes a la noche fue a bailar. Estaba volviendo en auto con amigos, cuando aparentemente tienen un altercado con otro automovilista.

Julia Lorenzo

Finalmente ambos autos se detuvieron en la esquina de Vélez Sarsfield y Santo Domingo, y el conductor comenzó a disparar asesinando a Cristian. Los amigos que estaban en el auto con Toledo, fueron detenidos y están incomunicados.

Luego se pudo conocer, que el autor de los disparos era un policía de la ciudad.

La versión del policía es que se sintió amenazado, ante lo que le pareció, una probable situación de robo. Por eso simplemente disparó.

A Cristian lo llamaban “Paragüita” y trabajaba en la ferretería del barrio, por lo que era conocido por todos los vecinos. Son ellos los que aseguran que el policía no está contando los hechos como realmente sucedieron.

Todos coinciden en afirmar que se trata de un caso de gatillo fácil. El párroco de la Parroquia Caacupé, padre Toto de Vedia, también sumó su testimonio y sostuvo que al joven “lo mataron a mansalva”.

Los vecinos saben que la policía tiene el poder para encubrir a sus compañeros de la fuerza, es por eso que se organizaron y se movilizaron frente a la Comisaría N° 30, para pedir justicia por Cristian.